#HojaDeRuta: “No se mata la verdad matando periodistas”

Consigna máxima, potente en estas horas bajas para una de las profesiones más hermosas del mundo y oxígeno necesario para cualquier democracia. Dice Elena Poniatowska que en América Latina se hace periodismo desde la indignación porque la realidad entra en tu casa, te ahorca. La frase también podría invertirse con los sucesos actuales: en México el periodismo digno se hace desde el miedo.

Trágicamente, el dato no es nuevo: vivimos en el país más peligroso del continente para ejercer el oficio. Las balas que derrumbaron a Javier Valdez en Sinaloa han perforado también al gremio entero, estremeciendo al país a tal grado que el Presidente EPN ─a menos de 72 horas del suceso─ convocó a una reunión especial de la CONAGO para abordar la crisis. El mandatario anunció diversas acciones como fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (instancia que, bien se sabe, ha tenido magros resultados) y fortalecer la estructura y presupuesto del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales más de un tercio son periodistas.

Si bien el Estado Mexicano está obligado a garantizar el derecho constitucional a la libre expresión y la integridad de los periodistas, el debate es mucho más hondo. Un grupo de medios y Organizaciones de la Sociedad Civil entre los que están Article 19, Animal Político, Vice México, Horizontal y Amnistía Internacional, han propuesto una agenda de discusión inmediata sobre medidas urgentes para la protección a periodistas.

Movidos por el asesinato de Javier Valdez y en aras de reforzar la solidaridad del gremio, proponen 6 elementos como punto de partida de la discusión:

1. Corrupción y/o ineficiencia de instancias locales de procuración y administración de justicia.

2. Inoperancia de mecanismos nacionales de seguridad para periodistas.

3. Publicidad oficial excesiva y opaca. Falta de recursos económicos, operativos y de seguridad de organizaciones sociales de protección a periodistas.

4. Autocensura de medios locales como reacción a la violencia.

5. Informalidad y desprotección laboral de periodistas.

6. Falta de involucramiento de dueños y cuerpos directivos de medios de comunicación.

Cada uno de estos elementos será abordado en una mesa de discusión, para las que ya existen preguntas detonadoras: ¿Cómo construir un sistema de mapeo de riesgo eficaz, colaborativo y de acceso público? ¿Cómo garantizamos que la consecuencia de una agresión no sea el silencio, sino la multiplicación de la información? ¿Cómo favorecer el surgimiento de organizaciones locales de protección a periodistas? ¿Qué responsabilidad tienen los dueños y directores de los medios? ¿Qué deben hacer las instituciones de seguridad pública para desincentivar el asesinato de periodistas, tanto en términos tácticos como de comunicación? ¿Qué representa socialmente la violencia contra periodistas?

Este esfuerzo constituye el principal corpus que existe actualmente para iniciar el vital debate de forma sustancial. Sería fundamental que la solidaridad y diálogo se repliquen por toda la república para que esta coyuntura se traduzca en conciencia, agenda y acciones concretas.

El debilitamiento del periodismo crítico es una daga que se hunde en la sociedad entera, sobre todo ante el espejismo de las redes sociales como supuesto sustituto de la labor periodística profesional. Nada más falso. Hoy más que nunca requerimos información verificada para formar criterio, y sobre todo, la linterna periodística para echar luz sobre las acciones de los poderosos, haciéndolos responder ante sus actos.

Javier Valdez, en uno de sus últimos tuits (recogido por el portal Sin Embargo), escribió: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”. El silencio del periodismo es el paraíso de la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. De ahí que el Washington Post haya acertado en la definición de su nuevo lema, inspirado por los tiempos que corren: “La democracia muere en la oscuridad”. No dejemos que este país se nos oscurezca más.

(Puedes consultar la agenda VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA en esta liga: http://horizontal.mx/violencia-contra-la-prensa/)

México: Un peligro para el Periodismo

Es una noche fresca en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Son las 2 de la mañana y las luces en la casa de la periodista Anabel Flores Salazar están apagadas. Alguien llega a la casa, este es amagado por un grupo armado vestido de militares e irrumpen en el hogar de los Flores. Los hombres buscan habitación por habitación a la periodista, la encuentran y se la llevan en un convoy de automóviles reportados como robados. Un día después, el cuerpo de Anabel Flores Salazar es encontrado en el kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnolopan-Oaxaca en el Estado de Puebla. De esta manera, Flores Salazar se convierte en la periodista víctima de asesinato número 19 en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.

