Lula es condenado a 9 años y medio por caso de corrupción.

El caso Petrobras se ha cobrado su mayor víctima en los tres años que lleva desgranando la corrupción en las élites brasileñas. El ex presidente más popular del país, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este miércoles a nueve años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero. Lula, que en los últimos meses  no ocultaba su ambición por presentarse de nuevo a las elecciones generales de 2018, podrá recurrir la sentencia, lo que evitará ahora un ingreso en prisión. Una confirmación del fallo de culpabilidad implicaría también la inhabilitación política.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien señaló que la razón para no ordenar el arresto inmediato del mandatario para que apele en libertad es “evitar ciertos traumas”.

En cualquier caso, la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como “Lava Jato”, es histórica: por primera vez un ex presidente de Brasil es condenado por corrupción.

El caso, que inició alrededor de la petrolera estatal Petrobras, ha acabado salpicando a políticos y poderosos empresarios de Brasil.

La sentencia de Moro, cuyas investigaciones por el operativo “Lava Jato” han llevado a que algunos lo consideren un posible candidato presidencial, llega en un contexto de profunda crisis política en Brasil.

Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, fue sometida a un juicio político y destituida en agosto de 2016 por normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.

Desde entonces gobierna quien fuera el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, que actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva.

Hace tan solo dos semanas, Moro sentenció a 12 años de prisión a Antonio Palocci, un influyente ministro durante los gobiernos de Lula y Rousseff, también por corrupción.

Panamá papers: ¿Qué pasará con México?

“Es mejor morir a odiar y temer, es mejor morir dos veces a hacerse odiar y temer; tal oración habría de ser la máxima de toda sociedad organizada políticamente”
Nietzsche

Bien se sabe de diversos casos, a lo largo de la historia de numerosos países, en los que, a raíz de una ardua investigación por parte de periodistas consagrados a su labor de difundir la verdad, se termina por descubrir la traición de diversos servidores públicos mediante el desvío de recursos. Desde el escándalo de Watergate, así como la filtración de documentos clasificados en Wikileaks, hasta sucesos aun en curso, como la malversación de fondos en el que se halla implicado el expresidente brasileño, Lula da Silva, se han apreciado diversos acontecimientos en los que, se ha hecho justicia y los funcionarios involucrados han sido obligados a dimitir. No obstante, se han visto otros escenarios en los que aquellos encargados de administrar la ley no han encarado tales situaciones de la forma debida, y por lo mismo, los responsables han tenido el privilegio de continuar impunemente con sus cargos.

El día de hoy, la interrogante antes planteada se encuentra más latente que nunca, debido a la red global desenmascarada recientemente, llamada Panamá papers. Como bien se sabe, a través de este artilugio un sinnúmero de servidores públicos, estrellas del deporte, actores, empresarios, entre otros, depositaban considerables sumas monetarias con el fin de tener un paraíso fiscal en el que los impuestos no fueran problema. Entre las reacciones ante tales escándalos, hemos visto una polarización considerable, tanto de la sociedad como de los actores de este suceso; de parte de Islandia, podemos apreciar a una sociedad completamente organizada, lo suficiente como para exigir en conjunto la dimisión de su primer ministro, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, lo cual se ha logrado exitosamente. De parte de Argentina, el presidente actual Mauricio Macri, se ha remitido a mencionar que “los negocios que este hacía eran legales”.

Como bien se sabe, a través de este artilugio un sinnúmero de servidores públicos, estrellas del deporte, actores, empresarios, entre otros, depositaban considerables sumas monetarias con el fin de tener un paraíso fiscal en el que los impuestos no fueran problema.

Ahora bien, ¿Cuál ha sido la respuesta de los mexicanos participes en la red de paraísos fiscales? Por parte del presidente de Tv Azteca, Salinas Pliego, este no se ha extendido más para tachar la participación de Carmen Aristegui, llamando “amarillista” la investigación; por otra parte, está por verse la respuesta que dará el empresario implicado en estos sucesos, Juan Armando Hinojosa, actual dueño de la empresa Grupo HIGA.

En cuanto a la respuesta gubernamental, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, comenta que “Tener recursos en el extranjero no es ilegal, lo ilegal es que, teniéndolos ahí, obteniendo una utilidad, rendimiento, intereses, no los declare en México“. Lo anterior puede interpretarse, en el modo más optimista posible, como una especie de promesa en cuanto a investigar los hechos y observar si las conductas encuadran con algún delito.

¿Dónde estábamos nosotros cuando se destapó le asunto de la casa blanca, en la que claramente nuestro señor presidente se encontraba involucrado? ¿Por qué en Islandia los ciudadanos procedieron a tomar las calles para exigir la renuncia de su mandatario y aquí en México no lo realizamos, al menos no la gran mayoría, cuando hizo falta?

Pasando a otro punto, personalmente, al enterarme de esta red masiva cuyo fin último es la evasión de impuestos, si bien despertó en mí una indignación al saber de los implicados y de las hasta ahora, débiles respuestas del gobierno, también se ha generado un asombro al observar la polarización social entre la comunidad mexicana y la comunidad islandesa. Si bien es cierto, se podrá decir que la diferencia en cuanto a la respuesta de ambas sociedades se debe, a que en caso de Islandia estaba implicado el primer ministro ¿Dónde estábamos nosotros cuando se destapó le asunto de la casa blanca, en la que claramente nuestro señor presidente se encontraba involucrado? ¿Por qué en Islandia los ciudadanos procedieron a tomar las calles para exigir la renuncia de su mandatario y aquí en México no lo realizamos, al menos no la gran mayoría, cuando hizo falta?

Desde mi punto de vista, a lo que se debe esta diferencia en cuanto a la respuesta de los ciudadanos islandeses con los mexicanos, es que tal vez en Islandia, parte de la cultura cívica, de los valores que comparte la sociedad, sea que el salir a las calles (de forma pacífica, en todo momento, claro está) cuando sea necesario, no es un acto vandálico o “revoltoso”, como se dice comúnmente en algunas partes de México, sino que es un acto de civismo y de compromiso con la comunidad; tal vez nos haga falta cambiar ese aspecto e incorporar a nuestros valores para así levantar la voz cuando así se necesite, y de una manera totalmente desprovista de violencia, pero nutrida de valor y amor a la patria, hagamos realidad el gobierno que merecemos.

Finalmente, realzando lo anteriormente dicho, habría que preguntarnos lo siguiente: Ahora que se han destapado estos casos donde están relacionadas figuras públicas relevantes, donde está por verse si hay complicidad entre autoridades y los actores mencionados ¿Qué haremos nosotros, como pueblo mexicano, si presenciamos una vez más, una clara complicidad entre servidores públicos con sujetos del sector empresarial, como se vio con el caso de la casa blanca? ¿Exigiremos como sociedad, que se haga justicia y se dejen de lado los nexos e intereses particulares? ¿O acaso pondremos el escándalo de los Panama papers junto a otros sin resolver? La repuesta a esta pregunta no está más que en manos de cada uno de nosotros.

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