La inconsistencia de López Obrador en su crítica al neoliberalismo

Comparte este artículo:

El modelo neoliberal representó una ofensiva contrarrevolucionaria por parte del ala conservadora internacional. Este programa político, económico y social levantó la antorcha de la libertad económica y convirtió al mercado en una verdad metafísica como el mejor mecanismo para la asignación eficiente de los recursos escasos. 

En el campo de la teoría económica, el marco conceptual keynesiano -sustento teórico al llamado Estado de Bienestar- fue criticado por un renovado paradigma neoclásico: un cuerpo de teorías, conceptos y postulados que veían en el intervencionismo económico el gran mal de los problemas sociales. Como dijo Ronald Reagan -el presidente neoliberal, junto a Margaret Thatcher, por antonomasia-, el gobierno no es la solución, sino el problema. 

Ante la insuficiencia conceptual del modelo keynesiano, incapaz de explicar algunos fenómenos económicos como la estanflación, las crisis económicas de los años setenta y el desmoronamiento de los países socialistas, el Estado de Bienestar parecía destinado a desaparecer. 

A partir de la crisis de la deuda de 1982, los países latinoamericanos implementaron el modelo neoliberal; ello con excepción de Chile, el cual a partir del golpe de estado de Pinochet en 1973 al régimen populista de Salvador Allende llevó a cabo políticas de corte neoliberal.

En México, la crisis de la deuda generó un cambio en la élite del poder político, una cohorte relativamente homogénea que compartía una misma visión de la que deberían ser las políticas económicas: reducción de los impuestos, solvencia fiscal, apertura comercial, libre movilidad de la inversión extranjera, desregulación del mercado laboral y privatización de las empresas paraestatales. Con ello, los economistas sentenciaban a un Estado omnicomprensivo, rector del proyecto de industrialización dictaminado en la Constitución y se volcaban a los beneficios del mercado y la libre empresa. Que no sea el Estado -paternal y omnipotente- quien emprenda el camino hacia el desarrollo, sino la función empresarial y el libre juego del mercado. 

Esta transición en el modelo económico es el que critica fuertemente López Obrador. Como bien señala Silva Herzog (Reforma 08/04/19), el presidente ve en el neoliberalismo el origen de todos los males de México. Su retórica se centra cotidianamente en las graves consecuencias que han traído las políticas económicas neoliberales, sin percatarse que en su programa político y económico no propone ninguna transformación a las bases que definen al mismo neoliberalismo. 

El término neoliberalismo ha sido tan “manoseado” por la izquierda en sus críticas como por la derecha en sus alabanzas. Actualmente, el término adquiere una dimensión peyorativa y es utilizado, como lo hace López Obrador, para denostar a los economistas que llevaron a cabo el proyecto. Tal es el grado de ignorancia del presidente que le ha adjudicado a una universidad (ITAM) como el semillero de economistas neoliberales responsables de la situación actual del país. Mira al ITAM como una entidad monolítica en pensamiento, desconociendo la diversidad de pensamiento que existe entre sus docentes y estudiantes, y reduciéndolo a una herramienta discrecional de la burguesía nacional.

Es importante señalar que el objetivo de renovación del liberalismo occidental de finales del siglo decimonónico no representó un programa homogéneo, sino el encuentro de distintas visiones de lo que el liberalismo debería ser. Actualmente, estamos lejos del denominado laisser-faire del siglo XIX, el cual proponía un Estado mínimo y la anarquía del mercado. Por el contrario, el modelo neoliberal actual se aleja del propuesto por Hayek y Friedman, y se acerca al ordoliberalismo de Rüstow y Röpke, quienes proponían que el Estado debía generar los cauces jurídicos e institucionales (políticos y de mercado) a través de los cuales pudiera discurrir el juego del mercado. 

Por otro lado, la retórica de López Obrador es contradictoria con los programas que ha implementado. Silva Herzog es capaz de verlo claramente: López Obrador posee una visión antiestatista, no una de tipo economicista promovida por los neoliberales, sino moralista. Las críticas al Estado se centran en su ineficiencia y deterioro debido a la corrupción, por lo cual propone eliminar a la incompetente burocracia y destinar la ayuda filantrópica directamente a los beneficiados.

El programa de transferencias para el cuidado de los niños es una propuesta enteramente neoliberal. Los hacedores de las políticas neoliberales sabían que la ayuda del Estado a las clases más desprotegidas era necesario, pero no proponían un aumento en el impuesto a la renta, sino transferencias de suma fija, las cuales no distorsionan el equilibrio óptimo que genera el mercado. 

López Obrador busca lo mismo que los neoliberales ultraconservadores querían: reducir al Estado en un mínimo indispensable o simplemente a una dimensión simbólica. Puede ser que incluso López Obrador lleve este objetivo a niveles extremos. Eso parece indicar su desprecio por los marcos institucionales y la certeza jurídica. Así, el presidencialismo lopezobradorista se aleja del cardenista, el cual reconocía la importancia de la construcción de instituciones.

El banco central, la política monetaria y el crecimiento económico en México

Comparte este artículo:

Existe una relación estrecha entre la política fiscal y la política monetaria. El gasto del gobierno puede ser financiado a partir de tres fuentes: recaudación a través de impuestos, endeudamiento (interno o externo) o emisión de papel-dinero. 

La razón por la cual el gobierno prefiere la última fuente sobre la segunda es por dos factores: por un lado, mientras los bonos poseen un costo (pago por servicios de la deuda), el dinero no acarrea intereses; por otro lado, el llamado impuesto inflacionario perjudica a los ahorradores y beneficia a los deudores. En este caso, si financia su gasto a partir de la emisión de dinero, éste es usado antes de que el aumento en la masa monetaria afecte los precios. De esa manera, para el público, la inflación representa un impuesto al consumo, ya que se desvaloriza la moneda y, por ende, ésta posee un menor poder adquisitivo.

