Votó el Enojo

Una vez más fuimos testigos de que las urnas fueron visitadas por votantes disgustados con la clase política tradicional y deseosos de ver un cambio radical en el status quo del gobierno. Sucedió con El Bronco, el Brexit y ahora con Donald Trump por nombrar sólo tres ejemplos. En lo personal creo que dos grandes temas se desprenden de estos hechos.

El primero es que la democracia quizá no funciona, siendo un sistema fallido que permite que gente sin conocimientos y movilizados por el sentimiento y no por la razón lleven al poder hasta al más incompetente.

 




Segundo, que la gente en todo el mundo está harta de sus gobernantes, que en algunos casos representan la corrupción del poder y el dinero y el abuso de funciones, en todos los niveles y en diferentes alcances.

Atribuyamos la culpa a los millenials, a los rebeldes, a los insurrectos. No importa, los ciudadanos están exigiendo un cambio a los gobernantes y su manera de gobernar. Tal vez es que el sistema de gobernanza debe renovarse y escuchar más de cerca las necesidades de un electorado cada vez más involucrado en las decisiones del sector público y sobre todo cada vez más críticos, con conocimiento o desde la ignorancia, de los resultados de dichas decisiones.

Sin importar si es Nuevo León, la Unión Europea o el país más poderoso del mundo, los gobernados mandan un mensaje que diverge del tradicionalismo y el conservadurismo, al cual sería necio no hacer caso. Como en los negocios, no importa qué tan bueno es el producto sino qué tanto lo compra la gente, de esta forma, más allá de estar de acuerdo con los votantes o de darles la razón, la clase política debe hacer caso a lo que la gente demanda.

También es prudente resaltar que comúnmente el ciudadano pide a sus gobernantes la probidad y virtud que él mismo no tiene. Como ciudadanos exigimos que los funcionarios públicos sean cuasi perfectos cuando nosotros mismos somos partícipes de la corrupción al dar mordida a un policía; del abuso cuando construimos una casa sin uso de suelo; de evasión cuando hacemos lo imposible por no pagar nuestros impuestos; y un sin número de casos más donde somos muy buenos para exigir pero malos para cumplir con nuestras obligaciones.

Toda proporción guardada y bajo el contexto adecuado, pero todos somos partes de la decadencia o avance de nuestro entorno.

Lo he mencionado antes y lo reafirmo ahora, la clase política debe reinventarse, los servidores públicos debemos prestar mayor atención a la coyuntura actual y transformar la forma de ejercer el gobierno de un municipio, de un estado y sobre todo de un país.

El futuro del orden mundial dependerá de la capacidad de entrelazamiento de gobierno, sector privado y ciudadanos; de la cercanía de las necesidades de la gente y de las posibilidades de los gobiernos; y de la participación del empresario en la infraestructura pública.

 




Todo esto tomando como premisa que el crecimiento y desarrollo económicos son la directriz del estado de derecho y la principal variable del bienestar social. Sin embargo, tal vez lo anterior puede ser logrado con un sistema electoral distinto a la democracia. Como ejemplo, a pesar de que muchos resultarán ofendidos, el crecimiento económico de México en la época de Porfirio Díaz fue inaudita.

La modernización social y de infraestructura lograda en su mandato hizo que nuestro país se transformará de una nación rural a una con ciudades industriales con servicios públicos y trabajo para todos.

La democracia permite que un gobernante llegue al poder con tan sólo 30% de los votos del electorado, tal y como sucedió en 2012 con el triunfo de Enrique Peña Nieto, cuya aprobación es cada vez menor. Si bien en 2015 las elecciones de Nuevo León dieron el triunfo a Jaime Rodríguez con 50% de los votos, a un año de su paralizada gobernanza la gente se empieza a dar cuenta, afortunadamente, de la inmensa incompetencia de su administración.

Ahora con Donald Trump como Presidente, no sólo Estados Unidos, sino el mundo entero está a la espera de sus acciones y de los efectos que su victoria traerá. El futuro inmediato de la economía y política mundiales depende, para bien y para mal, de lo que suceda en el país americano. ¿Le damos al President Trump el beneficio de la duda?

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TIEMPOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA

La salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido vía referéndum popular, el rechazo del acuerdo de paz con las FARC propuesto al pueblo colombiano mediante plebiscito, y ahora la elección popular del candidato por el Partido Republicano, Donald J. Trump, como Presidente de los Estados Unidos de América. ¿Difícil año para la democracia en el mundo?

Este tipo de decisiones, que no han sido ni populares ni bien recibidas por los sectores intelectuales de las poblaciones respectivas de sus países (y diría yo, no solo en sus países, sino en el resto del mundo), han traído severos cuestionamientos a esta forma de gobierno, cuyos orígenes se remontan a la antigua Atenas.

