López Obrador: entre el populismo y el neoliberalismo

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En una publicación previa, señalé la dificultad que representa posicionar al gobierno de López Obrador dentro del espectro político e ideológico. Si bien todavía encontramos inconsistencias, existen más elementos para aproximarnos a una delimitación más clara. 

A estas alturas se debe rechazar en términos reales la posición de izquierda del gobierno actual, si bien en términos discursivos se mantiene. Por otro lado, es fácil colocar a López Obrador en el saco de los populismos, ahí donde, según la oposición, encajan posiciones ideológicas diametralmente distintas: desde el chavismo, pasando por Evo y los Kirchner, hasta Trump y Bolsonaro. 

Concuerdo con los escritos acerca de este tema, como el reciente libro Me the People de Nadia Urbinati, acerca de los peligros del populismo. Es cierto que, a diferencia de movimientos exógenos de los golpes de estado de la ultraderecha, el populismo es un fenómeno que surge al interior de la democracia; es un fenómeno embrionario que se alimenta y crece en la dinámica democrática, un agente patógeno que comienza a carcomer las instituciones democráticas desde el interior. 

Si bien el término populismo, así como el del neoliberalismo -categorías simplistas que no aportan mucho al análisis-, se toma en sentido peyorativo, existen versiones de éste, como en todo, que conllevan a resultados positivos. El populismo político de Lázaro Cárdenas generó las bases para la consolidación de un Estado corporativo, nacionalista y desarrollista que permitió el comienzo del capitalismo mexicano. Si bien, durante los setenta años de priismo, el partido hegemónico pudo cambiar de piel según el contexto y la personalidad de los presidentes en turno, su discurso fue claramente populista: es la personificación institucionalizada de la Revolución mexicana, esa gran lucha popular sedienta de reivindicaciones sociales. 

Los dirigentes del Partido siempre se asumieron como la expresión histórica y simbólica de las reivindicaciones del pueblo mexicano, pues como señaló Octavio Paz, “Ellos [dirigentes] son el pasado, el presente y el futuro de México. El PRI no es un partido mayoritario: es la Unanimidad. El presidente no sólo es la autoridad política máxima: es la encarnación de la historia mexicana, el Poder como sustancia mágica transmitida desde el primer tlatoani a través de virreyes y presidentes”.

Ahora, en la década de los ochenta, ante la liberalización económica, las presiones políticas externas e internas y la creciente movilización de la sociedad civil, los gobiernos comenzaron a emprender el proceso de democratización del país. Si bien los resultados no fueron los esperados, sí hubo un avance en la construcción de instituciones que generaran un contrapeso y delimitaran la institución del Ejecutivo.

No sólo se fortalecieron los otros dos poderes y se buscó la descentralización del poder político, dotando, como lo señala la Constitución, a los estados y municipios de autonomía, sino que se crearon organismos de naturaleza técnica que suplieron al gobierno en actividades de gran importancia.

Estos contrapesos e instituciones siguieron extendiéndose durante los dos sexenios panistas y durante el retorno del PRI; sin embargo, con la llegada de López Obrador pareciera que comienza a haber un retroceso. La figura del presidente vuelve a ser enaltecida como a mediados del siglo pasado, pero ahora carece de un fuerte y extenso cuerpo burocrático a través del cual exprese su grandeza. 

Ahí es donde encontramos las inconsistencias de fondo de López Obrador: será el presidente por sí solo, a través de su honestidad y virtud, quien transformará al régimen y lo hará desmembrando la entumecida burocracia. 

Retumba el discurso de Luis Echeverría acerca de la distribución del ingreso a través del desarrollo compartido, pero se encuentra ausente la maquinaria burocrática y técnica para lograr dicho cometido. López Obrador busca impulsar el crecimiento, pero carece, como sí lo tenía Echeverría, un aparato productivo estatal. El periodo neoliberal desmanteló la capacidad productiva del Estado y redujo su margen de liderar el crecimiento. Ante ello, López Obrador no tiene más opciones que recurrir al capital privado.

