Trump y PEMEX: dos problemas que agravan el panorama de México

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La semana pasada el país sufrió dos embates que pusieron a la economía a temblar. Por un lado, el presidente de Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas si el país no colaboraba con la política migratoria estadounidense. Por el otro lado, Moody’s y Fitch ajustaron las calificaciones de la deuda soberana y de PEMEX. Si bien la primera se mantiene en niveles de inversión, la de Petróleos Mexicanos descendió al umbral de especulación (“bono basura”). Eso significa que el precio de los bonos de la petrolera será más bajo y la tasa de interés a pagar será más alta. Esto se traduce en mayores complicaciones para el financiamiento de la petrolera más endeudada de todo el mundo.

Según la calificadora Fitch, el ajuste en la calificación de PEMEX es debido al panorama de incertidumbre que genera la paraestatal, referente a su alto apancalamiento y a sus bajos de niveles de producción. Asimismo, la incertidumbre aumenta en tanto que PEMEX se encargará de la construcción y operación de la refinería en Dos Bocas; una inversión que para muchos es inviable financiera y operativamente. Además del aumento en el gasto por las condiciones del terreno y el tipo de crudo de la región, el costo de oportunidad de la inversión es considerable. Dentro de la industria petrolera, la refinación es el proceso menos rentable. El gobierno mexicano debería enfocarse en su ventaja comparativa, reorientando esa inversión a exploración y a impulsar la producción de PEMEX.

Por otro lado, si bien se han implementado estrategias para reactivar a la petrolera, a través de capitalización y reasignación fiscal, entre otras, estas no parecen disminuir la incertidumbre alrededor de la paraestatal. El gobierno mexicano todavía no entiende que el problema de PEMEX no es solamente de liquidez, sino de solvencia. 

Paradójicamente, la insistencia de AMLO de apuntalar nuevamente a Petróleos Mexicanos como una gran petrolera que vuelva a aportar sustancialmente a los ingresos federales puede significar el último clavo de su ataúd. Y lo que resultaría peor, su situación financiera podría arrastrar consigo a las finanzas públicas y mermar la estabilidad macroeconómica del país. 

El otro tema no tiene su causa en las malas decisiones de este gobierno, aunado a la corrosiva corrupción del sexenio pasado, sino que alude a una variable exógena. Algunos parecen estar sorprendidos de la asimetría de poder entre Estados Unidos y México. Eso no es algo nuevo, desde el nacimiento de México como país, la relación entre ambos países es de subordinación. Empero, el contexto global de antaño jugaba a favor de México. Sobre todo, en el contexto de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos buscaba evitar la propagación del comunismo en América Latina. Esto le permitía a México tener una moneda de cambio para apaciguar dicha relación.

Por otro lado, el problema de la migración no es algo reciente. Desde la segunda mitad del siglo pasado, la confrontación por la migración y el narcotráfico han sido temas centrales en la política exterior con Estados Unidos, tal que condicionaban los acuerdos de comercio entre ambos países. 

El gobierno mexicano debe entender que la amenaza de los aranceles no es un asunto comercial, ni siquiera un asunto migratorio, sino un asunto totalmente electoral. Trump, el presidente pragmático por antonomasia, ya apunta a las elecciones del próximo año. Sabe que colocar a los inmigrantes como chivo expiatorio, culpándolos de todos los males que sufre Estados Unidos, lo puede llevar nuevamente a ganar los comicios federales. 

Era necesario evitar la imposición de aranceles, si bien el tipo de cambio hubiera absorbido en su totalidad el arancel de cinco por ciento, el costo del servicio de la deuda hubiera aumentado y la incertidumbre que el país vive se hubiera intensificado. Sin embargo, el costo de evitar lo anterior es sumamente alto, ya que le otorgamos el poder a Trump de jugar la carta de los aranceles cuando crea que México no está cooperando. 

Nos comprometimos a fortalecer los esfuerzos en la frontera sur, lo que se traduce en regresar a más migrantes centroamericanos, así como recibir a aquellos que sean deportados desde Estados Unidos. Trump no entiende que la ola de migración proveniente de Centroamérica es culpa, en parte, de la política exterior de Estados Unidos. La desestabilización de esos países fue generada por el gobierno estadounidense en los años ochenta, poniendo y quitando dictadores, y generando pobreza y marginación. 

Estamos a merced de un megalómano que hará cualquier cosa para poder mantenerse en el poder, incluso si en el intento aniquila a sus socios comerciales. Trump está dispuesto combatir por la victoria -y ganará- sin importar que sea una victoria pírrica. 

El caudillo moralista

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La estructura mental del hombre tiende a encasillar fenómenos sociales en esquemas previamente programados con el fin de interpretarlos y actuar en torno a ellos.

Con la revolución epistemológica de Kant y debido a grandes teóricas en las ciencias sociales -Weber en sociología o Mises en economía-, diversas corrientes han aceptado que los fenómenos no se conocen en sí, sino sólo para el interprete. Empero, ello no merma la cientificidad del estudio, puesto que la estructura mental se encuentra sujeta a leyes universales que pueden conocerse a través de la introspección. Por ejemplo, para la economía, no habrá agente económico que le genere mayor satisfacción la segunda cerveza que la primera. Esta sencilla máxima universal, llamada en el argot económico como la utilidad marginal decreciente, dio pie al gran esquema teórico que en la actualidad rige a toda la economía. 

Sin embargo, no olvidemos que en las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, los intérpretes del objeto de estudio son, a su vez, el objeto; es decir, el sujeto congnoscente se convierte en el objeto congnoscible. 

Diariamente, observamos fenómenos y los interpretamos a partir de un marco previamente construido que se integra por nuestras vivencias personales en un contexto culturalmente determinado. 

