Crecimiento económico o estabilidad macroeconómica

Comparte este artículo:

López Obrador, quien tomará posesión el próximo sábado, ha establecido que su gobierno respetará la estabilidad macroeconómica. Esa no es una promesa menor si revisamos los acontecimientos de la crisis de la deuda de 1982, la crisis de 1987 y el “error de diciembre” de 1994. Aquí nos concentraremos en la primera, la cual sumió al país en una de las peores crisis de su historia reciente. 

Cuando Luis Echeverría asciende a la Presidencia en 1970, el gobierno se enfrenta a dos problemas centrales: la pérdida de legitimidad política por los sucesos de 1968 y a un recesión económica. 

El autoritarismo mostrado en la represión estudiantil representaba el agotamiento del sistema político. Asimismo, la recesión económica de 1971 expresaba el fin del periodo denominado “desarrollo estabilizador”. Periodo en el cual la economía presentó un crecimiento sostenido y una estabilidad macroeconómica, es decir, bajos niveles de déficit y deuda, así como una inflación controlada. 

Sin embargo, los aspectos negativos del modelo de sustitución de importaciones iban agudizándose a medida que terminaba la década de los sesenta: cuellos de botella en la producción, baja productividad y, por ende, baja competitividad, una burguesía conformista y la dependencia estructural de bienes de capital externos. 

Con ello, Echeverría buscó recuperar la legitimidad política a través de un inusitado gasto público dirigido a sectores poco productivos. El entonces presidente pensaba que el “desarrollo estabilizador” había provocado una mayor desigualdad, por lo cual su proyecto, denominado “desarrollo compartido”, debía concentrarse en la redistribución del ingreso nacional. 

Bajo este populismo económico, el aparato burocrático se expandió de forma desmedida, el déficit aumentó y el financiamiento tuvo que hacerse a través de la emisión de dinero por parte del Banco de México y de endeudamiento externo. 

Con la devaluación de 1976, la lucha contra la iniciativa privada y el acuerdo de estabilización pactado con el Fondo Monetario Internacional parecía que el gobierno había aprendido la lección. Sin embargo, ante el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en 1977, la dirección de la política económica no sólo continuó por la misma senda, sino que se intensificó. Entre 1977 y 1981, el PIB creció a una tasa promedio anual de 7.8%.

López Portillo buscó redirigir los excedentes provocados por la bonanza petrolera a otros sectores como el campo; sin embargo, los ingresos generados por las exportaciones del petróleo eran usados fundamentalmente para cubrir los gastos de PEMEX. 

Por lo tanto, el gobierno buscó financiarse a partir de deuda externa. En esa época, ante la confianza que generaba el hallazgo de petróleo, existía gran disponibilidad de préstamos para el país. Deuda que era pagada a partir del aumento de riqueza gracias al crudo. De esa manera, lo que hacían los bancos internacionales era simplemente reciclar los petrodólares.

Aunque la inflación había crecido en menor medida que la producción, el tipo de cambio fijo provocó el aumento de la demanda de bienes importados con lo cual el peso se encontraba sobrevalorado y presionaba a la balanza de pagos. Para cubrir el déficit en la balanza de cuenta corriente, el gobierno aumentó su deuda externa, con lo cual la tendencia se reforzaba. 

Ante la caída del precio internacional del petróleo en 1981, la expectativa devaluatoria presionó aún más al tipo de cambio. Al ver que las reservas internacionales del Banco de México se agotaban, el gobierno no tuvo otra opción más que hacer flotar el peso. Sin embargo, el peso se encontraba aún sobrevalorado y, aunado a ello, debido al encarecimiento de las importaciones, López Portillo aumentó los salarios, con lo cual se dispararon los precios. 

Ante la desconfianza de los mercados y con la necesidad de financiar el déficit, el gobierno buscó financiarse a partir del aumento de la masa monetaria en circulación, lo que generó un mayor aumento de los precios. 

La expropiación de la banca en 1982 y el control generalizado de cambios para detener la fuga de dólares solamente empeoraron la desconfianza y agudizaron la crisis. Ante ello, el entonces Secretario de Hacienda, Jesús Silva-Herzog, declaraba impagable la deuda externa y México se hundía en una severa crisis.

A más de treinta años de ese suceso, México ha aprendido su lección. La autonomía del Banco de México, organismo encargado de velar por la estabilidad de precios y mantener el poder adquisitivo de la divisa nacional, evita que el gobierno siga financiándose a través de la impresión de billetes. Por ello, la designación de Gerado Esquivel y Jonathan Heath como subgobernadores del Banco genera confianza. 

Nadie niega la necesidad de la economía mexicana de aumentar las tasas de crecimiento. Para comenzar a revertir la pobreza, la economía debe de crecer por lo menos al 5 % anual, pero ello no implica descuidar la estabilidad macroeconómica.

