López Obrador y un nuevo sujeto histórico

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Cuando Plutarco Elías Calles creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), colocó las bases para la institucionalización del poder. El tiempo de los caudillos, quienes ascendían al poder a través de “balazos”, se había terminado, y comenzaba así el tiempo de las instituciones. 

Sin embargo, el tiempo de las instituciones heredó bastante del tiempo de los caudillos, herencia integrada en el fenómeno conocido como presidencialismo. Los artículos 27º constitucional, sobre la propiedad original de la nación, y 123º, sobre las relaciones laborales, otorgaban al Poder Ejecutivo una amplia capacidad de acción. El presidente se convertía así en el mediador de todas las disputas entre los grupos y clases sociales. Fungía como arbitro al colocarse por encima de las confrontaciones y determinar su solución.

Junto a la institucionalización del poder político se dio su centralización y la supresión de poderes locales, el ostracismo de la élite terrateniente y eclesiástica del poder y la reivindicación del control y dirección de la educación por parte del Estado. Todo esto con el objetivo de generar un Estado interventor que fungiera como el rector del desarrollo del sistema capitalista a través de la industrialización del país. 

La centralización del poder político requería necesariamente construir una ideología que generara legitimidad en el nuevo régimen. Ante ello, la familia revolucionaria buscó colocarse como último enclave en la sucesión histórica mexicana. Desde el pueblo originario de los aztecas, pasando por la Independencia y la Guerra de Reforma, y ascendiendo con la Revolución mexicana, el nuevo régimen se justificaba como legítimo heredero de todo este proceso histórico. 

No por nada, se buscó reivindicar el origen precolombino a través de la producción de elementos pictóricas que generaran orgullo de nuestro pasado anterior a la llegada de los españoles. Asimismo, a través de la educación se logró imponer un tipo de historia acorde a los intereses del Partido Revolucionario. 

Esto es lo que intenta hacer López Obrador: configurar la historia para colocarse como legítimo heredero del devenir mexicano. Para el presidente actual, la historia se divide en cuatro grandes transformaciones: la Independencia, la Guerra de Reforma, la Revolución y su victoria electoral. Y de forma negativa, todas estas transformaciones son la antítesis de cuatro fenómenos: el periodo colonial, el imperio de Maximiliano, el Porfiriato y la etapa neoliberal. No es por lo tanto coincidencia que AMLO admire a personajes como Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. 

Benito Juárez enfrentó a los conservadores en la guerra de los Tres Años (1958-1961) y al imperio de Maximiliano de Habsburgo para liderar el periodo conocido como la Restauración. Como argumentó Emilio Rabasa en La constitución y la dictadura, la Constitución de 1857 permitió a Juárez convertirse en dictador al obtener facultades extraordinarias que permitieron prologar su estancia en el poder. López Obrador, si bien no apunta a una prolongación de su mandato, si ha comenzado a ejercer facultades que no le competen. 

Por su parte, Madero se enfrentó a la dictadura de más de treinta años de Porfirio Díaz. Si bien la de Madero fue en el ámbito político de la no relección, López Obrador compara esta oposición con la suya frente al periodo neoliberal de más de treinta años. 

En el caso de Lázaro Cárdenas, la admiración de López Obrador radica en la capacidad del primero en establecer las bases para un Estado corporativo, nacionalista e interventor: corporativo en el sentido de que el poder político está legitimado por una base social caracterizada por el estrecho vínculo entre el presidente y los líderes sindicales de obreros y campesinos; nacionalista en el sentido de priorizar la creación de un burguesía nacional y anteponer los intereses nacionales frente a los extranjeros; y desarrollista en el sentido de que el gobierno generara los medios para intentar colocar a la economía nacional en el camino del desarrollo.

Con ello, López Obrador busca colocarse como un nuevo parteaguas en la historia mexicana, al ser el legítimo sucesor de la Revolución y opositor del periodo neoliberal. Busca colocar al Estado nuevamente en el centro de la acción económica -por ejemplo, hacer de PEMEX nuevamente la empresa productiva del país que lidere el crecimiento. 

Para ello, buscará rehacer la historia, enalteciendo su figura como sujeto transformador y vilipendiando el periodo de liberalización económica. Esta monumental empresa de depuración ideológica ya ha comenzado en el ámbito de las letras, la ciencia y el arte. Se busca redefinir estos campos para que estén acordes al proyecto de la 4T. Resoplan los juicios de inquisición ideológica al denostar la opinión ajena, en tanto que aquel que no apoye el movimiento hercúleo se encuentra del lado equivocado de la Historia.   

La nostalgia por la rectoría del Estado: apuntalar a PEMEX como motor de crecimiento representaría un error

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López Obrador mira con nostalgia el modelo nacionalista de los gobiernos posrevolucionarios. Alaba la incidencia del Estado en la actividad económica en un contexto de industrialización. El programa posrevolucionario, comenzado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, buscó desarrollar el sistema capitalista a partir de la rectoría del Estado. 

Sin duda la economía creció considerablemente en los modelos de desarrollo estabilizador (1958-1970) y desarrollo compartido (1970-1982), sin embargo, se implementaron en un contexto internacional distinto al actual. 

Bajo las críticas a las políticas de una economía de laisser-faire y una gran aceptación por el marco teórico keynesiano, las economías buscaron proteger las industrias nacionales ante la competencia extranjera, así como un aumento en la búsqueda de bienestar social a partir políticas redistributivas.

En la actualidad, las economías nacionales se encuentran integradas en la economía mundial. La importancia del sistema global de comercio para la economía mexicana es tal que la suma de las exportaciones e importaciones representan casi el setenta por ciento del Producto Interno Bruto. 