Y así como sugiere el primer Wittgenstein, el límite de nuestro pensamiento se define por el límite de nuestro lenguaje. Aquello que no es nombrado, no es que no exista para nosotros, simplemente genera distorsiones en nuestro pensamiento.

Eso es lo que ocurre con nuestro gobierno actual. ¿Cuál es la postura ideológica de López Obrador? Es decir, cuando interpretamos las acciones tomadas por Morena, el gobierno federal o el mismo AMLO, imputamos nuestros esquemas interpretativos, construidos a partir de experiencias anteriores, para dotarlos de sentido. 

De esa manera, nos preguntamos, en cuál ideología encaja la postura política, económica y social de López Obrador: ¿conservadora, liberal, socialista, keynesiana, populista, pragmática? Analicemos brevemente dos decisiones ideológicamente contradictorias que ha tomado López Obrador. 

El eje central de su discurso es un combate frontal hacia la corrupción, puesto que, como el mismo señala, es la causa máxima de todos los problemas de México. Con ese argumento canceló -sí porque la cancelación fue una propuesta a priori, no una consecuencia de la voluntad general. el aeropuerto en Texcoco. Con ello, mostró un ataque frontal en contra del gran capital, aquella rampante entidad metafísica que es causa de la explotación de los trabajadores. 

AMLO acusa la sinergia entre la clase política y la clase económica; algo que desde el siglo XIX Marx ya señalaba: el Estado es el aparato represivo en posesión de la clase dominante. A lo anterior habría que añadirle toques de populismo, puesto que con su retórica ha generado la creencia que es el pueblo el que toma las decisiones del devenir de nuestra nación. Suenan los ecos del binomio Rousseau-Robespierre: el teórico inocente y el mal intérprete. O, en la situación mexicana: aquel pueblo deseoso de un cambio, desde donde se engendra la voluntad general, y el político que se apropia de esa voluntad general y la moldea según su designio.

La segunda decisión es general y de forma: la austeridad. AMLO ha señalado que el país no va a incrementar la deuda soberana y disminuirá el déficit fiscal. Esta propuesta no es propia de los regímenes populistas o socialistas; por el contrario, la austeridad es una propuesta de la corriente neoliberal. No debe ser el Estado el que genere la inversión pública y el gasto social, sino la iniciativa privada. 

Sin embargo, las actuaciones del gobierno han generado que la iniciativa privada se vuelva precavida, generando caídas en la inversión y colocando en niveles insuficientes el crecimiento económico de México.

Los gobiernos de izquierda, sobre todo en América Latina generaron crecimiento económico gracias a la intervención activa del Estado. Empero, en muchos casos, esos gastos desmedidos y la indiferencia ante la estabilidad macroeconómica provocaron problemas devaluatorios y de inflación. Argentina está pagando actualmente las políticas populistas de los Krichner.

En este sentido, AMLO se distancia de los populismos latinoamericanos, así como de la izquierda progresista. En cambio, aparece como un gobierno precavido en el gasto deficitario, así como en la estructura de dicho gasto. La sustitución de las escuelas infantiles por transferencias directas es una política enteramente neoliberal, en tanto no modifica aspectos estructurales, sino que representa medidas simplemente paliativas. 

Por otro lado, su aberración al Estado es otro ejemplo del parecido con la corriente neoliberal. Si bien no es por cuestiones económicas, sino morales. AMLO le adjudica a la torpe y entumida burocracia el desperdicio de recursos. Por ello, quiere deshacerse de cualquier intermediario y desde su persona comenzar a repartir las dádivas a su gusto, sin tomar en cuenta consejos, datos o propuestas distintas. La primera víctima parece ser el sector salud. Significa debilitar a las instituciones del Estado y fortalecer la figura del presidente: un retorno al caudillismo. 

Andrés Manuel López Obrador no parece invocar a la vieja izquierda o a sus derivados populistas -si bien es cierto que invoca siempre al pueblo como causa de alguna acción que emprenda-, pero tampoco parece ser un liberal que respete en sus últimas instancias las libertades y las instituciones. Habrá que conceptualizar la figura de AMLO para colocarlo en alguna corriente ideológica, o construir una nueva. Se me ocurre “el caudillo moralista”.

La meritocracia y la reforma educativa

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La educación va más allá de la acumulación de conocimientos; incluye la formación de una cosmovisión. Es decir, moldea la estructura mental a partir de la cual vivenciamos nuestra realidad circundante. 

La reforma educativa de Peña Nieto se presentaba como una reforma necesaria para corregir aquellas prácticas que mermaban la educación pública del país. Su discurso se centró, principalmente, en el concepto de meritocracia. 

Este concepto es en realidad una quimera, un estado inexistente en la realidad mexicana. Esta implica que el esfuerzo es premiado, y aquel que consiga el objetivo planteado es porque necesariamente es el mejor de todos. 

La tradición liberal ha elevado al individuo por encima de la sociedad. Es el individuo, a través de su libertad, el único responsable de su situación. Con ello, dota al individuo de grandes facultades, capaz de transformar su realidad a partir de su volición.

El reduccionismo individualista pasa por alto las estructuras sociales que permiten o inhiben el pleno desarrollo de las personas. Ya Durkheim a finales del siglo XIX había precisado que algunos fenómenos, tomados como enteramente psicológicos, son en verdad sociales. En su obra El suicidio, Durkheim postuló la tesis de que el suicidio es un hecho social, en tanto que es general, coercitivo y externo a los individuos; es decir, el suicidio, como la criminalidad y las adicciones, no recae solamente en las personas, sino que es consecuencia de formas sociales que inhiben la integración de las personas dentro de la sociedad.

