Víctima de la justicia y el machismo




Citlali es una niña huichola que vive en el poblado de Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora. Tiene 14 años, 14 semanas de embarazo y un cuerpo que no es más su cuerpo. Ella no sólo experimentó una violación a su integridad física, moral y psicológica, tuvo además una violación a sus derechos.

En un país donde el 61% de los ciudadanos que son víctimas de algún delito no lo denuncian, debido a que no confían en las autoridades y consideran que denunciar no sirve de nada [1], Citlali denunció. Acudió a la comisaría de su pueblo donde confirmaron el hecho, se clasificó como una violación agravada.

Ella esperaba que con esto pudiera obtener un poco de paz, ante un hecho que no tiene remedio ni consuelo alguno, la justicia y el respeto de sus derechos de parte de la autoridad era lo único que le quedaba.

Al poco tiempo Citlali se dio cuenta que está embarazada y asistió al Hospital Infantil de Sonora para realizarse una interrupción legal de su embarazo [2] , una vez más perdió el poder de decidir sobre su cuerpo, pues le negaron este derecho. Esto debido a que el juez que atendió su caso decidió reclasificar el delito como estupro, entonces Citlali no fue más víctima sino parte consciente del delito de abuso sexual que denunció.

Los abogados de Citlali han confirmado que han habido muchas irregularidades en el caso y errores por parte del Ministerio Público. Estas fallas e irregularidades son inaceptables, la supervivencia y el futuro de Citlali están en juego.




Un embarazo a temprana edad representa un riesgo para la salud y puede llevar a la deserción escolar [3], perdiendose de la herramienta que le daría las oportunidades para desarrollarse íntegramente.

El caso de Citlali no es aislado, refleja muchos de los problemas que aquejan a las mujeres mexicanas: la violencia de género, los embarazos prematuros y la mortalidad materna. Además, pone de manifiesto la discriminación que sufren las mujeres y el supuesto acceso a la justicia en casos de violencia. Niñas como Citlali, mujeres indígenas y en situación de pobreza presentan mayores dificultades para ejercer sus derechos [4].

Las mujeres víctimas de violencia no tienen un acceso fácil, oportuno y efectivo a recursos judiciales que las ayuden a sancionar y reparar los actos de los que fueron víctimas. Aunque formalmente, la Constitución y leyes promueven una vida libre de violencia, la igualdad está reconocida – meramente en el papel –pero no asegurada en la realidad.

En nuestro país la violencia contra las mujeres parece ser entendida como un asunto privado y no prioritario en la agenda política.

Nuestro gobierno carece de una visión de género que impulse efectivamente políticas integrales que ayuden para prevenir, sancionar y reparar la violencia de género; la reclasificación del delito y la descalificación de Citlali como víctima de violación lo confirman.

Citlali no decidió ser víctima de violencia, ni víctima de la justicia, pero sí decidió alzar su voz y denunciar ante el sistema de justicia y de salud que le falló. Citlali tampoco decidió ser mujer en un país, donde el machismo y la violencia de género son el pan de cada día y la justicia el lujo de unos cuantos, pero ésta es su realidad. Citlali vive en un país donde su sexo es opresión, su origen étnico discriminación y su edad vulnerabilidad.

[1] Página 49: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe
_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

[2] En todo México se permite el aborto, incluso después de las primeras 12 semanas de gestación,
cuando el embarazo es producto de una violación.

[3] De acuerdo a la OCDE 9 de cada 10 niñas que son madres dejan de asistir a la escuela en México.

[4] Página 38: http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_
pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La violación: Delito sin castigo

El caso de Brock Turner nos muestra el panorama en el cuál nos encontramos y como el abuso sexual es un grave delito en nuestra sociedad tomado a la ligera. Para entender mejor este caso, se mencionaran los puntos más importantes de este

Turner es un estudiante y atleta en Stanford con 20 años de edad, el cual fue acusado de haber violado a una estudiante en el campus, esta joven se encontraba inconsciente debido al alcohol. El problema de este caso fue que Brock solamente fue sentenciado 6 meses de prisión.