La entrada de México al GATT (ahora Organización Mundial del Comercio) y la búsqueda de integración económica con Estados Unidos y Canadá implicaron una liberalización de la economía sin precedente. Como señaló la revista británica The Economist a principios de los noventa, en unos cuantos años la economía mexicana pasó de ser una de las más cerradas a una de las más abiertas. 

Si bien López Obrador no ha argumentado en contra del comercio exterior (¡actualmente sería impensable regresar a una autarquía!), sí ha mencionado políticas económicas que aluden a ese pasado supuestamente glorioso. 

Por ejemplo, la insistencia de generar el renacimiento productivo de PEMEX como motor, no sólo de los ingresos federales, sino del PIB, puede resultar perjudicial. Entre algunos de los resultados positivos del periodo denominado neoliberal -el mejor es sin duda la estabilidad macroeconómica- es la conversión productiva, pasando de bienes primarios, entre ellos el petróleo, a bienes manufacturados, principalmente en la industria maquiladora. 

El petróleo es un commodity, lo que implica estar expuesta a choques externos que generan altos niveles de volatilidad. Ante ello, los gobiernos posteriores a la crisis de la deuda de 1982 buscaron blindarse sustituyendo la dependencia de bienes primarios por bienes manufacturados, los cuales no son tan sensibles a choques externos. 

Empero, a nivel de ingresos federales es cierto que los ingresos petroleros representan un porcentaje importante del presupuesto del gobierno federal. Ante la baja de los precios del petróleo y la creciente deficiencia productiva de PEMEX comenzada desde Felipe Calderón, el gobierno federal ha generado menores ingresos. Por ejemplo, para el periodo enero-mayo de 2012 los ingresos petroleros del gobierno federal representaron 42.8 % de los ingresos presupuestarios, mientras que para el mismo periodo de 2019 estos representaron tan sólo 17 % de los ingresos totales. 

La búsqueda de una mayor percepción de ingresos no debe implicar apuntalar al petróleo como motor de crecimiento económico. Por supuesto se debe buscar sanear las finanzas de PEMEX e generar inversiones para incrementar su producción; sin embargo, eso no significa colocar otra vez al petróleo como prioridad nacional, menos aun en un contexto internacional de transformación de fuentes de energía, de combustibles fósiles a energías sustentables. 

Si el gobierno federal desea incrementar sus ingresos debe de cambiar la estructura tributaria y hacerla más eficiente. Debe de combatir la informalidad, un fenómeno que emplea a más de la mitad de la población ocupada. De esa manera, se solucionaría la principal causa del estancamiento en productividad y, por ende, de crecimiento económico y, al mismo tiempo, se conseguiría ensanchar la bolsa del erario.   

El sistema de salud mexicano y la necesidad de la cobertura universal

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Uno de los temas más relevantes a los que se enfrenta el gobierno de López Obrador es detener el deterioro del sistema de salud mexicano. El modelo actual implementado en los años de la posguerra no parece resolver la problemática actual de la cobertura. 

Existen dos grandes sistemas de seguridad social (salud y pensiones), uno de origen alemán y otro de origen inglés. El primero se le conoce como modelo “bismarckiano” que nació en 1883 en Alemania, diseñado por Otto Von Bismarck. Bajo esta modalidad el Estado funge como gestor, definiendo la composición de las aportaciones para cubrir los costos de sanidad y de retiro. La cobertura se encuentra sujeto a un empleo formal y se financia a través de las aportaciones conjuntas del empleado, el empleador y, en algunos casos, el Estado. 

Por otro lado, encontramos el modelo de Beveridge, implementado en Reino Unido en los años de la segunda Guerra Mundial. En 1941, el gobierno inglés le encomendó a William Beveridge la tarea de llevar a cabo un análisis sobre las deficiencias del seguro social.

Beveridge observó que la sujeción de la seguridad social a la condición laboral generaba ineficiencias en la distribución de los servicios. Ante ello, este modelo propone la universalización de los servicios de salud financiado a partir de impuestos generales y uniformes, independientemente del nivel de renta del asegurado. La financiación depende en su mayoría del presupuesto del Estado, con lo cual éste no es un simple gestor, sino que administra y presta los servicios. 

En este mismo sentido, se puede hacer una serie de tipologías de la seguridad social: socialdemócrata, en el cual el Estado proporciona, por fuera del mercado, beneficios universales y homogéneos que son financiados con altas tasas impositivas; corporativo, en el cual la fuerza política de algunos sectores sociales les provee acceso a grandes beneficios y se encuentra sujeto a su posición laboral; y el liberal, en el cual el Estado transfiere recursos a la población más desprotegida, dejando al resto a disposición del mercado.

En el caso mexicano, el Estado posrevolucionario emprendió el modelo bismarckiano y ha integrado algunos elementos del modelo Beveridge desde los años ochenta. El gobierno mexicano benefició a algunos sectores sociales, sobre todo los que se encontraban sindicalizados, otorgándoles grandes prestaciones y beneficios.

En México, desde la creación del IMSS y del ISSSTE, trabajadores formales en el sector privado y público tienen la posibilidad de recibir servicios de salud y de seguridad social (pensiones) a partir de una cuota que se les descuenta de su salario o sueldo. Las otras partes del financiamiento son generadas por los patrones y el Estado.

Dado que la prestación de servicios del IMSS, ISSSTE y PEMEX están condicionadas al trabajo formal, existe toda una población que no puede acceder a ellos. Para ello, durante el sexenio de Vicente Fox y bajo la titularidad de Julio Frenk Mora en la Secretaria de Salud, se implementó el llamado Seguro Popular (SP), el cual buscaba cubrir las necesidades según una estructura de cuotas dado los ingresos de las familias que no contaban con trabajo formal. Si bien el proyecto era necesario, su implementación dejó mucho que desear, ya que los “gastos de bolsillo” -aquel gasto adicional que hacen las familias con SP para atenderse en hospitales privados por falta de atención en los hospitales asignados por el Seguro Popular- no descendió, sino que aumentó.