Pareciera ser que después de más 2,500 años de historia y progreso, aún no ha terminado de comprenderse la naturaleza y características inherentes al sistema político más utilizado del mundo.

Es por todos conocido que la democracia parte de una premisa fundamental: La igualdad, misma que en los últimos 100 años ha alcanzado tal importancia que además de ser un concepto ineludible al hablar de cualquier tipo de justicia, incluso se ha reconocido como un derecho humano, inherente a la propia dignidad de las personas.

 




Errónea resultaría la apreciación de esta sola parte del rompecabezas, pues existe otra característica, mucho menos popular y muchas veces difícil de digerir (como en estos casos), que le es inherente al sistema griego: La solidaridad.

La democracia obliga a quienes no fueron mayoría al momento de manifestar su voluntad en una decisión (por ejemplo, una elección popular) a someterse y sujetarse a lo decidido por quienes conformaron la mayoría, sin importar si la decisión cumple con los estándares mínimos aceptables de racionalidad, moralidad e inteligencia.

 




Podrán pensar muchos en que lo anterior le da la razón a los críticos de esta forma de gobierno, pero se equivocan. La solidaridad democrática, antes de constituir una falla, representa una fortaleza porque nos obliga a todos los integrantes de una sociedad a crecer juntos en conciencia, sensibilidad y educación. Impide que un sector de la población más consciente que el resto se aisle del resto de la sociedad y avance por sí solo, pues lo obliga a compartir su progreso intelectual.

Los líderes políticos del Reino Unido, el Presidente de Colombia y el Presidente de Estados Unidos, todos le fallaron a su sociedad. Les faltó trabajar en la educación de la gente, les faltó trabajar en su sensibilización, y les faltó mucha inteligencia a ellos mismos por no anticipar estos resultados.

La democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno en el mundo, y el día de ayer, por tercera vez este año, nos mandó un fuerte mensaje a todos. ¿Ya iremos a responder, o hasta cuándo?

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La crítica, la confrontación de ideas y la democracia

“En una democracia es necesario que la gente aprenda a soportar que ofendan sus sentimientos”

-Bertrand Russell

A raíz de los recientes posicionamientos en contra de las pretendidas reformas al artículo cuarto respecto al matrimonio igualitario, se ha observado una postura, por parte de diversos colectivos, la cual establece que “debe respetarse su manifestación de ideas”, al momento de criticarse esta misma. De esta forma, ante tal situación resulta inevitable recordar algo que, no se ha llevado a cabo desde hace tiempo en nuestro país: la crítica y la confrontación de ideas.

Y es que un sano ejercicio de la libertad de expresión, el cual va de la mano con una democracia real, implica una discusión de ideas, implica además una confrontación por parte de las mismas; por esto mismo, resulta propiamente pobre el terminar, ante una opinión distinta a la que se sostiene, el recurrir al “respeto”, para terminar con dicha discrepancia.

Es necesario recalcar que, respetar las posiciones contrarias en torno a un tema determinado (cualesquiera que sea), no quiere decir que uno deba quedarse callado, sino que el respeto debe referirse más, hacia una valoración de la dignidad de la persona que emite su postura; de esta manera, habría de entenderse el respeto a los posicionamientos opuestos como el no coartar el derecho del otro, ni menoscabar su persona.

Mientras esto prevalezca, no se tendría problema en llevar una discusión, con el fin de desarrollar y enriquecer al intelecto humano, pues más ganamos cada uno de nosotros con una confrontación de ideas distintas, a con un pensamiento uniforme.




Por lo tanto, si queremos conseguir un sentido progresivo de la libertad de expresión, así como de la democracia, es necesaria la creación de más espacios para los debates de cualquier tipo de ideas (religiosas, políticas, sociales), con el fin de generar un intercambio de concepciones sobre distintos tópicos, así como la creación de proyectos ligados al llegar a un punto medio de parte de los participantes en dichas intervenciones.

Igualmente, ante dicha propuesta se implica un avance en el sentido de la tolerancia, entendiéndose esta, como una valoración la cual no impida el ejercicio de la libertad de expresión, ni impida el ver al ser humano como lo que realmente es: un ser que merece un trato digno, sin importar su etnia, ideas, orientación sexual o religión.

Asimismo, el progreso en la libertad de expresión, implica algo que no ha llegado a ver en su totalidad el país: una crítica autentica, hacia el gobierno en turno. Esto, se entendería como el tener todos los medios disponibles (televisivos, de radio, etc) para poder establecer una crítica (también, por qué no, una sátira) real hacia los poderes de la unión, sin temor a ser censurado.




