El populismo y su desprecio por la técnica

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El gobierno actual, así como el pensamiento colectivo, vinculan la técnica con el modelo llamado neoliberal. El mismo presidente ha denotado a los datos y a su interpretación como un mecanismo vil propio de los conservadores neoliberales.

Igualmente, un conjunto de la sociedad atribuye la capacidad de análisis al grupo denominado como tecnócratas, quienes se cree erróneamente que ascendieron en el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, provenientes de universidades como el ITAM y el Tecnológico de Monterrey y con estudios de posgrado en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Sin embargo, la tecnocracia no se vincula necesariamente a un modelo económico en específico, en este caso con un programa que iza las banderas de la desregulación del mercado y el fomento de la inversión privada.

La tecnocracia, entendida como el gobierno de los técnicos, implica el ascenso de una élite política que se distingue del político tradicional -carrera en la burocracia y poco acercamiento con el electorado- pero también del técnico que a mediados del siglo pasado su función se reducía al análisis y factibilidad de las políticas públicas, sin ninguna incidencia en su orientación.

Esta nueva élite política no asciende a los altos mandos de poder en la época del modelo neoliberal, sino en el del desarrollo compartido de Luis Echeverría. Siendo el primer presidente en no haber ocupado previamente un puesto sujeto a elección popular y con el objetivo de romper con el ala de Díaz Ordaz, buscó rodearse de un grupo de jóvenes técnicos al que les ofreció el mando de las secretarías financieras.

Durante este sexenio y el de López Portillo, las formas del quehacer de la política pública, en general, y de la política económica, en específico, se transformaron, priorizando la formación de un cuerpo de funcionarios letrados en el ámbito económico en tanto disciplina científica: Hugo B. Margáin, Mario Ramón Beteta, David Ibarra, Jesús Silva-Herzog, Miguel de la Madrid, Carlos Tello, Francisco Javier Alejo, José Andrés Oteyza, entre muchos otros.

El modelo desarrollista, al igual que el Estado de Bienestar en Europa, exigía rigurosidad analítica y evaluación minuciosa de los programas políticos, en tanto que el gobierno participaba activamente en la economía. Muchos de estos funcionarios, en su mayoría economistas, cursaron posgrados en universidades extranjeras, aunque el destino predilecto no era Estados Unidos como sí lo fue para los funcionarios del periodo de la liberalización económica, sino en Europa, especialmente Cambridge, un bastión keynesiano.

Fue el populismo económico de Echeverría y López Portillo y no el programa desarrollista el que generó los desajustes en la estabilidad macroeconómica del país: discrecionalidad de la política monetaria, incremento del déficit fiscal y de la deuda pública, petrolización de la economía, etc. Ya fue el caso que Margáin fue destituido por oponerse a la espiral de endeudamiento del gobierno de Echeverría, quien lo sustituyó por López Portillo.

La errónea creencia acerca del inseparable binomio neoliberalismo-tecnocracia ha legitimado el menosprecio por la técnica. Para el presidente son los datos y no las políticas las que deben de ajustarse a la realidad; una realidad que cree transformar a partir de su voluntad y virtud.

No hay nada más peligroso que un mandatario se guíe ciegamente por sus ideales sin constatar su plausibilidad en la realidad. Las utopías que ha enarbolado el populismo en distintas latitudes conllevan a desenlaces desastrosos, como el que seguramente ocurrirá en el sistema de salud pública. Sin un diagnóstico previo, sin considerar aquello que sí funcionaba, como el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, desechándolo por simplemente haberse construido en época del neoliberalismo, el gobierno federal comienza un retroceso de más de treinta años: la recentralización conlleva a la ineficiencia en la asignación de los recursos y la cobertura universal que promueve es financieramente inviable.

El populismo lopezobradorista es crítico acérrimo de la técnica en tanto la considera un correlato del modelo neoliberal. Como señaló Schumpeter en el caso de la ciencia económica, las teorías pueden verse influidas por elementos ideológicos, pero la técnica es una herramienta que no se encuentra atada a la predisposición política del sujeto que la aplica, sino a la realidad fáctica. Al igual que la democracia, la técnica se encuentra vaciada de sesgos ideológicos; tal es el caso que ambos pueden funcionar en agendas políticas diametralmente opuestas. 

Incremento del salario mínimo: una revisión teórica de sus efectos

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El pasado miércoles 1 de enero entró en vigor el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que establece un incremento del salario mínimo de 20% en términos reales – de 102.68 a 123.22 pesos diarios. 

El gobierno federal ha señalado que el alza general en el salario mínimo no tendrá repercusiones inflacionarias. Si bien es cierto que la relación puntual entre los salarios y los precios no es directa, el aumento se da en un contexto de estancamiento económico. Las consecuencias en la economía no son fáciles de predecir, dada la multiplicidad de factores.

Por ello, conviene precisar algunos postulados teóricos que simplifican el análisis de los efectos que tiene un aumento en los salarios. De esa manera, podremos dar cuenta de efectos opuestos a los que señala la teoría económica ortodoxa. 

La escuela neoclásica de economía establece que el salario real que reciben los trabajadores en una industria debe ser equivalente a la productividad marginal, es decir, a la aportación de la última unidad de trabajo utilizada en la producción. 

El problema con esta teoría es que dicha equivalencia ocurre exclusivamente en equilibrio, un estado de la economía que tiene más relevancia teórica que una existencia fáctica. La economía se encuentra constantemente en movimiento, por ello el análisis debe ser a partir de un enfoque dinámico, no estático. Ante ello, esta escuela de pensamiento toma como simultáneo lo temporalmente heterogéneo. 