Lo mismo ocurre con la educación. Se ha justificado la imposición de exámenes de admisión a estudiantes a partir de la meritocracia. Para que exista eso, necesariamente los aspirantes deben comenzar en un mismo nivel y adquirir las mismas herramientas para poder hablar de una competencia justa. Sin embargo, ello resulta imposible en un país tan diverso culturalmente como México. No es lo mismo las herramientas adquiridas a lo largo de la vida de un niño en la Ciudad de México que un niño criado en las costas de Guerrero o en la sierra Tarahumara.

Y es aquí cuando el concepto de educación debe de construirse de forma más integral. La educación, en general, no es simplemente la absorción de conocimiento, sino una forma de percibir nuestro entorno. Es saber ser con y en el mundo, saber de qué manera actuar. Es una vivencia continua a través de múltiples formas de conocimiento, que no se reducen a las técnico-científicas. 

Por ello, es fundamental tener docentes que reconozcan la situación histórico-cultural de cada niño en México, y no caer en el absurdo de promover maestros en función exclusivamente de su nivel de conocimientos propios de cada materia. Eso es lo que significa fomentar una educación integral, no sólo que el alumno aprenda matemáticas e historia de México, sino que pueda reconocerse como parte de la sociedad y capaz de fortalecer el tejido social, el cual hoy en día se encuentra desgarrado. 

La educación debe ser el primer mecanismo del Estado para generar cohesión social, necesaria para el pleno desarrollo de los individuos. 

El proyecto educativo durante el sexenio de Cárdenas, periodo en el cual se impuso una educación socialista, era que los docentes fueran los conductores del alumnado en búsqueda de mejores condiciones de vida. El maestro se convertía así en un mentor y protector de la situación económica, social y cultural de los alumnos.

Esta es la razón por la cual la reforma educativa de Peña Nieto fue llamada neoliberal, en tanto fomentaba un sistema meritocrático engañoso e inoperable para la situación de México. Dicha reforma reducía a los docentes a meros distribuidores de información, lejos de lo que el país necesita actualmente. 

Sin embargo, ello no implica que la reforma educativa propuesta por Morena vaya en un mejor camino. Ni la reforma de Peña Nieto ni la de López Obrador parecen haber entendido la importancia de la educación y la generación de una regulación innovadora. 

El primero olvidó la importancia de la educación integral y el papel que juegan los docentes en la constitución de una forma de ver el mundo para los alumnos. El segundo, por su parte, ni siquiera le preocupa el tema educativo en sí, sino que busca una nueva victoria política con el apoyo del magisterio. 

Nadie niega la apropiación de plazas por parte de los docentes y su ambición por mantenerlas, sin siquiera preocuparse por el alumnado. El Congreso debe necesariamente acabar con los dos grandes males respectivos de cada proyecto educativo: el reduccionismo de la educación y su justificación meritocrática y la negación de sustraerle el poder político a un magisterio ambicioso.   

La reforma laboral a la luz de la economía internacional

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Los dos modelos clásicos de la economía internacional implican que cualquier economía se verá, en general, beneficiada por el comercio exterior. El primero es el formulado por David Ricardo, quien atribuye los beneficios a las ventajas comparativas y no absolutas como afirmaba Adam Smith. Ricardo afirmaba que los países tienden a especializarse en aquellos bienes en los cuales tienen una mayor productividad relativa respecto a otro país.

El segundo modelo clásico es el formulado por Eli Heckscher y Bertil Ohlin quienes, partiendo de las ventajas comparativas de Ricardo, afirman que los países tienden a exportar aquellos bienes cuya producción es intensiva en el factor abundante en el país. 

Ambos modelos, así como sus derivados, argumentan que el comercio internacional es siempre benéfico para todos los países involucrados. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, la corriente estructuralista negaba este argumento de la economía neoclásica y aseguraba que los países periféricos se encontraban en una posición de desventaja frente a los países del centro. La CEPAL, quien promovía un enfoque histórico de la economía, alejado de la abstracción teórica del paradigma neoclásico, postulaba que los países que exportaban bienes agrícolas y materias primas sufren el deterioro en los términos de intercambio a diferencia de los países que exportan bienes manufactureros, los cuales se benefician. 

Por ello y debido a otros factores estructurales de América Latina -heterogeneidad en productividad y baja capacidad de diversificación- los economistas de la CEPAL proponían medidas proteccionistas en algunos sectores para esta región. 

Desde los años ochenta, bajo el modelo neoliberal, la tendencia de la economía internacional ha sido la de la apertura comercial. Al igual que en el mundo, la apertura comercial en México es reciente. El país entró al GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, en 1986 y firmó un tratado de libre comercio junto a Estados Unidos y Canadá en 1994. 

Si bien, en términos generales, el Tratado ha sido benéfico para la economía mexicana, algunos sectores se han visto altamente perjudicados por la apertura, debido a sus bajos niveles en competitividad. Por otro lado, los sectores beneficiados lo han conseguido principalmente por ofrecer una mano de obra barata. 

En el nuevo tratado denominado T-MEC, la cuestión laboral se encuentra como eje central y no, como lo era en el TLCAN, una propuesta paralela del gobierno estadounidense. Estados Unidos argumenta que México cae en prácticas de dumping al promover salarios extremadamente bajos. Por ejemplo, para enero 2019 el salario en el sector manufacturero era de 2.4 dólares por hora en México, mientras que en Estados Unidos era de 21.8. 

La competitividad de un país en el comercio exterior no debe darse a partir del bajo precio de la fuerza laboral, sino a partir de un esfuerzo por aumentar estructuralmente y de forma diversificada su productividad. 

