Padres de normalistas desaparecidos en Iguala reclaman verdad en la CIDH

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Padres de dos de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, México, desaparecidos en 2014, reclamaron hoy verdad y justicia en este caso, durante la segunda jornada de las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Santo Domingo.

Joaquina García, madre de Martín Sánchez, acusó al Gobierno de su país de “no hacer nada” para esclarecer este caso y decir a los familiares “solo puras mentiras”.

En México, agregó, “no hay justicia” pero sí “miles de desaparecidos”, al tiempo que se expresó opuesta a que las audiencias sobre este caso se realicen fuera de su país.

“Queremos verdad y justicia y que el Estado no se siga burlando de nosotros”, subrayó en la audiencia.

Mientras que Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó que continuarán su lucha “hasta llegar a la verdad pase lo que pase”.

“Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto”, se preguntó Navarrete, quien señaló que el Gobierno “quiere cerrar cada línea haciendo como que investigan” e invitó a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México sobre este caso.

Precisamente ayer, el Gobierno de México destacó sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.

El Ejecutivo indicó que ha entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Ginebra, Suiza, un documento con las observaciones al reporte “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa“, divulgado el 15 de marzo y que también fue remitido este lunes al mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

Por su parte, Santiago Aguirre, activista de los derechos humanos y acompañante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, expresó su temor de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto cierre este caso “dadas las altas posibilidades de que quienes confeccionaron la llamada comisión de verdad histórica salgan del poder” tras las próximas elecciones.

La representación del Estado de México dijo, sin embargo, en la audiencia de hoy que “nunca se ha detenido el esfuerzo” de la búsqueda de los 43 estudiantes y que espera “brindar las respuestas que legitimamente exigen los familiares” de los desaparecidos.

La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel “ilustra la determinación de fortalecer la comunicación con los beneficiarios y sus representantes y nos permite reiterar el compromiso indeclinable del Gobierno de México con el esclarecimiento de este caso con la seguridad de que se haga justicia y con procurar la atención integral a las víctimas”, dijo.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.

El caso de Ayotzinapa formó parte del segundo día de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

La CIDH abrió ayer una semana de audiencias públicas en Santo Domingo cuya agenda incluye audiencias sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

Gobierno responde a informe de ONU sobre Ayotzinapa

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En un comunicado, el Gobierno de México señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte, presentado hoy, “información relevante” que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo “los más altos estándares”.

La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.

En el escrito, el Gobierno mexicano dijo hoy estar preocupado “de manera especial” porque el informe “arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial”.

Explicó que el informe se “limita a abordar cuestiones” que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.

Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió “consideraciones y puntualizaciones importantes” sobre el contenido del reporte, tanto por su “metodología” como por los “vacíos de información” que contiene.

El Gobierno aseveró que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

El Gobierno “reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso”, concluyó.

Además, el Ejecutivo atiende el mecanismo de seguimiento al caso, y la investigación del mismo constituye un “esfuerzo sin precedentes”.

El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que en las investigaciones de las denuncias por tortura “la respuesta del Estado se ha centrado principalmente en la práctica de Protocolos de Estambul“, con “tan solo dos dictámenes positivos” confirmando la existencia de este delito.

No obstante, Jarab recordó que tanto instituciones internacionales como el relator especial sobre la tortura Juan Méndez han expresado sus preocupaciones por “la forma incorrecta de utilización del Protocolo de Estambul” en el país, empleado “como instrumento único”.

Realmente, este ha de ser utilizado en el contexto de “otras pruebas y fuentes”, por lo que “un resultado negativo no significa necesariamente la ausencia de tortura”.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.

El PRI quiere repetir lo de Edomex: hundir a Anaya, empatar a AMLO y después el fraude, dice Muñoz Ledo

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Las irregularidades en el proceso electoral de la sucesión presidencial ya iniciaron y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado de México, dijo el ex Diputado Constituyente Porfirio Muñoz Ledo.

El político acudió hoy en representación de un grupo de 30 académicos y organizaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar una serie de medidas que permitan blindar la elección del 1 de julio, dijo Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo, Javier Quijano, el Embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel Velázquez acudieron a una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, Magistrada Presidenta del Tribunal para entregarle un documento con una serie de medidas que permitan “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica” y evitar lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila.

Entre la medidas que solicitan investigadores como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer Cossío, ex consejeros electorales como Eduardo Huchim May e íconos de la izquierda mexicana como Ifigenia Martínez y Hernández está el publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos, sancionar severamente las campañas negras, sin menoscabo a la libertad de expresión.

Además solicitaron instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que se alimente de forma permanente por datos aportados por la población, es decir un Sistema Integral de Fiscalización preciso.

El documento entregado a la Magistrada pide flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero, verificar de manera permanente a los OPLE e investigar el eventual conflicto de interés por los vínculos de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI-Verde-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. De comprobarse ese conflicto, destituir al titular.

Los firmantes advierten que si sus peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”, finaliza.

Moreira niega ante la CIDH tener vínculos con ‘Los Zetas’

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El ex gobernador de CoahuilaHumberto Moreira, reiteró que no tiene vínculos con el cartel de Los Zetas ni con alguna otra organización delincuencial, como fue señalado por diversas organizaciones de derechos humanos.

A través de una misiva que envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizó que el informe “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), contiene acusaciones falsas en su contra.

El ex priista escribió una carta al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la que señala que considera necesario aclarar que dicho informe lo pretende vincular con hechos delictivos durante su sexenio, basados en artículos periodísticos o información difundida de forma descontextualizada o sesgada, con “estimonios de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, sospechosos de haber sido obtenidos a cambio de beneficios penitenciarios”.

Recordó que esta precisión ya la hizo en un escrito similar ante la Físcalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por lo que estimó que es importante que también la CIDH tenga conocimiento de los hechos que, indicó, afectan su honor y el de su familia.

Moreira incluso envió al secretario ejecutivo de la CIDH un extracto de la sentencia de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, como prueba judicial de que no está ni estuvo relacionado con el cartel de Los Zetas.