Si se acepta este enfoque reduccionista y atemporal, un aumento en el salario real no implica un incremento en la productividad laboral; por el contrario, si se fija un salario mínimo por arriba del equilibrio – ahí donde las funciones de oferta y demanda se cruzan -, las empresas contratarán menos unidades de trabajo respecto al punto de equilibrio, lo que implicaría desempleo. 

Bajo este enfoque existen dos cuestiones que la teoría no toma en cuenta y es consecuencia de la rigidez simultánea que impone entre la remuneración del trabajador y su productividad. En primer lugar, la teoría no prevé que el aumento en las remuneraciones salariales puede generar un mayor esfuerzo, lo que deriva en una mayor productividad. Los trabajadores perciben un estímulo por parte del empleador y lo traducen en un mayor compromiso laboral. Esto no solo se reduce al salario, sino también al acceso a seguridad social, prestaciones, mejor ambiente de trabajo, etc. 

En segundo lugar, la escuela neoclásica define una función de oferta laboral estrictamente creciente, lo que genera un solo equilibrio de mercado. Sin embargo, si pensamos en un hogar con familia extensa que incluya a los abuelos, con salarios muy bajos, todos los integrantes del hogar buscarán trabajar, pero a medida que incrementa el salario y los padres de familia perciben una mayor remuneración, los abuelos pueden dejar de trabajar para cuidar a los nietos, lo que revierte la función de oferta y la vuelve decreciente. Por último, si el salario continúa creciendo, los abuelos tendrán nuevamente incentivos para ofrecer su fuerza laboral dada una mayor remuneración. 

Con ello, se busca señalar que pueden existir más de un equilibrio de mercado, por lo cual, fijar un salario mínimo por arriba de un equilibrio puede conducir al mercado a otro equilibrio, superando el problema de desempleo que la escuela ortodoxa dogmáticamente profesaba. 

A lo anterior, vale la pena agregar los problemas de información que existen en el mercado laboral y que conducen a equilibrios subóptimos. Si bien desde finales de la década de los setenta ya se hacía alusión a escenarios con asimetría de información –moral hazard y adverse selection-, podemos añadir otro de carácter sociológico: la asimetría de poder entre el oferente y el demandante de fuerza de trabajo. 

El empleador, en muchos casos, conoce la situación de necesidad que tiene la persona de ser contratada, por lo cual éste está dispuesto a aceptar el trabajo por una remuneración posiblemente inferior a su productividad. El demandante obtiene una ventaja de la posición de precariedad que tiene el oferente. Por ello, la política pública del candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de establecer un ingreso universal no era una locura; si bien financieramente poco viable, el ingreso le otorgaría al oferente un respaldo económico que evitaría vender su fuerza de trabajo a cualquier precio.

Con esto no buscamos argumentar que el aumento de los salarios debe ser por mandato gubernamental; por el contrario, estamos de acuerdo en que el aumento sostenido de los ingresos laborales solo es posible con un incremento sostenido de la productividad. Si bien no de forma puntual, el salario y la productividad poseen un relación estrecha y positiva, por lo cual más allá de un aumento por mandato del salario mínimo, el gobierno debe de solucionar el mayor problema para la economía mexicana y que ha provocado el estancamiento del salario y una caída de la productividad: la informalidad. 

Las redes sociales: un espacio virtual de democracia y violencia

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Las redes sociales, aquel espacio virtual de interacción e intercambio no sólo de contenido, sino de intimidad, han transformado radicalmente nuestro mundo social. La realidad social -aquella red espacio-temporal de significados y símbolos- encuentra su paroxismo en estas redes sociales.

Un ágora virtual en pleno siglo XXI hace pensar a primera vista en un espacio democratizado, en el cual todos y todas tienen el derecho de expresarse. Un espacio enteramente politizado e ideologizado que le otorga la oportunidad a cualquiera de manifestar su pensamiento. Las redes sociales te permiten ser escuchado por un espectador virtual anónimo dada la integración de todos tus amigos y seguidores. La noción de ser escuchado otorga a los individuos un carácter de relevancia, de sentirse importante, no ignorados. Un panóptico virtual al que voluntariamente nos exponemos y que permite fortalecer la cohesión social, el sentimiento de pertenencia, de no encontrarse fuera de la sociedad.

Empero, si bien existe esa libertad, el discurrir carece de canales normativos de comunicación que promuevan una discusión respetuosa. Por el contrario, la libertad de expresión a través de las redes sociales tiene como correlato la contestación vaga, simplista y violenta.

Si bien estas redes sociales le han dado oportunidad a los ignorados, al vulgo en general, también ha permitido canalizar la frustración, la intolerancia y el odio. En vez generar armonía, las redes sociales han promovido la violencia virtual, la denigración y la confrontación irracional. Una realidad caótica de supervivencia intelectual y moral cuyo espacio permite la lucha salvaje entre combatientes, buscando a toda costa, sin importar el oprobio ajeno, salir victorioso en términos argumentativos. Eso es lo que otorgan las redes sociales, un posicionamiento de supuesto conocimiento, bajo un discurso que incurre en un sinnúmero de falacias.

Esta lucha intestina en un espacio virtual se recrudece en nuestro país ante el ascenso de López Obrador al poder político. Las divisiones que genera AMLO -ataques a la prensa neoliberal, críticas al empresariado corrupto, ofensas a los conservadores fifís- en la realidad material expresada en cada mañanera se reproducen en el espacio virtual de la comunicación social, en el cual el objetivo no es la contra argumentación, sino el desprestigio del otro.