Como diría Rodrigo Gómez, Director del Banco de México de 1952 a 1970, en ningún momento se debe sacrificar la estabilidad de los precios en aras de un mayor crecimiento económico. 

La violencia y el estado de excepción permanente

Comparte este artículo:

En su obra de cuatro volúmenes Homo Sacer, Giorgio Agamben plantea la gran paradoja a la que llegaron las democracias constitucionales en el siglo XX: el sacrificio de la vida individual en aras de la continuidad política. 

Retomando el argumento del jurista Carl Schmitt -al estado de normalidad le subyace, en todo momento, el estado de excepción en potencia-, Agamben señala la sujeción de la vida humana por parte del poder. Asimismo, alude al término foucaultiano de biopolítica como el control de la vida biológica por parte de la vida política. 

Para Schmitt, existe una diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero es limitado y creado por el derecho, mientras que el segundo es ilimitado y extralegal, puesto que precede al derecho (Constitución). 

La formación del Estado es un acto político, es decir, nace a partir de la decisión originaria de un soberano para agrupar a un pueblo bajo un mismo orden normativo. Acto político que no se extingue una vez edificado el Estado, sino que se encuentra “aletargado y oculto” a lo largo de la vigencia de la Constitución. 

Por ello, una vez que la Constitución desaparece el poder político resurge y la voluntad de decisión se encuentra nuevamente activa. Por lo tanto, en periodos de excepcionalidad el poder político se impone nuevamente al derecho. 

El estado de excepción es un mecanismo jurídico integrado en muchas constituciones democráticas que busca la supervivencia del derecho a partir de la eliminación momentánea del derecho mismo. 

El estado de excepción se activa con el objetivo de preservar la vida política aunque ello implique el sacrificio de la vida individual. Ese fue el caso de Hitler, quien a partir del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar legitimó el Holocausto. 

En el caso mexicano, el artículo 29º constitucional especifica que la suspensión de garantías implica el retiro momentáneo de ciertos derechos individuales por el surgimiento de algún fenómeno que atente contra la supervivencia del Estado. 

Empero, cabe resaltar que la decisión de Calderón, continuada por Peña Nieto, de enfrentar militarmente al crimen organizado no implica un estado de excepción en términos jurídicos. Ello porque no se cumplieron con los requisitos estipulados en el artículo 29º constitucional.

De esa manera, el estado de excepción no proviene de un dispositivo jurídico, sino de la voluntad política del Ejecutivo. Por lo cual, desde que Calderón dio comienzo a la guerra en el 2006, México ha vivido en un estado de excepción informal y permanente.

Con la militarización del país la violencia se ha disparado, así como el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses. El artículo 29º establece que no podrá violarse el derecho a la vida; sin embargo, como señalamos, la suspensión de garantías no se encuentra activa.

El combate contra el crimen organizado se gesta en un espectro extrajurídico en el cual reina la voluntad política del soberano, es decir, del Presidente, en tanto jefe máximo de las fuerzas armadas. 

Ahora, judicializar dicho combate no implica la solución del problema. Lo único que genera la Ley de Seguridad Interior es la legalidad del estado de excepción permanente. Si ya contábamos desde Calderón con el arraigo (dispositivo aberrante de nuestro sistema jurídico), ahora los cuerpos militares podrán hacer uso, en su facultad de vigilancia, de “cualquier método de recolección de información”, por ejemplo.

Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es reconfortante. En un nuevo acto de protagonismo, lo que Soussa Dos Santos llama el fenómeno de la judicialización de la política, la Corte no sólo encontró inconstitucional la Ley, sino que la declaró invalida. 

La militarización del país ha empeorado la situación de violencia en México. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto subestimaron la compleja estructura criminal y su imbricación en la sociedad. El combate frontal resultó ser un fracaso.

La próxima propuesta debe ser integral, construida sobre la base de la legalización de la mariguana, el fortalecimiento de las autoridades civiles y el robustecimiento de la procuración de justicia. 

Lamentablemente, el gobierno entrante no parece prever eso. El octavo punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador establece la creación de un cuerpo militarizado encargado de la seguridad pública: la Guardia Nacional. No parece que los militares vayan a regresar a sus cuarteles.

Es alrededor de este tema, el de mayor trascendencia para nuestro país, que la sociedad civil debe agruparse y presionar al nuevo gobierno. No existe otro problema más importante y urgente que el de la violencia. Se deben sumar esfuerzos para acabar con la guerra. Frente a este problema, el aeropuerto y la reacción de los mercados son nimiedades. 

La cancelación del nuevo aeropuerto

Comparte este artículo:

El domingo pasado finalizó la mal llamada consulta popular llevada a cabo por el presidente electo López Obrador y financiada a partir de las aportaciones voluntarias de integrantes del partido Morena. 

Hace falta recalcar la situación jurídica de esta “consulta popular”, la cual desde este momento la llamaré encuesta, puesto que ese es, creo yo, el concepto correcto con el cual debe ser designada.