Finalmente, al considerar esta libertad de expresarse, de criticar y de confrontar, se podrán ver materializados los frutos de este derecho, lo cual se traduce a la concepción de una democracia más sana, más congruente, en la que no solo se respete la libertad para explayarse del otro, sino que se consagre el ciudadano a aquella máxima (equivocadamente atribuida a Voltaire) de la autora Evelyn Beatrice Hall: “No estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.

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Mírame y no me toques

“Es la sensación que sentimos de que, como Consejo Ciudadano, podemos hacer muy poco” comentó Graciella Fulvi al anunciar ante los medios la renuncia de al menos 6 de los 7 contralores ciudadanos (Rogelio Sada, Malaquías Aguirre, Lourdes López, Graciella Fulvi, Sandra Garza y Paula Villalpando).

La renuncia se deriva, entre algunas cosas, por el famoso #cobijagate y la poca respuesta que el gobierno habría tenido contra la falta administrativa. El órgano fue creado con el objetivo de sumar esfuerzos, al supuestamente vigilar y corregir, junto con la administración estatal, los esfuerzos en la lucha diaria contra la corrupción.

Este comentario contrasta con lo dicho por Nora Elia Cantú, contralora general del gobierno independiente, cuando el pasado 02 de marzo comentó en la toma de protesta de este mismo consejo que “el aparato burocrático es grande y su participación va a ser muy valiosa”.




¿Valiosa? Al parecer lo habrá sido para efectos de opinión pública porque ellos solo están para “ver, no revisar” según dijo Jaime Rodríguez. Mírame y no me toques diría Joan Manuel Serrat. Pero desgraciadamente es cierto lo dicho por el Bronco. La ley lo respalda. Legalmente no tienen ningún poder para actuar e incidir, y es aquí donde entra lo irreverente de la situación. Tener a gente de tanto prestigio y talento, solo para aparentar participación, pero vetando su injerencia, es no solo absurdo sino un desperdicio de tiempo para cualquiera.

Pero no quiero enfrascarme en hecho mencionado, sino en la reflexión de la efectividad de los modelos de participación ciudadana, los cuales deben dejar de ser simples observadores y convertirse en una especie de juez que puede y debe incidir en el día a día de la administración gubernamental.

Hoy se habla de los contralores ciudadanos, de revocación de mandato, de consultas ciudadanas, de democracia participativa, pero si estas herramientas no van acompañadas de un poder factico para transformar, de poco nos servirán para mejorar al país. La bandera ciudadana no debe de ser de dientes para afuera, sino la columna vertebral de cualquier gobierno.

Y es que, si la política se la dejamos a los de siempre, se hará política para los de siempre.




POSDATA: Alarmante los resultados del referendo en Colombia del domingo pasado. Los ciudadanos salieron a las calles a votar y rechazar, por mínima diferencia, los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC. La democracia en manos de la desinformación puede ser muy dañina. Más amor por favor.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

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LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA

Más que un insulto, se trató de una mirada condescendiente que mezcló pobreza, raza, e ignorancia. En una cena en casa, uno de los invitados se refirió despectivamente hacia los africanos. El comentario no duró cinco segundos, pero fue suficiente para que decidiera, en ese momento, que esa persona no volvería, pues no abalaría ni aprobaría, ni siendo ni dejando ser, el racismo en cualquiera de sus formas.

La decisión la tomé allá por 2002, y me hizo descubrir lo que luego llamé la “Paradoja de la Tolerancia”: la mejor forma de contribuir a la construcción de un mundo más tolerante, es denunciando pública y enérgicamente a los intolerantes, entre ellos, por supuesto, a los racistas.

Que no se malentienda: mi lucha es por un mundo más tolerante, y si existiera otra forma de contribuir activamente a ese ideal, la promovería. Hoy, retomo este tema en el contexto de la discusión sobre la familia diversa en México, y lo hago en dos partes: primero recuerdo algunos de los hechos que han acontecido recientemente al respecto; luego, golpeo en el Talón de Aquiles del movimiento.  

Los hechos

El 17 de mayo de 2016, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa federal conocida como de “matrimonio sin discriminación”. La misma busca modificar el primer párrafo del artículo 4 de la constitución, para garantizar que cualquier persona mayor de 18 años, residente en México, pueda casarse sin ser discriminada por cuestiones étnicas, de género, de discapacidad, por su condición social, su salud, su religión, o sus preferencias sexuales, entre otros.

También propuso un decreto para reformar el Código Civil Federal para asegurar el “matrimonio igualitario”. Algo de Pink Washing Político – estrategia marketing que consiste en mostrarse gay-friendly para ganar simpatía ante la opinión pública y desviar así la atención sobre otros problemas – hay en las iniciativas, pero igual, existen criterios jurídicos que obligan al gobierno a moverse en esa dirección.

 Por un lado, es innegable que existe discriminación entre los gays residentes en los estados en donde sí se reconoce el matrimonio igualitario (Campeche, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, y Quintana Roo), y en los que no.

