INAI pide a Fiscalía General castigar a funcionarios involucrados en operación del software Pegasus

Comparte este artículo:

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió este miércoles dar vista al Organo Interno de Control en la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que determine si los servidores públicos a cargo de operar el software Pegasus incurrieron en responsabilidades administrativas.

Asimismo ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos ante la celebración de los contratos de 2016 y 2017 para la actualización de la licencia de uso del sistema Pegasus, con el que, según una investigación de The New York Times, se utilizó para espiar a activistas, defensores de los derechos humanos y profesionales de la comunicación, cuando su propósito era detectar posibles amenazas a la seguridad nacional.

En un comunicado, el órgano de transparencia dijo que, tras concluir el proceso de verificación que inició de oficio en noviembre de 2018, determinó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) incumplió con el deber de seguridad y el principio de responsabilidad, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Lo anterior, porque la instancia judicial no contaba con una bitácora de uso sobre el tratamiento de datos personales vinculado al software. Tampoco acreditó contar con un sistema de gestión y con un documento de seguridad; así como haber llevado a cabo el borrado seguro del sistema, tras su desinstalación.

Según el INAI, la PGR también mintió sobre los contratos y licencias del software, ya que la pasada administración habló sólo de la existencia del contrato suscrito en 2014 para la adquisición del software, sin embargo apenas el lunes pasado la ahora Fiscalía General informó que existían otros dos contratos celebrados en 2016 y 2017, para actualizar la licencia de uso del sistema.

Bajo estas consideraciones, y luego de que la dependencia manifestó que actualmente ya no tiene instalado el software, el Pleno del INAI instruyó a la Fiscalía implementar las siguientes medidas:

Acreditar, de manera formal, que el software denominado Pegasus ha sido desinstalado del equipo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y de cualquier otro equipo en posesión de la Fiscalía.

-Precisar las políticas, métodos y técnicas que dan cuenta de la desinstalación del software, considerando la irreversibilidad, seguridad y confidencialidad; así como, acreditar fehacientemente que no es factible instalar nuevamente el software adquirido en algún equipo en posesión de la ahora Fiscalía General.

-Remitir al Instituto los documentos con los que compruebe haber comunicado a sus unidades administrativas que desarrollan actividades sustantivas de investigación criminal, la necesidad de adoptar las medidas mencionadas en la operación de todos y cada uno de los sistemas que impliquen el tratamiento de datos personales.

-Y, a propuesta del comisionado Oscar Guerra Ford, el Pleno ordenó a la Fiscalía publicar en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la versión pública de los contratos celebrados en 2016 y 2017, para la actualización de la licencia de uso del software.

INAI pide a PGR dar a conocer video sobre asesinato de Colosio

Comparte este artículo:
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer el videocasete identificado como “Atentado a Lic. Colosio”.
El comisionado Joel Salas Suárez destacó que la difusión de este material no pone en riesgo las investigaciones sobre este caso, ya que no dan cuenta de las líneas que sigue la indagatoria.

Agregó que los mexicanos esperan respuestas sobre el asesinato de Colosio y de otros personajes como el ex secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ya que la opacidad puede generar suspicacias.

Salas Suárez mencionó que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso y turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035.

En ese sentido, afirmó que el Instituto ha propugnado por la máxima publicidad: en 2011, el entonces IFAI ordenó a la PGR dar a conocer los 13 videos del momento exacto del atentado y, en agosto de 2018, el INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés.

Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

Comparte este artículo:

Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Va INAI contra artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior

Comparte este artículo:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), a través de su consejo consultivo presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, específicamente, contra el artículo 9, debido a que  dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.

El instituto argumentó en un comunicado, que el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior “transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad”, pues estos deben imperar para asegurar el derecho humano de acceso a la información.

El instituto llegó a la conclusión de que el dictamen de Ley “contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos”.

Durante el primer encuentro del año del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado presidente, informó  que hizo un llamado al Senado de la República “para proponer a los ciudadanas o ciudadanos mexicanos a ocupar los dos cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo“.

Por lo pronto, el INAI, a través de los siete comisionados pertenecientes al instituto, enviaron un oficio al Senado en el que destacaron que al nombrar  a ciudadanos al Consejo Consultivo que “coadyuvará a fortalecer y consolidar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en favor de la ciudadanía”.