Empero, la inflación tiene efectos nocivos para el bienestar social en general. Por un lado, distorsiona los precios relativos entre bienes y, por el otro, merma la acumulación del capital, es decir, desincentiva la inversión. 

La economía mexicana vivió periodos de hiperinflación en los años ochenta como consecuencia de políticas fiscales deficitarias y políticas monetarias expansivas. Es bueno que el consciente colectivo mexicano lo tenga presente. Asimismo, el gobierno ha aprendido del pasado y, ante ello, ha procurado cuidar los indicadores macroeconómicos. Ello fue posible, en parte, gracias a la autonomía del Banco de México.

El banco central tiene como prioridad velar por la estabilidad de los precios, lo que se traduce a mantener el poder adquisitivo del peso mexicano. Desde su autonomía, a principios de los noventa, este objetivo se ha cumplido en términos generales.

Empero, ¿el banco central sólo debe contener la inflación? o ¿es capaz de incentivar el crecimiento económico?

Estas preguntas entran a colación debido a que el próximo jueves (28 de marzo) la Junta de Gobierno de Banxico decidirá si mantener o no la tasa de referencia interbancaria (la tasa a la que se prestan los bancos). 

Existen múltiples factores de los que depende la decisión del Banco. En primer lugar, el miércoles pasado (20 de marzo), la Reserva Federal anunció que la tasa de referencia se mantendrá entre 2.25 y 2.5 en lo que resta del año. 

En la jerga monetaria la actitud de la FED se le denomina dovish (en contraposición con hawkish) e implica que el Banco desea incentivar la economía estadounidense. ¿En qué sentido? Manteniendo a una tasa baja el costo del dinero, es decir, promoviendo el crédito y con éste la inversión. 

Esta conclusión a la que llega la FED se alimenta de dos aspectos: una inflación esperada de 1.8% para el 2019 y el ajuste a la baja del crecimiento de la economía estadounidense (1.9-2.2%).

Asimismo, en el contexto internacional, las expectativas de crecimiento se encuentran a la baja, ante lo cual los bancos centrales del mundo han adquirido una postura laxa frente a la política monetaria; es decir, han incrementado el monto de dinero en circulación, lo que se traduce en tasas de interés más bajas. 

Actualmente en México, la tasa de referencia interbancaria a 28 días es de 8.5125%, muy por arriba de la de Estados Unidos. Si bien México posee un mayor riesgo, por lo cual debe de ofrecer una mayor tasa, la brecha es muy amplia. México posee, entre los países en desarrollo, las tasas más altas, sin contar a Argentina y Turquía, economías en situaciones de alerta.

Los bonos mexicanos, a la tasa actual, son bastante atractivos, más para aquellas economías que hoy tienen políticas monetarias laxas; sin embargo, debido a la amplia brecha, el Banco de México podría aventurarse a reducir la tasa de referencia interbancaria y, con ello, incentivar la economía nacional. Esta posibilidad se refuerza ante el anuncio del día de ayer (22 de marzo) del INEGI sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): la inflación anual es de 3.95%. Aunque el nivel de la tasa de crecimiento de los precios se encuentra por arriba de la inflación objetivo de Banxico (3%), a mi parecer está en niveles sostenibles.

Para combatir la pobreza, la economía mexicana debe de crecer a tasas cercanas al 5% anual. Actualmente, ante el panorama de desconfianza en el gobierno federal y el contexto de desaceleración de la economía mundial, el Banco de México puede ser un elemento, entre muchos otros, que ayude a impulsar la economía nacional.

López Obrador: el demiurgo político

Comparte este artículo:

Existe una lógica detrás de la separación de los tres poderes, estrechamente relacionado con la separación de funciones. Cada uno de los poderes posee una función originaria y su composición atienda a dicha naturaleza.

La función legislativa comprende las actividades destinadas a formar el marco normativo. Bajo el principio de legalidad, las leyes le dan estructura y delimitan el funcionamiento a los otros dos poderes. Por ello, la función no puede recaer en una sola persona, sino que debe de diseminarse a lo largo de un colegiado que representa la heterogeneidad existente en la sociedad.

En el sistema presidencialista, mientras que la función del ejecutivo recae en una sola persona, lo cual responde a la eficiencia y rapidez para ejecutar lo estipulado en las leyes, la función legislativa debe ser el resultado de un ejercicio democrático entre los representantes del pueblo.

El marco normativa provee a la población certeza jurídica; claro, si el poder jurídico es capaz de velar por el cumplimiento de la ley. Por ello, la Constitución, pieza inicial y final del entramado normativo, genera la base para el discurrir político. En ella se integran los principios y máximas abstractas para la convivencia social y la edificación de un Estado.

Ante ello, el poder que le concede la ciudadanía a una mayoría calificada puede transformar constantemente el marco normativo y mermar la certeza jurídica. Ya Madison adelantaba el peligro del poder de la mayoría, guiada muchas veces por la pasión. Madison argumentaba que era necesario poseer mecanismos para hacer frente a los despliegues emocionales del vulgo.

La coyuntura mexicana presenta actualmente la capacidad de una mayoría calificada para modificar a placer la Constitución. Ello genera incertidumbre para la ciudadanía y para el entorno internacional. López Obrador posee la capacidad de alterar el marco normativo. Es decir, si en teoría la política debería estar sujeta al derecho, en el sexenio actual se invierten los términos: lo político define lo jurídico. 