En las últimas décadas, las crecientes demandas de seguridad social sobre el IMSS han puesto en duda su viabilidad financiera para seguir prestando los servicios de los derechohabientes, dado que su capacidad de inversión se ha visto acotada. Según datos del IMSS, publicados por Reforma (06/07/2019) el pago de pensionados y jubilados equivale al 19 por ciento de su gasto. Si bien el Seguro Social cerró con un superávit de 14 mil 766 millones de pesos, sus pasivos llegaron a 290 mil 400 millones de pesos en 2018, 29 mil millones de pesos más que el año anterior. Según el IMSS, esto se debió al incremento de las aportaciones financieras que está obligado a hacer, las cuales representaron el 7.5 por ciento de su gasto.

En su visita al estado de Chiapas, López Obrador planteó integrar el IMSS y el ISSSTE al Seguro Popular (al cual obviamente le cambiará el nombre), para dar cobertura universal, es decir, prestar servicios tanto a derechohabientes como a la población abierta.

La descentralización del sistema salud que se intentó llevar a cabo en los sexenios pasados fue un fracaso. La corrupción, ineficiencia y displicencia de los gobiernos locales generó una seria degradación de las prestaciones sanitarias. 

Si bien la centralización acarrea sus problemas, en este caso parece ser necesario. Pero para ello, López Obrador deberá conciliar los distintos intereses de los trabajadores del IMSS -quienes tienen mejores prestaciones que los del SP. Si quiere integrar las distintas instituciones deberá saber dialogar y convencer a los implicados de los beneficios. Esperemos que haga un mejor trabajo que lo que observamos en el caso de la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional. 

Las políticas públicas de López Obrador: un Frankenstein sin cabeza

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El siglo XX vio la confrontación entre dos sistemas de producción, confrontación que se traduce, a su vez, en un debate teórico: capitalismo y socialismo. Para Marx, el capitalismo es un modo de producción basado en la regeneración constante del capital a partir del alargamiento del trabajo excedente. El capital incrementa la productividad del trabajo, acortando el tiempo de trabajo necesario para el pago de la subsistencia del trabajador, con lo cual incrementa la plusvalía, que es lo mismo que la ganancia. Esta insistencia de regeneración por parte del capital provoca la precarización cada vez mayor del trabajo asalariado y la concentración de la riqueza por parte del capital.

Para la corriente liberal, el socialismo implica la centralización de los medios de producción por parte del Estado. Ya no es el mercado el que asigna los recursos productivos, sino un planificador central, quien decide cuánto, de qué manera y en qué medida producir. La centralización de toma de decisiones en el ámbito económico conlleva a la intervención creciente del gobierno en la esfera individual. Asimismo, dado que no existe un sistema de precios, debido a la inexistencia de la propiedad privada y, por ende, a la supresión de todo intercambio, el planificador central no es capaz de conocer las preferencias de consumo de cada uno de los individuos. Ante ello, el socialismo es más ineficiente que el capitalismo.

En la posguerra, se buscó una tercera vía que evitara las distorsiones del mercado y que no desembocara en un totalitarismo: el Estado de bienestar. Este modelo se basaba en la intervención del Estado en actividades económicas primordiales para la sociedad, pero que el mercado no podía proveer -salud, seguridad social, educación, etc. 

En México, los gobiernos posrevolucionarios se adjudicaron el objetivo de impulsar el desarrollo. Ante la falta de una burguesía nacional, el Estado se convirtió en el rector del proceso de industrialización a través de su intervención en distintos rubros de la economía.

La centralización de la economía normalmente va de la mano de la concentración de poder político. Durante esos años, México estuvo bajo un régimen semi-autoritario y corporativo, en el cual toda decisión cruzaba por el Poder Ejecutivo.

Las irresponsables políticas monetaria, fiscal y cambiaria de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, aunado a choques macroeconómicos exógenos, llevaron a la economía a una crisis de endeudamiento, que terminó en la declaración de moratoria en 1982. 

Ante tasas de inflación de tres dígitos y un alto endeudamiento, el gobierno tuvo que reestructurar sus políticas económicas: disminución del déficit fiscal, control de la inflación, privatización de empresas paraestatales y apertura económica, entre otras. Como en otras latitudes del mundo, México comenzó su proceso de liberalización económica, colocando a las exportaciones y a la inversión extranjera como los ejes del crecimiento económico.

El modelo de apertura económica y desregulación del mercado continua actualmente, incluso con la llegada de López Obrador al poder. No parece haber indicador alguno que haga pensar que los pilares del llamado neoliberalismo vayan a transformarse. Al contrario, en algunos puntos, López Obrador es aun más conservador que los gobiernos anteriores.

Los neoliberales ortodoxos, como Milton Friedman, aplaudirían las transferencias monetarias a las madres de familia para pagar servicios de guarderías. Según la teoría económica en boga, dichas transferencias no distorsionan el equilibrio del mercado, con lo cual no hay pérdida de eficiencia en la asignación de recursos. 

El otro punto, por el cual sería aplaudido, es el programa de austeridad emprendido como eje central de su gobierno. Los postulados del neoliberalismo indican que el gobierno debe de mantener sanas sus finanzas públicas, abstenerse de fomentar el gasto social y la inversión pública, los cuales deben de recaer en la iniciativa privada. 

Sin embargo, en un contexto de incertidumbre, en el cual se desincentiva la inversión y la confianza del consumidor se desacelera, la estrepitosa caída del gasto presiona aún más al crecimiento económico. 

