Dimes y Diretes: “Sí al #Jitomatazo”

Durante las recientes semanas ha sonado mucho en redes sociales la propuesta de tirarle jitomates a los diputados federales de México que hayan recibido el bono navideño y no lo devuelvan.

El ex City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, es el impulsador del #Jitomatazo, y aunque ha sido duramente criticado, yo coincido con el mismo.

César Camacho, diputado federal plurinominal y miembro del afamado Grupo Atlacomulco (mismo al que pertenece nuestro querido Presidente), fue la primera víctima del #Jitomatazo.

El ex gobernador del Estado de México ya hizo una denuncia penal contra Arne y todos los que resulten responsables de aventarle jitomates y arruinarle su traje (muy probablemente de marca). Aquí es donde yo me pregunto, ¿y nosotros cómo los denunciamos a ellos por ratas?

La realidad es esta: cada diputado federal nos cuesta alrededor de un millón de pesos mensualmente. También no tiene progenitora que a pesar de la crisis económica por la que pasa el país, los diputados se hayan otorgado millones de pesos en bonos navideños (cada diputado recibió alrededor de entre 500 mil a 700 mil pesos). ¿Ahora salen que por unos jitomatazos van a lloriquear?

Los diputados del PRI y su Presidente Nacional, Enrique Ochoa, piden que no haya violencia, pero ¿cuántas veces el PRI ha incitado a la violencia? Es más, ¿cuántas matanzas han sido hechas por gente afiliada al PRI?




Ahí, le va un recuento: Tlatelolco (1968), La Masacre del Jueves de Corpus (1971), las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato (2015), los periodistas asesinados durante los sexenios de varios gobernadores, sobresaliendo Javier Duarte.

Ya que estamos con Javier “Ñoño” Duarte, los 9 niños que murieron de cáncer fue porque el tratamiento era patito, pura agua. Después de todo esto, ¿neta los priistas se quejan por unos jitomates? Denle gracias a Dios que no les avientan piedras y que realmente el hartazgo social no se ha desbordado por completo.

Para mí ni los jitomatazos, ni el pañalazo que se avecina son actos de violencia. Son acciones que demuestran el hartazgo social que comienza a crecer en México, en esta clase política, que en su mayoría se ha encargado de desfalcar al país.

Por lo tanto, yo digo, que adelante con los jitomatazos, hasta que los diputados federales devuelvan el bono navideño y cumplan con su trabajo. Y yo no lo dejaría en los diputados federales, también a cualquier político corrupto en México.




¡Ahí Se Leen!

P.D. Aventar jitomates no es un delito penal, es una falta administrativa por vejaciones, por lo tanto no amerita cárcel.

¿Transparencia o abuso?

Las nuevas tecnologías, y en particular las redes sociales, han facilitado la comunicación, los negocios y hasta el empleo. Pero también han generado graves problemas de derecho. Un claro ejemplo de ello es la reciente polémica por el uso que le da a Periscope el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, cuyo propósito es exhibir a quien incurra en alguna falta administrativa. Con esta conducta abusiva se vulneran toda una serie de derechos de la ciudadanía; algunos de ellos son el de la protección de datos personales, el honor, la propia imagen y la privacidad.

La información gráfica y acústica (como lo es un video de Periscope) es parte de los considerados datos personales de acuerdo al derecho mexicano. El derecho al honor, en este lance, se refiere a la fama o la reputación. El derecho a la propia imagen, en este caso, se refiere a que el titular del derecho puede impedir que se divulgue cualquier tipo de información que afecte su imagen sin su consentimiento. El derecho a la privacidad, en esta dimensión, se refiere a los aspectos de la vida de una persona que, de acuerdo a su propia voluntad, deben mantenerse en carácter confidencial. De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, el responsable del trato de éstos debe conducirse con base en el principio del consentimiento. Violar éste u otro(s) principio(s) constituye una infracción a dicha Ley.