El papa de Turner dijo que su hijo no merecía estar tanto tiempo en prisión ya que lo considera “Un alto precio por 20 minutos de acción”. Sí, fueron 20 minutos de acción para su hijo pero también fueron 20 minutos de sufrimiento para esta joven. ¿Por qué solamente la victima tiene que pagar el alto precio de vivir con esta experiencia?

El papa de Turner dijo que su hijo no merecía estar tanto tiempo en prisión ya que lo considera “Un alto precio por 20 minutos de acción”. Sí, fueron 20 minutos de acción para su hijo pero también fueron 20 minutos de sufrimiento para esta joven.

Por otro lado Aaron Persk, el juez, al hablar de su decisión sobre el caso, mencionó que “Una sentencia de cárcel tendría un impacto severo en él”. Con esto, me pregunto ¿por qué no considera que esta situación tuvo un impacto severo en la estudiante que sufrió una violación de parte de Brock y que este merece de igual forma un castigo de impacto severo?

Actualmente 3 de cada 10 mujeres denuncian haber sido víctimas de una violación. Creo que es evidente la razón por la cual no se denuncian… No existen represalias, sino justificaciones. Las violaciones son causadas por los violadores, no por la ropa o el estado de una mujer. Usar vestidos y tomar no es un delito, violar lo es.

Brock es solamente un ejemplo de los muchos jóvenes que no han tenido las consecuencias necesarias por las acciones que cometieron, no solo porque no se les castiga como debería, sino porque la mayoría no son denunciados. Esto nos da a entender la razón por la cual 7 de cada 10 mujeres deciden no denunciar al hombre que las violó ya que estas se encuentran conscientes de que serán expuestas públicamente a los juicios de la sociedad y que el violador no recibirá un castigo acorde al delito.

Actualmente 3 de cada 10 mujeres denuncian haber sido víctimas de una violación. Creo que es evidente la razón por la cual no se denuncian… No existen represalias, sino justificaciones. Las violaciones son causadas por los violadores, no por la ropa o el estado de una mujer.

Creemos que estos abusos sexuales se encuentran lejos de nuestro círculo de amigos pero estamos incorrectos, se encuentran cerca pero no se hacen públicos debido a que existen más consecuencias y juicios para la victima que para el violador.

Tenemos que dejar de culpar a la mujer de ponerse en ese tipo de situaciones y comenzar a culpar al hombre que decidió aprovecharse de estas. El hecho de que tengamos que enseñarle a las mujeres a no ser violadas en lugar de enseñarle a los hombres a no violar me hace darme cuenta que tan mal nos encontramos como sociedad. Actualmente ya deberíamos de vivir en una época en la cual se castigue al violador y no a la víctima.

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Mujeres sin derechos: Problemas en los centros de readaptación social en el estado de Nuevo León

“Aquí mandan los de la última letra —Los Zetas–. A las bonitas como tú, les tenemos un trabajito especial. Si quieres sobrevivir, no hay de otra: aceptas o te suicidamos. Tú decide.” -Servidor público a una mujer reclusa en el Centro de Readaptación Social “Topo Chico” del estado de Nuevo León (2014).

De acuerdo a la Estadística Penitenciaria del Sistema Penitenciario Federal del año 2014, en la República Mexicana hay más de 248,000 personas que conforman la población penitenciaria, aunque solamente existen 389 centros penitenciarios (con capacidad para 198,000 personas como máximo). Del total de las personas privadas de su libertad, el 5.07% son mujeres, de acuerdo a la misma estadística.

Se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.

El Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad, elaborado en 2014 con motivo de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas, indica que se han dado todo tipo de violaciones a los derechos humanos en los centros de readaptación social federales y estatales, como tortura, amenazas, lesiones, abuso sexual, etcétera.

Pero destaca la situación de las mujeres privadas de su libertad por tres razones principales:

1. Hacinamiento.

No se respeta el artículo 18º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 100%. Señala el Informe mencionado que sólo el 35% de las mujeres privadas de su libertad se encuentran en centros penitenciarios específicos para mujeres, mientras que el 65% restante se encuentra en centros mixtos. Además, hay un hacinamiento de hasta el 399%.

