Recuperan cuerpo de sexto minero en Múzquiz, Coahuila

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Tras seis días de labore ininterrumpidas rescatistas y brigadistas recuperaron el cuerpo del sexto minero atrapado en la mina Micarán de Múzquiz, Coahuila.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el cuerpo logro ser recuperado a las 18:30 horas del miércoles y aseguró que la operación para sacar el último cuerpo continuará.

La titular de la STPS, Luis María Alcalde, reconoció como “admirable” la labor de los rescatistas y sentenció que “aquí seguiremos” hasta recuperarse el cuerpo del séptimo minero.

Siete minero quedaron atrapados el 4 de junio por el colapso de una mina en el municipio de Múzquiz, hacia donde se desplazaron elementos de Protección Civil y del Ejército para las labores de rescate.

La hipótesis manejada por las autoridades es que una inundación provocó la ruptura del techo y paredes de la mina, provocando el colapso del lugar.

Los cuerpos de dos mineros fueron recuperados el sábado 5 de junio, uno en la mañana y otro en la noche.

El tercer cuerpo fue recuperado a las 6:25 h del domingo y apenas tres horas después se rescató el cuerpo de un cuarto minero.

El quinto cuerpo fue sacado la mañana del miércoles, alrededor de las 9:50 h.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) dio a conocer que el año pasado presentó una queja ante las autoridades por las “terribles condiciones” de la mina en Múzquiz, donde quedaron atrapados siete trabajadores.

“Desde octubre del 2020 se denunciaron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las terribles condiciones de esta mina, sin que las autoridades tomaran medidas acordes al riesgo”, expresó el Centro ProDH en redes sociales.

Concretamente, la denuncia fue presentada por la organización Familia Pasta de Conchos, formada por familiares de las víctimas de un accidente minero ocurrido en la zona en 2006, las cuales cuentan con el asesoramiento del Centro ProDH.

Ambas organizaciones enviaron una carta el 23 de octubre de 2020 al director de la CFE, Manuel Bartlett, en la que pedían una reunión para abordar, entre otros asuntos, la “no repetición de siniestros y fallecimiento evitables en las minas de carbón”.

En la carta denunciaron que dos empresas que tienen contratos con la CFE “extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene”, y adjuntaron fotografías para demostrarlo.

“No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis (zapatillas), sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidos, ventilación, y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS”, criticaron.

En respuesta a la denuncia, CFE aseguró que la mina de Micarán no es su proveedora de carbón y expuso que, en consecuencia, era imposible que Manuel Bartlett estuviera enterado del estado en el que operaba.

ONG acusa manipulación de 19 cuerpos en Tlatlaya

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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) identifico alteraciones en las escenas en torno a los 19 de los 22 cuerpos de las personas abatidas en Tlataya el 30 de Junio de 2014.

Como defensa de Clara Gómez, sobreviviente de la masacre, las abogadas del centro Prodh obtuvieron fotografías del caso contenidas en el expediente militar 338/2014, las cuales fueron cortejadas con las que tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Estas imágenes no se encuentran dentro de la investigación de la PGR debido a que la dependencia no solicito la integración del expediente militar.

A tres años del suceso, el colectivo formado por mas de una veintena de organizaciones y defensores de derechos humanos, también hicieron criticas a la PGR por no realizar una investigación sobre la cadena de mando que ordeno abatir a los delincuentes en horas de oscuridad.

Refirieron que solo se ha llamado a declarar al Teniente Coronel de Infantería Sandro Diaz Rodríguez  quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras ordenes con las mismas instrucciones.

…Y ven declaraciones como amenaza

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En un comunicado firmado por el Centro Prodh, Social TIC, Artículo 19, Poder del Consumidor, IMCO y R3D, organizaciones conformadas por periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, declararon que vieron las declaraciones de ayer del Presidente Enrique Peña Nieto, como una amenaza, por lo que les preocupa.

Peña Nieto dio ayer su primer posicionamiento sobre los presuntos espionajes contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, que salieron publicados esta semana en el diario estadounidense, The New York Times. en el discurso Peña dijo que esperaba que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera con celeridad deslindar responsabilidades y que esperaba que la ley se aplicara “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

Estas declaraciones no han sido bien tomadas por las organizaciones que han solicitado a un grupo independiente de investigadores para el caso de espionaje.

Los firmantes del comunicado consideran que Peña Nieto, n o se comprometió a aplicar la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, “sino que envío un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos”.

Para los denunciantes es también preocupante que el mismo Presidente de la República se sienta susceptible de ser víctima de espionaje, y que lo vea como una actividad normal. Esto después de que en el mismo discurso en Jalisco, el Presidente afirmará, que el también ha sido hackeado y cuida mucho lo que habla por teléfono, por el mismo miedo a que lo escuchen y graben.

Por último, exigieron que se arme un panel independiente para monitorear la investigación de la PGR y solicitaron que los contratos firmados con las empresas que venden equipos de espionaje, se hagan públicos.