México es una federación, y cada Estado posee un código civil que regula la cuestión del matrimonio. Pero el acceso a los derechos no puede ni debe variar en función del Estado de residencia. ¿Qué sucede con las parejas legalmente casadas en un Estado que se mudan a uno en donde su matrimonio no es válido?

Por el otro, la Resolución de Jurisprudencia 43 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (12/06/2015) señala que no es idóneo, en términos constitucionales, defender que la finalidad del matrimonio es la procreación.

Es entonces imposible vincular los requisitos del mismo a las preferencias sexuales, pues se excluyen injustificadamente del acceso al matrimonio (con ello se discrimina) a los gays. En los principios de igualdad ante la ley de las que se inspiran las sociedades modernas, la discriminación basada en la orientación sexual está prohibida.

Por lo tanto, ningún juez en México, incluso en un Estado en donde no se permite el matrimonio igualitario, puede negar ese derecho. En ambos casos, la acción del gobierno federal es pertinente y necesaria, y la misma deberá ser discutida en el congreso mexicano en un futuro cercano.

Ahora bien, a fines de agosto de 2016, la “Coordinadora Nacional Pro Familia” anunció que el movimiento mexicano contra el matrimonio gay, aglutinaba 250,000 firmas. Se advierte que la inclusión de la “ideología” de género en la educación de los niños y adolescentes, y la inclusión de México en la lista de países que desean promover esa “ideología” a nivel mundial, genera problemas.

Marcial Padilla, Director de la Asociación Conciencia y Participación, señaló que “la ideología de género es una forma de oponerse a la biología, donde el género de una persona se describe como un hombre o una mujer, sin embargo, con la nueva ideología se establece que los seres humanos son una entidad psíquica y pensante”.

Indica el movimiento que la sociedad debe saber que el gobierno federal planea entregar a niños en adopción a parejas del mismo sexo, incorporar el divorcio exprés, eliminar los exámenes prenupciales, y permitir el cambio legal de sexo a cualquier ciudadano.

Los que defendieron las manifestaciones adujeron que no se trataba de una actitud homofóbica, sino que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos y a incidir sobre el contenido de los libros de texto educativos. Al fin y al cabo, México es una democracia; el respeto a la diversidad, que tanto defienden los gays, debe ser una actitud que va en ambas direcciones, pues existe libertad de pensamiento.  

El pensamiento

Antes de continuar, desearía aclarar que “género” no es una ideología, sino un campo de estudios interdisciplinario académico-científico, compuesto por diversas corrientes teóricas, en donde se incluye, en efecto, estudios LGBT y, a veces, la sexualidad, pero en donde también se desarrollan estudios feministas y sobre masculinidad. No se necesita un PhD. para saber esto: esta definición viene de Wikipedia y la obtuve googleando “teoría de género”.

Existe, además, una serie de resoluciones internacionales y de documentos para proteger a la comunidad LGBT, porque se le vulneran una serie de derechos humanos, entre los que se encuentra, precisamente, la discriminación en relación al acceso de servicios básicos como la vivienda y la asistencia sanitaria. Cualquier intento del Gobierno Federal por cambiar el artículo cuarto de la constitución, para adecuarlo a las normas internacionales en la materia, no es mera coincidencia, como se verá más adelante.

A nivel internacional, se acepta hoy que la orientación sexual forma parte de la dignidad de la persona. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que se trata de una parte fundamental de la vida privada de las personas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la misma forma también parte del concepto de libertad y del derecho de auto-determinación individual.

Los Principios de Yogyakarta (Indonesia, 2007), que buscan facilitar la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, indican, en su principio # 24, que “toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y responsabiliza al Estado para crear el contexto normativo que lo permita.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas, y en los tratados internacionales en la materia.

Es decir, sabíamos que la tierra es redonda y que somos nosotros los que damos la vuelta alrededor del sol. Ahora, nos enteramos que existen diversas configuraciones familiares, que existen derechos internacionales (que México, por cierto, ha firmado), y que los Estados deben actuar para proteger.  

Claro, con un poco de perspicacia, se podría señalar que el famoso artículo 4 no aborda la cuestión del “matrimonio”, y aunque sí hace referencia a la “familia”, en ningún lado se indica que el mismo debe ser obligatoriamente entre hombre y mujer. Entonces, si se desean defender los derechos de los heterosexuales, habría que cambiar la constitución para que restrinja claramente este derecho. El asunto, precisamente, es que no se puede restringir el acceso a la familia. Sería inconstitucional.

También se podría señalar que al ser el matrimonio un concepto religioso, se debería poder preservar la integridad de la institución. Es decir, la unión entre personas del mismo sexo podría llamarse “Unión Civil” o cualquier otra analogía. Al fin y al cabo, si se pide respeto: ¿Por qué no darlo? ¿Y qué más da si se le cambia el nombre con tal que elimine la discriminación?

