Mujeres sin derechos: Problemas en los centros de readaptación social en el estado de Nuevo León

“Aquí mandan los de la última letra —Los Zetas–. A las bonitas como tú, les tenemos un trabajito especial. Si quieres sobrevivir, no hay de otra: aceptas o te suicidamos. Tú decide.” -Servidor público a una mujer reclusa en el Centro de Readaptación Social “Topo Chico” del estado de Nuevo León (2014).

De acuerdo a la Estadística Penitenciaria del Sistema Penitenciario Federal del año 2014, en la República Mexicana hay más de 248,000 personas que conforman la población penitenciaria, aunque solamente existen 389 centros penitenciarios (con capacidad para 198,000 personas como máximo). Del total de las personas privadas de su libertad, el 5.07% son mujeres, de acuerdo a la misma estadística.

Se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.

El Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad, elaborado en 2014 con motivo de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas, indica que se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.

Pero destaca la situación de las mujeres privadas de su libertad por tres razones principales:

1. Hacinamiento.

No se respeta el artículo 18º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 100%. Señala el Informe mencionado que sólo el 35% de las mujeres privadas de su libertad se encuentran en centros penitenciarios específicos para mujeres, mientras que el 65% restante se encuentra en centros mixtos. Además, hay un hacinamiento de hasta el 399%.

2. Falta de servicios de salud.

No se respeta el derecho a la salud, contemplado en los artículos 1º, 4º y 18º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Constitución Política del estado de Nuevo León, 2º y 27º de la Ley General en materia de Salud, entre otras disposiciones normativas nacionales e internacionales. Señala el Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León, elaborado en 2014 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no existe un área de servicios médicos adecuados, como la falta de personal femenino para atenderlas, la falta de médicos psiquiátricos para las internas que lo necesiten y la inexistencia de facilidades para que ingresen al lugar ambulancias en casos de emergencia. Asimismo, recalca el Informe anteriormente mencionado la deficiencia en alimentación, protección de la salud, falta de privacidad, carencia de acceso a servicios de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera.

3. Abusos sexuales.

Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. Pero sobre todo, existen abusos sexuales. El Informe mencionado menciona que hace mucha falta capacitar a los servidores públicos que trabajan allí en materia de prevención de tortura. Falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas. De acuerdo a una investigación profesional que realizó la periodista Sanjuana Martínez en el 2013, las reclusas de los centros penitenciarios del estado cuentan con aproximadamente 2.93 metros cuadrados por persona para dormir, violando así lo recomendado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (que es entre 8 y 9 metros cuadrados). Se descubrió en la investigación, que también hay trata de mujeres para con los reclusos hombres, cuando hay centros mixtos, y para con los servidores públicos del lugar: las obligan a ser sus parejas sexuales o las violan.

Falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas.

En el tenor de lo anterior, dado el hacinamiento, la falta de acceso a servicios de salud y los sistemáticos abusos sexuales que sufren las mujeres privadas de su libertad, resulta menester crear políticas públicas que garanticen la seguridad jurídica y material de las mujeres que denuncien abusos sexuales, tortura o cualquier falta de trato de digno y otorgarles protección para evitar que sean víctimas de represalias debido a sus denuncias.

Un primer paso para lograr esto es legislar al respecto. Los Centros de Readaptación Social en los que se encuentran mujeres privadas de su libertad, deben ser objeto de escrutinio público y del estado. Asimismo, se deben crear mecanismos eficaces para la realización de denuncias seguras por parte de las víctimas.

El objetivo de la implementación de políticas públicas nuevas, sustentadas jurídicamente en una reforma legislativa, sería garantizar cabalmente el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León: el estado las debe de cuidar y proteger.

Esto traería resultados positivos para todos. En lo individual, las mujeres se verían beneficiadas al dejar de estar en una situación de constante amenaza y de violaciones, lo que conllevaría a una mayor probabilidad de rehabilitación y, eventualmente, podrían ser efectivamente reincorporadas a la sociedad y lograr salir adelante.

Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todos y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia.

Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todos y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia. En tercer lugar, se propicia la cultura de la legalidad hacia adentro y hacia afuera. Y, por último, se logra la reinserción social de esas mujeres privadas de su libertad.

“Hay que poner el grito en el cielo. Hay que señalar, denunciar y evidenciar lo que está sucediendo. Estamos espantados de lo que está pasando con las reclusas. Traemos un atraso de atención penitenciaria en el estado, y en el país, de décadas. Si como sociedad no le damos respuesta a esto, en cualquier momento explota. Los penales son bombas de tiempo y todos vamos a ser víctimas.” -Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace A.B.P. (2013)

_______________________________
Fuentes de información:
• Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Estrasburgo, 1987/2015.
• Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León. México, 2014.
• Sistema Penitenciario Federal. Estadística Penitenciaria. México, 2014.
• Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad. México, 2014.
• Sanjuana Martínez. La Jornada: Denuncian reclusas esclavitud sexual en la prisión de Topo Chico. México, 2013.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”