El artículo 35º constitucional determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para una consulta popular. Entre sus múltiples requisitos me interesa resaltar aquel de su procedencia. 

La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de las Cámaras o los ciudadanos siempre que acumulen el equivalente al dos por ciento de la lista nominal. 

Como puede verse ningún particular puede solicitar una consulta popular. Y en esto radica la cuestión de porqué la encuesta de López Obrador no debe ser considerada ilegal. En tanto presidente electo, López Obrador no es una autoridad, por lo cual ningún control de constitucionalidad podría existir, puesto que no existe como tal un acto de autoridad que atente contra la supremacía constitucional. 

López Obrador es y lo será hasta el 1 de diciembre un particular que llevó a cabo una encuesta, por lo tanto no tiene la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos previstos en el artículo 35º. 

De ahí se desprende que la encuesta no puede tener efectos vinculatorios, es decir, López Obrador no se encuentra obligado a respetar el resultado de la encuesta. La única  obligación que podría existir es de carácter político al cumplir aquello que había prometido en su campaña presidencial. 

No hay duda de que la encuesta construida por López Obrador carece de un sustento metodológico y que se encontraba sesgada políticamente. Asimismo, se puede argumentar que la decisión trascendental de cancelar el NAICM en ningún sentido representa un ejercicio democrático.

Como explica Silva-Herzog, la encuesta fue una jugada demagógica que tenía como objetivo la completa absolución de la responsabilidad de López Obrador. El presidente electo, en un sentido inverso a su mesianismo, podrá decir: “la decisión del aeropuerto no vino de mí, sino del pueblo; yo simplemente hago su voluntad”.

Este tipo de instrumentos demagógicos pueden resultar peligrosos, ya que en general estas decisiones se orientan por elementos emocionales y no racionales, los cuales pueden ser contraproducentes para el mismo régimen entrante: la misma demagogia promovida por Robespierre lo condujo al final del día a la guillotina. 

Empero, el resultado de esta encuesta no debe de reducirse a la persona de López Obrador, tampoco se deben simplificar sus causas. La historia política de México siempre se ha enfocado más en los grandes personajes que en los movimientos populares. Nuestra herencia caudillista convertida en presidencialista en el siglo XX ha generado una tendencia a ver la causa de todo lo bueno y lo malo del país en el titular del Poder Ejecutivo. 

La lucha contra el nuevo aeropuerto no es de López Obrador, es de un movimiento popular que busca proteger sus intereses frente el avasallador poder del gran capital.

La lucha por el lago no es sólo, aunque es fundamental, por cuestiones ambientales, sino también sociales. Es hacerle frente al extractivismo, a la salvaje urbanización promovida por los intereses inmobiliarios, es proteger la economía del campesino y detener la concentración de las licitaciones en un puñado de empresarios.  

Por otro lado, se habla mucho acerca de las nocivas consecuencias económicas a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la inevitable hecatombe financiera. Aunque exagerado, la reacción de los mercados ante dicho suceso no es menor. 

Los ajustes a la baja en la calificación de la deuda del país provocarían una disminución en los precios de los bonos y un alza en las tasas de interés, lo que se traduce en una mayor dificultad del gobierno para financiarse a través de deuda en el futuro.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, la desconfianza del inversor puede reducir el volumen de inversiones que entran al país en los próximos años y desacelerar el crecimiento económico.

Por último, y a mi parecer es la consecuencia más preocupante debido a que afecta directamente a la seguridad social, la cancelación del aeropuerto pone en riesgo las pensiones de millones de mexicanos. Me explico. 

Un alto porcentaje del financiamiento para la construcción del aeropuerto se hizo a través del vehículo financiero denominado FIBRA. En conjunto, las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Afore XXI Banorte adquirieron el 45% de una de las emisiones (13, 500 millones de pesos) el equivalente al 0.9% del universo total de activos que manejan las cuatro afores. Ello implica que si no se puede solventar el pago por incumplimiento (¡con la TUA no alcanza!) podríamos hablar de un fuerte impacto al sistema de pensiones y la afectación directa a millones de mexicanos.

El panorama se ve nubloso para México. Es difícil tomar una postura ante la complejidad de la situación actual. Hará falta esperar a que López Obrador tome posesión y sus decisiones se conviertan en actos de autoridad. Conocemos la volatilidad del presidente electo, puede que revierta su decisión. Sin embargo, debemos de recordar algo: nada genera más pánico que el pánico en sí.  

Apología de la libertad económica y del sistema de mercado

Comparte este artículo:

El último libro publicado de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, es un ejercicio autobiográfico; sin embargo, no es un recuento de las experiencias y hechos de su vida, sino la evolución ideológica de su pensamiento. 

En su capítulo introductorio, Vargas Llosa cuenta que, como muchos, él era afín a los movimientos revolucionarios socialistas de mediados de siglo XX. 