Ahora bien, el susodicho artículo 4 indica que todos tienen derecho, además de la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable, a la cultura, a vivienda digna y decorosa, y a una alimentación sana, a decidir sobre el número y ritmo de los hijos. Confiere también al Estado la labor de cumplir con el principio de interés superior de la niñez (los derechos de los niños pasan primero). Y este es el meollo del asunto. No es una cuestión religiosa: es una cuestión de educación.  

Como el matrimonio está a la base de la familia, la cual es el entorno de la niñez, entonces si se desea proteger la infancia, se debe evitar que las uniones entre personas del mismo sexo sean consideradas “familia”, para lo cual se debe impedir el matrimonio igualitario. Como los mismos manifestantes lo dicen, no se trata de discriminar a parejas gays, sino de proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Claro, no hay discriminación, solo preocupación: no vaya a ser que “se les pegue” esa “condición”, que se “vayan a confundir” por tener ese tipo de “modelos”, o que vayan a ser víctima de acoso en las escuelas (porque claro, la sociedad va a continuar siendo igual de intolerante). Pero no es discriminación. Y aquí es en donde el argumento cae por su propio peso.

Este movimiento lo que intenta es preservar el “derecho” de esos padres para educar a sus hijos de forma tal que no sean gays. O a evitar que haya “mal suertudos”, infantes dados en adopción, que podrían caer en ambientes gays. Tal vez no todos lo ven así, pero sospecho que muchos sí adhieren implícitamente a esta idea.

En el momento en que se defiende la idea que los gays no nacen, sino que se hacen, se asumen posturas homofóbicas en donde sí se discrimina. Un homosexual, no es, digamos, como un gordo, el cual, en la gran mayoría de los casos, no nace, sino que se hace (excepción hecha a casos de tiroides o de metabolismos lentos).

Un gay nace y, si se le respeta su derecho de auto-determinación y a su privacidad, vivirá su vida gay, bien gay, aunque haya sido educado en un ambiente heterosexual. Lo contrario también es cierto: así como lo heterosexual no es contagioso, lo homosexual tampoco lo es.  

Conclusión: me declaro en contra de la ideología de la gordura

Quisiera yo que esta columna fuera una pérdida de tiempo, que no sirviera para nada. Pero no es así. Todavía falta mucha educación, aunque la paradoja de la intolerancia no nos deja mucho espacio para caminar hacia atrás. Señalo que me declaro en contra del matrimonio entre las personas obesas. No es natural tener sobrepeso. La ciencia es clara sobre cuál es el índice de grasa corporal “normal” y saludable.

Además, y sin tomar en cuenta el “bullying” al que pueden ser expuestos en las escuelas los niños de condición redonda, todos sabemos que por comer chatarra se contraen enfermedades crónicas incurables, como la diabetes. ¿No castiga así “Dios” la gula? El objetivo primero de la alimentación es nuestra supervivencia.

 

 

Comamos entonces sencillito, en las proporciones recomendadas. Y no nos hagamos de la vista gorda: en varias partes de la Biblia se intuye que la gordura es pecado. Para muestra varios ejemplos: bebedores y comelones empobrecerán; el hijo glotón es vergüenza de su padre; no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen; y la habilidad de decir “no”, el “auto-dominio”, es uno de los frutos del Espíritu.

¿Quién ha visto a un Jesús regordete? Nadie, porque nuestro Cristo es flaco. Así lo quiso nuestro Señor. Y como él también quiere que seamos a su imagen y semejanza, entonces todos debemos ser delgados. Imagínese la degeneración de un mundo en donde infantes, inocentes criaturas, se contagien de la gordura de sus padres.

La paradoja de la intolerancia me lleva hoy a ponerle un alto a los eufemismos, y a llamar las cosas como son. Tolerar la homofobia escondida detrás de la defensa de la “diversidad del pensamiento” es dar un paso atrás. La “ideología de género” que tanto incomoda, es la misma que censura la ablación de clítoris (por razones culturales o religiosas) en Asia y África.

Comencemos a defender los relativismos culturales, y perderemos entonces los avances universales que hemos alcanzando durante el siglo XX, y que diferencian el mundo moderno de otras etapas de la historia humana. Hoy, debemos denunciar la intolerancia para parar su progreso. Por cierto, se me olvidaba aclarar: no soy “gordofóbico”: no tengo nada en contra de los gorditos.

De hecho, tengo varios amigos y amigas con ese estilo de vida (o “condición”). Los quiero mucho, (no los promuevo, pero) los tolero e, incluso, los respeto. ¿O ahora resulta que no puedo ejercer mi “derecho humano” a no estar de acuerdo con la “ideología” de la gordura?    

