El contenido y la forma en el quehacer político

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En múltiples aspectos de la vida social se ha priorizado la forma sobre el contenido, lo formal sobre lo material. En filosofía, Kant generó una revolución epistemológica: el entendimiento se fundamenta en categorías apriorísticas que le otorgan forma a las percepciones. Asimismo, la moralidad kantiana no es otra cosa que un receptáculo que moldea las circunstancias concretas para transformarlas en leyes morales.

El derecho moderno, resultado de un largo proceso histórico, fomenta el procedimiento y demerita el contenido: la validez de la creación de una ley se sustenta en el estricto seguimiento de un proceso determinado previamente. Al derecho no le interesa el contenido de una ley -siempre y cuando no atente contra una ley jerárquicamente superior-, sino el fiel cumplimiento del procedimiento.

Para una rama de la teoría económica ortodoxa, existe una estructura general y a-histórica que rige la acción de los agentes económicos. Sin importar qué bien se consuma o en qué circunstancia se encuentre el agente, siempre obtendrá una menor utilidad de la segunda unidad consumida con respecto a la primera. Por lo cual, estará dispuesto a pagar un precio más alto por la primera que por la segunda. 

El mismo método científico no es más que un envase en el cual se vierte algún fenómeno de la realidad, y si adquiere la forma del envase, es decir, si cumple con cada requisito, al conocimiento producido se le otorga el vanagloriado término de científico.

El amor por la forma no es exclusivo de la racionalización de la vida social que se dio en la modernidad, sino que proviene desde sociedades tradicionales. La misma religión católica se fundamenta en los ritos, los cuales no son otra cosa que el cumplimiento de prácticas previamente establecidas para la consecución de un fin. En el sacramento de la Eucaristía, la transubstanciación -convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesucristo- no se concreta sin toda la estructura de ritos que le precede.

El carácter formal de algunos elementos de la vida social son comprensibles y hasta deseables: la gran contribución del derecho moderno es que es auto-determinante, es decir, que contempla en sí mismo el mecanismo a partir del cual es capaz de modificarse sin la necesidad de recurrir a otros elementos, como lo económico o lo político.

Sin embargo, existen otras esferas sociales en las cuales es conveniente priorizar el contenido sobre la forma; ese es el caso de la política. En un sistema político de corte democrático, el contenido de las reformas importa más que su dimensión formal, ya que es el contenido el que generará las consecuencias materiales positivas o negativas en la sociedad. 

Hace unas semanas, Jesús Silva-Herzog criticó a López Obrador por priorizar el símbolo por encima de las consecuencias: el cambio debe ser producido y no meramente representado. A ello, yo apuntaría que la forma del quehacer político de AMLO es en sí misma un símbolo. Reconoce que representa una transformación de alcance nacional, por lo cual adquiere un conjunto de modos, formas y maneras de actuar que lo revindiquen como tal. Empero, en ese proceder suyo se olvida del contenido: busca la reconciliación como forma de gobernar sin reparar en lo que implica Bartlett para la democracia mexicana; desea incluir a las masas en la estructura del poder, como es el caso de la consulta popular para la construcción del nuevo aeropuerto sin contemplar la magnitud del proyecto; exige austeridad fiscal como forma de combate a la corrupción dispersando las dependencias gubernamentales sin prever las consecuencias económicas y sociales.  

López Obrador se sabe el líder de un movimiento que marca un hito en la historia política del país, por lo cual reproducirá formas y modos que lo legitimen como la figura del cambio. Empero, debe de reparar en el contenido de su quehacer político y no solamente preocuparse por el aspecto formal, si es que desea ser recordado como tal.

AMLO y el posible retorno del presidencialismo mexicano

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La victoria de López Obrador del pasado 1 de julio puede representar un retorno al presidencialismo de mediados del siglo pasado. Con una mayoría absoluta en el Congreso, mayoría en diecinueve congresos locales y jefe supremo de un potencial partido hegemónico, el devenir nacional puede quedar a merced de la voluntad del virtual presidente. Si a ello, le sumamos el respaldo social manifestado en la euforia electoral y el apoyo “condicional” de la clase empresarial, después de haber sido acérrimos críticos a lo largo de su campaña, los contrapesos parecen diluirse del juego político. 