Por otro lado, es recurrente la crítica a los periodos denominados neoliberales, sin embargo, el gobierno actual no ha transformado en ningún sentido los pilares de este modelo económico y social. El TLCAN, emblema principal del sexenio de Salinas y del neoliberalismo mexicano, no ha sido eliminado; por el contrario, López Obrador les ha implorado a los demócratas que agilicen la aprobación del T-MEC. 

¿Dónde encontramos las comparaciones para este gobierno? En cuanto a lo económico, encontramos similitudes -responsabilidad fiscal (asfixia diría yo), estabilidad macroeconómica y apertura económica- con los gobiernos neoliberales. En este sentido, las nuevas “partidas secretas” para financiar los programas sociales con fines políticos nos hace recordar el uso de la maquinaria electoral de Salinas. López Obrador recurre nuevamente al clientilismo para extender el dominio de Morena en las elecciones intermedias de 2021. En cuanto a la centralización del poder político en manos del Ejecutivo, mediante la destrucción de las instituciones democráticas, hace pensar en el autoritarismo del PRI de segunda mitad del siglo pasado. 

Las contradicciones son reveladoras: discursivamente anti-neoliberal pero sin transformar el modelo neoliberal y estadista siendo anti-estatista y sin un aparato productivo estatal que sustituya al capital privado. AMLO se empieza a acorralar en materia económica y cada vez le quedan menos argumentos para solventar sus intrínsecas contradicciones. 

El poderío del crimen organizado y la incapacidad del Estado en materia de seguridad

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Los hechos ocurridos el 17 de octubre en Culiacán marcan un hito en la guerra contra el crimen organizado. La falta de planeación y de coordinación -un síntoma de este gobierno-, así como la subestimación de la capacidad de respuesta del cártel de Sinaloa, causó la rendición de los elementos de la Guardia Nacional y la liberación del hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán. 

Si bien la culpa la tiene el gobierno federal -el titular de la Secretaría de Seguridad Pública debería renunciar-, la demostración de la debilidad del Estado mexicano es simplemente la manifestación explícita de un problema de antaño. 

No debería sorprendernos la incapacidad de las instituciones militares para hacerle frente al crimen organizado. Desde la década de los setenta el gobierno federal, por corrupción o negligencia, permitió el empoderamiento de estos grupos criminales.

El poderío desplegado por el crimen organizado no fue espontáneo. La creencia que antes del jueves México se encontraba libre de la sumisión del narcotráfico es infundada. La existencia de un Estado fallido surge cuando el gobierno de Felipe Calderón no pudo contener el estrepitoso repunte de la violencia que él mismo desató. 

Ante ello, tampoco debe de sorprender la capacidad de reacción del crimen organizado. En unas horas el cártel de Sinaloa logró rodear a los elementos de la Guardia Nacional cuando estos llevaron a Ovidio a la Fiscalía del estado. En una operación bien organizada lo que contrasta con la empleada por el gobierno-, el cártel bloqueó los canales de acceso a Culiacán, incluso tomaron el aeropuerto para evitar cualquier apoyo. 

De esa manera, la decisión de liberar a Ovidio no fue opcional. Es un hecho que, ante el despliegue de los miembros del cártel, el hijo del “Chapo” Guzmán no iba a salir de Culiacán. Lo único que el gobierno tenía que decidir era si retiraba a los elementos de la Guardia Nacional vivos o muertos, así como en evitar o no muertes colaterales.  

Empero, no se debe confundir la inevitable decisión de dejar libre a Ovidio con una muestra de pragmatismo y humanismo que el presidente quiere hacer entender. El desenlace de la liberación es causa directa de una lamentable planeación por parte del gabinete de seguridad. 

La versión -ha habido seis distintas- basada en que los elementos de la Guardia Nacional actuaron precipitadamente y por cuenta propia no exime a los titulares de la Sedena y la SSP. La falta de coordinación y actuación por cuenta propia del operativo es igual de grave a que si éste recibió ordenes desde la Presidencia y Sedena. 