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México, octubre de 2016

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2017: Democracia costosa

Hace dos semanas el nuevo Secretario de Hacienda, Antonio Meade, entregó a la Cámara de Diputados el Presupuesto Federal 2017. Ahora si el 2016 pintó negro para el país, el 2017 es un severo retroceso para México. La mayoría de las dependencias sufrirán duros recortes y por esto mismo programas sociales y de ayuda tendrán que ser cancelados o suspendidos ya que no hay dinero para mantenerlos. Pero no todos fueron víctimas de estos recortes.

La Secretaría de Educación que tuvo un presupuesto en el 2016 de $303 mmdp sufrirá una reducción y tendrá $265 mmpd, una disminución del 12.54%. Mientras atanto la Secretaría de Salud obtuvo en el 2016 $132 mmdp y el 2017 recibirá $121 mmdp, una reducción del 8.33%.

Pero los partidos políticos son otra historia, ellos para el 2017 tendrán un aumento en sus presupuestos, mismos que resumo a continuación:

pfederal

Así es estimado lector, mientras que dependencias que le responden a la gente, que ayudan a los ciudadanos, en teoría, como lo son la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, tienen que amarrarse el cinturón, los partidos políticos hacen todo lo contrario y se aumentan sus presupuestos para poder financiar sus actividades diarias y campañas políticas.

Este aumento viene en un momento muy extraño, ya que a diferencia del 2015 y 2016 donde hubo elecciones en más de cinco entidades federativas. En el 2017 sólo cuatro estados tendrán elecciones, de los cuales solo tres tienen elecciones a gubernatura, y sólo uno elegirá ayuntamientos, diputaciones, regidurías y gubernatura. Entonces, ¿por qué el aumento?

mapa

Nuevamente los partidos políticos nos dan una lección, pero a la mala, la lección es que la democracia en México nos cuesta mucho y en el 2017 nos costará más. Mucha gente está siendo engañada con la cantaleta que, si los partidos no tienen este presupuesto público, probablemente consigan dinero por de la delincuencia organizada y/o el miedo irracional de muchos, por los empresarios.

Esto es falso, puesto que ya sucede en la actualidad y tenemos dinero que proviene de lugares oscuros y claro de empresarios que terminan en las campañas políticas de muchos candidatos.

Lo repito, es hora de que la democracia cambie en México, que tú como ciudadano tengas el poder de desde día uno elegir con quien se va tu dinero, que candidato se merece tus $20 pesos, $50 pesos, $500 pesos o $100,000 pesos.

No que como en la actualidad, mantenemos a partidos políticos que son negocios familiares y que cumpliendo con el mínimo de votos seguiremos financiando sin que nos den resultados.

Te invito a firmar la siguiente petición, que tiene ya algunos meses, y pongamos fin al financiamiento público de los partidos:
https://www.change.org/p/abajo-al-financiamiento-público-de-los-partidos-pol%C3%ADticos

De la democracia electoral a la democracia participativa

Desde que se nos ha inculcado sobre el significado de la democracia, se ha tendido a poner todo el peso de la misma en el sufragio universal. Si bien esto ha llegado a contribuir en el sentido de comprometer a la ciudadanía a ejercer su derecho de votar por sus representantes, tanto del poder ejecutivo como legislativo, a la vez ha acortado el sentido democrático a esto mismo: al simple hecho de votar cada tres años, cuando la democracia significa muchísimo más que eso.

Esto, aunado a la hegemonía que actualmente poseen los partidos políticos sobre los procesos electorales y legislativos (los cuales deberían contar con una mayor injerencia de la sociedad civil), pone en evidencia el hecho siguiente: hoy, no contamos con la democracia representativa que estipula la constitución; desde el momento en donde el pueblo mexicano, queda a merced de unos funcionarios públicos que solo ocupan de este cada cierto tiempo, para legitimarse como agrupaciones políticas (reunir el porcentaje mínimo de votos para seguir existiendo como tales), la representación queda supeditada por una evidente democracia electoral.

Dicho en otras palabras, de cumplir con lo dictado por la carta magna, referente a la representación del pueblo, se anteponen los intereses particulares de los partidos políticos, los cuales únicamente alientan a la participación de la sociedad al momento de haber procesos electorales.

Ahora bien, ¿qué puede hacerse para enfrentar tal situación? ¿Cómo se debe consolidar una auténtica democracia, en donde intervenga la mayoría, más allá del voto?

Considero que, además de luchar por eliminar los privilegios de las agrupaciones políticas, así como de los funcionarios públicos, es necesaria la creación de una democracia que supere la representación; para ello, es imperdible la conformación de una democracia de carácter participativo. Pero ¿Qué habría de entenderse por “participativa”? Pues bien, entiéndase dicho término como aquella facultad del pueblo para tener una injerencia directa, en la elección de su propio destino.