El gran economista James Buchanan trasladó el enfoque económico a la esfera política. Para el economista de la Universidad de Chicago los funcionarios públicos no se diferencian de los agentes que actúan en el mercado. La teoría de la elección pública implica la búsqueda de maximización del prepuesto público para maximizar su bienestar. A través de un individualismo metodológico, en donde la política se reduce a la decisión atomizada, los funcionarios se orientan a partir de su interés personal y sus deseos egoístas.

Ante ello, existe la probabilidad de que surjan buscadores de rentas (“rent seekers”); es decir, hacer uso del poder para obtener beneficios, lo que implica que los recursos no se asignan de forma eficiente y el bienestar social cae.

Por ello, Buchanan postula la importancia de generar un entramado institucional que evite estos fenómenos. Es necesario un marco normativo rígido que prevenga la llegada de líderes populistas que tengan la capacidad de moldear dicho marco a su gusto.

Si bien el derecho mexicano es rígido -posee una dimensión axiológica- y su alteración implica procedimientos agravados, no existe un mecanismo que prevea este tipo de efervecencia política.

De esa manera, es necesario la presencia de una oposición partidista, legislativa y social que sirva como contrapesos. No podemos estar a merced del designio demiúrgico de una sola persona.

La importancia de los organismos constitucionales autónomos

Comparte este artículo:

En entrevista con Carmen Aristegui, el ex ministro José Ramón Cossio Díaz señaló el cambio institucional y normativo en el cual se dio la aparición de los organismos constitucionalmente autónomos. Siguiendo un sistema napoleónico, la Constitución de 1917 implicaba una concentración de poder en la rama del Poder Ejecutivo, sobre todo en la figura del Presidente. Se buscaba la centralización del poder ante las fuerzas centrífugas de poder regionales bajo los denominados caciques o caudillos. De esa manera, el Estado adquiría una influencia preponderante y las decisiones políticas se generaban a partir de un complejo e ineficiente entramado burocrático.

En cambio, en los años noventa y siguiendo un modelo estadounidense, el Estado comenzó a delegar algunas funciones técnicas. Los organismos constitucionalmente autónomos transformaron, mas no anularon, la teoría tradicional de la división de poderes. 

Dichos órganos representan un cuarto poder en tanto no se encuentran sujetos a ninguno de los tres anteriores. Sin embargo, ello no implica que se encuentren fuera del Estado, en tanto están regulados por la Constitución misma.

Según una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos autónomos poseen cuatro características esenciales: 1) deben estar establecidos directamente por la Constitución; b) deben mantener relaciones de coordinación con los otros poderes; c) deben contar con independencia financiera y funcional; y 4) deben atender funciones primarias u originarias del Estado para el beneficio de la sociedad.

Esas funciones son aquellas que poseen un alto grado de especialización y complejidad. Es decir, funciones que no deben encontrarse bajo el juego político, sino concentrarse en aspectos meramente técnicos.

Ello implica que sus funciones no se encuentran supeditadas a las visiones ideológicas o políticas, sino que se rigen por parámetros científico-técnicos o formales. 

Sin embargo, existen algunos, sobre todo entre la izquierda, que argumentan que las teorías y metodologías denominadas liberales se encuentran sesgadas ideológicamente. Inclusive existen argumentos absurdos como que el lenguaje matemático es un mecanismo ideológico usado para justificar las políticas liberales y extender la dominación burguesa. 

No niego que los sistemas teóricos en las ciencias sociales pueden encontrarse influenciados por elementos personales y sociales. Siguiendo el pensamiento kuhniano, reconozco que los conceptos y las teorías en las ciencias sociales carecen de universalidad y representan una cierta cosmovisión.

Asimismo, de forma extraordinaria Marx definió a la ideología de la siguiente manera: una visión parcial de la realidad. Sin embargo, el mismo Marx argumentaba que existía una verdad única acerca de la realidad, vislumbrada a través del materialismo histórico y la filosofía dialéctica. 

A mi parecer, las teorías sociales, incluyendo el marxismo, incluyen elementos políticos e ideológicos. Sin embargo, siguiendo a Schumpeter, pienso que existe una objetividad en las herramientas analíticas de las ciencias sociales y por ello es posible hablar de una evolución ascendente. Es decir, existen herramientas, métodos y técnicas que no dependen de la filiación política o ideológica, sino que expresan un elemento pragmático. 

Esas herramientas se traducen en funciones que se rigen por estrictos parámetros de tecnicidad y que no deben contaminarse con intereses políticos. Por ello, la autonomía de estos organismos es fundamental para cumplir sus precisas funciones. 

Hablaré de la importancia de los dos organismos que, a mi parecer, más han contribuido a la resolución de problemas y a justificar la edificación de un cuarto poder. 

El Banco de México fue una institución creada en 1925 para dar solución a dos problemas generados por el conflicto revolucionario: crear un clima de certeza de precios que atrajera  la inversión nacional y extranjera y un mecanismo de financiamiento para que el gobierno cumpliera las promesas sociales estipuladas por el Constituyente. 

Desde sus inicios, el Banco central planteó una postura conservadora en cuanto a la política monetaria y al financiamiento concedido al gobierno. El mismo Rodrigo Gómez a lo largo de su gestión (1952-1970) señaló que nunca sacrificaría la estabilidad de los precios por el crecimiento económico. 

La necesidad de su autonomía técnica -dejar de estar obligado a financiar mediante emisión de dinero al gobierno- fue evidenciada en las crisis de 1982 y 1994.