Esa otredad que ha construido el presidente -aquellos que se contraponen al nosotros, a la transformación, al combate de la corrupción- no pertenece al pueblo, al lado correcto de la historia mexicana, a los héroes de la patria. Constantemente vemos la continuidad del enfrentamiento a través de las redes sociales, donde se intensifican las divisiones políticas e ideológicas.

Este es su lado negativo: la disputa insensata orientada por acciones iracundas que no permiten la retroalimentación, por el contrario, solamente exacerban la confrontación. Y eso es lo complejo de la argumentación en este espacio, la desconstrucción del argumento ajeno para encontrar los postulados o premisas para descalificarlo se ve obstaculizado por el uso reiterativo de prejuicios y ataques a la persona. Paradójicamente, lo simplista se encubre en múltiples capas de falacias que complejizan la contra argumentación. De igual forma, bajo la excusa de la libre opinión, se fabrican argumentos amenazantes para la vida democrática e institucional, aludiendo a prejuicios ancestrales de índole racista, misógino y clasista.

Si bien las redes sociales han permitido construir un espacio democrático para la libre expresión de las ideas, también han promovido un ambiente de violencia simbólica y de denigración de la otredad, generando grietas en la cohesión social del país. Todo esto en un contexto discursivo de antagonismo político e ideológico incentivado por el presidente. Irónicamente, este espacio virtual que puede fungir como un espacio democrático donde se busque la inclusión de los que carecen de voz se ha convertido en todo lo contrario: en un espacio de violencia insensata y negación del Otro

Democracia en peligro: la invasión de lo político al universo jurídico

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Las leyes sucumben ante la autocracia. Se acumulan las fisuras en la arquitectura institucional. Nada más grotesco que la escena en el Senado. Una escenografía deplorable, entre panistas y morenistas, mientras que Mónica Fernández con gritos le toma protesta a Rosario Piedra Ibarra. Y para rematar, la fotografía de Monreal y Martínez Cázares dando cínicamente el aplauso con el cual abren otra grieta a la democracia.

Porque la democracia no se reduce a la dimensión electoral del voto, sino que se reinventa cotidianamente en el libre discurrir de las instituciones: poderes que se contraponen al poder mismo. El discurso de los líderes de Morena alude a la preservación de la democracia, pero no como un fin en sí, sino como un medio; un medio que ya agotó su propósito, que ya cumplió con la primera parte de la Cuarta Transformación.

La democracia les otorgó a López Obrador y a sus partidarios el poder y, por ello, su cometido ha finiquitado, es momento de dejar al poder gestarse, dirigido por la voluntad omnisciente y omnipresente del gran caudillo para emprender el camino de la trasformación. Como bien señala Jesús Silva Herzog en su última columna (Reforma 18/11/2019): pervertir la democracia en nombre de la democracia misma.

La modernidad dotó a los Estados del derecho racional. La legitimidad transitó de los rituales sustanciales y los decretos de líderes carismáticos para vincularse exclusivamente con la legalidad. ¿Y en qué se sustenta esa legalidad? En lo procedimental de lo jurídico; las formas se imponen al contenido. No es que el contenido no sea relevante, sólo implica que éste debe de ajustarse a los procedimientos estipulados en las leyes. Y si alguna de las etapas no se cumple, entonces el procedimiento se anula y todo aquellos que haya si engendrado a través de éste pierde toda validez jurídica, toda legalidad y, por ende, toda legitimidad.

Este es el derecho positivo, el derecho racional, el que surge de la filosofía kantiana de las formas y que Kelsen introdujo al universo jurídico. Es esa racionalidad que se separa de la voluntad a posteriori de los hombres y que responde exclusivamente a la esfera misma de lo jurídico; es decir, el universo jurídico es inmune a la racionalidad de otras esferas sociales como la política o la económica. Con ello, este sistema de la legalidad, es decir, aquel que por su misma lógica determina aquello que es legal o ilegal, se cierra en sí mismo, genera un hermetismo para que dicha lógica no sea pervertida. De esta manera es como las instituciones se blindan contra las invasiones de poderes ajenos a ellas: las leyes son su escudo.

Contra esto la mayoría morenista actuó la semana pasada en el pleno del Senado. Fueron contra aquello que López Obrador supuestamente defiende “nadie por encima de la ley”. Incurrieron en una falta en el procedimiento por lo cual la elección de Rosario Piedra Ibarra es inválida y, por ende, ilegítima. Violaron las formas que rigen el universo jurídico e introdujeron a su interior algo ajeno, propio del sistema político, y con ello lo contaminaron.

Poco importa que Piedra Ibarra sea hija de Rosario Ibarra de Piedra o que tenga la autoridad moral para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nuevamente, todo aquello que se encuentra fuera del universo jurídico -lo moral, lo político, lo económico, etc.- no debe de tener incidencia en su funcionamiento.

El caso de Rosario Piedra Ibarra representa la invasión de lo político al universo jurídico. Las formas fueron violentadas y el decreto presidencial de colocar a un partidario se impusieron a la lógica propia del derecho, aquella lógica que sólo debe de responder en sí misma, a los elementos propios de dicho universo. Y así, el Poder Ejecutivo se expande hacia otros poderes que fueron creados puntualmente para fungir como contrapeso al poder mismo. Y con ello, otro organismo autónomo queda supeditado al mandato del gran caudillo; el nuevo objetivo es el órgano electoral. Si llegara a ocurrir, verdaderamente retrocederíamos treinta años.

López Obrador: entre el populismo y el neoliberalismo

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En una publicación previa, señalé la dificultad que representa posicionar al gobierno de López Obrador dentro del espectro político e ideológico. Si bien todavía encontramos inconsistencias, existen más elementos para aproximarnos a una delimitación más clara. 