Sea en nuestro caso, con la recientemente aprobada Ley de Participación Ciudadana, se podrán varios pasos para llegar a dicha meta; con ayuda de las herramientas establecidas en este cuerpo normativo, como la revocación de mandato, el presupuesto participativo o las juntas vecinales, se contribuirá a la organización social y con ello, a la consolidación de un auténtico poder del pueblo.

Queda claro que para cumplirse la realización de este ideal, se necesitará mucho esfuerzo, y probablemente, mucho esfuerzo por parte de cada uno de nosotros. No obstante, si auténticamente queremos, de una vez por todas, construir el México que soñamos, debemos tomar las riendas por nosotros mismos, y no permitir que los grupos de siempre se apoderen de este para sus propios fines.

Es hora de crear días mejores, donde se tengan los servicios públicos necesarios, donde se tenga un gobierno que merecemos, y donde cada mexicano pueda vivir dignamente sin tener que mendigarles nada a los partidos políticos que, él mismo financia por medio de los impuestos.

Es ahora o nunca, el momento para cambiar nuestro gobierno para nuestra gente del presente, del futuro, y en conmemoración para aquellos de días pasados que precisamente entregó su vida en favor de un mañana mejor.

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Las Tres Iniciativas del Gobernador

Quiero hablarles sobre las tres iniciativas que se presentaron por instrucciones del Gobernador la semana pasada, pues como toda propuesta innovadora, han surgido aristas sobre dichos temas.

Aunque es la menos comentada de las tres, quiero comenzar por la iniciativa en materia electoral. La representación proporcional es la única posibilidad de que los ciudadanos que no obtuvieron la mayoría en una elección en la que se conforma un grupo (Regidores en caso de Ayuntamientos y Diputados en caso del Congreso) puedan tener representación (proporcional al número de votos emitidos y espacios disponibles) en dicho grupo.

Para que se den una idea de la importancia de esta figura en Nuevo León: Si en estas últimas elecciones no hubiera existido la representación proporcional, en el Congreso del Estado solo habría dos partidos: PRI y PAN; a diferencia de la conformación actual, de PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM, PT y PANAL.

¿Cuál opción es la más plural? ¿Cuál es la más representativa de la voluntad del ciudadano? La voz de todos los que no votaron por el PRI o el PAN (su servidor, por ejemplo) hubiera sido aniquilada sin esta figura.

La propuesta del Gobernador es que la voz de quienes voten por candidatos independientes en la próxima elección no sea silenciada por un sistema que impide que los independientes (quien quiera que ellos sean) tengan igualdad frente a los partidos políticos, pues la Ley Electoral actualmente prohíbe que los independientes tengan representación proporcional (por esta razón no vemos a ningún Diputado que haya sido candidato independiente el año pasado en el Congreso, a pesar de que obtuvieron más votos que algunos partidos que sí están representados).

La propuesta sobre la Auditoría Superior del Estado es una iniciativa local que plantea (por medio de la Legislatura del Estado) una iniciativa de reforma a la Constitución Federal para que este órgano de fiscalización tenga la posibilidad de no depender en forma alguna de los Congresos Locales.

Siendo esta reforma el reto más grande de los tres en términos procedimentales (pues no solo la tienen que aprobar los Diputados Locales de NL, sino los Diputados Federales, los Senadores y hasta la mayoría de las otras Entidades Federativas), debemos impulsar lo más posible su éxito, pero sin perder de vista la posibilidad de iniciar otras acciones legislativas, que aunque menos contundentes, pueden contribuir fuertemente a impulsar la autonomía de este órgano sin necesidad de llegar a modificar nuestra Carta Magna para ello.

Por último, está la iniciativa que propone desincorporar del gabinete del Ejecutivo a la Procuraduría General de Justicia para darle absoluta autonomía e independencia, y no solo eso, sino que la forma de seleccionar al Procurador sea por medio del sufragio popular en comicios electorales. Sobre esta propuesta me llama la atención la crítica de algunos que no están de acuerdo que el pueblo vote por esta figura y quieren que sea electo por grupos de expertos.

No solo tenemos el antecedente de que en 43 de 50 estados en EEUU así se elige al Procurador (llamado State Attorney General) y funciona con éxito, sino que tomando en cuenta que el propósito de desincorporar del Gabinete Estatal esta figura es que tenga independencia y autonomía en su actuar para evitar que se corrompa por intereses ajenos a los ciudadanos, no existe procedimiento más apto para ello en un Estado Democrático que los comicios electorales.

No es casualidad que los gobiernos encabezados por grupos selectos de personas “expertas” (las Aristocracias) ya no existan en el mundo moderno, y hayan sido reemplazadas por la Democracia.