En cualquiera de los dos casos, este acontecimiento será igual de transcendental que la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena o el derribamiento de un helicóptero por parte del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, éste puede tener peores consecuencias a largo plazo. Este suceso mandó una señal a otros grupos criminales que es posible chantajear al Estado y obligarlo a liberar a cualquier criminal. 

Por último, preocupa la poca autocrítica del gobierno, así como la terquedad del presidente de afirmar que la estrategia en materia de seguridad no ha fallado y que continuará bajo el mismo esquema. Es lamentable la falta de reconocimiento de las equivocaciones y el desinterés por cambiar lo que no está funcionando. 

López Obrador criticó, con razón, la estrategia de enfrentamiento directo de los sexenios de Calderón y Peña Nieto; sin embargo, la suya no se ha transformado en ese sentido. Como señala el Dr. Edgardo Buscaglia, esta administración debe de construir una estrategia que se oriente a mermar la estructura misma del crimen organizado. Si tomamos al cártel de Sinaloa como una empresa transnacional con presencia en más de ochenta países, vinculado financiera y operativamente a nivel global, buscar cortar sus flujos financieros y el suministro de armas es fundamental para desmantelarla. 

El enfrentamiento directo no va a conseguir resultados positivos, ya se vio en los dos sexenios anteriores, solamente traerá más muerte a un país que vive uno de sus peores momentos en términos de violencia de su historia reciente. 

El rechazo a la técnica y sus consecuencias en la formación de capital humano

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Hace cincuenta años el modelo de crecimiento por antonomasia era el construido por Robert Solow, en el cual los rendimientos a escala eran decrecientes; es decir, el incremento de una unidad en los factores de producción (trabajo y capital) aumentaba en menos de una unidad el producto. Con ello, se pensaba que las economías tendían a largo plazo a un estado estacionario, lo que se traducía en una convergencia mundial en el ingreso.

Empero, a partir de trabajos pioneros en la década de los setenta, algunos investigadores postularon otro modelo de crecimiento, que ya no tomaba el crecimiento como algo exógeno, intrínseco al capital, sino que éste se encontraba determinado por la dinámica, preponderancia y complementariedad de factores internos. 

Existen dos grandes consecuencias del crecimiento endógeno. Por un lado, el crecimiento deja de encontrarse limitado a las restricciones de la tecnología y, por el otro, el papel de la política pública puede traducirse en un aliciente del crecimiento.

Uno de los factores a los que aludimos es el del capital humano. Si bien la fuerza laboral de un agente se encuentra acotada -no puede trabajar más de 24 horas al día-, la acumulación de conocimiento es ilimitado, con lo cual el crecimiento puede ser impulsado reiteradamente a través de políticas que promuevan su acumulación. 

Esta sencilla reflexión parece no compartirla el gobierno actual. A casi un año del ascenso de López Obrador a la Presidencia, éste no ha mostrado interés en apoyar y desarrollar el capital humano.

Desde hace tiempo, López Obrador se ha presentado como anti-neoliberal, aunque reafirma prácticas que el mismo Milton Friedman admiraría, anti-estatista, en tanto desea eliminar obesidad de la burocracia, anti-economicista, a la vez que denigra los datos y los análisis técnicos, y anti-institucionalista, ya que se coloca por arriba de las reglas y formas previamente determinadas. Habrá que sumarle un nuevo anti: anti-intelectualismo. 

Para López Obrador, la educación, conocimiento, cultura y tecnología parece no tener relevancia en la cuarta transformación. El desarrollo económico no vendrá de la ciencia, sino de la voluntad del presidente, quién se guía por su propio intuicionismo y desecha cualquier injerencia de la técnica. Según él, la reducción tecnocrática es propio de los gobiernos llamados neoliberales y, en tanto busca desligarse de ese periodo, criticará todo lo relacionado. Empero, lo que no sabe es que la tecnocracia no es propia de la derecha, sino que puede vincularse con cualquier posición en el espectro ideológico.

Grandes economistas como Oskar Lange, quien contribuyó al proyecto teórico denominado socialismo de mercado, fueron partidarios del uso de la técnica para resolver problemas de distribución y eficiencia. Personajes como Horacio Flores de la Peña, David Ibarra y Carlos Tello pertenecientes a los gobiernos de Echeverría y López Portillo tenían una formación técnica. 