A estas alturas se debe rechazar en términos reales la posición de izquierda del gobierno actual, si bien en términos discursivos se mantiene. Por otro lado, es fácil colocar a López Obrador en el saco de los populismos, ahí donde, según la oposición, encajan posiciones ideológicas diametralmente distintas: desde el chavismo, pasando por Evo y los Kirchner, hasta Trump y Bolsonaro. 

Concuerdo con los escritos acerca de este tema, como el reciente libro Me the People de Nadia Urbinati, acerca de los peligros del populismo. Es cierto que, a diferencia de movimientos exógenos de los golpes de estado de la ultraderecha, el populismo es un fenómeno que surge al interior de la democracia; es un fenómeno embrionario que se alimenta y crece en la dinámica democrática, un agente patógeno que comienza a carcomer las instituciones democráticas desde el interior. 

Si bien el término populismo, así como el del neoliberalismo -categorías simplistas que no aportan mucho al análisis-, se toma en sentido peyorativo, existen versiones de éste, como en todo, que conllevan a resultados positivos. El populismo político de Lázaro Cárdenas generó las bases para la consolidación de un Estado corporativo, nacionalista y desarrollista que permitió el comienzo del capitalismo mexicano. Si bien, durante los setenta años de priismo, el partido hegemónico pudo cambiar de piel según el contexto y la personalidad de los presidentes en turno, su discurso fue claramente populista: es la personificación institucionalizada de la Revolución mexicana, esa gran lucha popular sedienta de reivindicaciones sociales. 

Los dirigentes del Partido siempre se asumieron como la expresión histórica y simbólica de las reivindicaciones del pueblo mexicano, pues como señaló Octavio Paz, “Ellos [dirigentes] son el pasado, el presente y el futuro de México. El PRI no es un partido mayoritario: es la Unanimidad. El presidente no sólo es la autoridad política máxima: es la encarnación de la historia mexicana, el Poder como sustancia mágica transmitida desde el primer tlatoani a través de virreyes y presidentes”.

Ahora, en la década de los ochenta, ante la liberalización económica, las presiones políticas externas e internas y la creciente movilización de la sociedad civil, los gobiernos comenzaron a emprender el proceso de democratización del país. Si bien los resultados no fueron los esperados, sí hubo un avance en la construcción de instituciones que generaran un contrapeso y delimitaran la institución del Ejecutivo.

No sólo se fortalecieron los otros dos poderes y se buscó la descentralización del poder político, dotando, como lo señala la Constitución, a los estados y municipios de autonomía, sino que se crearon organismos de naturaleza técnica que suplieron al gobierno en actividades de gran importancia.

Estos contrapesos e instituciones siguieron extendiéndose durante los dos sexenios panistas y durante el retorno del PRI; sin embargo, con la llegada de López Obrador pareciera que comienza a haber un retroceso. La figura del presidente vuelve a ser enaltecida como a mediados del siglo pasado, pero ahora carece de un fuerte y extenso cuerpo burocrático a través del cual exprese su grandeza. 

Ahí es donde encontramos las inconsistencias de fondo de López Obrador: será el presidente por sí solo, a través de su honestidad y virtud, quien transformará al régimen y lo hará desmembrando la entumecida burocracia. 

Retumba el discurso de Luis Echeverría acerca de la distribución del ingreso a través del desarrollo compartido, pero se encuentra ausente la maquinaria burocrática y técnica para lograr dicho cometido. López Obrador busca impulsar el crecimiento, pero carece, como sí lo tenía Echeverría, un aparato productivo estatal. El periodo neoliberal desmanteló la capacidad productiva del Estado y redujo su margen de liderar el crecimiento. Ante ello, López Obrador no tiene más opciones que recurrir al capital privado.

Por otro lado, es recurrente la crítica a los periodos denominados neoliberales, sin embargo, el gobierno actual no ha transformado en ningún sentido los pilares de este modelo económico y social. El TLCAN, emblema principal del sexenio de Salinas y del neoliberalismo mexicano, no ha sido eliminado; por el contrario, López Obrador les ha implorado a los demócratas que agilicen la aprobación del T-MEC. 

¿Dónde encontramos las comparaciones para este gobierno? En cuanto a lo económico, encontramos similitudes -responsabilidad fiscal (asfixia diría yo), estabilidad macroeconómica y apertura económica- con los gobiernos neoliberales. En este sentido, las nuevas “partidas secretas” para financiar los programas sociales con fines políticos nos hace recordar el uso de la maquinaria electoral de Salinas. López Obrador recurre nuevamente al clientilismo para extender el dominio de Morena en las elecciones intermedias de 2021. En cuanto a la centralización del poder político en manos del Ejecutivo, mediante la destrucción de las instituciones democráticas, hace pensar en el autoritarismo del PRI de segunda mitad del siglo pasado. 

Las contradicciones son reveladoras: discursivamente anti-neoliberal pero sin transformar el modelo neoliberal y estadista siendo anti-estatista y sin un aparato productivo estatal que sustituya al capital privado. AMLO se empieza a acorralar en materia económica y cada vez le quedan menos argumentos para solventar sus intrínsecas contradicciones. 

El poderío del crimen organizado y la incapacidad del Estado en materia de seguridad

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Los hechos ocurridos el 17 de octubre en Culiacán marcan un hito en la guerra contra el crimen organizado. La falta de planeación y de coordinación -un síntoma de este gobierno-, así como la subestimación de la capacidad de respuesta del cártel de Sinaloa, causó la rendición de los elementos de la Guardia Nacional y la liberación del hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán. 

Si bien la culpa la tiene el gobierno federal -el titular de la Secretaría de Seguridad Pública debería renunciar-, la demostración de la debilidad del Estado mexicano es simplemente la manifestación explícita de un problema de antaño. 