La función principal del Banco es velar por la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ello lo logra a partir del control de la masa monetaria en circulación. Si bien existen críticas de su existencia -desde la izquierda hasta los denominados libertarios de la derecha liberal- no puede haber duda de su necesidad.

El otro organismo es el INEGI el cual tiene la función de generar y procesar datos estadísticos. Esta función es fundamental no sólo para el gobierno, sino para consumidores y productores. Como alguna vez señaló Friedrich Hayek, el sistema de precios es el invento involuntario más grandioso de la humanidad. Los consumidores y productores toman sus decisiones a partir de los precios de mercado con el fin de maximizar sus utilidades. Ello permite generar certeza en torno a las expectativas racionales. 

Sin embargo, el INEGI también genera datos en otros rubros, que permiten guiar y evaluar las políticas públicas del gobierno en turno. Por ello, cancelar catorce encuestas debido al recorte en el presupuesto designado al organismo puede ser nocivo para determinar la eficacia de las políticas del gobierno de López Obrador.

Como dijo el ex ministro Cossío Díaz, López Obrador propone el regreso a la ampliación de las funciones del Estado. Integrar nuevamente funciones especializadas y complejas en el Poder Ejecutivo implicaría exponerlas al vaivén de la política. 

López Obrador, quien ha aludido a una versión histórica acotada, debería reconocer la atrofia estatal cuando se busca centralizar funciones altamente especializadas.

Venezuela y el intervencionismo estadounidense en América Latina

Comparte este artículo:

Las dos Guerras Mundiales fueron, en un sentido muy general, consecuencia de la contradicción entre el capitalismo y los imperialismos. Para ser claros, la contradicción no radica en términos absolutos, es decir, en la entidad conceptual de imperialismo como término singular, sino en su manifestación plural en un sistema global capitalista. Para que el capital subsista debe de reinvertirse constantemente, ya que de lo contrario perece ante la competencia. Empero, al tener rendimientos decrecientes -función creciente con tasas decrecientes-, el capital también debe de expandirse a regiones en donde la capacidad acumulativa no se encuentre saturada; es decir, en donde aún haya un atraso en la productividad y exista un alto grado de fuerza de trabajo sin ser explotada o en donde las mercancías no hayan llegado a saciar al máximo todas las necesidades de una población en específico. Por ello, las disputas por el dominio geopolítico y comercial entre las potencias coloniales de Europa se dirimieron en el aspecto bélico. 

A diferencia de las potencias europeas, el imperialismo estadounidense no chocaba contra otros imperialismos, y la dualidad capitalismo/imperialismo funcionaba sin fricción para convertir a Estados Unidos en la nueva potencia hegemónica. La acumulación de capital de los E.U. fue posible como consecuencia de una serie de factores: la sujeción de la oligarquía política, la mano de obra barata latinoamericana, la inversión monopólica de su capital, la regulación de precios a los productos manufactureros, la intervención militar y la retórica política e ideológica para justificar todo lo anterior, entre muchos otros.    

Pablo González Casanova en su ensayo Imperialismo y Liberación en América Latina apunta a que la intervención del imperialismo estadounidense en América Latina presentó variantes sustanciales por lo menos en tres periodos que van desde 1880 hasta  1973, en los cuales sus mecanismos y su retórica se fueron adaptando a las circunstancias.

El primer periodo que va de 1880 a 1933 se caracterizó por una intervención abierta y manifiesta, sobre todo en el aspecto político. A partir de un par de doctrinas descendientes de la “Doctrina Monroe” y la doctrina del “Destino Manifiesto”, E.U., desde Roosevelt a Wilson, se “acrecentó el sometimiento de las oligarquías latinoamericanas al poder imperial” para, así, reprimir cualquiera levantamiento que amenazara sus empresas monopólicas. Los dos principales mecanismos mediante los cuales se controló la política en América Latina fueron a través de la “Doctrina del Garrote” -la posibilidad de una actuación violenta como medio de presión en las “negociaciones”- y la “Diplomacia del dólar” -el uso del poder económico como garantía de concesión. A todas estas medidas “diplomáticas” se les puede encontrar una única base ideológica que las sustenta y que Theodore Roosevelt la sintetizó en una declaración: ante el desorden social resulta necesario la intervención de una nación civilizada que actúe como policía internacional.

En el segundo periodo que comprende de 1934 a 1959, la retórica política e ideológica alcanzó el apogeo del cinismo y la incoherencia empírica. La propuesta de E.U. para este periodo fue la de una penetración pacífica, una integración económica y una coordinación de fuerzas para constituir un sistema “panamericano”. Ante las amenazas de la expansión comunista, E.U. transformó su retórica, bajo los lemas “Buena Vecindad” y “Defensa Hemisférica”. 

Por último, en el tercer periodo (1960-1973), E.U. emprendió, nuevamente, la lógica militar de represión violenta ante cualquiera levantamiento revolucionario. A través de la CIA y la política de “desestabilización”, se aniquiló todo movimiento nacionalista, reformista y revolucionario; y también se derrocó cualquier gobierno conservador que no aceptara “la dependencia y explotación imperial”. Ante estas acciones, E.U. se exoneró de cualquier acusación señalando la exclusiva culpabilidad de las masas: “El pueblo hace la revolución. Nosotros sólo lo ayudamos”.

A todos estos discursos le subyacen el término orwelliano de doublethink. La única explicación para acceder a la intervención estadounidense en la región es si simultáneamente aceptamos dos creencias mutuamente contradictorias: el concepto de libertad y el concepto de intervencionismo. El objetivo de liberar a los pueblos latinoamericanos de la represión de los dictadores era a través de la intervención militar. Y así como en la obra de Orwell se necesitaba un Ministerio de la Verdad encargado de perpetuar falsedades, de la misma manera E.U. necesitó de una retórica democrática que justificara las intervenciones estadounidenses.