La revolución cubana en la cual un grupo de guerrilleros pudo derrocar al dictador Batista despertó en el mundo, pero sobre todo en América Latina, una euforia por la transformación del modo de producción capitalista y todas las consecuencias político-sociales, culturales e ideológicas que ello acarreaba. 

Empero, el autor peruano cuenta que se fue distanciando de los movimientos socialistas por la desconfianza en la posibilidad de alcanzar la utopía comunista ante la crisis que presentaban la URSS y los países de Europa oriental. 

Aunque ello representó un fuerte catalizador a la transición de su pensamiento, el gran acontecimiento que lo obligó a romper con la euforia revolucionaria fue el caso de Heberto Padilla: intelectual encarcelado y exiliado por el régimen de Castro por criticarlo.

Con ello, y a partir de una serie de autores (Smith, Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aaron y Jean-François Revel), Vargas Llosa se convirtió en un adepto a la doctrina liberal y a la defensa de los derechos humanos.

Una de las grandes tesis de Vargas Llosa en su libro es la indivisibilidad de la libertad: la coacción en alguna de las libertades humanas conlleva ineluctablemente a la restricción de otra libertad. La libertad es un absoluto que encuentra su límite exclusivamente en la libertad de otro individuo. 

Asimismo, enaltece el individualismo y la capacidad creativa de los sujetos para transformar constantemente sus condiciones presentes. El progreso de la humanidad se ha generado por la actividad espontánea de los individuos, dirigidos por su necesidad de superación.

Por ello, la crítica que hace a la colectividad radica en que esta fuerza de aglomeración del individuo hacia la tribu disipa la capacidad creativa y no permite la transformación de las condiciones de existencia. 

En la esfera económica, la libertad individual es el motor del progreso industrial y tecnológico, ya que la búsqueda de ganancias en un esquema de libre mercado (es decir, de competencia) promueve la innovación por parte de cada individuo.

Aquí encontramos otra verdad innegable: el mercado es el mecanismo de asignación más eficiente. Un sistema de generación espontánea que no fue creado por el hombre, sino que apareció a partir de la acción humana de comerciar. 

A ello, se le agrega el sistema de precios, una especie de aparato que orienta las acciones de los agentes (consumidores y productores) y que refleja fielmente la situación económica en un momento dado.

Por ejemplo, si los precios de algún bien aumentan, ello enviaría la señal a los productores de trasladar parte de sus medios de producción a ese mercado, lo que provocaría la disminución del precio por el aumento de la oferta. 

No se puede negar la eficiencia del mercado y su capacidad de maximizar las utilidades y los beneficios de consumidores y productores. El argumento del socialismo de crear un planificador central integrado por ingenieros sociales quienes se encarguen de distribuir los factores de capital y trabajo en distintos sectores con el fin de maximizar el bienestar social  no puede igualar la capacidad intrínseca del mercado en su función de asignación. 

Por ello, si el mercado es el mecanismo óptimo de asignación de recursos escasos para usos alternativos, no se debe buscar su obstaculización a partir de políticas que aparentemente buscan la equidad social (digo aparente porque al final de cuentas generan efectos contraproducentes). 

Lo que se debe buscar es establecer los cauces institucionales para su funcionamiento (Estado de derecho), así como políticas que permitan homologar las dotaciones iniciales de los individuos (educación, por ejemplo).

Ello no implica el desentendimiento del Estado del discurrir económico; por el contrario, el liberalismo presupone un orden normativo y un Estado que vele por su cumplimiento. También es conveniente eventuales intervenciones de éste en algunos rubros, como el apoyo a industrias en nacimiento o la inversión pública en garantizar los derechos fundamentales (educación, salud, acceso a seguridad social, etc.). 

Aceptar la superioridad del mercado frente a la regulación gubernamental no implica promover una especie de anarquía, en la cual todo se encuentre determinado por la oferta y la demanda, sino edificar las instituciones pertinentes para el buen funcionamiento del mercado, siempre buscando el bienestar de la sociedad en su conjunto.  

La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

Comparte este artículo:

No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos: una solución contraproducente a los excesos de la alta burocracia

Comparte este artículo:

La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual pone un “tope” al ingreso laboral de los funcionarios. 

Por un lado, la ley muestra múltiples inconsistencias y contradice la Ley Suprema.

Por ejemplo, al determinar que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, dicha ley atenta contra el federalismo. Al ser una ley federal, es decir, emitida por el Congreso de la Unión en su carácter de órgano del Poder federal, no atañe a los servidores públicos del orden local. 

Buscar que dicha ley imponga un ingreso laboral máximo a todos los funcionarios representa una invasión a la esfera de competencia de las entidades federativas, por lo cual puede promoverse una controversia constitucional.