La teoría neoclásica de la distribución del ingreso estipula que los factores de producción perciben una remuneración equivalente a su aportación a la producción total. La riqueza se agota en la repartición de la producción entre todos los factores productivos, por lo cual la teoría de la explotación de Marx no tiene cabida en este marco conceptual. Sin embargo, la realidad no se ajusta necesariamente a la teoría y observamos un pago extremadamente bajo al factor trabajo.

Por ello, no sólo se debe aumentar la productividad a través de la inversión, sino que se deben generar los ajustes institucionales y jurídicos necesarios para facilitar este proceso. 

En ningún momento se debe dejar al mercado operar de forma anárquica, ya que el mercado no interioriza elementos de justicia social; por el contrario, se deben edificar los cauces a través de los cuales discurran los fenómenos económicos. 

La reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados es un buen comienzo, ahora falta que sea aprobada en el Senado. Entre los puntos se encuentra aquel que versa sobre la libertad de formar parte de negociaciones colectivas por parte de los trabajadores. Es impensable argumentar que existe un piso parejo entre un trabajador y un capitalista. Sin embargo, se busca implementar una democracia sindical que evite los abusos de los líderes sindicales. 

 

La inconsistencia de López Obrador en su crítica al neoliberalismo

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El modelo neoliberal representó una ofensiva contrarrevolucionaria por parte del ala conservadora internacional. Este programa político, económico y social levantó la antorcha de la libertad económica y convirtió al mercado en una verdad metafísica como el mejor mecanismo para la asignación eficiente de los recursos escasos. 

En el campo de la teoría económica, el marco conceptual keynesiano -sustento teórico al llamado Estado de Bienestar- fue criticado por un renovado paradigma neoclásico: un cuerpo de teorías, conceptos y postulados que veían en el intervencionismo económico el gran mal de los problemas sociales. Como dijo Ronald Reagan -el presidente neoliberal, junto a Margaret Thatcher, por antonomasia-, el gobierno no es la solución, sino el problema. 

Ante la insuficiencia conceptual del modelo keynesiano, incapaz de explicar algunos fenómenos económicos como la estanflación, las crisis económicas de los años setenta y el desmoronamiento de los países socialistas, el Estado de Bienestar parecía destinado a desaparecer. 

A partir de la crisis de la deuda de 1982, los países latinoamericanos implementaron el modelo neoliberal; ello con excepción de Chile, el cual a partir del golpe de estado de Pinochet en 1973 al régimen populista de Salvador Allende llevó a cabo políticas de corte neoliberal.

En México, la crisis de la deuda generó un cambio en la élite del poder político, una cohorte relativamente homogénea que compartía una misma visión de la que deberían ser las políticas económicas: reducción de los impuestos, solvencia fiscal, apertura comercial, libre movilidad de la inversión extranjera, desregulación del mercado laboral y privatización de las empresas paraestatales. Con ello, los economistas sentenciaban a un Estado omnicomprensivo, rector del proyecto de industrialización dictaminado en la Constitución y se volcaban a los beneficios del mercado y la libre empresa. Que no sea el Estado -paternal y omnipotente- quien emprenda el camino hacia el desarrollo, sino la función empresarial y el libre juego del mercado. 

Esta transición en el modelo económico es el que critica fuertemente López Obrador. Como bien señala Silva Herzog (Reforma 08/04/19), el presidente ve en el neoliberalismo el origen de todos los males de México. Su retórica se centra cotidianamente en las graves consecuencias que han traído las políticas económicas neoliberales, sin percatarse que en su programa político y económico no propone ninguna transformación a las bases que definen al mismo neoliberalismo. 

El término neoliberalismo ha sido tan “manoseado” por la izquierda en sus críticas como por la derecha en sus alabanzas. Actualmente, el término adquiere una dimensión peyorativa y es utilizado, como lo hace López Obrador, para denostar a los economistas que llevaron a cabo el proyecto. Tal es el grado de ignorancia del presidente que le ha adjudicado a una universidad (ITAM) como el semillero de economistas neoliberales responsables de la situación actual del país. Mira al ITAM como una entidad monolítica en pensamiento, desconociendo la diversidad de pensamiento que existe entre sus docentes y estudiantes, y reduciéndolo a una herramienta discrecional de la burguesía nacional.

Es importante señalar que el objetivo de renovación del liberalismo occidental de finales del siglo decimonónico no representó un programa homogéneo, sino el encuentro de distintas visiones de lo que el liberalismo debería ser. Actualmente, estamos lejos del denominado laisser-faire del siglo XIX, el cual proponía un Estado mínimo y la anarquía del mercado. Por el contrario, el modelo neoliberal actual se aleja del propuesto por Hayek y Friedman, y se acerca al ordoliberalismo de Rüstow y Röpke, quienes proponían que el Estado debía generar los cauces jurídicos e institucionales (políticos y de mercado) a través de los cuales pudiera discurrir el juego del mercado. 

Por otro lado, la retórica de López Obrador es contradictoria con los programas que ha implementado. Silva Herzog es capaz de verlo claramente: López Obrador posee una visión antiestatista, no una de tipo economicista promovida por los neoliberales, sino moralista. Las críticas al Estado se centran en su ineficiencia y deterioro debido a la corrupción, por lo cual propone eliminar a la incompetente burocracia y destinar la ayuda filantrópica directamente a los beneficiados.

El programa de transferencias para el cuidado de los niños es una propuesta enteramente neoliberal. Los hacedores de las políticas neoliberales sabían que la ayuda del Estado a las clases más desprotegidas era necesario, pero no proponían un aumento en el impuesto a la renta, sino transferencias de suma fija, las cuales no distorsionan el equilibrio óptimo que genera el mercado. 