Ante la coyuntura venezolana, los aires del intervencionismo militar en América Latina resurgen y se prevé una nueva amenaza a su soberanía. Como expresó el ex Presidente de Uruguay, José Mújica, Venezuela necesita dos cosas: una puerta de escape y no acorralar a Maduro, ya que las consecuencias pueden ser desastrosas. El gobierno venezolano debe llamar a elecciones democráticas libres, en las cuales ni Maduro ni Guaidó participen. 

Los posibles efectos contraproducentes de los precios de garantía

Comparte este artículo:

El programa de precios de garantía comenzado hace algunos días por el gobierno federal muestra un esfuerzo para impulsar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria. Centrándose en una población objetivo -pequeños y medianos productores-, los precios de garantía apuntan a productos como el maíz, el frijol, el arroz, el trigo y la leche.

Esto implica que los productores podrán vender, a través del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), su producto a un precio por arriba del precio de mercado. La Segalmex -una especie de CONASUPO, que no dio resultados en los años setenta y, en cambio, fue acusada de múltiples actos de corrupción- se encargará de comprar, almacenar, distribuir y vender dichos productos. Comprará a precios de garantía y venderá a precios de mercado, lo que significa una forma específica de subsidio.

SI bien el subsidio al campo es una práctica recurrente en todo el mundo, incluso en aquellos países que se proclaman como apologistas del libre comercio, el mecanismo y su objetivo parecen no ser los adecuados. 

Expondré tres razones por las cuales esta medida, en un principio bien intencionada, parece ser contraproducente. 

En primer lugar, y desde un fundamento microeconómico, es decir, desde una teoría de la acción del agente económico, el apoyo a pequeños y medianos puede afectar a los grandes productores. Esto porque, al poder competir a precios de mercado con los grandes consorcios productivos, aquellos serán capaces de arrebatarles parte de su poder de mercado. Ante ello, los grandes productores se verán tentados a bajar su precio. 

Los grandes productores saben que poseen costos marginales inferiores al de los pequeños y medianos productores (esa es la razón por la cual estos están recibiendo un subsidio), por lo cual son capaces de reducir su precio de venta y acaparar nuevamente el mercado.

Si el gobierno decide continuar con su política, entonces tendrá que destinar mayores gastos, ya que el diferencial entre precio de compra y precio de mercado aumentará. La empresa puede continuar bajando su precio de venta hasta llegar al nivel de su costo marginal; debajo de dicho nivel la empresa se abstendrá de producir. Con ello, a largo plazo, la política de precios de garantía resulta nociva para el bienestar de la sociedad. 

En segundo lugar, los precios de garantía generarán distorsiones en el mercado, ya que la asignación de recursos será ineficiente. Los recursos disponibles serán redirigidos desde sectores con mayores niveles de productividad, es decir, de aquellos en los que se puede aprovechar de forma más eficiente dichos recursos.

Asimismo, el subsidio para el programa de precios de garantía implica un gran gasto para el gobierno federal. Gasto que podría destinarse a otros sectores como el educativo o el de salud. 

Por último, la política de López Obrador no parece establecer condiciones para los productores subvencionados. El gobierno debería exigir como respuesta al programa el compromiso de los productores para aumentar su productividad. 

Si se desea conceder subsidios sin generar transformaciones en las estructuras productivas del campo, entonces la ayuda será de naturaleza asistencialista, lo cual no resuelve la problemática estructural del país. Es necesario generar programas y políticas con el objetivo de aumentar la productividad en el sector agrícola.

En el periodo denominado industrialización dirigida por el Estado de mediados del siglo pasado, éste, en un sentido paternalista, protegía a los productores nacionales en detrimento de los extranjeros. Un extenso grupo de empresarios le debe a esos gobiernos su extensa riqueza actual. Sin embargo, otros productores, ante el generoso apoyo gubernamental, adquirieron una actitud conformista, renuentes a aumentar su inversión para incrementar los niveles de productividad. Cuando llegó la apertura comercial en la década de los noventa, esta burguesía conformista no pudo competir con los productos extranjeros. Esto puede ocurrir con el programa de precios de garantía del gobierno actual. 

No hay duda de que los subsidios al campo son mecanismos justificados para salvaguardar la seguridad nacional. Más en el caso de México, quien en el proceso de apertura comercial salió perdiendo en el sector agrícola. 

Sin embargo, se deben buscar mecanismos alternativos que no representen medidas asistencialistas o esfuerzos espurios para transformar la estructura productiva. La única forma para afrontar la pobreza es a través del crecimiento económico, el cual depende de un incremento en los niveles de productividad. 

Desabasto de combustible: Teoría de juegos e hiperindividualismo (Parte I)

Comparte este artículo:

En los últimos días, la Ciudad de México y otras entidades federativas han sufrido escasez de gasolina y diésel en múltiples centros de abastecimiento. La causa de ello es el cierre del flujo de ductos provenientes de PEMEX, medida emprendida por el Gobierno federal para hacer frente a la problemática del “huachicoleo” (robo).

Sobre este fenómeno me gustaría resaltar dos aspectos vinculados entre sí: desde un punto económico, la explicación praxeológica (estructura lógica de la acción) al aumento de demanda en la carga de gasolina; y, desde un punto sociológico, la percepción individualista sobre los efectos negativos de la medida emprendida por López Obrador.

Empero, antes debemos contextualizar y establecer sucintamente las causas del desabasto que se vive en diferentes latitudes del país. Me concentraré específicamente en la Ciudad de México. 