El desprecio por la técnica se combina con la presión de grupos de interés en el sector educativo. La aprobación de las tres leyes educativas en el Congreso podría significar un retroceso importante en materia educativa. Si bien la reforma de Peña Nieto subestimó el costo político -promovieron una campaña de difamación hacia el sindicato y la coordinadora- y se enfocó en el aspecto laboral, dejando a un lado elementos propiamente educativos, colocó las bases para la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa. 

Permitirle a la CNTE definir las plazas de maestros de las escuelas de normalistas podría mermar la calidad educativa de los niños y futuros maestros. El empoderamiento del sindicato y la coordinadora entorpecen la acción del Estado para mejorar las condiciones educativas del país, en tanto las plazas se otorgarán no a partir de una lógica semi-meritocrática -la meritocracia pura no existe-, sino por relaciones políticas. 

A esto se suma la destitución del Dr. Antonio Lazcano Araujo, miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores, por supuestas faltas no justificadas. Su remoción no es más que un ajuste de cuentas, después de que Lazcano criticara la política en ciencia del gobierno y la gestión de la directora del Conacyt en una publicación en la revista Science.

López Obrador se distancia de la oportunidad de invertir en capital humano para impulsar, a largo plazo, el crecimiento económico y, con éste, el desarrollo. Ser inmediatistas y actuar indiferentemente hacia el porvenir podría costarle a México estancarse más décadas en el rezago educativo. 

La continuidad-ruptura y el simbolismo: un balance en materia política de los primeros nueve meses del gobierno de López Obrador

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Actualmente, no existe en México mejor político que Andrés Manuel López Obrador. Si entendemos lo político según Maquiavelo -la capacidad de obtener y conservar el poder-, el presidente, en ese sentido, se debe comparar con Carlos Salinas de Gortari. 

Continuando un balance de los primeros nueve meses de su gobierno -anteriormente lo hicimos en la dimensión económica-, en términos políticos hay mucho que decir al respecto. 

López Obrador es el presidente de las formas y los símbolos. Desde antes de asumir la Presidencia, el originario del estado de Tabasco ha transformado los modos del quehacer político. Sin duda existen grandes similitudes con los gobiernos priistas del siglo pasado -la centralización del poder, el culto a la personalidad del presidente, la retórica populista, etc.-; sin embargo, también encontramos elementos diametralmente opuestos a los gobiernos anteriores. 

La astucia política del presidente le ha permitido combinar aspectos del pasado con otros que lo presentan como un nuevo sujeto transformador. Con ello, el proceso del gobierno de López Obrador es uno de continuidad-ruptura. Comencemos con las continuidades. 

La continuidad más relevante, que le permite renovar incesantemente su legitimidad, es de carácter histórico. Al igual que el PNR se colocó como legítimo heredero de la Revolución mexicana -al institucionalizarla, la contuvo-, AMLO se coloca como el desenlace natural, lógico y teleológico de la historia mexicana. No por nada la cuarta transformación solamente se equipara a la Independencia, la Reforma y la Revolución. El presidente busca reconstruir la historia para posicionarse como el resultado evolutivo y, por lo tanto, necesario del acontecer mexicano. 

Otro elemento de continuidad es el de la base social. La consolidación del Estado moderno mexicano fue, en parte, gracias a la base social que lo constituye. Con el PRM, Lázaro Cárdenas logró integrar las distintas fuerzas sociales al partido, desde el cual se canalizaban las disputas, colocando a la institución del Presidente por arriba de ellas.

López Obrador no ha perdido este elemento, sabedor del apoyo popular que ha adquirido a lo largo de su carrera política. Tal es el caso que no ha roto con la CNTE, incluso cuando algunos integrantes de Morena lo han exigido. Asimismo, ha incluido nuevos actores sociales en su base de apoyo. El programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro, no es más que un intento clientelar para atraer en seis años a los jóvenes beneficiarios a las urnas para apoyar al candidato que seguramente designará. 