No debería sorprendernos la incapacidad de las instituciones militares para hacerle frente al crimen organizado. Desde la década de los setenta el gobierno federal, por corrupción o negligencia, permitió el empoderamiento de estos grupos criminales.

El poderío desplegado por el crimen organizado no fue espontáneo. La creencia que antes del jueves México se encontraba libre de la sumisión del narcotráfico es infundada. La existencia de un Estado fallido surge cuando el gobierno de Felipe Calderón no pudo contener el estrepitoso repunte de la violencia que él mismo desató. 

Ante ello, tampoco debe de sorprender la capacidad de reacción del crimen organizado. En unas horas el cártel de Sinaloa logró rodear a los elementos de la Guardia Nacional cuando estos llevaron a Ovidio a la Fiscalía del estado. En una operación bien organizada lo que contrasta con la empleada por el gobierno-, el cártel bloqueó los canales de acceso a Culiacán, incluso tomaron el aeropuerto para evitar cualquier apoyo. 

De esa manera, la decisión de liberar a Ovidio no fue opcional. Es un hecho que, ante el despliegue de los miembros del cártel, el hijo del “Chapo” Guzmán no iba a salir de Culiacán. Lo único que el gobierno tenía que decidir era si retiraba a los elementos de la Guardia Nacional vivos o muertos, así como en evitar o no muertes colaterales.  

Empero, no se debe confundir la inevitable decisión de dejar libre a Ovidio con una muestra de pragmatismo y humanismo que el presidente quiere hacer entender. El desenlace de la liberación es causa directa de una lamentable planeación por parte del gabinete de seguridad. 

La versión -ha habido seis distintas- basada en que los elementos de la Guardia Nacional actuaron precipitadamente y por cuenta propia no exime a los titulares de la Sedena y la SSP. La falta de coordinación y actuación por cuenta propia del operativo es igual de grave a que si éste recibió ordenes desde la Presidencia y Sedena. 

En cualquiera de los dos casos, este acontecimiento será igual de transcendental que la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena o el derribamiento de un helicóptero por parte del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, éste puede tener peores consecuencias a largo plazo. Este suceso mandó una señal a otros grupos criminales que es posible chantajear al Estado y obligarlo a liberar a cualquier criminal. 

Por último, preocupa la poca autocrítica del gobierno, así como la terquedad del presidente de afirmar que la estrategia en materia de seguridad no ha fallado y que continuará bajo el mismo esquema. Es lamentable la falta de reconocimiento de las equivocaciones y el desinterés por cambiar lo que no está funcionando. 

López Obrador criticó, con razón, la estrategia de enfrentamiento directo de los sexenios de Calderón y Peña Nieto; sin embargo, la suya no se ha transformado en ese sentido. Como señala el Dr. Edgardo Buscaglia, esta administración debe de construir una estrategia que se oriente a mermar la estructura misma del crimen organizado. Si tomamos al cártel de Sinaloa como una empresa transnacional con presencia en más de ochenta países, vinculado financiera y operativamente a nivel global, buscar cortar sus flujos financieros y el suministro de armas es fundamental para desmantelarla. 

El enfrentamiento directo no va a conseguir resultados positivos, ya se vio en los dos sexenios anteriores, solamente traerá más muerte a un país que vive uno de sus peores momentos en términos de violencia de su historia reciente. 

El rechazo a la técnica y sus consecuencias en la formación de capital humano

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Hace cincuenta años el modelo de crecimiento por antonomasia era el construido por Robert Solow, en el cual los rendimientos a escala eran decrecientes; es decir, el incremento de una unidad en los factores de producción (trabajo y capital) aumentaba en menos de una unidad el producto. Con ello, se pensaba que las economías tendían a largo plazo a un estado estacionario, lo que se traducía en una convergencia mundial en el ingreso.

Empero, a partir de trabajos pioneros en la década de los setenta, algunos investigadores postularon otro modelo de crecimiento, que ya no tomaba el crecimiento como algo exógeno, intrínseco al capital, sino que éste se encontraba determinado por la dinámica, preponderancia y complementariedad de factores internos. 

Existen dos grandes consecuencias del crecimiento endógeno. Por un lado, el crecimiento deja de encontrarse limitado a las restricciones de la tecnología y, por el otro, el papel de la política pública puede traducirse en un aliciente del crecimiento.

Uno de los factores a los que aludimos es el del capital humano. Si bien la fuerza laboral de un agente se encuentra acotada -no puede trabajar más de 24 horas al día-, la acumulación de conocimiento es ilimitado, con lo cual el crecimiento puede ser impulsado reiteradamente a través de políticas que promuevan su acumulación. 

Esta sencilla reflexión parece no compartirla el gobierno actual. A casi un año del ascenso de López Obrador a la Presidencia, éste no ha mostrado interés en apoyar y desarrollar el capital humano.

Desde hace tiempo, López Obrador se ha presentado como anti-neoliberal, aunque reafirma prácticas que el mismo Milton Friedman admiraría, anti-estatista, en tanto desea eliminar obesidad de la burocracia, anti-economicista, a la vez que denigra los datos y los análisis técnicos, y anti-institucionalista, ya que se coloca por arriba de las reglas y formas previamente determinadas. Habrá que sumarle un nuevo anti: anti-intelectualismo. 

Para López Obrador, la educación, conocimiento, cultura y tecnología parece no tener relevancia en la cuarta transformación. El desarrollo económico no vendrá de la ciencia, sino de la voluntad del presidente, quién se guía por su propio intuicionismo y desecha cualquier injerencia de la técnica. Según él, la reducción tecnocrática es propio de los gobiernos llamados neoliberales y, en tanto busca desligarse de ese periodo, criticará todo lo relacionado. Empero, lo que no sabe es que la tecnocracia no es propia de la derecha, sino que puede vincularse con cualquier posición en el espectro ideológico.