El gasto público para el primer trimestre es preocupante, no porque sobrepase el gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sino por el subejercicio que existe en casi todas las ramas. Inclusive en los ramos prioritarios en la política pública del gobierno -Trabajo y Previsión Social y Bienestar- el gasto observado ha sido menor al gasto programable -79.8% y 15.7%, respectivamente. Se debe tener en cuenta que la STPS, la cual integra al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, vio su presupuesto aumentarse en más de 800% respecto al PEF del 2018 en términos reales.  

La retórica de austeridad ha llevado también a la eliminación de intermediarios. Por ejemplo, no se cuestionan las prácticas de corrupción en la distribución de medicamentos en el sexenio anterior, sin embargo, el gobierno federal no tiene la capacidad para distribuirlos a los distintos hospitales públicos a largo del país. 

López Obrador ha tomado lo peor del modelo neoliberal -asfixia fiscal y transferencias monetarias-, y desechado sus aspectos más valiosos: el cálculo económico y la confianza en las estadísticas. El primero le mostraría la inviabilidad de la refinería de Dos Bocas y las segundas le advertirían que la economía del país no va “requetebién”. 

Trump y PEMEX: dos problemas que agravan el panorama de México

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La semana pasada el país sufrió dos embates que pusieron a la economía a temblar. Por un lado, el presidente de Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas si el país no colaboraba con la política migratoria estadounidense. Por el otro lado, Moody’s y Fitch ajustaron las calificaciones de la deuda soberana y de PEMEX. Si bien la primera se mantiene en niveles de inversión, la de Petróleos Mexicanos descendió al umbral de especulación (“bono basura”). Eso significa que el precio de los bonos de la petrolera será más bajo y la tasa de interés a pagar será más alta. Esto se traduce en mayores complicaciones para el financiamiento de la petrolera más endeudada de todo el mundo.

Según la calificadora Fitch, el ajuste en la calificación de PEMEX es debido al panorama de incertidumbre que genera la paraestatal, referente a su alto apancalamiento y a sus bajos de niveles de producción. Asimismo, la incertidumbre aumenta en tanto que PEMEX se encargará de la construcción y operación de la refinería en Dos Bocas; una inversión que para muchos es inviable financiera y operativamente. Además del aumento en el gasto por las condiciones del terreno y el tipo de crudo de la región, el costo de oportunidad de la inversión es considerable. Dentro de la industria petrolera, la refinación es el proceso menos rentable. El gobierno mexicano debería enfocarse en su ventaja comparativa, reorientando esa inversión a exploración y a impulsar la producción de PEMEX.

Por otro lado, si bien se han implementado estrategias para reactivar a la petrolera, a través de capitalización y reasignación fiscal, entre otras, estas no parecen disminuir la incertidumbre alrededor de la paraestatal. El gobierno mexicano todavía no entiende que el problema de PEMEX no es solamente de liquidez, sino de solvencia. 

Paradójicamente, la insistencia de AMLO de apuntalar nuevamente a Petróleos Mexicanos como una gran petrolera que vuelva a aportar sustancialmente a los ingresos federales puede significar el último clavo de su ataúd. Y lo que resultaría peor, su situación financiera podría arrastrar consigo a las finanzas públicas y mermar la estabilidad macroeconómica del país. 

El otro tema no tiene su causa en las malas decisiones de este gobierno, aunado a la corrosiva corrupción del sexenio pasado, sino que alude a una variable exógena. Algunos parecen estar sorprendidos de la asimetría de poder entre Estados Unidos y México. Eso no es algo nuevo, desde el nacimiento de México como país, la relación entre ambos países es de subordinación. Empero, el contexto global de antaño jugaba a favor de México. Sobre todo, en el contexto de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos buscaba evitar la propagación del comunismo en América Latina. Esto le permitía a México tener una moneda de cambio para apaciguar dicha relación.

Por otro lado, el problema de la migración no es algo reciente. Desde la segunda mitad del siglo pasado, la confrontación por la migración y el narcotráfico han sido temas centrales en la política exterior con Estados Unidos, tal que condicionaban los acuerdos de comercio entre ambos países. 

El gobierno mexicano debe entender que la amenaza de los aranceles no es un asunto comercial, ni siquiera un asunto migratorio, sino un asunto totalmente electoral. Trump, el presidente pragmático por antonomasia, ya apunta a las elecciones del próximo año. Sabe que colocar a los inmigrantes como chivo expiatorio, culpándolos de todos los males que sufre Estados Unidos, lo puede llevar nuevamente a ganar los comicios federales. 

Era necesario evitar la imposición de aranceles, si bien el tipo de cambio hubiera absorbido en su totalidad el arancel de cinco por ciento, el costo del servicio de la deuda hubiera aumentado y la incertidumbre que el país vive se hubiera intensificado. Sin embargo, el costo de evitar lo anterior es sumamente alto, ya que le otorgamos el poder a Trump de jugar la carta de los aranceles cuando crea que México no está cooperando. 

Nos comprometimos a fortalecer los esfuerzos en la frontera sur, lo que se traduce en regresar a más migrantes centroamericanos, así como recibir a aquellos que sean deportados desde Estados Unidos. Trump no entiende que la ola de migración proveniente de Centroamérica es culpa, en parte, de la política exterior de Estados Unidos. La desestabilización de esos países fue generada por el gobierno estadounidense en los años ochenta, poniendo y quitando dictadores, y generando pobreza y marginación. 

Estamos a merced de un megalómano que hará cualquier cosa para poder mantenerse en el poder, incluso si en el intento aniquila a sus socios comerciales. Trump está dispuesto combatir por la victoria -y ganará- sin importar que sea una victoria pírrica. 

El caudillo moralista

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La estructura mental del hombre tiende a encasillar fenómenos sociales en esquemas previamente programados con el fin de interpretarlos y actuar en torno a ellos.