López Obrador busca lo mismo que los neoliberales ultraconservadores querían: reducir al Estado en un mínimo indispensable o simplemente a una dimensión simbólica. Puede ser que incluso López Obrador lleve este objetivo a niveles extremos. Eso parece indicar su desprecio por los marcos institucionales y la certeza jurídica. Así, el presidencialismo lopezobradorista se aleja del cardenista, el cual reconocía la importancia de la construcción de instituciones.

El banco central, la política monetaria y el crecimiento económico en México

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Existe una relación estrecha entre la política fiscal y la política monetaria. El gasto del gobierno puede ser financiado a partir de tres fuentes: recaudación a través de impuestos, endeudamiento (interno o externo) o emisión de papel-dinero. 

La razón por la cual el gobierno prefiere la última fuente sobre la segunda es por dos factores: por un lado, mientras los bonos poseen un costo (pago por servicios de la deuda), el dinero no acarrea intereses; por otro lado, el llamado impuesto inflacionario perjudica a los ahorradores y beneficia a los deudores. En este caso, si financia su gasto a partir de la emisión de dinero, éste es usado antes de que el aumento en la masa monetaria afecte los precios. De esa manera, para el público, la inflación representa un impuesto al consumo, ya que se desvaloriza la moneda y, por ende, ésta posee un menor poder adquisitivo.

Empero, la inflación tiene efectos nocivos para el bienestar social en general. Por un lado, distorsiona los precios relativos entre bienes y, por el otro, merma la acumulación del capital, es decir, desincentiva la inversión. 

La economía mexicana vivió periodos de hiperinflación en los años ochenta como consecuencia de políticas fiscales deficitarias y políticas monetarias expansivas. Es bueno que el consciente colectivo mexicano lo tenga presente. Asimismo, el gobierno ha aprendido del pasado y, ante ello, ha procurado cuidar los indicadores macroeconómicos. Ello fue posible, en parte, gracias a la autonomía del Banco de México.

El banco central tiene como prioridad velar por la estabilidad de los precios, lo que se traduce a mantener el poder adquisitivo del peso mexicano. Desde su autonomía, a principios de los noventa, este objetivo se ha cumplido en términos generales.

Empero, ¿el banco central sólo debe contener la inflación? o ¿es capaz de incentivar el crecimiento económico?

Estas preguntas entran a colación debido a que el próximo jueves (28 de marzo) la Junta de Gobierno de Banxico decidirá si mantener o no la tasa de referencia interbancaria (la tasa a la que se prestan los bancos). 

Existen múltiples factores de los que depende la decisión del Banco. En primer lugar, el miércoles pasado (20 de marzo), la Reserva Federal anunció que la tasa de referencia se mantendrá entre 2.25 y 2.5 en lo que resta del año. 

En la jerga monetaria la actitud de la FED se le denomina dovish (en contraposición con hawkish) e implica que el Banco desea incentivar la economía estadounidense. ¿En qué sentido? Manteniendo a una tasa baja el costo del dinero, es decir, promoviendo el crédito y con éste la inversión. 

Esta conclusión a la que llega la FED se alimenta de dos aspectos: una inflación esperada de 1.8% para el 2019 y el ajuste a la baja del crecimiento de la economía estadounidense (1.9-2.2%).

Asimismo, en el contexto internacional, las expectativas de crecimiento se encuentran a la baja, ante lo cual los bancos centrales del mundo han adquirido una postura laxa frente a la política monetaria; es decir, han incrementado el monto de dinero en circulación, lo que se traduce en tasas de interés más bajas. 

Actualmente en México, la tasa de referencia interbancaria a 28 días es de 8.5125%, muy por arriba de la de Estados Unidos. Si bien México posee un mayor riesgo, por lo cual debe de ofrecer una mayor tasa, la brecha es muy amplia. México posee, entre los países en desarrollo, las tasas más altas, sin contar a Argentina y Turquía, economías en situaciones de alerta.

Los bonos mexicanos, a la tasa actual, son bastante atractivos, más para aquellas economías que hoy tienen políticas monetarias laxas; sin embargo, debido a la amplia brecha, el Banco de México podría aventurarse a reducir la tasa de referencia interbancaria y, con ello, incentivar la economía nacional. Esta posibilidad se refuerza ante el anuncio del día de ayer (22 de marzo) del INEGI sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): la inflación anual es de 3.95%. Aunque el nivel de la tasa de crecimiento de los precios se encuentra por arriba de la inflación objetivo de Banxico (3%), a mi parecer está en niveles sostenibles.

Para combatir la pobreza, la economía mexicana debe de crecer a tasas cercanas al 5% anual. Actualmente, ante el panorama de desconfianza en el gobierno federal y el contexto de desaceleración de la economía mundial, el Banco de México puede ser un elemento, entre muchos otros, que ayude a impulsar la economía nacional.

López Obrador: el demiurgo político

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Existe una lógica detrás de la separación de los tres poderes, estrechamente relacionado con la separación de funciones. Cada uno de los poderes posee una función originaria y su composición atienda a dicha naturaleza.

La función legislativa comprende las actividades destinadas a formar el marco normativo. Bajo el principio de legalidad, las leyes le dan estructura y delimitan el funcionamiento a los otros dos poderes. Por ello, la función no puede recaer en una sola persona, sino que debe de diseminarse a lo largo de un colegiado que representa la heterogeneidad existente en la sociedad.

En el sistema presidencialista, mientras que la función del ejecutivo recae en una sola persona, lo cual responde a la eficiencia y rapidez para ejecutar lo estipulado en las leyes, la función legislativa debe ser el resultado de un ejercicio democrático entre los representantes del pueblo.