2. Falta de servicios de salud.

No se respeta el derecho a la salud, contemplado en los artículos 1º, 4º y 18º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º de la Constitución Política del estado de Nuevo León, 2º y 27º de la Ley General en materia de Salud, entre otras disposiciones normativas nacionales e internacionales. Señala el Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León, elaborado en 2014 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no existe un área de servicios médicos adecuados, como la falta de personal femenino para atenderlas, la falta de médicos psiquiátricos para las internas que lo necesiten y la inexistencia de facilidades para que ingresen al lugar ambulancias en casos de emergencia. Asimismo, recalca el Informe anteriormente mencionado la deficiencia en alimentación, protección de la salud, falta de privacidad, carencia de acceso a servicios de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera.

3. Abusos sexuales.

Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

Existe tortura y violencia contra las mujeres en los centros penitenciarios, según han documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. Pero sobre todo, existen abusos sexuales. El Informe mencionado menciona que hace mucha falta capacitar a los servidores públicos que trabajan allí en materia de prevención de tortura. Falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas. De acuerdo a una investigación profesional que realizó la periodista Sanjuana Martínez en el 2013, las reclusas de los centros penitenciarios del estado cuentan con aproximadamente 2.93 metros cuadrados por persona para dormir, violando así lo recomendado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (que es entre 8 y 9 metros cuadrados). Se descubrió en la investigación, que también hay trata de mujeres para con los reclusos hombres, cuando hay centros mixtos, y para con los servidores públicos del lugar: las obligan a ser sus parejas sexuales o las violan.

Falta supervisión por parte de los superiores en los centros penitenciarios, falta erradicar la corrupción interna que facilita los abusos sexuales de los servidores a las internas, entre otras medidas.

En el tenor de lo anterior, dado el hacinamiento, la falta de acceso a servicios de salud y los sistemáticos abusos sexuales que sufren las mujeres privadas de su libertad, resulta menester crear políticas públicas que garanticen la seguridad jurídica y material de las mujeres que denuncien abusos sexuales, tortura o cualquier falta de trato de digno y otorgarles protección para evitar que sean víctimas de represalias debido a sus denuncias.

Un primer paso para lograr esto es legislar al respecto. Los Centros de Readaptación Social en los que se encuentran mujeres privadas de su libertad, deben ser objeto de escrutinio público y del estado. Asimismo, se deben crear mecanismos eficaces para la realización de denuncias seguras por parte de las víctimas.

El objetivo de la implementación de políticas públicas nuevas, sustentadas jurídicamente en una reforma legislativa, sería garantizar cabalmente el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León: el estado las debe de cuidar y proteger.

Esto traería resultados positivos para todos. En lo individual, las mujeres se verían beneficiadas al dejar de estar en una situación de constante amenaza y de violaciones, lo que conllevaría a una mayor probabilidad de rehabilitación y, eventualmente, podrían ser efectivamente reincorporadas a la sociedad y lograr salir adelante.

Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todos y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia.

Para la sociedad, también hay una ganancia en todo esto. En primer lugar, se crea una cultura de respeto a los derechos humanos para todos y en todo momento. En segundo lugar, se fortalece e impulsa la cultura de la denuncia. En tercer lugar, se propicia la cultura de la legalidad hacia adentro y hacia afuera. Y, por último, se logra la reinserción social de esas mujeres privadas de su libertad.

“Hay que poner el grito en el cielo. Hay que señalar, denunciar y evidenciar lo que está sucediendo. Estamos espantados de lo que está pasando con las reclusas. Traemos un atraso de atención penitenciaria en el estado, y en el país, de décadas. Si como sociedad no le damos respuesta a esto, en cualquier momento explota. Los penales son bombas de tiempo y todos vamos a ser víctimas.” -Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Renace A.B.P. (2013)

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Fuentes de información:
• Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Estrasburgo, 1987/2015.
• Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Estudio sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en Nuevo León. México, 2014.
• Sistema Penitenciario Federal. Estadística Penitenciaria. México, 2014.
• Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de su Libertad. México, 2014.
• Sanjuana Martínez. La Jornada: Denuncian reclusas esclavitud sexual en la prisión de Topo Chico. México, 2013.

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