Auditoría Superior del Estado investiga al Bronco por desvío de recursos

Comparte este artículo:

La Auditoría Superior del Estado (ASE), vía una unidad especial, está investigando la denuncia presentada por organizaciones ciudadanas contra el Gobernador Jaime Rodríguez, por el presunto desvío de recursos públicos para obtener las firmas que le permitieron registrarse como candidato a la Presidencia de México, dijo Jorge Guadalupe Galván.

A principios de septiembre, miembros del Consejo Cívico y de otras organizaciones civiles presentaron ante la Auditoría una denuncia de hechos contra el Ejecutivo estatal por presunto desvío de recursos públicos vía varios funcionarios de su Administración.

“Nosotros lo que hicimos fue pasar el caso a la Unidad de Investigación de nuestro órgano, que es la que está ya en el proceso de la investigación, es un órgano que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sí se le dio entrada”, expresó el titular de la ASE.

En la misma carpeta, añadió, se verá la solicitud de organismos electorales para que se investigue ese mismo hecho.

Reconoció, sin embargo, que como aún no se han hecho algunas modificaciones legales, los resultados de la investigación se estarían presentando en el informe de la cuenta pública del Estado correspondiente al 2018, es decir, hasta octubre del 2019.

“Como no se ha reformado la Ley de Fiscalización“, añadió, “pues ahorita sólo podríamos presentar nuestros hallazgo en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente“.

Un Auditor que no audita

Comparte este artículo:

Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. 

La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores.

La irracionalidad se transformo en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. 

Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿que le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores?  

Queda una institución trabajosamente  estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respectos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de  analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene cómo objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. 

Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen que hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? 

Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las ordenes del jefe (o socio).  

Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. 

¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es  ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? 

Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, este es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe?

Auditoría de Chihuahua denuncia a César Duarte y otros 42 exfuncionarios por el desvío de 6 mil mdp

Comparte este artículo:

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua interpuso una serie de denuncias contra el exgobernador César Duarte Jáquez y otros 42 exfuncionarios públicos por el presunto desvío de más de 6 mil millones de pesos de las arcas públicas.

Jesús Raymundo Mata, auditor especial de Normatividad Interna del órgano fiscalizador, presentó las denuncias este jueves ante la Fiscalía General del Estado (FGE), después de una investigación técnica “extensa y exhaustiva” de la cuente pública de 2016.

Mata declaró a los medios de comunicación que las irregularidades encontradas en diferentes instancias de la administración duartista corresponden al periodo que va del 1 de enero al 9 de octubre de 2016.

En un comunicado, la ASE informó que presentaron ante la FGE un voluminoso paquete de denuncias una vez que el Congreso estatal ordenó iniciar los procesos civiles, penales y administrativos por las anomalías halladas en la cuenta pública del gobierno estatal, según el decreto FIS/94/2017.

El organismo explicó que, al dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría de 2017 y conforme a la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, emitió el Informe Técnico de Resultados, donde se encontraron elementos suficientes para determinar que diversos servidores públicos cometieron una serie de irregularidades e incumplieron con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales.

El exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia, cuenta con al menos 15 órdenes de aprehensión derivadas de causa penales presentadas ente jueces locales y uno federal, anteriores a las que la ASE presentó este jueves.

 

Piden a Bronco aclarar anomalías por casi los $8 mil mdp

Comparte este artículo:

Monterrey (1 de diciembre de 2017).- La Auditoria Superior del Estado halló anomalías en el primer año completo de la administración del gobernador del Estado, Jaime Rodriguez, mismas con un total de 7 mil 808 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Publica del 2016.

ASE señala que dicha cantidad no solventa, se detecto un monto probable a recuperar por 466 millones 630 mil pesos.

Se reportaron 184 observaciones que no fueron solventadas por el Estado, de las que al menos 115 ameritan el fincamiento de responsabilidad administrativa y dos más hasta denuncias penales.

En un informe por la ASE, se detalla que ” Esta observación no se solventa, ya que el ente publico en su respuesta reconoce que existe diferencia con cada uno de los entes detallados en la observación… y subiste el incumpimento en la Ley de la Administración Financiera del Estado”.

También se encontro saldos por pagar a proveedores que arrastran de manera injustificada desde el 2009, por un monto de 760 millones de pesos.

Se calificaron como irregulares 44 cuentas contables tenían saldos negativos por 456.2 millones de pesos, contrario a la naturaleza de la cuenta.

Un monto restante, por 2 mil 293 millones de pesos, se refiere a diversas anomalías administrativas en que incurrió la gestación de El Bronco mismas que no fueron solventadas.

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las cuentas públicas?

Comparte este artículo:

En los recientes meses el tema de las cuentas públicas ha sido el más discutido a nivel local. El tema ha llevado a que los diputados de todas las bancadas se enfrenten unos con otros, haya denuncias (literales) de diputados a diputados, acusaciones de estar en contubernio unos con otros, en especial con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En resumen se ha hecho una historia extremadamente dramática en el congreso local, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué son las cuentas públicas?

 

Las cuentas públicas son básicamente un reporte en el cual los municipios, los estados e incluso la federación rinde cuentas a la Auditoria Superior del Estado y/o Auditoria Superior de la Federación, sobre en que gastaron y como gastaron el dinero público.

Actualmente el Congreso Local del Estado tiene un rezago de más de 300 cuentas públicas de municipios y de dos gestiones estatales, entre las que sobre salen las de Margarita Arellanes, Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz.

 

¿Qué tan cierto o falso es que el rechazó de las cuentas llevarían a un proceso legal en contra de estos tres controversiales ex funcionarios? Ciertamente falso. Realmente las cuentas públicas llegan al Congreso Local con revisiones y recomendaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado, el Congreso solo dictamina, acepta y rechaza. En caso de ser rechazadas no existe una sanción contra el funcionario a menos que la ASE lo haya recomendado y las sanciones van desde, acciones resarcitorias, inhabilitaciones, y acciones administrativas, pero no acciones penales como se ha tratado de hacer ver.

 

Incluso, estimado lector, no se necesitan las presumidas “cuentas públicas” para poder proceder legalmente en contra de los funcionarios en cuestión y las acciones que ha emprendido el Gobierno del Estado en contra de Margarita Arellanes y Rodrigo Medina son prueba de ello.

Lo que sí es reprobable es que existan incluso cuentas de la administración de Jaime Rodríguez Calderón cuando era alcalde en García que siguen sin ser dictaminadas por ya más de dos legislaturas. Esto habla del rezago legislativo que existe en el congreso.

 

Para concluir, un tema tan simple como son las “cuentas públicas” se ha politizado a un punto que parece de chiste. Ya que no solo no se le he dado atención a temas que son más prioritarios, sino que actualmente se mantiene una situación de parálisis en el Congreso por la falta de revisión de las famosas cuentas.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”