El marco normativa provee a la población certeza jurídica; claro, si el poder jurídico es capaz de velar por el cumplimiento de la ley. Por ello, la Constitución, pieza inicial y final del entramado normativo, genera la base para el discurrir político. En ella se integran los principios y máximas abstractas para la convivencia social y la edificación de un Estado.

Ante ello, el poder que le concede la ciudadanía a una mayoría calificada puede transformar constantemente el marco normativo y mermar la certeza jurídica. Ya Madison adelantaba el peligro del poder de la mayoría, guiada muchas veces por la pasión. Madison argumentaba que era necesario poseer mecanismos para hacer frente a los despliegues emocionales del vulgo.

La coyuntura mexicana presenta actualmente la capacidad de una mayoría calificada para modificar a placer la Constitución. Ello genera incertidumbre para la ciudadanía y para el entorno internacional. López Obrador posee la capacidad de alterar el marco normativo. Es decir, si en teoría la política debería estar sujeta al derecho, en el sexenio actual se invierten los términos: lo político define lo jurídico. 

El gran economista James Buchanan trasladó el enfoque económico a la esfera política. Para el economista de la Universidad de Chicago los funcionarios públicos no se diferencian de los agentes que actúan en el mercado. La teoría de la elección pública implica la búsqueda de maximización del prepuesto público para maximizar su bienestar. A través de un individualismo metodológico, en donde la política se reduce a la decisión atomizada, los funcionarios se orientan a partir de su interés personal y sus deseos egoístas.

Ante ello, existe la probabilidad de que surjan buscadores de rentas (“rent seekers”); es decir, hacer uso del poder para obtener beneficios, lo que implica que los recursos no se asignan de forma eficiente y el bienestar social cae.

Por ello, Buchanan postula la importancia de generar un entramado institucional que evite estos fenómenos. Es necesario un marco normativo rígido que prevenga la llegada de líderes populistas que tengan la capacidad de moldear dicho marco a su gusto.

Si bien el derecho mexicano es rígido -posee una dimensión axiológica- y su alteración implica procedimientos agravados, no existe un mecanismo que prevea este tipo de efervecencia política.

De esa manera, es necesario la presencia de una oposición partidista, legislativa y social que sirva como contrapesos. No podemos estar a merced del designio demiúrgico de una sola persona.

La importancia de los organismos constitucionales autónomos

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En entrevista con Carmen Aristegui, el ex ministro José Ramón Cossio Díaz señaló el cambio institucional y normativo en el cual se dio la aparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Siguiendo un sistema napoleónico, la Constitución de 1917 implicaba una concentración de poder en la rama del Poder Ejecutivo, sobre todo en la figura del Presidente. Se buscaba la centralización del poder ante las fuerzas centrífugas de poder regionales bajo los denominados caciques o caudillos. De esa manera, el Estado adquiría una influencia preponderante y las decisiones políticas se generaban a partir de un complejo e ineficiente entramado burocrático.

En cambio, en los años noventa y siguiendo un modelo estadounidense, el Estado comenzó a delegar algunas funciones técnicas. Los organismos constitucionalmente autónomos transformaron, mas no anularon, la teoría tradicional de la división de poderes. 

Dichos órganos representan un cuarto poder en tanto no se encuentran sujetos a ninguno de los tres anteriores. Sin embargo, ello no implica que se encuentren fuera del Estado, en tanto están regulados por la Constitución misma.

Según una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos autónomos poseen cuatro características esenciales: 1) deben estar establecidos directamente por la Constitución; b) deben mantener relaciones de coordinación con los otros poderes; c) deben contar con independencia financiera y funcional; y 4) deben atender funciones primarias u originarias del Estado para el beneficio de la sociedad.

Esas funciones son aquellas que poseen un alto grado de especialización y complejidad. Es decir, funciones que no deben encontrarse bajo el juego político, sino concentrarse en aspectos meramente técnicos.

Ello implica que sus funciones no se encuentran supeditadas a las visiones ideológicas o políticas, sino que se rigen por parámetros científico-técnicos o formales. 

Sin embargo, existen algunos, sobre todo entre la izquierda, que argumentan que las teorías y metodologías denominadas liberales se encuentran sesgadas ideológicamente. Inclusive existen argumentos absurdos como que el lenguaje matemático es un mecanismo ideológico usado para justificar las políticas liberales y extender la dominación burguesa. 

No niego que los sistemas teóricos en las ciencias sociales pueden encontrarse influenciados por elementos personales y sociales. Siguiendo el pensamiento kuhniano, reconozco que los conceptos y las teorías en las ciencias sociales carecen de universalidad y representan una cierta cosmovisión.

Asimismo, de forma extraordinaria Marx definió a la ideología de la siguiente manera: una visión parcial de la realidad. Sin embargo, el mismo Marx argumentaba que existía una verdad única acerca de la realidad, vislumbrada a través del materialismo histórico y la filosofía dialéctica. 

A mi parecer, las teorías sociales, incluyendo el marxismo, incluyen elementos políticos e ideológicos. Sin embargo, siguiendo a Schumpeter, pienso que existe una objetividad en las herramientas analíticas de las ciencias sociales y por ello es posible hablar de una evolución ascendente. Es decir, existen herramientas, métodos y técnicas que no dependen de la filiación política o ideológica, sino que expresan un elemento pragmático. 

Esas herramientas se traducen en funciones que se rigen por estrictos parámetros de tecnicidad y que no deben contaminarse con intereses políticos. Por ello, la autonomía de estos organismos es fundamental para cumplir sus precisas funciones. 

