¿Ocupa “dientes” la CNDH?

No es ningún secreto que nuestro país tiene, desde hace varias décadas, una crisis en lo concerniente al respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eventos como la matanza de Tlatelolco, Acteal, Ayotzinapa, y más recientemente, Nochixtlán, corroboran el latente problema que hoy se vive, el cual es causado en numerosas ocasiones por las mismas autoridades (nótese que, en todos los casos mencionados, existen supuestos de la participación de funcionarios públicos, además de las sospechas de intervención policial y militar).

Por otra parte, ¿qué medidas ha llevado a cabo el gobierno para solucionar esta evidente crisis? Desde hace tiempo, México se ha incorporado a organismos internacionales que velan por la protección a los derechos humanos, tales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), o bien, el CDH (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

Dichos organismos han señalado, en más de una ocasión, la falta de consideración que se tiene en torno al aseguramiento de los derechos fundamentales para con su población; ¿cuáles han sido las repercusiones de la integración de México a estas agrupaciones internacionales?

Si bien cabe destacar que, desde que México comenzó a fungir como miembro de diversos grupos de cooperación para el resguardo y protección de las antes llamadas garantías individuales, este ha tenido que darle una mayor ponderación a las mismas, así como aceptar la intervención de aquellos grupos, en casos que han causado gran difusión mediática, el problema no ha logrado disminuir más que de forma tenue.

A pesar de este supuesto “compromiso” para mejorar la defensa de nuestros derechos por medio de la subscripción antes dictada, los ataques y la represión continúan formando parte de la vida diaria de los mexicanos, sin importar si estos tienen como profesión el periodismo (México es calificado como el país con mayor riesgo para tal empresa), o si son maestros o aspirantes a los mismos (previamente mencionado de Ayotzinapa), o bien si son campesinos (San Quintín).

Ahora bien, ¿qué es lo que falta hacer para mejorar esta situación y garantizarle la dignidad y la existencia a cada miembro de la nación? Lo primero que habría que hacer es, reforzar nuestras instituciones antes de estar firmando acuerdos que sabemos, no vamos a cumplir; actualmente tenemos instituciones como la CNDH, la cual tiene por objeto la defensa de derechos humanos. No obstante, ¿cómo es posible que esta misma pueda defender nuestros derechos si su función se encuentra limitada a la “emisión de recomendaciones”?

Es preocupante observar casos, como lo ocurrido en Veracruz, donde pudimos ser testigos de una abierta represión hacia el periodismo y hacia todo aquel que se opusiera al gobernador, Javier Duarte, en donde las recomendaciones del organismo mencionado no trascendieron, a lo mucho, a un “jalón de orejas”.

Si en verdad queremos mejorar esta deplorable situación por la que pasamos, si en verdad queremos construir una nación más prospera y garantista de derechos, deberíamos empezar por darle “dientes” a nuestras instituciones protectoras de derechos fundamentales.

¿Cómo empezar con dicho cambio? Con algo tan simple como hacer de carácter vinculatorio (obligatorio) aquellas “recomendaciones” de la CNDH, para que así el poder judicial se encuentre obligado a investigar a los servidores públicos que la comisión ha señalado como posibles responsables de violaciones hacía los derechos reconocidos en la carta magna.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Transparencia o abuso?

Las nuevas tecnologías, y en particular las redes sociales, han facilitado la comunicación, los negocios y hasta el empleo. Pero también han generado graves problemas de derecho. Un claro ejemplo de ello es la reciente polémica por el uso que le da a Periscope el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, cuyo propósito es exhibir a quien incurra en alguna falta administrativa. Con esta conducta abusiva se vulneran toda una serie de derechos de la ciudadanía; algunos de ellos son el de la protección de datos personales, el honor, la propia imagen y la privacidad.

La información gráfica y acústica (como lo es un video de Periscope) es parte de los considerados datos personales de acuerdo al derecho mexicano. El derecho al honor, en este lance, se refiere a la fama o la reputación. El derecho a la propia imagen, en este caso, se refiere a que el titular del derecho puede impedir que se divulgue cualquier tipo de información que afecte su imagen sin su consentimiento. El derecho a la privacidad, en esta dimensión, se refiere a los aspectos de la vida de una persona que, de acuerdo a su propia voluntad, deben mantenerse en carácter confidencial. De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, el responsable del trato de éstos debe conducirse con base en el principio del consentimiento. Violar éste u otro(s) principio(s) constituye una infracción a dicha Ley.

El tema de Periscope, más allá de las reprobables violaciones a los derechos de la ciudadanía, conllevan un riesgo más peligroso: la constitución de facto de un tribunal alterno al poder institucional que castiga al presunto culpable de la infracción.

Los ciudadanos exhibidos en Periscope no sólo no han dado su consentimiento para la difusión de su imagen, sino que se han manifestado expresamente en contra para que se difunda. Esta conducta del City Manager viola casi todas las fracciones del artículo 63 de la misma Ley (las más importantes para esta cuestión son: I, IV, XIII y XVI), lo que le sería merecedor de una sanción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya emitió una recomendación argumentando que este (ab)uso de Periscope constituye una violación al principio de legalidad y a los derechos ya mencionados. Parte del razonamiento de la CDH es que la utilización de esta app para exhibir a los ciudadanos infractores nada tiene qué ver con la transparencia y constituye una violación a la garantía de seguridad jurídica. (Lamentablemente, las recomendaciones de la CDH no son vinculatorias.)

El gobierno de Miguel Hidalgo justifica todas estas violaciones a derechos excusándose en el principio de máxima publicidad en materia de transparencia y el derecho a la documentación ciudadana. Sin embargo, su argumento no se sostiene, puesto que: 1. La máxima publicidad aplica, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a toda deliberación o acto relacionado con la autoridad, no a la conducta de los particulares; y 2. La documentación ciudadana es para que los particulares documenten a los funcionarios, nunca al revés. Este punto ya lo sostuvo la CDH en su recomendación.

Los ciudadanos exhibidos en Periscope no sólo no han dado su consentimiento para la difusión de su imagen, sino que se han manifestado expresamente en contra para que se difunda. Esta conducta del City Manager viola casi todas las fracciones del artículo 63 de la misma Ley … lo que le sería merecedor de una sanción por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información.

El tema de Periscope, más allá de las reprobables violaciones a los derechos de la ciudadanía, conllevan un riesgo más peligroso: la constitución de facto de un tribunal alterno al poder institucional que castiga al presunto culpable de la infracción. Se genera un castigo doble: la sanción administrativa y el escarnio público. La cultura cívica es escasa en estos tiempos y sobre todo en México. Aplaudo que busque hacerse algo para inculcar ésta y para combatir a los que el City Manager llama “vecinos gandallas”.

Pero el fin no justifica los medios. Y lo más preocupante de ésto, es la actitud de la autoridad responsable frente a la Comisión de Derechos Humanos. Preocupa que, en lugar de dialogar respetuosamente, se ataque e incluso se insulte. Ya llegó el City Manager al punto de decirle a la CDH: “recomiéndame ésta”. Increíble, pero cierto. Y ésto únicamente refleja el nivel de desprecio por los derechos humanos que tiene dicha autoridad.

Ojalá esta actitud no la repliquen otros gobernantes, pues la posición de poder seduce y pervierte al grado de disfrazar discursos autoritarios de democráticos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”