Grandes economistas como Oskar Lange, quien contribuyó al proyecto teórico denominado socialismo de mercado, fueron partidarios del uso de la técnica para resolver problemas de distribución y eficiencia. Personajes como Horacio Flores de la Peña, David Ibarra y Carlos Tello pertenecientes a los gobiernos de Echeverría y López Portillo tenían una formación técnica. 

El desprecio por la técnica se combina con la presión de grupos de interés en el sector educativo. La aprobación de las tres leyes educativas en el Congreso podría significar un retroceso importante en materia educativa. Si bien la reforma de Peña Nieto subestimó el costo político -promovieron una campaña de difamación hacia el sindicato y la coordinadora- y se enfocó en el aspecto laboral, dejando a un lado elementos propiamente educativos, colocó las bases para la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa. 

Permitirle a la CNTE definir las plazas de maestros de las escuelas de normalistas podría mermar la calidad educativa de los niños y futuros maestros. El empoderamiento del sindicato y la coordinadora entorpecen la acción del Estado para mejorar las condiciones educativas del país, en tanto las plazas se otorgarán no a partir de una lógica semi-meritocrática -la meritocracia pura no existe-, sino por relaciones políticas. 

A esto se suma la destitución del Dr. Antonio Lazcano Araujo, miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores, por supuestas faltas no justificadas. Su remoción no es más que un ajuste de cuentas, después de que Lazcano criticara la política en ciencia del gobierno y la gestión de la directora del Conacyt en una publicación en la revista Science.

López Obrador se distancia de la oportunidad de invertir en capital humano para impulsar, a largo plazo, el crecimiento económico y, con éste, el desarrollo. Ser inmediatistas y actuar indiferentemente hacia el porvenir podría costarle a México estancarse más décadas en el rezago educativo. 

La continuidad-ruptura y el simbolismo: un balance en materia política de los primeros nueve meses del gobierno de López Obrador

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Actualmente, no existe en México mejor político que Andrés Manuel López Obrador. Si entendemos lo político según Maquiavelo -la capacidad de obtener y conservar el poder-, el presidente, en ese sentido, se debe comparar con Carlos Salinas de Gortari. 

Continuando un balance de los primeros nueve meses de su gobierno -anteriormente lo hicimos en la dimensión económica-, en términos políticos hay mucho que decir al respecto. 

López Obrador es el presidente de las formas y los símbolos. Desde antes de asumir la Presidencia, el originario del estado de Tabasco ha transformado los modos del quehacer político. Sin duda existen grandes similitudes con los gobiernos priistas del siglo pasado -la centralización del poder, el culto a la personalidad del presidente, la retórica populista, etc.-; sin embargo, también encontramos elementos diametralmente opuestos a los gobiernos anteriores. 

La astucia política del presidente le ha permitido combinar aspectos del pasado con otros que lo presentan como un nuevo sujeto transformador. Con ello, el proceso del gobierno de López Obrador es uno de continuidad-ruptura. Comencemos con las continuidades. 

La continuidad más relevante, que le permite renovar incesantemente su legitimidad, es de carácter histórico. Al igual que el PNR se colocó como legítimo heredero de la Revolución mexicana -al institucionalizarla, la contuvo-, AMLO se coloca como el desenlace natural, lógico y teleológico de la historia mexicana. No por nada la cuarta transformación solamente se equipara a la Independencia, la Reforma y la Revolución. El presidente busca reconstruir la historia para posicionarse como el resultado evolutivo y, por lo tanto, necesario del acontecer mexicano. 

Otro elemento de continuidad es el de la base social. La consolidación del Estado moderno mexicano fue, en parte, gracias a la base social que lo constituye. Con el PRM, Lázaro Cárdenas logró integrar las distintas fuerzas sociales al partido, desde el cual se canalizaban las disputas, colocando a la institución del Presidente por arriba de ellas.

López Obrador no ha perdido este elemento, sabedor del apoyo popular que ha adquirido a lo largo de su carrera política. Tal es el caso que no ha roto con la CNTE, incluso cuando algunos integrantes de Morena lo han exigido. Asimismo, ha incluido nuevos actores sociales en su base de apoyo. El programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro, no es más que un intento clientelar para atraer en seis años a los jóvenes beneficiarios a las urnas para apoyar al candidato que seguramente designará. 

Su distanciamiento con el empresariado le ha costado caro y lo ha obligado a recapacitar. A diferencia de mediados del siglo pasado, el Estado ya no tiene la capacidad productiva ni financiera para condicionar a la iniciativa privada y liderar los proyectos económicos. El caso de los gasoductos es una muestra pragmática y de reflexión del presidente: sabe que no podrá cumplir su promesa de crecimiento sin estos actores. 

Por último, la continuidad de que el presidente sea cabeza de partido es evidente. No hay duda de que AMLO controla Morena desde la Presidencia. Y no podríamos esperar menos, el presidente es el fundador de Morena, gracias a él este partido tiene mayoría en el Congreso y en más de la mitad de las legislaturas locales. Morena representa la extensión del poder del presidente. 

En cuanto a las rupturas, mencionaré una que en realidad es el escenario en el cual otras acontecen: la ruptura simbólica. El presidente internalizó e hizo palpable el hartazgo social ante la corrupción y la impunidad. Ante su capacidad para explotarlo, su retórica ha estado anclada, en todo momento, a combatir ambos males.