Con la revolución epistemológica de Kant y debido a grandes teóricas en las ciencias sociales -Weber en sociología o Mises en economía-, diversas corrientes han aceptado que los fenómenos no se conocen en sí, sino sólo para el interprete. Empero, ello no merma la cientificidad del estudio, puesto que la estructura mental se encuentra sujeta a leyes universales que pueden conocerse a través de la introspección. Por ejemplo, para la economía, no habrá agente económico que le genere mayor satisfacción la segunda cerveza que la primera. Esta sencilla máxima universal, llamada en el argot económico como la utilidad marginal decreciente, dio pie al gran esquema teórico que en la actualidad rige a toda la economía. 

Sin embargo, no olvidemos que en las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, los intérpretes del objeto de estudio son, a su vez, el objeto; es decir, el sujeto congnoscente se convierte en el objeto congnoscible. 

Diariamente, observamos fenómenos y los interpretamos a partir de un marco previamente construido que se integra por nuestras vivencias personales en un contexto culturalmente determinado. 

Y así como sugiere el primer Wittgenstein, el límite de nuestro pensamiento se define por el límite de nuestro lenguaje. Aquello que no es nombrado, no es que no exista para nosotros, simplemente genera distorsiones en nuestro pensamiento.

Eso es lo que ocurre con nuestro gobierno actual. ¿Cuál es la postura ideológica de López Obrador? Es decir, cuando interpretamos las acciones tomadas por Morena, el gobierno federal o el mismo AMLO, imputamos nuestros esquemas interpretativos, construidos a partir de experiencias anteriores, para dotarlos de sentido. 

De esa manera, nos preguntamos, en cuál ideología encaja la postura política, económica y social de López Obrador: ¿conservadora, liberal, socialista, keynesiana, populista, pragmática? Analicemos brevemente dos decisiones ideológicamente contradictorias que ha tomado López Obrador. 

El eje central de su discurso es un combate frontal hacia la corrupción, puesto que, como el mismo señala, es la causa máxima de todos los problemas de México. Con ese argumento canceló -sí porque la cancelación fue una propuesta a priori, no una consecuencia de la voluntad general. el aeropuerto en Texcoco. Con ello, mostró un ataque frontal en contra del gran capital, aquella rampante entidad metafísica que es causa de la explotación de los trabajadores. 

AMLO acusa la sinergia entre la clase política y la clase económica; algo que desde el siglo XIX Marx ya señalaba: el Estado es el aparato represivo en posesión de la clase dominante. A lo anterior habría que añadirle toques de populismo, puesto que con su retórica ha generado la creencia que es el pueblo el que toma las decisiones del devenir de nuestra nación. Suenan los ecos del binomio Rousseau-Robespierre: el teórico inocente y el mal intérprete. O, en la situación mexicana: aquel pueblo deseoso de un cambio, desde donde se engendra la voluntad general, y el político que se apropia de esa voluntad general y la moldea según su designio.

La segunda decisión es general y de forma: la austeridad. AMLO ha señalado que el país no va a incrementar la deuda soberana y disminuirá el déficit fiscal. Esta propuesta no es propia de los regímenes populistas o socialistas; por el contrario, la austeridad es una propuesta de la corriente neoliberal. No debe ser el Estado el que genere la inversión pública y el gasto social, sino la iniciativa privada. 

Sin embargo, las actuaciones del gobierno han generado que la iniciativa privada se vuelva precavida, generando caídas en la inversión y colocando en niveles insuficientes el crecimiento económico de México.

Los gobiernos de izquierda, sobre todo en América Latina generaron crecimiento económico gracias a la intervención activa del Estado. Empero, en muchos casos, esos gastos desmedidos y la indiferencia ante la estabilidad macroeconómica provocaron problemas devaluatorios y de inflación. Argentina está pagando actualmente las políticas populistas de los Krichner.

En este sentido, AMLO se distancia de los populismos latinoamericanos, así como de la izquierda progresista. En cambio, aparece como un gobierno precavido en el gasto deficitario, así como en la estructura de dicho gasto. La sustitución de las escuelas infantiles por transferencias directas es una política enteramente neoliberal, en tanto no modifica aspectos estructurales, sino que representa medidas simplemente paliativas. 

Por otro lado, su aberración al Estado es otro ejemplo del parecido con la corriente neoliberal. Si bien no es por cuestiones económicas, sino morales. AMLO le adjudica a la torpe y entumida burocracia el desperdicio de recursos. Por ello, quiere deshacerse de cualquier intermediario y desde su persona comenzar a repartir las dádivas a su gusto, sin tomar en cuenta consejos, datos o propuestas distintas. La primera víctima parece ser el sector salud. Significa debilitar a las instituciones del Estado y fortalecer la figura del presidente: un retorno al caudillismo. 

Andrés Manuel López Obrador no parece invocar a la vieja izquierda o a sus derivados populistas -si bien es cierto que invoca siempre al pueblo como causa de alguna acción que emprenda-, pero tampoco parece ser un liberal que respete en sus últimas instancias las libertades y las instituciones. Habrá que conceptualizar la figura de AMLO para colocarlo en alguna corriente ideológica, o construir una nueva. Se me ocurre “el caudillo moralista”.

La meritocracia y la reforma educativa

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La educación va más allá de la acumulación de conocimientos; incluye la formación de una cosmovisión. Es decir, moldea la estructura mental a partir de la cual vivenciamos nuestra realidad circundante. 

La reforma educativa de Peña Nieto se presentaba como una reforma necesaria para corregir aquellas prácticas que mermaban la educación pública del país. Su discurso se centró, principalmente, en el concepto de meritocracia. 