Por otro lado, el artículo 94 constitucional determina que las percepciones de los Jueces de Distrito, los Magistrados de Circuito, los Consejeros de la Judicatura Federal y los Ministros de la Suprema Corte no pueden modificarse durante su cargo. 

¿Cómo se resolverá esto? Posiblemente en dos “rounds”. Primero, los Ministros de la Suprema Corte promoverán un amparo indirecto contra dicha ley. ¿Me pregunto quién vencerá? Sin embargo, con el respaldo legislativo a López Obrador en el Congreso Federal y en la mayoría de los locales, no sorprendería que éste llevara el tema a sus últimas instancias: una reforma constitucional.

Por ello, una vez promulgada, la ley será causa de controversias constitucionales y de amparos indirectos. Empero, más allá de las inconsistencias y los potenciales problemas judiciales que presentará, resulta conveniente analizar el origen, el alcance y las consecuencias de dicha ley para la estructura del poder. 

El fundamento de dicha ley es de forma y no de contenido: nuevamente el simbolismo ‘lopezobradorista’ aparece. Responde a la perpetuación de la legitimidad a partir de los modos de hacer política; de lo que representa no de lo que transforma; del estruendo político que ocasiona; y de la reverberación social que tendrá. 

¿Cómo puede López Obrador desvincularse del “antiguo régimen”, acusado del despilfarro del erario público y de la búsqueda de beneficios personales? 

Promoviendo frugalidad y probidad financiera. 

Para López Obrador, la responsabilidad del Presidente se traduce a un sueldo de 108 mil pesos, ergo, bajo la premisa de que la función del Ejecutivo posee el nivel más alto de responsabilidad, los demás funcionarios no deberían exigir un sueldo mayor a éste. 

Y aquí encontramos el alcance que busca la ley, un simple corolario del apotegma: si el Presidente es honrado, mecánicamente, el resto del sistema político lo será. 

Sin mencionar la dimensión estructural de la corrupción que se encuentra enraizada en la misma base de nuestro régimen político, la especie de interiorización ético-psicológica que propone López Obrador resulta improbable. 

Aquellos que apoyan la reducción de las remuneraciones, a partir del argumento que un servidor público (perdón por la tautología) debe servir al pueblo y no buscar enriquecerse, se basan en un argumento puramente normativo. 

No existe ningún mal en buscar el “deber ser” de los funcionarios públicos, sin embargo, siendo más realistas debemos analizar cuáles son las consecuencias de disminuir las remuneraciones y no esperar que surja una epifanía ética que fomente el altruismo político. 

De esa manera dejando todas las demás variables constantes, la intuición nos diría que si se disminuyen los ingresos laborales del sector público, la fuerza laboral migraría al sector privado. 

¿Por qué?

En un primer sentido, existe un principio económico que dicta que siempre se prefiere más que menos; sin embargo, profundizando la cuestión encontraríamos que el agente concluiría que el sector público no está remunerando en términos monetarios el equivalente a sus cualidades adquiridas (nivel educativo, liderazgo, conocimiento, etc.). 

Por otro lado, también se percataría de que la remuneración no equivale al nivel de responsabilidad de sus decisiones. Imaginemos a un alto funcionario de alguna área especializada en la Secretaría de Hacienda, quien es consciente de que un pequeño error puede repercutir gravemente en las finanzas públicas. De esa manera, una disminución en su ingreso laboral podría ocasionar que se abstuviera de trabajar en un área tan riesgosa.  

López Obrador cae en el vicio de la búsqueda inmediata de legitimidad, aquella en la que caen muchos de los presidentes de América Latina y quienes han sido llamados populistas: aprobación cortoplacista e indiferencia por el futuro.  

Corrupción, impunidad e inseguridad: el legado de Peña Nieto

Comparte este artículo:

Ante la proximidad del relevo presidencial, resulta necesario dar un recuento general de lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto a partir de tres ejes centrales: político, económico y social. 

En términos políticos, Peña Nieto apareció en un principio como un gran negociador; como un pragmático que para los primeros años de su sexenio ya tenía avalado un paquete de reformas estructurales en distintos rubros. 

En un sentido bonapartista, fue capaz de posicionarse por arriba de los conflictos partidistas de antaño y pactar con las fuerzas de ambos polos del espectro político. 

Las reformas representaban la continuación del proyecto de desarrollo económico emprendido en la década de los ochenta: la integración mexicana en el sistema económico mundial a partir de su apertura comercial y su liberación financiera. 

Si las reformas de primera generación se concentraron en reducir el manejo de los instrumentos de producción por parte del Estado, bajo el apotegma la iniciativa privada es más eficiente que el gobierno, las reformas de segunda generación buscaron crear las instituciones que permitieran el óptimo despliegue de las fuerzas del mercado -reformas laboral, en telecomunicaciones y en competencia económica- y el aumento de la productividad, lo que se traduce en un aumento en el salario real de los trabajadores -reforma educativa. 