Según el Gobierno federal, ante el robo sistemático, la ordeña institucional y los actos de corrupción de funcionarios de PEMEX coludidos con los huachicoleros, los ductos tuvieron que ser cerrados; ello para evitar la toma clandestina de gasolina y diésel a través de fugas artificiales creadas por este grupo delictivo. 

Ahora, ¿por qué el desabasto en los centros de carga? Claramente cerrar los ductos que distribuyen combustible es la principal razón. Sin embargo, existe otro fenómeno como consecuencia del desabasto que agudiza dicho desabasto.

La teoría del consumidor establece que existen cuatro axiomas que dan sustento teórico a la acción racional de un agente económico. Dicho posicionamiento se sustenta con evidencia empírica, es decir, en la mayoría de los casos los agentes económicos sí se comportan de forma racional. 

Entre los axiomas existe el de completitud (el agente puede decidir claramente la relación de preferencia entre la canasta A y B), transitividad (si el agente prefiere la canasta A a la B y la B a la C, entonces necesariamente prefiere A sobre C), continuidad (si se prefiere A sobre B, entonces en situaciones similares esa relación se mantendrá) e insaciabilidad (el agente preferirá más que menos de un mismo bien). 

Ahora, la teoría de juegos explica los escenarios de interacción de dos o más agentes económicos. Bajo este modelo, los agentes, sin conocimiento de la estrategia del otro, deben decidir qué hacer.

Pongamos el caso del desabasto. Los consumidores de gasolina tienen dos estrategias: cargar combustible ante una potencial escasez o no cargar. Si carga gasolina el agente podrá hacer frente a una futura escasez. 

El agente está a la expectativa de la estrategia del otro. Si el primer agente decide no cargar y el segundo tampoco, entonces el desabasto no se verá agudizado. En cambio, si el primero decide no cargar y el segundo decide sí cargar, entonces el primero sufrirá las consecuencias del desabasto. Por el contrario, si el primero decide cargar y el segundo no, aquel se verá beneficiado y podrá hacer frente a la potencial escasez; y si el segundo decide sí cargar ambos sufrirán los efectos del desabasto pero en menor medida (ya que recargaron). 

Por ello, la estrategia de cargar tiene, ante cualquier estrategia que elija el otro, un menor costo que la estrategia de no cargar. Los agentes decidirán cargar combustible, con lo cual se llega al llamado Equilibrio de Nash: ningún agente querrá cambiar de estrategia ante la estrategia ajena, ya que ese resultado es el que genera el menor costo (daño) posible. 

De esa manera, aunque este escenario es nocivo para la sociedad en su conjunto, los agentes eligieron racionalmente. Ante una posible escasez de combustible, las acciones racionales de los agentes económicos generaron efectivamente la escasez. Es lo que en economía y sociología se le denomina como la “profecía autocumplida”: las acciones para evitar un fenómeno son la causa de la realización de dicho fenómeno. 

P.D. Debido a la falta de espacio, continuaré el desarrollo del segundo aspecto relacionado con el fenómeno del desabasto de combustible en la próxima columna. Todos desean la toma de medidas para un cambio estructural en el país, siempre y cuando esas medidas no afecten su rutina diaria. 

Los orígenes de la violencia en México

Comparte este artículo:

¿Cómo llegamos a alcanzar el nivel de violencia que se vive hoy en día en el país? ¿En qué momento despertamos y nos percatamos de que México vive uno de sus peores momentos en su historia reciente?

A doce años del comienzo de la guerra contra el crimen organizado, comenzada por Calderón y continuada por Peña Nieto, el enfrentamiento militar ha tomado más de doscientas mil muertes y ha provocado la desaparición de más de treinta cinco mil personas. 

El fenómeno del crimen organizado no es un resultado espontáneo en la historia de México, sino que expresa el resultado de una multiplicidad de causas. Entre ellas, la eterna corrupción mexicana y su correlato en la impunidad. 

El crimen organizado no se puede entender a partir de la declaratoria de guerra de Felipe Calderón. Su pasado se remonta a principios de la década de los ochenta con la concentración del poder y la centralización administrativa en el cártel de Guadalajara. 

Éste representa la primera gran organización delictiva dedicada a la producción y distribución de mariguana. Su capacidad de articular múltiples plazas del noroeste del país para vender un producto proveniente de un solo plantío fue trascendental. Con ello, lograron controlar la producción y, por ende, el precio de su valor a nivel nacional e internacional.

Para ello, tuvieron que formarse de un sistema de protección proveniente desde fuerzas municipales y estatales, incluyendo gobernadores, hasta entidades de seguridad federal como es el caso de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); entidad desconcentrada de la Secretaría de Gobernación. La colusión a favor del crimen organizado permeaba en altos niveles del poder político, todos viéndose beneficiados del lucrativo negocio de las drogas. 

El cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, fue capaz de erradicar la vieja usanza de las peleas por las plazas entre pandillas y generar un nuevo sistema organizativo de la producción y comercialización de la mariguana. Con aquel nace el crimen organizado mexicano como lo conocemos actualmente; un negocio sumamente complejo y diversificado que opera como una empresa multinacional y se rige por el mismo apotegma: la maximización de las ganancias. 

Félix Gallardo logró en México lo que “Lucky” Luciano hizo en Estados Unidos en la década de los cincuenta: establecer un sindicato del crimen organizado. Luciano pudo unificar a la mafia estadounidense de ascendencia italiana bajo un mismo régimen. Éste es el padre de la mafia moderna americana, aquella que se distancia de la mafia siciliana, en la cual existían constantes enfrentamientos entre los capos por el acaparamiento del mercado ilegal de las drogas y la extorsión. 