Este concepto es en realidad una quimera, un estado inexistente en la realidad mexicana. Esta implica que el esfuerzo es premiado, y aquel que consiga el objetivo planteado es porque necesariamente es el mejor de todos. 

La tradición liberal ha elevado al individuo por encima de la sociedad. Es el individuo, a través de su libertad, el único responsable de su situación. Con ello, dota al individuo de grandes facultades, capaz de transformar su realidad a partir de su volición.

El reduccionismo individualista pasa por alto las estructuras sociales que permiten o inhiben el pleno desarrollo de las personas. Ya Durkheim a finales del siglo XIX había precisado que algunos fenómenos, tomados como enteramente psicológicos, son en verdad sociales. En su obra El suicidio, Durkheim postuló la tesis de que el suicidio es un hecho social, en tanto que es general, coercitivo y externo a los individuos; es decir, el suicidio, como la criminalidad y las adicciones, no recae solamente en las personas, sino que es consecuencia de formas sociales que inhiben la integración de las personas dentro de la sociedad.

Lo mismo ocurre con la educación. Se ha justificado la imposición de exámenes de admisión a estudiantes a partir de la meritocracia. Para que exista eso, necesariamente los aspirantes deben comenzar en un mismo nivel y adquirir las mismas herramientas para poder hablar de una competencia justa. Sin embargo, ello resulta imposible en un país tan diverso culturalmente como México. No es lo mismo las herramientas adquiridas a lo largo de la vida de un niño en la Ciudad de México que un niño criado en las costas de Guerrero o en la sierra Tarahumara.

Y es aquí cuando el concepto de educación debe de construirse de forma más integral. La educación, en general, no es simplemente la absorción de conocimiento, sino una forma de percibir nuestro entorno. Es saber ser con y en el mundo, saber de qué manera actuar. Es una vivencia continua a través de múltiples formas de conocimiento, que no se reducen a las técnico-científicas. 

Por ello, es fundamental tener docentes que reconozcan la situación histórico-cultural de cada niño en México, y no caer en el absurdo de promover maestros en función exclusivamente de su nivel de conocimientos propios de cada materia. Eso es lo que significa fomentar una educación integral, no sólo que el alumno aprenda matemáticas e historia de México, sino que pueda reconocerse como parte de la sociedad y capaz de fortalecer el tejido social, el cual hoy en día se encuentra desgarrado. 

La educación debe ser el primer mecanismo del Estado para generar cohesión social, necesaria para el pleno desarrollo de los individuos. 

El proyecto educativo durante el sexenio de Cárdenas, periodo en el cual se impuso una educación socialista, era que los docentes fueran los conductores del alumnado en búsqueda de mejores condiciones de vida. El maestro se convertía así en un mentor y protector de la situación económica, social y cultural de los alumnos.

Esta es la razón por la cual la reforma educativa de Peña Nieto fue llamada neoliberal, en tanto fomentaba un sistema meritocrático engañoso e inoperable para la situación de México. Dicha reforma reducía a los docentes a meros distribuidores de información, lejos de lo que el país necesita actualmente. 

Sin embargo, ello no implica que la reforma educativa propuesta por Morena vaya en un mejor camino. Ni la reforma de Peña Nieto ni la de López Obrador parecen haber entendido la importancia de la educación y la generación de una regulación innovadora. 

El primero olvidó la importancia de la educación integral y el papel que juegan los docentes en la constitución de una forma de ver el mundo para los alumnos. El segundo, por su parte, ni siquiera le preocupa el tema educativo en sí, sino que busca una nueva victoria política con el apoyo del magisterio. 

Nadie niega la apropiación de plazas por parte de los docentes y su ambición por mantenerlas, sin siquiera preocuparse por el alumnado. El Congreso debe necesariamente acabar con los dos grandes males respectivos de cada proyecto educativo: el reduccionismo de la educación y su justificación meritocrática y la negación de sustraerle el poder político a un magisterio ambicioso.   

La reforma laboral a la luz de la economía internacional

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Los dos modelos clásicos de la economía internacional implican que cualquier economía se verá, en general, beneficiada por el comercio exterior. El primero es el formulado por David Ricardo, quien atribuye los beneficios a las ventajas comparativas y no absolutas como afirmaba Adam Smith. Ricardo afirmaba que los países tienden a especializarse en aquellos bienes en los cuales tienen una mayor productividad relativa respecto a otro país.

El segundo modelo clásico es el formulado por Eli Heckscher y Bertil Ohlin quienes, partiendo de las ventajas comparativas de Ricardo, afirman que los países tienden a exportar aquellos bienes cuya producción es intensiva en el factor abundante en el país. 

Ambos modelos, así como sus derivados, argumentan que el comercio internacional es siempre benéfico para todos los países involucrados. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX, la corriente estructuralista negaba este argumento de la economía neoclásica y aseguraba que los países periféricos se encontraban en una posición de desventaja frente a los países del centro. La CEPAL, quien promovía un enfoque histórico de la economía, alejado de la abstracción teórica del paradigma neoclásico, postulaba que los países que exportaban bienes agrícolas y materias primas sufren el deterioro en los términos de intercambio a diferencia de los países que exportan bienes manufactureros, los cuales se benefician. 

Por ello y debido a otros factores estructurales de América Latina -heterogeneidad en productividad y baja capacidad de diversificación- los economistas de la CEPAL proponían medidas proteccionistas en algunos sectores para esta región. 

Desde los años ochenta, bajo el modelo neoliberal, la tendencia de la economía internacional ha sido la de la apertura comercial. Al igual que en el mundo, la apertura comercial en México es reciente. El país entró al GATT, hoy Organización Mundial del Comercio, en 1986 y firmó un tratado de libre comercio junto a Estados Unidos y Canadá en 1994. 

