Por negligencia y corrupción cayeron edificios.- MCCI

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Los edificios que cayeron en el sismo del 19 de septiembre de 2017 colapsaron por negligencia de autoridades, Directores Responsables de Obra, ingenieros y de los constructores o responsables de los edificios.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) llegó a esta conclusión tras indagar los antecedentes de 28 edificios que cayeron o se dañaron durante el sismo, de acuerdo con las conclusiones presentadas este martes del proyecto ‘¿Por qué se cayó mi edificio?’.

“El terremoto del 19 de septiembre del 2017 es una tragedia sin explicación oficial, una catástrofe sin juicio a los responsables de las más graves de sus consecuencias y una lección no aprendida para la capital de la república”, abundó Salvador Camarena, Director de la Unidad de Periodismo de MCCI.

“Por parte de las distintas autoridades no se conocen a plenitud las causas de los daños, el origen de todas y cada una de las decisiones humanas que pudieron haber incidido en el colapso de inmuebles donde murieron al menos 228 personas y donde miles quedaron en desamparo”.

No se ha sancionado por la vía de tribunales y del juicio de la opinión pública a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía bien desde un puesto público, desde la gestión empresarial o también se dan casos desde la ciudadanía misma, señaló.

Por ejemplo, Emiliano Zapata 56 fue construido sin respetar materiales y técnicas; en Bolivar 158 las conclusiones apuntan a que había advertencias de Cenapred de que existía un riesgo por una antena colocada en la azotea.

Thelma Gómez, coordinadora de las 28 investigaciones periodísticas, expuso que las autoridades locales obstruyeron la investigación de los colapsos.

“La mayoría de esas solicitudes no fueron contestadas incluso se reservaron expedientes”, advirtió.

Por ejemplo, la Delegación Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero negaron o entorpecieron el acceso a la información ante más de 800 solicitudes.

Damnificados del 19S salen a marchar, tras un mes de la tragedia

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Miles de afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre marcharon durante el día de ayer jueves para exigir un alto a las inmobiliarias y a la impunidad, así como también rechazaron la propuesta de otorgar créditos como solución para los dueños de inmuebles dañados.

La protesta fue parte de los actos que se realizaron para conmemorar un mes del terremoto que sacudió la región centro del país y dejó a cientos sin hogar, dejando en evidencia las fallas en la construcción y la corrupción en el sector inmobiliario.

Los afectados marcharon en diferentes calles de la Ciudad de México, principalmente en el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo capitalino en donde se concentraron.

La principal exigencia realizada es que el gobierno y los empresarios sacaran las manos del manejo de los fondos para la reconstrucción.
“El dinero de la nación a la reconstrucción, Hacienda, la Rata, regresa nuestra plata”, eran parte de las consignas lanzadas dentro del acto.

Además rechazaron la propuesta de gobierno de otorgar los créditos como solución para la reconstrucción de la vivienda.

De las acciones emprendidas este día hoy para exigir un alto y castigo a las inmobiliarias corruptas, fue la clausura de la Delegación Benito Juárez.

Miles de residentes de la Ciudad de México no han podido regresar a sus viviendas un mes después del sismo de 7.1 grados que dejó 228 muertos en la capital. Muchos relatan que a pesar de las promesas, no han recibido ninguna asistencia financiera.

Cientos de edificios tuvieron que ser evacuados tras el sismo, y la demolición de los que son imposibles de reconstruir apenas comienza. Los obreros tienen que sacar cualquier material que pueda presentar una amenaza a la seguridad pública, y entonces iniciar la ardua tarea de demoler estructuras en medio de un vecindario poblado.

Los que se vieron obligados a salir de esas estructuras se han estado quedando con familiares, en hoteles o incluso en carpas en la calle. El gobierno ha anunciado préstamos a créditos de bajo interés para que la gente pueda reparar sus viviendas o buscar una nueva, pero ese proceso seguramente será lento.

Vecinos denuncian construcción ilegal en el mismo predio donde el edificio de Bretaña 90 se derrumbó.

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Pese a las quejas vecinales y de las evidencias, el director Jurídico y de Gobierno de la delegación Benito Juárez, Armando Ramírez, omitió detener y clausurar una obra ilegal, sin manifestación de construcción, en el mismo predio de Bretaña 90, en la colonia Zacahuitzo, donde un edificio de cinco pisos levantado sobre una casa colapsó el pasado 19 de septiembre y causó la muerte de una mujer de 19 años de edad.

La construcción irregular, ubicada en la parte posterior del predio (detrás del edificio colapsado) tiene seis niveles y fue construido también sobre una construcción ya existente, donde funcionaba una fábrica de bocinas para sonido.

María Catalina Castro, habitante de la casa de Irolo 102, colindante con el terreno mencionado, acusó que ella presentó como otros vecinos una queja en abril pasado ante la DBJ para solicitar la clausura de la obra, “pero nunca tuvimos una respuesta”. Ahora demandan la demolición del edificio de seis pisos que está visiblemente dañado.

Tanto ese edificio como el que se derrumbó fueron construidos no solo de manera ilegal, sino con materiales de pésima calidad. Un albañil que trabajó durante varios meses como chalán en la construcción del edificio posterior, dijo que efectivamente se emplearon tabiques ligeros, huecos, y se colaron las losas con bloques de unicel, una técnica que ha sido prohibida en muchos países.

Desde el 2010, vecinos de la zona conocida como “la corbata” (una franja en los límites con Iztapalapa e Iztacalco que se encuentra al oriente de la Calzada de Tlalpan), de colonias como Albert, Del Carmen, Zacahuitzco y Portales Oriente, encabezados por el ingeniero Fernando Tagliabué, denunciaron ante el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Asamblea Legislativa y la propia DBJ, los excesos en las licencias de demolición y las manifestaciones de construcción para obras nuevas en BJ.

Asimismo, denunciaron obras que violaban el Reglamento de Construcciones y el uso de suelo en ubicaciones específicas como Irolo 122, Benito Juárez 119, Zacahuitzco 78 y Bretaña 31, todas en la colonia Zacahuitzco. Y en Suiza 35 y Fuentes Brotantes 46, en Portales Oriente.

El 19 de septiembre, tal como fue ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales, el edificio se vino abajo. Tres días después, rescatistas japoneses encontraron el cuerpo de una mujer de 19 años de edad, que luego se supo era trabajadora doméstica, con dos hijos, y que apenas llevaba una semana laborando allí.

Los rescatistas japoneses hicieron una reverencia, se quitaron los cascos, inclinaron la cabeza y mostraron respeto hacia los restos de la joven, en una imagen que dio la vuelta al mundo.

El Jefe Delegacional Christian von Roehrich presentó una demanda penal contra la empresa Dijon S.A.P.I de C.V., y advirtió que “tendrá que pagar e indemnizar a cada uno de los propietarios y afectados”. Argumentó que, tras investigaciones y dictámenes técnicos se determinó que tiene “responsabilidad plena al utilizar materiales de baja calidad, mentir y evadir a la autoridad”.

El sábado 7 pasado, el director general Jurídico Armando Ramírez fue increpado por un grupo de manifestantes en la explanada Soberanía de la República, frente a la sede delegacional de Benito Juárez, en el marco de una concentración de 500 vecinos que protestaban contra las obras irregulares en la demarcación.