Hablaré de la importancia de los dos organismos que, a mi parecer, más han contribuido a la resolución de problemas y a justificar la edificación de un cuarto poder. 

El Banco de México fue una institución creada en 1925 para dar solución a dos problemas generados por el conflicto revolucionario: crear un clima de certeza de precios que atrajera  la inversión nacional y extranjera y un mecanismo de financiamiento para que el gobierno cumpliera las promesas sociales estipuladas por el Constituyente. 

Desde sus inicios, el Banco central planteó una postura conservadora en cuanto a la política monetaria y al financiamiento concedido al gobierno. El mismo Rodrigo Gómez a lo largo de su gestión (1952-1970) señaló que nunca sacrificaría la estabilidad de los precios por el crecimiento económico. 

La necesidad de su autonomía técnica -dejar de estar obligado a financiar mediante emisión de dinero al gobierno- fue evidenciada en las crisis de 1982 y 1994.

La función principal del Banco es velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ello lo logra a partir del control de la masa monetaria en circulación. Si bien existen críticas de su existencia -desde la izquierda hasta los denominados libertarios de la derecha liberal- no puede haber duda de su necesidad.

El otro organismo es el INEGI el cual tiene la función de generar y procesar datos estadísticos. Esta función es fundamental no sólo para el gobierno, sino para consumidores y productores. Como alguna vez señaló Friedrich Hayek, el sistema de precios es el invento involuntario más grandioso de la humanidad. Los consumidores y productores toman sus decisiones a partir de los precios de mercado con el fin de maximizar sus utilidades. Ello permite generar certeza en torno a las expectativas racionales. 

Sin embargo, el INEGI también genera datos en otros rubros, que permiten guiar y evaluar las políticas públicas del gobierno en turno. Por ello, cancelar catorce encuestas debido al recorte en el presupuesto designado al organismo puede ser nocivo para determinar la eficacia de las políticas del gobierno de López Obrador.

Como dijo el ex ministro Cossío Díaz, López Obrador propone el regreso a la ampliación de las funciones del Estado. Integrar nuevamente funciones especializadas y complejas en el Poder Ejecutivo implicaría exponerlas al vaivén de la política. 

López Obrador, quien ha aludido a una versión histórica acotada, debería reconocer la atrofia estatal cuando se busca centralizar funciones altamente especializadas.

Venezuela y el intervencionismo estadounidense en América Latina

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Las dos Guerras Mundiales fueron, en un sentido muy general, consecuencia de la contradicción entre el capitalismo y los imperialismos. Para ser claros, la contradicción no radica en términos absolutos, es decir, en la entidad conceptual de imperialismo como término singular, sino en su manifestación plural en un sistema global capitalista. Para que el capital subsista debe de reinvertirse constantemente, ya que de lo contrario perece ante la competencia. Empero, al tener rendimientos decrecientes -función creciente con tasas decrecientes-, el capital también debe de expandirse a regiones en donde la capacidad acumulativa no se encuentre saturada; es decir, en donde aún haya un atraso en la productividad y exista un alto grado de fuerza de trabajo sin ser explotada o en donde las mercancías no hayan llegado a saciar al máximo todas las necesidades de una población en específico. Por ello, las disputas por el dominio geopolítico y comercial entre las potencias coloniales de Europa se dirimieron en el aspecto bélico. 

A diferencia de las potencias europeas, el imperialismo estadounidense no chocaba contra otros imperialismos, y la dualidad capitalismo/imperialismo funcionaba sin fricción para convertir a Estados Unidos en la nueva potencia hegemónica. La acumulación de capital de los E.U. fue posible como consecuencia de una serie de factores: la sujeción de la oligarquía política, la mano de obra barata latinoamericana, la inversión monopólica de su capital, la regulación de precios a los productos manufactureros, la intervención militar y la retórica política e ideológica para justificar todo lo anterior, entre muchos otros.    

Pablo González Casanova en su ensayo Imperialismo y Liberación en América Latina apunta a que la intervención del imperialismo estadounidense en América Latina presentó variantes sustanciales por lo menos en tres periodos que van desde 1880 hasta  1973, en los cuales sus mecanismos y su retórica se fueron adaptando a las circunstancias.

El primer periodo que va de 1880 a 1933 se caracterizó por una intervención abierta y manifiesta, sobre todo en el aspecto político. A partir de un par de doctrinas descendientes de la “Doctrina Monroe” y la doctrina del “Destino Manifiesto”, E.U., desde Roosevelt a Wilson, se “acrecentó el sometimiento de las oligarquías latinoamericanas al poder imperial” para, así, reprimir cualquiera levantamiento que amenazara sus empresas monopólicas. Los dos principales mecanismos mediante los cuales se controló la política en América Latina fueron a través de la “Doctrina del Garrote” -la posibilidad de una actuación violenta como medio de presión en las “negociaciones”- y la “Diplomacia del dólar” -el uso del poder económico como garantía de concesión. A todas estas medidas “diplomáticas” se les puede encontrar una única base ideológica que las sustenta y que Theodore Roosevelt la sintetizó en una declaración: ante el desorden social resulta necesario la intervención de una nación civilizada que actúe como policía internacional.

En el segundo periodo que comprende de 1934 a 1959, la retórica política e ideológica alcanzó el apogeo del cinismo y la incoherencia empírica. La propuesta de E.U. para este periodo fue la de una penetración pacífica, una integración económica y una coordinación de fuerzas para constituir un sistema “panamericano”. Ante las amenazas de la expansión comunista, E.U. transformó su retórica, bajo los lemas “Buena Vecindad” y “Defensa Hemisférica”. 