Si bien, en términos generales, el Tratado ha sido benéfico para la economía mexicana, algunos sectores se han visto altamente perjudicados por la apertura, debido a sus bajos niveles en competitividad. Por otro lado, los sectores beneficiados lo han conseguido principalmente por ofrecer una mano de obra barata. 

En el nuevo tratado denominado T-MEC, la cuestión laboral se encuentra como eje central y no, como lo era en el TLCAN, una propuesta paralela del gobierno estadounidense. Estados Unidos argumenta que México cae en prácticas de dumping al promover salarios extremadamente bajos. Por ejemplo, para enero 2019 el salario en el sector manufacturero era de 2.4 dólares por hora en México, mientras que en Estados Unidos era de 21.8. 

La competitividad de un país en el comercio exterior no debe darse a partir del bajo precio de la fuerza laboral, sino a partir de un esfuerzo por aumentar estructuralmente y de forma diversificada su productividad. 

La teoría neoclásica de la distribución del ingreso estipula que los factores de producción perciben una remuneración equivalente a su aportación a la producción total. La riqueza se agota en la repartición de la producción entre todos los factores productivos, por lo cual la teoría de la explotación de Marx no tiene cabida en este marco conceptual. Sin embargo, la realidad no se ajusta necesariamente a la teoría y observamos un pago extremadamente bajo al factor trabajo.

Por ello, no sólo se debe aumentar la productividad a través de la inversión, sino que se deben generar los ajustes institucionales y jurídicos necesarios para facilitar este proceso. 

En ningún momento se debe dejar al mercado operar de forma anárquica, ya que el mercado no interioriza elementos de justicia social; por el contrario, se deben edificar los cauces a través de los cuales discurran los fenómenos económicos. 

La reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados es un buen comienzo, ahora falta que sea aprobada en el Senado. Entre los puntos se encuentra aquel que versa sobre la libertad de formar parte de negociaciones colectivas por parte de los trabajadores. Es impensable argumentar que existe un piso parejo entre un trabajador y un capitalista. Sin embargo, se busca implementar una democracia sindical que evite los abusos de los líderes sindicales. 

 

La inconsistencia de López Obrador en su crítica al neoliberalismo

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El modelo neoliberal representó una ofensiva contrarrevolucionaria por parte del ala conservadora internacional. Este programa político, económico y social levantó la antorcha de la libertad económica y convirtió al mercado en una verdad metafísica como el mejor mecanismo para la asignación eficiente de los recursos escasos. 

En el campo de la teoría económica, el marco conceptual keynesiano -sustento teórico al llamado Estado de Bienestar- fue criticado por un renovado paradigma neoclásico: un cuerpo de teorías, conceptos y postulados que veían en el intervencionismo económico el gran mal de los problemas sociales. Como dijo Ronald Reagan -el presidente neoliberal, junto a Margaret Thatcher, por antonomasia-, el gobierno no es la solución, sino el problema. 

Ante la insuficiencia conceptual del modelo keynesiano, incapaz de explicar algunos fenómenos económicos como la estanflación, las crisis económicas de los años setenta y el desmoronamiento de los países socialistas, el Estado de Bienestar parecía destinado a desaparecer. 

A partir de la crisis de la deuda de 1982, los países latinoamericanos implementaron el modelo neoliberal; ello con excepción de Chile, el cual a partir del golpe de estado de Pinochet en 1973 al régimen populista de Salvador Allende llevó a cabo políticas de corte neoliberal.

En México, la crisis de la deuda generó un cambio en la élite del poder político, una cohorte relativamente homogénea que compartía una misma visión de la que deberían ser las políticas económicas: reducción de los impuestos, solvencia fiscal, apertura comercial, libre movilidad de la inversión extranjera, desregulación del mercado laboral y privatización de las empresas paraestatales. Con ello, los economistas sentenciaban a un Estado omnicomprensivo, rector del proyecto de industrialización dictaminado en la Constitución y se volcaban a los beneficios del mercado y la libre empresa. Que no sea el Estado -paternal y omnipotente- quien emprenda el camino hacia el desarrollo, sino la función empresarial y el libre juego del mercado. 

Esta transición en el modelo económico es el que critica fuertemente López Obrador. Como bien señala Silva Herzog (Reforma 08/04/19), el presidente ve en el neoliberalismo el origen de todos los males de México. Su retórica se centra cotidianamente en las graves consecuencias que han traído las políticas económicas neoliberales, sin percatarse que en su programa político y económico no propone ninguna transformación a las bases que definen al mismo neoliberalismo. 

El término neoliberalismo ha sido tan “manoseado” por la izquierda en sus críticas como por la derecha en sus alabanzas. Actualmente, el término adquiere una dimensión peyorativa y es utilizado, como lo hace López Obrador, para denostar a los economistas que llevaron a cabo el proyecto. Tal es el grado de ignorancia del presidente que le ha adjudicado a una universidad (ITAM) como el semillero de economistas neoliberales responsables de la situación actual del país. Mira al ITAM como una entidad monolítica en pensamiento, desconociendo la diversidad de pensamiento que existe entre sus docentes y estudiantes, y reduciéndolo a una herramienta discrecional de la burguesía nacional.

Es importante señalar que el objetivo de renovación del liberalismo occidental de finales del siglo decimonónico no representó un programa homogéneo, sino el encuentro de distintas visiones de lo que el liberalismo debería ser. Actualmente, estamos lejos del denominado laisser-faire del siglo XIX, el cual proponía un Estado mínimo y la anarquía del mercado. Por el contrario, el modelo neoliberal actual se aleja del propuesto por Hayek y Friedman, y se acerca al ordoliberalismo de Rüstow y Röpke, quienes proponían que el Estado debía generar los cauces jurídicos e institucionales (políticos y de mercado) a través de los cuales pudiera discurrir el juego del mercado. 