Empero, si se puede aplaudir su capacidad negociadora, la implementación de dichas reformas es lamentable. Una modificación a la Constitución no se traduce mecánicamente a una transformación de la realidad social. Por el contrario, hace falta desplegar mecanismos políticos e institucionales para verlas materializadas. 

A ello, sumemos los casos de corrupción de la Casa Blanca, Malinalco, la estafa maestra, Odebrecht y el ramo 23. Estos sin duda son indignantes, pero más el intento de burlarse de la población mexicana al designar a un subordinado que investigara el posible conflicto de interés en los primeros dos casos. 

En el aspecto económico, el saldo no parece claro si matizamos. Por un lado, es cierto que aunque el crecimiento económico fue sostenido (2.5 por ciento anual en lo primeros cinco años de su administración), éste resulta insuficiente para comenzar a revertir los problemas de pobreza y desigualdad. 

Por otro lado, hasta marzo de este año la divisa mexicana se había depreciado 30.2 por ciento; cifra significativa, sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo del peso se debió principalmente por factores externos -la elección presidencial de Trump, la renegociación del TLCAN, la caída del precio del petróleo, etc.- y no por distorsiones internas. 

En cuanto a la inflación, el promedio anual de este sexenio (4.1 por ciento en los primeros cinco años) ha sido la más baja desde los últimos ocho sexenios. Empero, como señala Jonathan Heath en su columna del miércoles en el periódico Reforma, ello es mérito del Banco de México más que del gobierno federal. 

Por último, en términos de cuenta corriente, entre 2013 y 2018 el país tuvo un déficit comercial de 2.21 por ciento, cifra significativa sobre todo si consideramos la estructura de dicho balance -superavitario frente a Estados Unidos y Canadá y deficitario frente países asiáticos. 

En términos macroeconómicos, la economía mexicana parece encontrarse relativamente estable, más si la comparamos con otras economías emergentes como Turquía, Argentina y Brasil. 

Finalmente, en cuanto al aspecto social no existe la menor duda de que el sexenio de Peña Nieto fue infame. Principalmente por dos cuestiones: Ayotzinapa y la violencia. 

En el primer caso, el uso del Ejército y la Policía Federal y estatal para el levantamiento y el posible asesinato de estudiantes recuerda el viejo autoritarismo represor de los años sesenta y setenta.

En el segundo caso, Peña Nieto decidió continuar la guerra contra el crimen organizada que empezó Calderón. Sin ningún análisis previo y sin contemplar enfoques alternativos, el gobierno mantuvo a las fuerzas armadas en las calles, priorizando el combate frontal como única estrategia. Ante ello, se extiende uno de los periodos más sombríos de la historia reciente del país y se agrava la descomposición del tejido social. 

Aunque existan algunos aspectos que rescatar, el periodo de Enrique Peña Nieto será recordado como el sexenio de la corrupción, la impunidad y la inseguridad.   

El afán centralizador de López Obrador

Comparte este artículo:

Los 32 “superdelegados” que serán asignados a cada una de las entidades federativas representan un atentado en contra del federalismo. 

Nadie niega la corrupción e impunidad que gravita alrededor de los gobernadores. Simplemente recordemos los casos de los Duarte, Borge y compañía, algunos integrantes del llamado “nuevo PRI”, quienes son acusados de, entre otras cosas, de delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y lavado de dinero. (¡La PGR sustituyó el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictiva, delito que no considera prisión preventiva para Javier Duarte!).

También es cierto que los gobernadores han sido responsables, por acción u omisión, del apuntalamiento del crimen organizado en múltiples estados. El proceso de descentralización de las últimas décadas -otorgando facultades a estados y municipios- generó un vació de poder por la fragilidad de las instituciones regionales; fenómeno que aprovecharon los cárteles. 

Empero, la descentralización no fue el problema, sino la inexistencia de sólidas y eficientes instituciones que llenaran los vacíos de poder. 

Según el proyecto del gobierno entrante, los “superdelegados” tendrán la función de supervisar los fondos federales en las entidades para evitar su desvío por parte de los gobernadores. Ello tiene implicaciones perniciosas para un sistema federal. Los delegados, quienes responderán directa y únicamente al Presidente, tendrán el capital económico y político para eclipsar la figura de los gobernadores. Existirán dos poderes rivales en cada entidad, ya que uno, por la simple naturaleza de su función, obstaculizará las acciones del otro, aun cuando formalmente se respeten las facultades del segundo. 

La figura de los delegados hace recordar a la figura de los intendentes, quienes fueron establecidos a partir de las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII. 

