Enrique Peña Nieto: “El gobierno no es el culpable de todo lo que pasa”

Monterrey (17 de octubre 2017).- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuestionó a la población Mexicana el hecho que se le reprochen y achaquen todos los sucesos, ya sea de un socavón hasta los actos de corrupción.

“Casi casi si hay un choque aquí en la esquina, ´ah fue la corrupción´, ¿quien compro el semáforo que no funcionó? Hemos tenido los ejemplos de socavones, pues a ver, pasan en todas partes del mundo, un señalado, pero ha habido varios más, y ahora quieren encontrar un responsable, un culpable y siempre es decir la corrupción”, mencionó El Jefe del Ejecutivo.

El mandatario afirmo que la corrupción no ha crecido sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías es lo que ha hecho que se puedan exhibir estos actos.

Pidió a la ciudadanía ser autocriticos y cuestionarse sus actos que día a día los forman en practicas.

“Reitero, que se vale ser críticos, y más para los que tenemos la responsabilidad de Gobierno. Se aprecia y se valora la critica, pero también creo que vale la pena en la sociedad tener un mínimo valor de autocritica y saber en donde esta fallando, porque no todo dependerá solo del Gobierno, dependerá de un esfuerzo colectiva”, mencionó Enrique Peña Nieto.

 

 

 

 

 

 

Frente Ciudadano pide al Gobierno bajar 60 mmdp

Monterrey (27 de septiembre 2017).- El Frente Ciudadano por México, pidió al Gobierno federal y al PRI reducir su gasto, para hacer una bolsa de 60 mil millones de pesos para los damnificados por el sismo los pasados 7 y 19 de septiembre de este año.

Los dirigentes del PAN, PRD y MC que integran el frente desglosaron su propuesta de ley que eliminara el financiamiento de los partidos políticos, así mismo tiempo que exigieron un mejoramiento del Ejecutivo para integrar un Fondo Nacional de Reconstrucción.

Por su parte el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, mencionó que el dinero destinado a los partidos políticos es solo el uno por ciento del presupuesto del País.

“Eso no es suficiente y de ahí la exigencia de que el Gobierno federal aporte más, que aplique un plan de austeridad para integrar una bolsa de 60 mil millones de pesos”, comentó durante una conferencia de prensa en San Lázaro.

“Lo único que pedimos, es una exigencia, que nos aseguremos que ese dinero llegue a quien lo necesita y no a políticos corruptos”.

También los presidentes del PRD, Alejandra Barrales y de MC, Dante Delgado, pidieron a la ciudadanía estar al pendiente de lo que se pueda hacer, para que no se presente un caso de desvió por parte del gobierno.

 

 

 

 

#HojadeRuta: “Nuevo León ¿Ingobernable?”

La reciente polémica sobre la reforma electoral obliga a una reflexión: pareciera que los cauces democráticos y la división de poderes están comenzando a mostrar disfuncionalidad, al menos en su etapa rutinaria. Toda organización funciona con base en rutinas, y cuando estas sufren disrupción (sobre todo si esta no es planeada) pueden experimentar inestabilidad.

Podría argumentarse que el hecho de que una disputa entre el poder legislativo y el ejecutivo sea resuelta por una instancia del poder judicial es normal, ya que es un mecanismo de control diseñado para tal efecto. Eso es cierto. Sin embargo, estamos observando un comportamiento inusual propio de una situación inusual: es la primera ocasión en nuestro sistema político moderno que un gobernador no tiene un solo diputado en el Congreso. Lo anterior es circunstancia de la reciente adición de la posibilidad de competir por puestos de elección popular por la vía independiente, por lo que el escenario presente era una consecuencia lógica y previsible.

Cuando se elige al máximo representante popular en cualquier sistema democrático, siempre se analiza cómo gobernará el nuevo líder dependiendo de la composición legislativa que le toque. Por ejemplo, el recién electo presidente de Francia, Emmanuel Macron, logró colocar 314 escaños de su partido, La République En Marche!, de un total de 577. Esto le permitirá gobernar con la mayoría absoluta y, en consecuencia, empujar con relativa facilidad su programa de gobierno.

Un gobernante que no tiene representación legislativa alguna, inevitablemente iba a enfrentarse a una situación desventajosa, lo cual exigiría una alta capacidad de negociación, que hasta el momento no ha sido el sello de la actual administración.

Lo importante de analizar es el respeto al orden constitucional, a la división de poderes y al orden republicano. Cuando comienza a abusarse del instrumento del veto, se vuelven práctica común tácticas dilatorias para buscar evitar la publicación de la legislación y hay un sentimiento de imposición de parte del legislativo, el sistema se está tensando.

No es normal que un Ejecutivo se niegue a publicar una legislación, ni que tenga que venir una orden de un tribunal para que se acate. Menos normal es que un Ejecutivo decida abiertamente desacatar la orden de un tribunal. El debate es interesante, pues plantea preguntas fundamentales: ¿El Ejecutivo está en su derecho a defender su postura e intereses ante su indefensión legislativa, usando cuanta herramienta o táctica tenga a la mano (dentro de la ley, por supuesto)? O por el contrario ¿La actitud de negarse a aceptar las decisiones que toma el congreso vulnera la más esencial soberanía, dado que su composición fue producto de un proceso electoral aceptado por todos los actores en cuestión?