Cuidado con quienes piensen que los ciudadanos de Nuevo León no tenemos la capacidad e inteligencia para elegir a nuestro propio Procurador y digan que nos va a ir mejor con un grupo de personas ‘sabias’ que lo elijan por nosotros. El principio de que la voluntad de todos los ciudadanos mexicanos (expertos o no expertos) en una elección vale lo mismo, es un derecho alcanzado desde nuestra Independencia y yo no quisiera retroceder más de 200 años.

¿Ustedes?

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La democracia distorsionada de Erdogan




El pasado 15 de julio una facción del ejército turco realizó un golpe de estado fallido en contra del presidente Recep Tayyip Erdogan. Éste fracasó no solo por la falta de apoyo generalizada de los militares, sino también porque una parte importante de la ciudadanía – atendiendo las instrucciones del presidente – salió a las calles y se resistió a las fuerzas armadas.

A partir de ese día, e incluso ya habiéndose aprehendido a gran parte de los responsables, las multitudes siguieron ocupando las calles cada noche para demostrar su apoyo a Erdogan y evitar un rumorado segundo golpe. Estas marchas culminaron el 7 de agosto con el Rally por la Democracia y los Mártires, evento que reunió a cientos de miles en Estambul.

Como el nombre lo indica, el rally le rindió homenaje a los civiles que murieron a manos de los soldados, y al mismo tiempo tenía el objetivo de celebrar la prevalencia de la democracia. En teoría, este evento era apartidista; una manifestación generalizada en contra de una posible regresión a una dictadura militar.

Las fotografías muestran otra cosa: gente feliz, portando mercancía con el nombre y rostro de Erdogan; gente que lo aclama, y que lo respalda en su cacería ridícula que, lejos de los cuarteles, lo ha llevado a purgar las cortes, los medios de comunicación, los hospitales, las escuelas y hasta las caridades; gente que le aplaude cuando habla sobre restaurar la pena de muerte. En lugar de celebrar la democracia, se celebró la prevalencia del mandato de Erdogan, el cual está lejos de representar a una democracia ideal.

Aunque es un presidente democráticamente electo y cuenta con el apoyo de una parte importante de la ciudadanía, esto no es suficiente. Durante sus 13 años en el poder Erdogan ha protagonizado escándalos de corrupción (1), ha minimizado el rol de las mujeres (2), ha silenciado a la prensa (3) y a su propia ciudadanía, al suspender los accesos a YouTube, Facebook y Twitter cuando le place.




La ley gira alrededor de su vanidad, lo que genera eventos ridículos… como la vez que demandó a alguien por compararlo con Gollum (4), o esa otra vez en que demandó a un comediante alemán por burlarse de él (5), o aquella otra en la que llamó a testificar a un niño de 13 años por insultarlo en sus redes sociales (6).

Una democracia saludable no se caracteriza solo por elecciones; la inclusión, la libertad de expresión, la transparencia y la tolerancia son también algunos de los pilares que la sostienen.

Tristemente, estos otros factores se le han olvidado a la ciudadanía que hoy lo vitorea de una manera que nos remonta a cultos a la personalidad del estilo de Stalin.

Más trágico aún es que, a consecuencia del golpe, la política del país se ha visto simplificada: criticar el gobierno de Erdogan, ahora pone al crítico al nivel de los traidores golpistas. Estás con ellos o estás con nosotros; estás con la dictadura militar, o estás con la “democracia.” Y así de pronto, uno de los presidentes más antidemocráticos se está haciendo pasar por la encarnación de la democracia misma, y eso preocupa.

(1) Constanze Letsch, “Leaked tapes prompt calls for Turkish PM to resign,” The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2014/feb/25/leaked-tapes-calls-erdogan-resign-turkish-pm.

(2) “Turkey’s Erdogan says childless women are ‘incomplete’,” Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/news/2016/06/turkey-erdogan-childless-women-incomplete-160606042442710.html.

(3) Reuters, “Turkey shuts down media outlets in post-coup crackdown,” Newsweek, http://www.newsweek.com/erdogan-shuts-down-media-journalists-post-coup-crackdown-484828.

(4) Reuters Ankara, “Man who depicted Erdogan as Gollum given suspended sentence,” The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2016/jun/23/rifat-cetin-erdogan-gollum-suspended-sentence-turkey.

(5) Philip Oltermann, “Merkel lets comedian face prosecution,” The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2016/apr/15/angela-merkel-agrees-prosecution-comedian-erdogan-poem.

(6) “13-year-old boy testifies for ‘insulting’ Erdogan on Facebook,” Hürriyet Daily News, http://www.hurriyetdailynews.com/13-year-old-boy-testifies-for-insulting-erdogan-on-facebook.aspx?pageID=238&nID=79052&NewsCatID=341.

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