Después de la guerra de sucesión española (1701-1713), una nueva familia accede a la corona: los Borbones. Décadas después y con el propósito de impulsar el crecimiento económico peninsular a partir de la aceleración del saqueo en tierras americanas, los borbones ejecutaron una serie de mecanismos para agravar la relación de subordinación con la Nueva España. Además de poner en circulación los bienes de la Iglesia, expulsar a los jesuitas, restringir las inversiones de otras potencias, crear un ejército permanente y reducir la producción manufacturera de la colonia y expandir la de materias primas, las reformas buscaron limitar el poder político del virrey, la audiencia, los alcaldes mayores y los cabildos. 

Aunque algunos de los efectos de las reformas fueron positivos  -la supresión de los repartimientos de mercancías, la eliminación del poder monopólico de los comerciantes del consulado de México y la modernización de las finanzas públicas-, otros fueron nocivos para la libertad política de la nueva clase en búsqueda del poder: los criollos. 

El sistema de intendencias tuvo como consecuencia la eliminación de la autonomía del poder local. Los criollos, refugiados en los ayuntamientos después de ser desplazados de los altos cargos por los peninsulares, vieron sus intereses amenazados ante el ataque centralizador de la metrópoli. Ante ello, lideraron un movimiento violento que desembocaría en la Independencia de 1821 y configuraría la distribución del poder regional en el México post independiente con el que batalló tanto el poder central. 

Resulta poco probable que los efectos de la imposición de los 32 “superdelegados” desemboque en un movimiento similar al de hace doscientos años. Sin embargo, sería conveniente revisar la disputa histórica -colonia, época independiente, Porfiriato, periodo posrevolucionario y finales del siglo XX- entre el poder central y los poderes locales con el propósito de no cometer los mismos errores de antaño.

Esta propuesta del gobierno entrante es una de muchas otras que tienden a centralizar el poder en la figura del Ejecutivo. El próximo presidente encontró una solución para mantener también a raya a todos aquellos estados gobernados por partidos opositores.  

Los aires del presidencialismo resoplan nuevamente y el “viejo PRI” parece estar reencarnando en la persona de López Obrador. 

El contenido y la forma en el quehacer político

Comparte este artículo:

En múltiples aspectos de la vida social se ha priorizado la forma sobre el contenido, lo formal sobre lo material. En filosofía, Kant generó una revolución epistemológica: el entendimiento se fundamenta en categorías apriorísticas que le otorgan forma a las percepciones. Asimismo, la moralidad kantiana no es otra cosa que un receptáculo que moldea las circunstancias concretas para transformarlas en leyes morales.

El derecho moderno, resultado de un largo proceso histórico, fomenta el procedimiento y demerita el contenido: la validez de la creación de una ley se sustenta en el estricto seguimiento de un proceso determinado previamente. Al derecho no le interesa el contenido de una ley -siempre y cuando no atente contra una ley jerárquicamente superior-, sino el fiel cumplimiento del procedimiento.

Para una rama de la teoría económica ortodoxa, existe una estructura general y a-histórica que rige la acción de los agentes económicos. Sin importar qué bien se consuma o en qué circunstancia se encuentre el agente, siempre obtendrá una menor utilidad de la segunda unidad consumida con respecto a la primera. Por lo cual, estará dispuesto a pagar un precio más alto por la primera que por la segunda. 

El mismo método científico no es más que un envase en el cual se vierte algún fenómeno de la realidad, y si adquiere la forma del envase, es decir, si cumple con cada requisito, al conocimiento producido se le otorga el vanagloriado término de científico.

El amor por la forma no es exclusivo de la racionalización de la vida social que se dio en la modernidad, sino que proviene desde sociedades tradicionales. La misma religión católica se fundamenta en los ritos, los cuales no son otra cosa que el cumplimiento de prácticas previamente establecidas para la consecución de un fin. En el sacramento de la Eucaristía, la transubstanciación -convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesucristo- no se concreta sin toda la estructura de ritos que le precede.

El carácter formal de algunos elementos de la vida social son comprensibles y hasta deseables: la gran contribución del derecho moderno es que es auto-determinante, es decir, que contempla en sí mismo el mecanismo a partir del cual es capaz de modificarse sin la necesidad de recurrir a otros elementos, como lo económico o lo político.

Sin embargo, existen otras esferas sociales en las cuales es conveniente priorizar el contenido sobre la forma; ese es el caso de la política. En un sistema político de corte democrático, el contenido de las reformas importa más que su dimensión formal, ya que es el contenido el que generará las consecuencias materiales positivas o negativas en la sociedad. 

Hace unas semanas, Jesús Silva-Herzog criticó a López Obrador por priorizar el símbolo por encima de las consecuencias: el cambio debe ser producido y no meramente representado. A ello, yo apuntaría que la forma del quehacer político de AMLO es en sí misma un símbolo. Reconoce que representa una transformación de alcance nacional, por lo cual adquiere un conjunto de modos, formas y maneras de actuar que lo revindiquen como tal. Empero, en ese proceder suyo se olvida del contenido: busca la reconciliación como forma de gobernar sin reparar en lo que implica Bartlett para la democracia mexicana; desea incluir a las masas en la estructura del poder, como es el caso de la consulta popular para la construcción del nuevo aeropuerto sin contemplar la magnitud del proyecto; exige austeridad fiscal como forma de combate a la corrupción dispersando las dependencias gubernamentales sin prever las consecuencias económicas y sociales.  