Mientras sigue desenvolviéndose la rocosa relación entre el Ejecutivo y Legislativo locales, es evidente que el Gobernador deberá buscar como primera prioridad de 2018 contar con representación legislativa. Solamente conformando una fuerza política propia podría empujar su programa de gobierno, lo cual, para todo fin práctico, constituiría un partido político, aunque no tenga registro ni reciba recursos. Su finalidad sería la misma: un grupo que compite por obtener y conservar el poder con una agenda común. Esto es normal, así le sucedió a En Marche! en Francia y a Podemos en España. De ahí a que nos lleve a cerrar este espacio con otra pregunta que exigirá futura reflexión: Hoy en México ¿Se rechaza al sistema de partidos, o a los partidos y gobernantes que tenemos?

Reforma Laboral y sus Efectos en los Trabajadores

Agradezco a Altavoz por permitirme expresar una opinión de mis inquietudes acerca de los temas jurídicos, políticos y sociales que surgen día con día en este país. En esta, mi primera intervención, quiero hablar de un tema que aborda los puntos que cite y que viene a presentar un nuevo problema en el sistema de impartición de justicia en México, me refiero a la reforma laboral, ¿por qué decidí abrir mi participación con este tema? Como profesional del derecho siento esa responsabilidad de intentar sensibilizar al lector sobre un problema jurídico que conozco y que en definitiva afecta a un nivel macro, político y social y que desafortunadamente no ha sido estudiado como realmente se debiera de hacer.

 




Como ya lo mencioné, la reforma laboral propuesta por el ejecutivo cuenta con un factor importante de análisis que tratare de abordar de una manera sencilla para que usted amable lector pueda entender el tema con mayor precisión.

En mi opinión, el punto más importante que toca la reforma propuesta por el ejecutivo es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para ser sustituidas por Jueces y Tribunales laborales, cabe aclarar que el juicio laboral dista mucho de los juicios ordinarios que se ventilan en el poder judicial, ¿qué quiere decir esto? El procedimiento no es el mismo que se sigue en materia civil, mercantil, familiar o bien penal, sino que es completamente diferente y ajeno a dichos procedimientos.

Existen dos diferencias marcadísimas entre ambos: la oralidad y el impulso procesal, ¿qué quiere decir esto? El juicio laboral tiene la facilidad de que todo el procedimiento puede hacerse de manera oral, involucra mucho la mediación, el consenso y el dialogo, que es algo muy diferente a lo que se ve en un juicio de los ya mencionados.

El segundo punto radica en el impulso procesal que básicamente se limita a la presentación de escritos para proceder con el trámite de juicio, mismos que en materia laboral no tienen que realizarse porque la misma autoridad te señala fecha y hora para la siguiente audiencia.

Es un procedimiento en la teoría más expedito, su naturaleza así lo hizo, recordemos que las juntas y el procedimiento laboral nacen de la desigualdad social a raíz de la revolución mexicana entre obreros y patrones, aunado a las condiciones de trabajo tan deplorables que los primeros venían desempeñando, fue cuando el ejecutivo se vio en la necesidad de regular y equilibrar la balanza entre unos y otros.

Como se señala, es un procedimiento que data de poco menos de 100 años de existencia, y lo que la reforma propone es cortar de tajo esa historia y su origen buscando hacerlo a la fuerza parte de una autoridad que en esencia no debiera de conocer de este tipo de asuntos que son meramente de derecho social.

Dado de esta manera una mejor propuesta hubiera sido unirlo a los tribunales agrarios por dar un ejemplo, ya que ninguna de las materias mencionadas mucho se consideran de derecho social, entonces es prudente señalarlo y cuestionar ¿qué interés se persigue? ¿Por qué reformar algo que ni siquiera los mismos funcionarios de las juntas a nivel local y federal solicitaron?

Si se trataba de hacer el procedimiento más eficiente, bastaba solo con la capacitación de personal para cumplir con el requisito, pero la realidad es otra y que desafortunadamente afecta a millones de mexicanos en cuanto a la defensa de los mismos, tanto de trabajadores como de patrones porque al darse esta nueva circunstancia obliga a los litigantes de la materia a estudiar y aprender de un procedimiento que desconocen y por consecuencia nunca manejaron, afecta en esa prueba y error que veremos en los ahora juzgados laborales por el mismo desconocimiento de cómo se pretende implementar la ley suscrita a un poder judicial que desconoce y sin embargo por orden del ejecutivo acepta la imposición de la materia más ajena a sus principios, volvemos a caer en esa implementación que tiene al sistema de justicia sumido en un desconcierto total igual al que vivimos con la entrada de los juicios orales a este país.

 




¿Por qué no se buscó capacitar primero a los funcionarios para evitar errores en el procedimiento? Desafortunadamente los más afectados serán los ciudadanos que exigen una impartición de justicia equitativa de la mano de funcionarios públicos capacitados y no funcionarios improvisados que busquen adentrarse en lo desconocido queriendo hacer valer una imposición que dista mucho de la realidad social que tanto aqueja a este país.

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