Por último, en el tercer periodo (1960-1973), E.U. emprendió, nuevamente, la lógica militar de represión violenta ante cualquiera levantamiento revolucionario. A través de la CIA y la política de “desestabilización”, se aniquiló todo movimiento nacionalista, reformista y revolucionario; y también se derrocó cualquier gobierno conservador que no aceptara “la dependencia y explotación imperial”. Ante estas acciones, E.U. se exoneró de cualquier acusación señalando la exclusiva culpabilidad de las masas: “El pueblo hace la revolución. Nosotros sólo lo ayudamos”.

A todos estos discursos le subyacen el término orwelliano de doublethink. La única explicación para acceder a la intervención estadounidense en la región es si simultáneamente aceptamos dos creencias mutuamente contradictorias: el concepto de libertad y el concepto de intervencionismo. El objetivo de liberar a los pueblos latinoamericanos de la represión de los dictadores era a través de la intervención militar. Y así como en la obra de Orwell se necesitaba un Ministerio de la Verdad encargado de perpetuar falsedades, de la misma manera E.U. necesitó de una retórica democrática que justificara las intervenciones estadounidenses.

Ante la coyuntura venezolana, los aires del intervencionismo militar en América Latina resurgen y se prevé una nueva amenaza a su soberanía. Como expresó el ex Presidente de Uruguay, José Mújica, Venezuela necesita dos cosas: una puerta de escape y no acorralar a Maduro, ya que las consecuencias pueden ser desastrosas. El gobierno venezolano debe llamar a elecciones democráticas libres, en las cuales ni Maduro ni Guaidó participen. 

Los posibles efectos contraproducentes de los precios de garantía

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El programa de precios de garantía comenzado hace algunos días por el gobierno federal muestra un esfuerzo para impulsar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria. Centrándose en una población objetivo -pequeños y medianos productores-, los precios de garantía apuntan a productos como el maíz, el frijol, el arroz, el trigo y la leche.

Esto implica que los productores podrán vender, a través del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), su producto a un precio por arriba del precio de mercado. La Segalmex -una especie de CONASUPO, que no dio resultados en los años setenta y, en cambio, fue acusada de múltiples actos de corrupción- se encargará de comprar, almacenar, distribuir y vender dichos productos. Comprará a precios de garantía y venderá a precios de mercado, lo que significa una forma específica de subsidio.

SI bien el subsidio al campo es una práctica recurrente en todo el mundo, incluso en aquellos países que se proclaman como apologistas del libre comercio, el mecanismo y su objetivo parecen no ser los adecuados. 

Expondré tres razones por las cuales esta medida, en un principio bien intencionada, parece ser contraproducente. 

En primer lugar, y desde un fundamento microeconómico, es decir, desde una teoría de la acción del agente económico, el apoyo a pequeños y medianos puede afectar a los grandes productores. Esto porque, al poder competir a precios de mercado con los grandes consorcios productivos, aquellos serán capaces de arrebatarles parte de su poder de mercado. Ante ello, los grandes productores se verán tentados a bajar su precio. 

Los grandes productores saben que poseen costos marginales inferiores al de los pequeños y medianos productores (esa es la razón por la cual estos están recibiendo un subsidio), por lo cual son capaces de reducir su precio de venta y acaparar nuevamente el mercado.

Si el gobierno decide continuar con su política, entonces tendrá que destinar mayores gastos, ya que el diferencial entre precio de compra y precio de mercado aumentará. La empresa puede continuar bajando su precio de venta hasta llegar al nivel de su costo marginal; debajo de dicho nivel la empresa se abstendrá de producir. Con ello, a largo plazo, la política de precios de garantía resulta nociva para el bienestar de la sociedad. 

En segundo lugar, los precios de garantía generarán distorsiones en el mercado, ya que la asignación de recursos será ineficiente. Los recursos disponibles serán redirigidos desde sectores con mayores niveles de productividad, es decir, de aquellos en los que se puede aprovechar de forma más eficiente dichos recursos.

Asimismo, el subsidio para el programa de precios de garantía implica un gran gasto para el gobierno federal. Gasto que podría destinarse a otros sectores como el educativo o el de salud. 

Por último, la política de López Obrador no parece establecer condiciones para los productores subvencionados. El gobierno debería exigir como respuesta al programa el compromiso de los productores para aumentar su productividad. 

Si se desea conceder subsidios sin generar transformaciones en las estructuras productivas del campo, entonces la ayuda será de naturaleza asistencialista, lo cual no resuelve la problemática estructural del país. Es necesario generar programas y políticas con el objetivo de aumentar la productividad en el sector agrícola.

En el periodo denominado industrialización dirigida por el Estado de mediados del siglo pasado, éste, en un sentido paternalista, protegía a los productores nacionales en detrimento de los extranjeros. Un extenso grupo de empresarios le debe a esos gobiernos su extensa riqueza actual. Sin embargo, otros productores, ante el generoso apoyo gubernamental, adquirieron una actitud conformista, renuentes a aumentar su inversión para incrementar los niveles de productividad. Cuando llegó la apertura comercial en la década de los noventa, esta burguesía conformista no pudo competir con los productos extranjeros. Esto puede ocurrir con el programa de precios de garantía del gobierno actual. 

No hay duda de que los subsidios al campo son mecanismos justificados para salvaguardar la seguridad nacional. Más en el caso de México, quien en el proceso de apertura comercial salió perdiendo en el sector agrícola. 

Sin embargo, se deben buscar mecanismos alternativos que no representen medidas asistencialistas o esfuerzos espurios para transformar la estructura productiva. La única forma para afrontar la pobreza es a través del crecimiento económico, el cual depende de un incremento en los niveles de productividad.