Por otro lado, la retórica de López Obrador es contradictoria con los programas que ha implementado. Silva Herzog es capaz de verlo claramente: López Obrador posee una visión antiestatista, no una de tipo economicista promovida por los neoliberales, sino moralista. Las críticas al Estado se centran en su ineficiencia y deterioro debido a la corrupción, por lo cual propone eliminar a la incompetente burocracia y destinar la ayuda filantrópica directamente a los beneficiados.

El programa de transferencias para el cuidado de los niños es una propuesta enteramente neoliberal. Los hacedores de las políticas neoliberales sabían que la ayuda del Estado a las clases más desprotegidas era necesario, pero no proponían un aumento en el impuesto a la renta, sino transferencias de suma fija, las cuales no distorsionan el equilibrio óptimo que genera el mercado. 

López Obrador busca lo mismo que los neoliberales ultraconservadores querían: reducir al Estado en un mínimo indispensable o simplemente a una dimensión simbólica. Puede ser que incluso López Obrador lleve este objetivo a niveles extremos. Eso parece indicar su desprecio por los marcos institucionales y la certeza jurídica. Así, el presidencialismo lopezobradorista se aleja del cardenista, el cual reconocía la importancia de la construcción de instituciones.

El banco central, la política monetaria y el crecimiento económico en México

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Existe una relación estrecha entre la política fiscal y la política monetaria. El gasto del gobierno puede ser financiado a partir de tres fuentes: recaudación a través de impuestos, endeudamiento (interno o externo) o emisión de papel-dinero. 

La razón por la cual el gobierno prefiere la última fuente sobre la segunda es por dos factores: por un lado, mientras los bonos poseen un costo (pago por servicios de la deuda), el dinero no acarrea intereses; por otro lado, el llamado impuesto inflacionario perjudica a los ahorradores y beneficia a los deudores. En este caso, si financia su gasto a partir de la emisión de dinero, éste es usado antes de que el aumento en la masa monetaria afecte los precios. De esa manera, para el público, la inflación representa un impuesto al consumo, ya que se desvaloriza la moneda y, por ende, ésta posee un menor poder adquisitivo.

Empero, la inflación tiene efectos nocivos para el bienestar social en general. Por un lado, distorsiona los precios relativos entre bienes y, por el otro, merma la acumulación del capital, es decir, desincentiva la inversión. 

La economía mexicana vivió periodos de hiperinflación en los años ochenta como consecuencia de políticas fiscales deficitarias y políticas monetarias expansivas. Es bueno que el consciente colectivo mexicano lo tenga presente. Asimismo, el gobierno ha aprendido del pasado y, ante ello, ha procurado cuidar los indicadores macroeconómicos. Ello fue posible, en parte, gracias a la autonomía del Banco de México.

El banco central tiene como prioridad velar por la estabilidad de los precios, lo que se traduce a mantener el poder adquisitivo del peso mexicano. Desde su autonomía, a principios de los noventa, este objetivo se ha cumplido en términos generales.

Empero, ¿el banco central sólo debe contener la inflación? o ¿es capaz de incentivar el crecimiento económico?

Estas preguntas entran a colación debido a que el próximo jueves (28 de marzo) la Junta de Gobierno de Banxico decidirá si mantener o no la tasa de referencia interbancaria (la tasa a la que se prestan los bancos). 

Existen múltiples factores de los que depende la decisión del Banco. En primer lugar, el miércoles pasado (20 de marzo), la Reserva Federal anunció que la tasa de referencia se mantendrá entre 2.25 y 2.5 en lo que resta del año. 

En la jerga monetaria la actitud de la FED se le denomina dovish (en contraposición con hawkish) e implica que el Banco desea incentivar la economía estadounidense. ¿En qué sentido? Manteniendo a una tasa baja el costo del dinero, es decir, promoviendo el crédito y con éste la inversión. 

Esta conclusión a la que llega la FED se alimenta de dos aspectos: una inflación esperada de 1.8% para el 2019 y el ajuste a la baja del crecimiento de la economía estadounidense (1.9-2.2%).

Asimismo, en el contexto internacional, las expectativas de crecimiento se encuentran a la baja, ante lo cual los bancos centrales del mundo han adquirido una postura laxa frente a la política monetaria; es decir, han incrementado el monto de dinero en circulación, lo que se traduce en tasas de interés más bajas. 

Actualmente en México, la tasa de referencia interbancaria a 28 días es de 8.5125%, muy por arriba de la de Estados Unidos. Si bien México posee un mayor riesgo, por lo cual debe de ofrecer una mayor tasa, la brecha es muy amplia. México posee, entre los países en desarrollo, las tasas más altas, sin contar a Argentina y Turquía, economías en situaciones de alerta.

Los bonos mexicanos, a la tasa actual, son bastante atractivos, más para aquellas economías que hoy tienen políticas monetarias laxas; sin embargo, debido a la amplia brecha, el Banco de México podría aventurarse a reducir la tasa de referencia interbancaria y, con ello, incentivar la economía nacional. Esta posibilidad se refuerza ante el anuncio del día de ayer (22 de marzo) del INEGI sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): la inflación anual es de 3.95%. Aunque el nivel de la tasa de crecimiento de los precios se encuentra por arriba de la inflación objetivo de Banxico (3%), a mi parecer está en niveles sostenibles.

Para combatir la pobreza, la economía mexicana debe de crecer a tasas cercanas al 5% anual. Actualmente, ante el panorama de desconfianza en el gobierno federal y el contexto de desaceleración de la economía mundial, el Banco de México puede ser un elemento, entre muchos otros, que ayude a impulsar la economía nacional.