El simbolismo en su quehacer político es abrumador: apertura de los Pinos como acercamiento al pueblo y de éste con el poder; la disminución de su sueldo para reafirmar sus acciones por compromiso, no por interés; la cancelación del aeropuerto en Texcoco como su posición de siervo del pueblo; la construcción de la refinería en Dos Bocas como confirmación del papel nuevamente del Estado para impulsar el crecimiento económico; la práctica reiterada en cada “mañanera” de informar al pueblo sobre las acciones y los resultados de su gobierno. 

López Obrador ha transformado las formas del quehacer político, reivindicando el acercamiento con el pueblo y distanciándose de la indiferencia de los presidentes anteriores frente a los más desprotegidos. El apoyo social que tiene AMLO es abrumador, tal que muchas de sus propuestas, que carecen de todo rigor técnico, han sido justificadas y defendidas. 

Empero, a lo largo de su sexenio, el elemento simbólico puede desgastarse ante la falta de resultados concretos. Si bien el PRI reafirmaba su legitimidad a través de su retórica historicista, también lo hacía a partir del crecimiento económico. El discurso no es suficiente para preservar la legitimidad de un presidente.

El crecimiento económico como condición necesaria para el desarrollo: un balance en materia económica de los primeros nueve meses del gobierno de López Obrador

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El domingo primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su primer informe de gobierno al Congreso y dio un comunicado a los mexicanos sobre los resultados en sus primeros nueve meses.

En este artículo se expondrá un balance de su gobierno durante este periodo en materia económica. En las próximas publicaciones se abordarán los temas en materia política y social. 

El menosprecio por la técnica que muestra López Obrador es preocupante. Nuevamente, aludiendo al periodo llamado neoliberal, un periodo de desigualdad y retroceso ante los ojos del presidente, éste señala a la técnica como un artilugio de los economistas, quienes están obsesionados con los datos, cuando lo que debería preocuparles es la virtud y la honestidad; elementos que emanan de la persona de López Obrador. La política pública y el devenir de la nación no deben de guiarse por datos duros y fríos, sino por el voluntarismo, intuicionismo y buena moral del presidente. Comencemos.

Si definimos al Producto Interno Bruto a partir de la demanda agregada de los recursos, podemos apreciar las causas de la desaceleración del primero. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el primer trimestre de 2019, el PIB decreció 0.3% respecto al cuarto trimestre de 2018 y creció 0.1% respecto al mismo trimestre del año anterior. Para el segundo trimestre, el INEGI estimó un crecimiento de 0.1% trimestral y 0.4% anual; sin embargo, en su primera revisión el Instituto ajustó el crecimiento a 0.0% y 0.3%, respectivamente. Esto significa que el crecimiento económico se encuentra estancado. ¿Qué explica este fenómeno?

El componente del consumo, el cual tiene la mayor participación en el PIB, ha presentado una tendencia de desaceleración en los últimos meses. El crecimiento acumulado de enero a mayo fue de 1.0% anual, lo que contrasta negativamente con el crecimiento de 2.4% registrado durante el mismo periodo del 2018. 

En cuanto a la inversión, ésta registró una caída en promedio de 3.5% anual, lo que contrasta con el crecimiento de 2.1% presentado durante el mismo periodo del año anterior. Bajo un contexto de desconfianza en la situación actual del país, aunado a las señales de contracción de la economía global, los empresarios no buscan arriesgar su capital.

El otro componente que integra la definición del PIB es el gasto, el cual, dada la propuesta de “austeridad republicana”, se ha reducido. El gasto neto pagado acumulado entre enero y julio cayó 3.0% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro del gasto programable resalta la caída acumulada de la inversión física de 15.8%. 

Si el gasto público se encuentra limitado por la retórica franciscana del presidente, también se encuentra acotado por la renuencia a reestructurar el sistema tributario. Ante los problemas financieros y de operación que enfrenta PEMEX, aunado a la tendencia a la baja del precio de la mezcla mexicana, se reduce la capacidad de acción del gobierno. 

Lo anterior se puede ver a partir de los ingresos presupuestarios, lo cuales acumulan de enero a julio una caída de 2.7% anual. Dentro de estos, los petroleros acumulan una caída de 18.2%, mientras que los no petroleros crecieron 0.9% anual. Con ello, los ingresos del gobierno federal se reducen y para cumplir los objetivos del gobierno, éste tendrá que buscar nuevas fuentes de financiamiento, lo que podría obligarlo a incrementar la deuda pública. 

El último componente del PIB son las exportaciones netas. Éste es también un componente de la cuente corriente, la que además de las exportaciones netas integra los ingresos netos de la renta del capital y la entrada neta de transferencias (en su mayoría remesas).  Durante el primer semestre de 2019, la cuenta corriente presentó un déficit de 3 mil 366 millones dólares. Empero, lo que es relevante es el superávit del segundo trimestre, el cual fue de 5 mil 143 millones de dólares. Éste es el primer superávit desde el segundo trimestre de 2010 y el más alto desde que se tiene contabilidad (1980). 

Ahora, que la cuenta corriente haya presentado un saldo positivo no es necesariamente algo bueno; por el contrario, en la situación actual, éste expresa la contracción de los componentes del PIB. Los países emergentes como México tienden a presentar saldos deficitarios en la cuenta corriente, en tanto que perciben flujo de capitales en la compra de activos nacionales. 

Si se combina la definición del PIB y de la cuenta corriente, ésta se puede expresar como la diferencia entre el ahorro interno y la inversión. De esa manera, una cuenta corriente deficitaria significa que el ahorro interno es más que suficiente para cubrir las inversiones de la economía. Durante el primer trimestre de 2019, el ahorro interno creció 10.8% anual con cifras desestacionalizadas. Esto implica que los consumidores perciben a corto plazo una posible caída en sus ingresos. 