Bajo este sistema, en el cual existía una distribución relativamente equitativa de las zonas de influencia de cada familia, y en el cual la figura del capo di tutti capi despareció para conformarse en una Junta de Gobierno presidida por los líderes de cada una de las familias, el índice de violencia disminuyó considerablemente en la ciudad de Nueva York. Luciano asentó un paradigma en la historia del crimen: el empresario-criminal. 

Por ello, la nueva serie Narcos, producida por Netflix, es una gran aproximación del nacimiento del crimen organizado y el origen de la problemática que generó y que vivimos actualmente. A diferencia de las “narco-novelas”, que exaltan la figura de los narcotraficantes y promueven una cultura de veneración y admiración por estos, Narcos muestra una acervo periodístico y bibliográfico fidedigno. Expresa una realidad, o más bien las causas de nuestra realidad, de forma honesta, sin mostrar a los capos como los antihéroes de la historia: figuras que nos generan admiración o compasión. 

La trama de la primera temporada gira alrededor del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Camarena, quien se enfrenta al corrupto sistema de justicia de México y a los intereses de los grandes políticos involucrados.

La serie es una gran muestra descriptiva y crítica del origen del crimen organizado en México. Es necesario conocer las causas del grave problema al cual nos enfrentamos hoy en día. Ante la caída del cártel de Guadalajara, éste se fragmentó en dos grandes cárteles: el de Sinaloa y el de Tijuana. Los Félix Arellano se enfrentaron al “Güero” Palma y al “Chapo” Guzmán. 

Poco a poco otros reivindicarían su parte en el gran negocio lucrativo de la droga; la lucha por las plazas nuevamente comenzaría. Y años después la violencia sería catapultada por la declaración de guerra de Calderón, decisión que nos arrastraría a la desgracia y la desintegración social que vivimos hoy y la cual no parece cesar. 

Crecimiento económico o estabilidad macroeconómica

Comparte este artículo:

López Obrador, quien tomará posesión el próximo sábado, ha establecido que su gobierno respetará la estabilidad macroeconómica. Esa no es una promesa menor si revisamos los acontecimientos de la crisis de la deuda de 1982, la crisis de 1987 y el “error de diciembre” de 1994. Aquí nos concentraremos en la primera, la cual sumió al país en una de las peores crisis de su historia reciente. 

Cuando Luis Echeverría asciende a la Presidencia en 1970, el gobierno se enfrenta a dos problemas centrales: la pérdida de legitimidad política por los sucesos de 1968 y a un recesión económica. 

El autoritarismo mostrado en la represión estudiantil representaba el agotamiento del sistema político. Asimismo, la recesión económica de 1971 expresaba el fin del periodo denominado “desarrollo estabilizador”. Periodo en el cual la economía presentó un crecimiento sostenido y una estabilidad macroeconómica, es decir, bajos niveles de déficit y deuda, así como una inflación controlada. 

Sin embargo, los aspectos negativos del modelo de sustitución de importaciones iban agudizándose a medida que terminaba la década de los sesenta: cuellos de botella en la producción, baja productividad y, por ende, baja competitividad, una burguesía conformista y la dependencia estructural de bienes de capital externos. 

Con ello, Echeverría buscó recuperar la legitimidad política a través de un inusitado gasto público dirigido a sectores poco productivos. El entonces presidente pensaba que el “desarrollo estabilizador” había provocado una mayor desigualdad, por lo cual su proyecto, denominado “desarrollo compartido”, debía concentrarse en la redistribución del ingreso nacional. 

Bajo este populismo económico, el aparato burocrático se expandió de forma desmedida, el déficit aumentó y el financiamiento tuvo que hacerse a través de la emisión de dinero por parte del Banco de México y de endeudamiento externo. 

Con la devaluación de 1976, la lucha contra la iniciativa privada y el acuerdo de estabilización pactado con el Fondo Monetario Internacional parecía que el gobierno había aprendido la lección. Sin embargo, ante el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en 1977, la dirección de la política económica no sólo continuó por la misma senda, sino que se intensificó. Entre 1977 y 1981, el PIB creció a una tasa promedio anual de 7.8%.

López Portillo buscó redirigir los excedentes provocados por la bonanza petrolera a otros sectores como el campo; sin embargo, los ingresos generados por las exportaciones del petróleo eran usados fundamentalmente para cubrir los gastos de PEMEX. 

Por lo tanto, el gobierno buscó financiarse a partir de deuda externa. En esa época, ante la confianza que generaba el hallazgo de petróleo, existía gran disponibilidad de préstamos para el país. Deuda que era pagada a partir del aumento de riqueza gracias al crudo. De esa manera, lo que hacían los bancos internacionales era simplemente reciclar los petrodólares.

Aunque la inflación había crecido en menor medida que la producción, el tipo de cambio fijo provocó el aumento de la demanda de bienes importados con lo cual el peso se encontraba sobrevalorado y presionaba a la balanza de pagos. Para cubrir el déficit en la balanza de cuenta corriente, el gobierno aumentó su deuda externa, con lo cual la tendencia se reforzaba. 

Ante la caída del precio internacional del petróleo en 1981, la expectativa devaluatoria presionó aún más al tipo de cambio. Al ver que las reservas internacionales del Banco de México se agotaban, el gobierno no tuvo otra opción más que hacer flotar el peso. Sin embargo, el peso se encontraba aún sobrevalorado y, aunado a ello, debido al encarecimiento de las importaciones, López Portillo aumentó los salarios, con lo cual se dispararon los precios. 