El tema de Periscope, más allá de las reprobables violaciones a los derechos de la ciudadanía, conllevan un riesgo más peligroso: la constitución de facto de un tribunal alterno al poder institucional que castiga al presunto culpable de la infracción.

Los ciudadanos exhibidos en Periscope no sólo no han dado su consentimiento para la difusión de su imagen, sino que se han manifestado expresamente en contra para que se difunda. Esta conducta del City Manager viola casi todas las fracciones del artículo 63 de la misma Ley (las más importantes para esta cuestión son: I, IV, XIII y XVI), lo que le sería merecedor de una sanción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya emitió una recomendación argumentando que este (ab)uso de Periscope constituye una violación al principio de legalidad y a los derechos ya mencionados. Parte del razonamiento de la CDH es que la utilización de esta app para exhibir a los ciudadanos infractores nada tiene qué ver con la transparencia y constituye una violación a la garantía de seguridad jurídica. (Lamentablemente, las recomendaciones de la CDH no son vinculatorias.)

El gobierno de Miguel Hidalgo justifica todas estas violaciones a derechos excusándose en el principio de máxima publicidad en materia de transparencia y el derecho a la documentación ciudadana. Sin embargo, su argumento no se sostiene, puesto que: 1. La máxima publicidad aplica, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a toda deliberación o acto relacionado con la autoridad, no a la conducta de los particulares; y 2. La documentación ciudadana es para que los particulares documenten a los funcionarios, nunca al revés. Este punto ya lo sostuvo la CDH en su recomendación.

Los ciudadanos exhibidos en Periscope no sólo no han dado su consentimiento para la difusión de su imagen, sino que se han manifestado expresamente en contra para que se difunda. Esta conducta del City Manager viola casi todas las fracciones del artículo 63 de la misma Ley … lo que le sería merecedor de una sanción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

El tema de Periscope, más allá de las reprobables violaciones a los derechos de la ciudadanía, conllevan un riesgo más peligroso: la constitución de facto de un tribunal alterno al poder institucional que castiga al presunto culpable de la infracción. Se genera un castigo doble: la sanción administrativa y el escarnio público. La cultura cívica es escasa en estos tiempos y sobre todo en México. Aplaudo que busque hacerse algo para inculcar ésta y para combatir a los que el City Manager llama “vecinos gandallas”.

Pero el fin no justifica los medios. Y lo más preocupante de ésto, es la actitud de la autoridad responsable frente a la Comisión de Derechos Humanos. Preocupa que, en lugar de dialogar respetuosamente, se ataque e incluso se insulte. Ya llegó el City Manager al punto de decirle a la CDH: “recomiéndame ésta”. Increíble, pero cierto. Y ésto únicamente refleja el nivel de desprecio por los derechos humanos que tiene dicha autoridad.

Ojalá esta actitud no la repliquen otros gobernantes, pues la posición de poder seduce y pervierte al grado de disfrazar discursos autoritarios de democráticos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Guardaespaldas: Un problema en México

En las semanas recientes el tema de los guardaespaldas, o mejor conocidos como “guaruras”, se ha vuelto muy popular en las redes sociales y en los noticieros a nivel nacional. #LordMeLaPelas y #LordFerrari se han vuelto conocidos por el hecho de utilizar a sus guardaespaldas para ir y golpear o intimidar a alguien que los este molestando. Pero el tema va más allá, en México tenemos una crisis de falta de control a la seguridad privada, una industria que ha crecido un 17,000% en la última década.

David Nieto, un guardaespaldas en la Ciudad de México, en entrevista con Vice News comentó que en el pasado había tenido jefes que le pedían que se deshiciera de alguien que les era incómodo, situación a la cual siempre se negó a hacer, pero no siempre es el caso. El año pasado seis personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, sus cuerpos fueron mutilados y quemados por los escoltas de un importante empresario de Puebla, el motivo de esta persona para ordenar a sus cuerpos de seguridad a realizar tal atrocidad fue una venganza por un robo. Dos de las personas que los guardaespaldas asesinaron eran inocentes.