Si la inversión y el gasto público caen y el consumo se contrae, el único componente que puede impulsar el crecimiento son las exportaciones de bienes y servicios. En el contexto de una posible recesión económica global, acelerada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, depender de las exportaciones podría dejar a la economía a la deriva. 

López Obrador se ha dado cuenta que sin la inversión proveniente de la iniciativa privada sus objetivos de campaña no podrán cumplirse. Esto lo demostró en la renegociación del contrato de los gasoductos y lo reafirmó en su informe: busca una reconciliación con los empresarios. 

Sin inversión privada, gasto y consumo, el crecimiento económico no va a despegar. No importa si la Junta de Gobierno del Banco de México busca apoyarlo con la disminución de la tasa de referencia, dada una inflación que converge al tres por ciento, sin certidumbre los empresarios y los hogares no se arriesgaran a invertir y consumir.

AMLO sigue denostando las herramientas técnicas y subestima el crecimiento económico; sin embargo, debe entender que, si bien éste no es una condición suficiente, sí es una condición necesaria para el desarrollo. Es momento de reconocer lo que no funciona y rectificar el rumbo de las políticas en materia económica.

Movimiento feminista: explosión iracunda de un hartazgo

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No existe revolución que se haya dado sin levantamientos violentos, a través de mecanismos institucionales determinados apriorísticamente por el régimen contra el que se quiere luchar. Buscar transformar prácticas arraigadas en el mismo sistema cultural que se extiende a otras esferas es negar el concepto y el fenómeno de revolución.

Las estructuras se tambalean y caen ante el estrepitoso acontecer violento. Estas caídas no surgen por la empatía de los opresores, no son el resultado consensuado entre éstos y los oprimidos. La supresión de la subordinación no es expresión de los procesos institucionales; por el contario, en muchas ocasiones esas mismas instituciones obstaculizan el proceso de transformación, reduciéndolo a discursos políticos vacíos que sólo buscan apagar el movimiento. 

La modernidad surge como proceso social e histórico en contra de los movimientos disruptivos del siglo XVIII y XIX. Después de la Revolución francesa y los movimientos sociales de 1830 y 1848, los lideres de la modernidad buscaron encauzar las disputas sociales para evitar las confrontaciones violentas. Ante ese objetivo surge la sociología, como ciencia social capaz de desmenuzar las causas de las irrupciones violentas del siglo decimonónico. 

Por otro lado, la modernidad estableció las instituciones democrático-liberales que buscarían, bajo una ideología burguesa, reivindicar las libertades civiles y políticas, así como generar los cauces institucionales para dirimir las exigencias sociales. 

Empero, como muestra la historia del siglo XX, los mecanismos institucionales fueron insuficientes para atender dichas exigencias, con lo cual no hubo otra vía más que los movimientos armados y violentos.  

Sin duda, hoy en día, se debe buscar transformar aspectos de la convivencia social a partir de mecanismos jurídicos y políticos; sin embargo, si este tipo de modalidades fracasan, los agentes sociales que sufren la opresión buscarán nuevas formas de cambio.

Eso es lo que ocurrió el viernes en México. Ante el hartazgo y la ira del incremento de feminicidios y de violaciones, el colectivo de mujeres que se manifestó no encontró otra forma de expresarse que la violencia. 

Las voces reaccionarias y conservadores no se abstuvieron de opinar. Desde consignas como “ese movimiento no me representa” o “hay formas de manifestarse” hasta argumentos sinsentido de algunos renombrados periodistas, se señaló que la violencia deslegitimó la marcha y ocasionó que se perdiera una gran oportunidad para promover apoyo entre la sociedad. 

La marcha logró lo que en su sentido colectivo buscaba, que las mujeres fueran escuchadas, que se hiciera palpable el hartazgo y el miedo transformado en ira. Más allá de las opiniones acerca de las formas de manifestarse -normativizar las protestas según esquemas preestablecidos de supuesta convivencia social que esté en sintonía con patrones de civilidad-, este tema quedó rebasado por la realidad misma. 

No debemos de preguntarnos si esas son formas correctas de expresarse, busquemos el porqué de dichas expresiones. ¿Qué nivel de impotencia e indefensión debe sentir una mujer en este país para poder expresarse de esa manera? ¿No es acaso esta desesperación la que cataliza esas reacciones explosivas?

El movimiento feminista ha logrado el primer paso: imponer en el discurso actual el peligro de ser mujer. Cotidianamente se escuchan casos de violaciones, maltratos y asesinatos a mujeres por parte de los hombres; sin embargo, el movimiento ha ido más lejos -algo que no se ha hecho en el caso del crimen organizado-, ha expresado su hartazgo y buscado articular discursos entre un gran número de la población de mujeres.

Las mujeres han sabido utilizar las redes sociales para articular un movimiento, para buscar mecanismos de protección entre ellas frente a los casos de machismo. Y, con ello, han podido reestructurar la forma de pensar frente a los actos misóginos, han generado una ruptura en el consciente colectivo que ha promovido la desconstrucción de los actos y prácticas que anteriormente se consideraban aislados de los casos de violencia y maltrato a la mujer.

En los últimos años, gracias a las redes masivas de interconectividad y a la exposición recurrente a discursos anti-machistas, las mujeres han logrado un iniciar un cambio en la psique social. Las transformaciones sociales son paulatinas, en tanto revolucionan las pautas y prácticas sociales en las cuales discurre la acción de los agentes. Las mujeres han comenzado a poner los pilares de dicha transformación en nuestro país.