Ante la desconfianza de los mercados y con la necesidad de financiar el déficit, el gobierno buscó financiarse a partir del aumento de la masa monetaria en circulación, lo que generó un mayor aumento de los precios. 

La expropiación de la banca en 1982 y el control generalizado de cambios para detener la fuga de dólares solamente empeoraron la desconfianza y agudizaron la crisis. Ante ello, el entonces Secretario de Hacienda, Jesús Silva-Herzog, declaraba impagable la deuda externa y México se hundía en una severa crisis.

A más de treinta años de ese suceso, México ha aprendido su lección. La autonomía del Banco de México, organismo encargado de velar por la estabilidad de precios y mantener el poder adquisitivo de la divisa nacional, evita que el gobierno siga financiándose a través de la impresión de billetes. Por ello, la designación de Gerado Esquivel y Jonathan Heath como subgobernadores del Banco genera confianza. 

Nadie niega la necesidad de la economía mexicana de aumentar las tasas de crecimiento. Para comenzar a revertir la pobreza, la economía debe de crecer por lo menos al 5 % anual, pero ello no implica descuidar la estabilidad macroeconómica.

Como diría Rodrigo Gómez, Director del Banco de México de 1952 a 1970, en ningún momento se debe sacrificar la estabilidad de los precios en aras de un mayor crecimiento económico. 

La violencia y el estado de excepción permanente

Comparte este artículo:

En su obra de cuatro volúmenes Homo Sacer, Giorgio Agamben plantea la gran paradoja a la que llegaron las democracias constitucionales en el siglo XX: el sacrificio de la vida individual en aras de la continuidad política. 

Retomando el argumento del jurista Carl Schmitt -al estado de normalidad le subyace, en todo momento, el estado de excepción en potencia-, Agamben señala la sujeción de la vida humana por parte del poder. Asimismo, alude al término foucaultiano de biopolítica como el control de la vida biológica por parte de la vida política. 

Para Schmitt, existe una diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero es limitado y creado por el derecho, mientras que el segundo es ilimitado y extralegal, puesto que precede al derecho (Constitución). 

La formación del Estado es un acto político, es decir, nace a partir de la decisión originaria de un soberano para agrupar a un pueblo bajo un mismo orden normativo. Acto político que no se extingue una vez edificado el Estado, sino que se encuentra “aletargado y oculto” a lo largo de la vigencia de la Constitución. 

Por ello, una vez que la Constitución desaparece el poder político resurge y la voluntad de decisión se encuentra nuevamente activa. Por lo tanto, en periodos de excepcionalidad el poder político se impone nuevamente al derecho. 

El estado de excepción es un mecanismo jurídico integrado en muchas constituciones democráticas que busca la supervivencia del derecho a partir de la eliminación momentánea del derecho mismo. 

El estado de excepción se activa con el objetivo de preservar la vida política aunque ello implique el sacrificio de la vida individual. Ese fue el caso de Hitler, quien a partir del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar legitimó el Holocausto. 

En el caso mexicano, el artículo 29º constitucional especifica que la suspensión de garantías implica el retiro momentáneo de ciertos derechos individuales por el surgimiento de algún fenómeno que atente contra la supervivencia del Estado. 

Empero, cabe resaltar que la decisión de Calderón, continuada por Peña Nieto, de enfrentar militarmente al crimen organizado no implica un estado de excepción en términos jurídicos. Ello porque no se cumplieron con los requisitos estipulados en el artículo 29º constitucional.

De esa manera, el estado de excepción no proviene de un dispositivo jurídico, sino de la voluntad política del Ejecutivo. Por lo cual, desde que Calderón dio comienzo a la guerra en el 2006, México ha vivido en un estado de excepción informal y permanente.

Con la militarización del país la violencia se ha disparado, así como el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses. El artículo 29º establece que no podrá violarse el derecho a la vida; sin embargo, como señalamos, la suspensión de garantías no se encuentra activa.

El combate contra el crimen organizado se gesta en un espectro extrajurídico en el cual reina la voluntad política del soberano, es decir, del Presidente, en tanto jefe máximo de las fuerzas armadas. 

Ahora, judicializar dicho combate no implica la solución del problema. Lo único que genera la Ley de Seguridad Interior es la legalidad del estado de excepción permanente. Si ya contábamos desde Calderón con el arraigo (dispositivo aberrante de nuestro sistema jurídico), ahora los cuerpos militares podrán hacer uso, en su facultad de vigilancia, de “cualquier método de recolección de información”, por ejemplo.

Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es reconfortante. En un nuevo acto de protagonismo, lo que Soussa Dos Santos llama el fenómeno de la judicialización de la política, la Corte no sólo encontró inconstitucional la Ley, sino que la declaró invalida. 

La militarización del país ha empeorado la situación de violencia en México. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto subestimaron la compleja estructura criminal y su imbricación en la sociedad. El combate frontal resultó ser un fracaso.

La próxima propuesta debe ser integral, construida sobre la base de la legalización de la mariguana, el fortalecimiento de las autoridades civiles y el robustecimiento de la procuración de justicia. 

Lamentablemente, el gobierno entrante no parece prever eso. El octavo punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador establece la creación de un cuerpo militarizado encargado de la seguridad pública: la Guardia Nacional. No parece que los militares vayan a regresar a sus cuarteles.

Es alrededor de este tema, el de mayor trascendencia para nuestro país, que la sociedad civil debe agruparse y presionar al nuevo gobierno. No existe otro problema más importante y urgente que el de la violencia. Se deben sumar esfuerzos para acabar con la guerra. Frente a este problema, el aeropuerto y la reacción de los mercados son nimiedades.