Durante el gobierno de Javier Duarte, 19 periodistas han sido asesinados y tres siguen desaparecidos. El caso de Veracruz es sólo un ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción puede llevarnos a extremos que nunca habíamos pensado. Al gobierno de Duarte se le relaciona con estos delitos, debido a que usualmente el pretexto, o digamos la solución, que le dan a los casos es que el o la periodista estaban ligados al crimen organizado o que fueron delitos comunes por los que murieron. ¿Se la cree?

Durante el gobierno de Javier Duarte, 19 periodistas han sido asesinados y tres siguen desaparecidos.

No sólo es Veracruz el que tiene un problema de libre expresión, todo México tiene este problema. En el periodo 2010 a noviembre 2015, un total de 55 periodistas han sido asesinados en nuestro país. Por esta cifra, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que uno de cada tres periodistas en América son asesinados en México, una cifra que es alarmante.

En el periodo 2010 a noviembre 2015, un total de 55 periodistas han sido asesinados en nuestro país.

Tan sólo hace unos días, la organización Article 19 reveló que en 12 años han desaparecido de manera forzada a 23 periodistas; tristemente todos los casos siguen impunes. El 65% de las desapariciones son en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán.

Lo verdaderamente preocupante es cuando comenzamos, con información de Article 19, a hacer el desglose de las desapariciones. Les pongo un breve resumen del mismo:

 

  • Siete de los 23 periodistas cubrían en el momento de su desaparición temas relacionados con la corrupción.
  • Cinco periodistas cubrían los posibles vínculos entre las autoridades militares, federales y estatales con el crimen organizado.
  • 15 eran reporteros de situaciones relacionadas con el crimen organizado.

Según la misma organización, de los 23 casos de desaparición forzada, 16 de los periodistas desaparecidos investigaban casos de autoridades militares, federales o estatales, y por lo menos en dos casos, hubo amenazas directas de autoridades militares y municipales en consecuencia a su investigación periodística.

Al momento que hablamos del involucramiento de autoridades de todos los niveles, estamos hablando de la seria degradación en el sistema de justicia en nuestro país. Al momento de hablar de que estos 23 casos siguen impunes, es que algo está yendo extremadamente mal en México.

Al momento que hablamos del involucramiento de autoridades de todos los niveles, estamos hablando de la seria degradación en el sistema de justicia en nuestro país.

Uno de los casos donde se sospecha involucramiento de autoridades municipales, y que sigue impune en Veracruz, fue el asesinato de Moisés Sánchez. Nuevamente, como en otros casos, Javier Duarte aparece como involucrado o, por lo menos, coludido, pues no hubo acción alguna para esclarecer el caso.

Otro caso que sigue impune, y hasta donde sé el gobierno de la Ciudad de México no le ha dado seguimiento, es el fotoperiodista veracruzano Rubén Espinosa, cuando huyó de Veracruz responsabilizando al Gobernador Javier Duarte de cualquier ataque hacia él. El 2 de agosto del 2015, Rubén fue encontrado asesinado con dos balazos y signos de tortura en un departamento en la Colonia Narvarte de la capital junto a cuatro personas que también fueron privadas de la vida.

Queda más que claro que ninguna autoridad, de ningún estado de la República Mexicana, busca o, por lo menos, tiene la intención de buscar a los culpables de estos delitos.

Queda más que claro que ninguna autoridad, de ningún estado de la República Mexicana, busca o, por lo menos, tiene la intención de buscar a los culpables de estos delitos. Algunos gobernantes se toman la situación tan a la ligera que, todavía el día de ayer durante un acto en memoria de la periodista Anabel Flores Salazar en el Estado de Guerrero, un exdiputado del Partido de la Revolución Democrática amenazó al reportero de la revista Proceso, Ezequiel Flores.

Así como existen muy malos periodistas que se venden a los gobiernos en turno, existen periodistas que buscan la verdad y van más allá de la historia. Los delitos contra Anabel, Moisés o Rubén seguirán impunes no me queda duda y lo único que seguirá sucediendo es que más y más voces seguirán siendo calladas.