Según Arnaldo Córdova, en su magnifica obra La formación del poder político en México, fue en el mandato de Lázaro Cárdenas que se logró afianzar el fenómeno político y social llamado presidencialismo. La Revolución mexicana permitió la institucionalización del poder político a partir de una serie de medidas tomadas por el nuevo grupo en el poder: la profesionalización del ejército, el reconocimiento de los conflictos sociales mediados por el Ejecutivo, la cooptación o eliminación de las fuerzas disidentes y una amplia legitimación como consecuencia de la inclusión de las masas en la nueva estructura del poder. 

El proceso de la formación del poder político comienza desde la promulgación de la Constitución de 1917. En ella, se establecieron los preceptos legales para la eliminación del caudillismo -fenómeno característico de la época porfiriana, en el cual Díaz era el caudillo mayor- y el ascenso del presidencialismo. La del 17′ era una constitución que dotaba al Poder Ejecutivo de grandes facultades, especialmente las expresadas en los artículos 27º y 123º- la concepción originaria de la propiedad y las relaciones obrero-patronales, respectivamente. 

De esa manera, el Ejecutivo obtiene dos atribuciones que le permiten sobreponerse por arriba de cualquier fuerza social, nacional e internacional: la capacidad de expropiar los recursos en manos de empresas trasnacionales y la de ser árbitro entre conflictos sociales.

Para Fernando Castañeda, “el único poder que puede darle sentido, es un poder igualmente inconmensurable cuyo único fundamento es su autoridad misma: el arbitrio”.

Bajo la estructura de poder, edificada en los gobiernos posrevolucionarios, el sistema político mexicano promueve la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Diego Valadés en una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales argumentó que es incorrecto decir que el Presidente de México es la cabeza del Poder Ejecutivo; por el contrario, el Presidente es el Poder Ejecutivo. El artículo 80º establece que “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo….”.

Las reformas electorales en la segunda mitad del siglo pasado, el incipiente sistema de partidos bajo el juego político del PRI, PAN y PRD, la alternancia presidencial, la adquisición de facultades por parte de estados y municipios y el nuevo protagonismo del Poder Judicial, sobre todo de la SCJN, fueron elementos que representaban un proceso de descentralización del poder. Asimismo, las propuestas de una Fiscalía Anticorrupción autónoma y un gobierno de coalición (distinto a una coalición electoral) promovían el fortalecimiento de las instituciones.

Enrique Krauze apunta a que el caudillismo del siglo decimonónico ha retornado en forma de populismo en los últimos años. En mi opinión el populismo político no es el problema, así como Cárdenas, AMLO puede incluir a las masas en la estructura del poder y efectuar una política dirigida a las urgencias sociales; algunas reformas sociales son necesarias en la coyuntura nacional. 

Empero, lo que sí es preocupante, en primer lugar, es el retroceso de las instituciones y el ascenso de las figuras políticas; para él la corrupción no será eliminada a partir de las instituciones, sino de su mera persona: si el presidente es honesto, la corrupción se desvanecerá. 

En segundo lugar, la anulación del pluralismo político y la erradicación de contrapesos -la élite política se está reconfigurando y todos quieren una parte del pastel-, ni siquiera por parte de la clase empresarial, es igualmente preocupante. 

El presidencialismo de la época de Cárdenas fue degenerado hacia un autoritarismo que tuvo su punto más álgido con Díaz Ordaz. Sin embargo, actualmente la sociedad civil es más fuerte y más participativa, y existen múltiples medios de comunicación independientes. Por ello, se debe exigir a AMLO lo prometido y generar un contrapeso a su amplio poder: la participación política no acabó el 2 de julio.