Si volteamos a la capital del país tenemos el caso del City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen, quien fue brutalmente golpeado por los guardaespaldas de Raúl Libién, director general ejecutivo de Grupo Miled. Arne fue golpeado por los guaruras de Libién sólo por el hecho que él estaba transmitiendo vía Periscope como las camionetas de estos cuerpos de seguridad privada se estacionaban sobre la banqueta y tapaban un rampa para discapacitados. Un nuevo caso se presentó la semana pasada cuando los guaruras de Alberto Sénties Palacio golpearon a un automovilista, se presume que por órdenes del empresario.

…tenemos que tomar en cuenta que existen compañías que no están registradas. Según la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada, existen aproximadamente 8 mil o 9 mil empresas de seguridad privada irregulares, en otras palabras, hay más empresas irregulares que regulares lo que complica más las cosas.

La industria de la seguridad privada ha crecido en exceso en la última década; Según una investigación por parte del sitio Animal Político, en el 2005 existían 173 compañías de seguridad privada, en el año pasado este número incremento a 1,103 compañías. De igual manera la cantidad de guardias creció, ya que en el 2005 había 419 guardias contratados y en el 2015 llegaban a 73,411 guardias.

El problema no es el crecimiento de la industria, sino la falta regulación de la misma, pues a nivel nacional no existen leyes homologadas y no se exigen pruebas de control de confianza, algún tipo de capacitación y en algunos casos ni pruebas antidopaje y psicométricas. Como dice el analista político y columnista semanal de El Universal, Alfonso Zárate, en México existe una especie de ejercito, irregular, informal, disperso y fragmentado.

Adicionalmente a los números que mencione más arriba, tenemos que tomar en cuenta que existen compañías que no están registradas. Según la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada, existen aproximadamente 8 mil o 9 mil empresas de seguridad privada irregulares, en otras palabras, hay más empresas irregulares que regulares lo que complica aun más las cosas.

Nuevo León no está exento de problemas con las compañías de seguridad privada, pues en el 2014 guardias de la empresa Consorcio de Seguridad Privada y Traslado de Valores del Norte (CSPT) sometieron en vía pública a Jonathan Israel de la Rosa Castillo, vecino de la colonia Alfareros, en Monterrey. Ante tal hecho, tanto la Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención de Pérdidas (AMPPPAC) y la organización civil CADHAC reprobaron el proceder de los guardias que fueron más allá de sus poderes al esposar y someter a una persona en la vía pública, acto que es exclusivo de las fuerzas públicas.

El problema no es el crecimiento de la industria, sino la falta regulación de la misma, pues a nivel nacional no existen leyes homologadas y no se exigen pruebas de control de confianza, algún tipo de capacitación y en algunos casos ni pruebas antidopaje y psicométricas.

En cuestión de regulación, actualmente existe una Ley Nacional de Seguridad Privada que esta estancada en el Senado de la República, esta ley contempla más control sobre las compañías de seguridad privada, como lo es pruebas de control de confianza, capacitación y pruebas antidopaje.

En su caso, Nuevo León existe desde el 2010 una Ley para Seguridad Privada, pero podemos considerar que ésta es una ley “light”, puesto que no considera controles de confianza, ni capacitación, solamente es una un reglamento dedicado 100% a la certificación y regulación por encimita de las compañías de seguridad privada.

Es momento de que pongamos lupa en este tema para no sufrir de situaciones como las que se han estado viviendo en la Ciudad de México o peor aún en la ciudad de Puebla. Monterrey y su Área Metropolitana es una de las regiones con mayor crecimiento en el país y consigo vienen problemas de cualquier metrópoli grande, como es delincuencia, por lo tanto, no dudemos que el número de agentes de seguridad privada vaya en aumento también en nuestro estado y se deben desde ya tomar medidas que aseguren la integridad de las personas y el respeto a la ley.

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