Fin de la impunidad, o atole con el dedo

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Fuero; un original intento por asegurar el equilibrio de poderes e impedir persecuciones y abusos políticos a la oposición, que resultó en el envilecimiento de la figura para solapar los actos ilícitos de altos funcionarios públicos. 

Contemplado bajo el artículo 111 constitucional, el fuero ha avalado la inmunidad procesal de diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia, y diversos funcionarios públicos. A lo largo del tiempo, el fuero se ha convertido en el aliado predilecto de funcionarios públicos inmiscuidos en un sinfín de actos indebidos, alejándose cada vez más de su propósito original. 

Así, todos tienen que ver con ella. Esa figura constitucional controvertida y repudiada por la sociedad en su conjunto, al ser la máxima manifestación del privilegio de la clase política. Un privilegio que va en contra del más básico y fundamental principio de igualdad jurídica. En el momento que un funcionario asume su cargo, pareciera que pierde no su condición de ciudadano, pues deja de ser igual ante la ley y es elevado a un peldaño en donde no puede ser juzgado a menos que se de autorización expresa de ello. 

Aunque no nos hemos distanciado por completo de esa época de privilegios políticos, el jueves de la semana pasada dimos un grandísimo primer paso. La aprobación unánime de la eliminación del fuero constitucional en la Cámara de Diputados es sin duda alguna un evento histórico. No obstante, habrá quien diga (y en efecto se dijo) que eliminar el fuero en México, es como escupir para arriba. Y sí, hablar de la eliminación del fuero en nuestro contexto actual, es un arma de doble filo. No hay que pasar por alto que las instituciones de nuestro país responden a intereses políticos, no ciudadanos; que la impartición de justicia es selectiva, no imparcial; y que la impunidad es la regla, no la excepción.

Para los mexicanos, la eliminación del fuero puede sentirse como una victoria social; la terminación de un privilegio político que finalmente pone a los funcionarios en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos, uno que les permite ser juzgados igual que al resto de nosotros. Sin embargo, la eliminación del fuero no es equivalente a la eliminación de la impunidad. Esta iniciativa tiene que ser parte de una serie de medidas que fortalezcan la procuración de justicia y la eliminación de la corrupción, empezando por garantizar la autonomía de la Fiscalía, así como la designación del Fiscal Anticorrupción, de lo contrario, la eliminación del fuero habrá sido una medida más para darnos atole con el dedo.

Diputados avalan desaparición de fuero

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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al presidente, y lo turnó al Senado de la República para su análisis,

Se detalla que se aprobó en lo general por 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se logró la mayoría calificada que requiere esta modificación por ser constitucional.

La reforma establece que el presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria, agrega Forbes.

La reforma aplicará para el presidente, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales, secretarios de despacho de dependencias federales, el fiscal general de la República, los consejeros electorales del INE, gobernadores, diputados locales, magistrados estatales, alcaldes, regidores, síndicos y concejales de todo el País.

El fuero evitaba que servidores públicos de alto rango pudieran ser procesados judicialmente por la comisión de algún delito durante el periodo de su encargo, como una garantía para la gobernabilidad del País.

De acuerdo con el artículo 111 constitucional, los funcionarios protegidos por esta figura sólo pueden ser llevados ante la justicia civil mediante un proceso de “desafuero”, mientras que al presidente de la República únicamente el Senado puede destituirle de su cargo y bajo circunstancias específicas como “traición a la patria”.