López Obrador se sabe el líder de un movimiento que marca un hito en la historia política del país, por lo cual reproducirá formas y modos que lo legitimen como la figura del cambio. Empero, debe de reparar en el contenido de su quehacer político y no solamente preocuparse por el aspecto formal, si es que desea ser recordado como tal.

AMLO y el posible retorno del presidencialismo mexicano

Comparte este artículo:

La victoria de López Obrador del pasado 1 de julio puede representar un retorno al presidencialismo de mediados del siglo pasado. Con una mayoría absoluta en el Congreso, mayoría en diecinueve congresos locales y jefe supremo de un potencial partido hegemónico, el devenir nacional puede quedar a merced de la voluntad del virtual presidente. Si a ello, le sumamos el respaldo social manifestado en la euforia electoral y el apoyo “condicional” de la clase empresarial, después de haber sido acérrimos críticos a lo largo de su campaña, los contrapesos parecen diluirse del juego político. 

Según Arnaldo Córdova, en su magnifica obra La formación del poder político en México, fue en el mandato de Lázaro Cárdenas que se logró afianzar el fenómeno político y social llamado presidencialismo. La Revolución mexicana permitió la institucionalización del poder político a partir de una serie de medidas tomadas por el nuevo grupo en el poder: la profesionalización del ejército, el reconocimiento de los conflictos sociales mediados por el Ejecutivo, la cooptación o eliminación de las fuerzas disidentes y una amplia legitimación como consecuencia de la inclusión de las masas en la nueva estructura del poder. 

El proceso de la formación del poder político comienza desde la promulgación de la Constitución de 1917. En ella, se establecieron los preceptos legales para la eliminación del caudillismo -fenómeno característico de la época porfiriana, en el cual Díaz era el caudillo mayor- y el ascenso del presidencialismo. La del 17′ era una constitución que dotaba al Poder Ejecutivo de grandes facultades, especialmente las expresadas en los artículos 27º y 123º- la concepción originaria de la propiedad y las relaciones obrero-patronales, respectivamente. 

De esa manera, el Ejecutivo obtiene dos atribuciones que le permiten sobreponerse por arriba de cualquier fuerza social, nacional e internacional: la capacidad de expropiar los recursos en manos de empresas trasnacionales y la de ser árbitro entre conflictos sociales.

Para Fernando Castañeda, “el único poder que puede darle sentido, es un poder igualmente inconmensurable cuyo único fundamento es su autoridad misma: el arbitrio”.

Bajo la estructura de poder, edificada en los gobiernos posrevolucionarios, el sistema político mexicano promueve la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Diego Valadés en una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales argumentó que es incorrecto decir que el Presidente de México es la cabeza del Poder Ejecutivo; por el contrario, el Presidente es el Poder Ejecutivo. El artículo 80º establece que “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo….”.

Las reformas electorales en la segunda mitad del siglo pasado, el incipiente sistema de partidos bajo el juego político del PRI, PAN y PRD, la alternancia presidencial, la adquisición de facultades por parte de estados y municipios y el nuevo protagonismo del Poder Judicial, sobre todo de la SCJN, fueron elementos que representaban un proceso de descentralización del poder. Asimismo, las propuestas de una Fiscalía Anticorrupción autónoma y un gobierno de coalición (distinto a una coalición electoral) promovían el fortalecimiento de las instituciones.

Enrique Krauze apunta a que el caudillismo del siglo decimonónico ha retornado en forma de populismo en los últimos años. En mi opinión el populismo político no es el problema, así como Cárdenas, AMLO puede incluir a las masas en la estructura del poder y efectuar una política dirigida a las urgencias sociales; algunas reformas sociales son necesarias en la coyuntura nacional. 

Empero, lo que sí es preocupante, en primer lugar, es el retroceso de las instituciones y el ascenso de las figuras políticas; para él la corrupción no será eliminada a partir de las instituciones, sino de su mera persona: si el presidente es honesto, la corrupción se desvanecerá. 

En segundo lugar, la anulación del pluralismo político y la erradicación de contrapesos -la élite política se está reconfigurando y todos quieren una parte del pastel-, ni siquiera por parte de la clase empresarial, es igualmente preocupante. 

El presidencialismo de la época de Cárdenas fue degenerado hacia un autoritarismo que tuvo su punto más álgido con Díaz Ordaz. Sin embargo, actualmente la sociedad civil es más fuerte y más participativa, y existen múltiples medios de comunicación independientes. Por ello, se debe exigir a AMLO lo prometido y generar un contrapeso a su amplio poder: la participación política no acabó el 2 de julio.