Su distanciamiento con el empresariado le ha costado caro y lo ha obligado a recapacitar. A diferencia de mediados del siglo pasado, el Estado ya no tiene la capacidad productiva ni financiera para condicionar a la iniciativa privada y liderar los proyectos económicos. El caso de los gasoductos es una muestra pragmática y de reflexión del presidente: sabe que no podrá cumplir su promesa de crecimiento sin estos actores. 

Por último, la continuidad de que el presidente sea cabeza de partido es evidente. No hay duda de que AMLO controla Morena desde la Presidencia. Y no podríamos esperar menos, el presidente es el fundador de Morena, gracias a él este partido tiene mayoría en el Congreso y en más de la mitad de las legislaturas locales. Morena representa la extensión del poder del presidente. 

En cuanto a las rupturas, mencionaré una que en realidad es el escenario en el cual otras acontecen: la ruptura simbólica. El presidente internalizó e hizo palpable el hartazgo social ante la corrupción y la impunidad. Ante su capacidad para explotarlo, su retórica ha estado anclada, en todo momento, a combatir ambos males.

El simbolismo en su quehacer político es abrumador: apertura de los Pinos como acercamiento al pueblo y de éste con el poder; la disminución de su sueldo para reafirmar sus acciones por compromiso, no por interés; la cancelación del aeropuerto en Texcoco como su posición de siervo del pueblo; la construcción de la refinería en Dos Bocas como confirmación del papel nuevamente del Estado para impulsar el crecimiento económico; la práctica reiterada en cada “mañanera” de informar al pueblo sobre las acciones y los resultados de su gobierno. 

López Obrador ha transformado las formas del quehacer político, reivindicando el acercamiento con el pueblo y distanciándose de la indiferencia de los presidentes anteriores frente a los más desprotegidos. El apoyo social que tiene AMLO es abrumador, tal que muchas de sus propuestas, que carecen de todo rigor técnico, han sido justificadas y defendidas. 

Empero, a lo largo de su sexenio, el elemento simbólico puede desgastarse ante la falta de resultados concretos. Si bien el PRI reafirmaba su legitimidad a través de su retórica historicista, también lo hacía a partir del crecimiento económico. El discurso no es suficiente para preservar la legitimidad de un presidente.

El crecimiento económico como condición necesaria para el desarrollo: un balance en materia económica de los primeros nueve meses del gobierno de López Obrador

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El domingo primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó su primer informe de gobierno al Congreso y dio un comunicado a los mexicanos sobre los resultados en sus primeros nueve meses.

En este artículo se expondrá un balance de su gobierno durante este periodo en materia económica. En las próximas publicaciones se abordarán los temas en materia política y social. 

El menosprecio por la técnica que muestra López Obrador es preocupante. Nuevamente, aludiendo al periodo llamado neoliberal, un periodo de desigualdad y retroceso ante los ojos del presidente, éste señala a la técnica como un artilugio de los economistas, quienes están obsesionados con los datos, cuando lo que debería preocuparles es la virtud y la honestidad; elementos que emanan de la persona de López Obrador. La política pública y el devenir de la nación no deben de guiarse por datos duros y fríos, sino por el voluntarismo, intuicionismo y buena moral del presidente. Comencemos.

Si definimos al Producto Interno Bruto a partir de la demanda agregada de los recursos, podemos apreciar las causas de la desaceleración del primero. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el primer trimestre de 2019, el PIB decreció 0.3% respecto al cuarto trimestre de 2018 y creció 0.1% respecto al mismo trimestre del año anterior. Para el segundo trimestre, el INEGI estimó un crecimiento de 0.1% trimestral y 0.4% anual; sin embargo, en su primera revisión el Instituto ajustó el crecimiento a 0.0% y 0.3%, respectivamente. Esto significa que el crecimiento económico se encuentra estancado. ¿Qué explica este fenómeno?

El componente del consumo, el cual tiene la mayor participación en el PIB, ha presentado una tendencia de desaceleración en los últimos meses. El crecimiento acumulado de enero a mayo fue de 1.0% anual, lo que contrasta negativamente con el crecimiento de 2.4% registrado durante el mismo periodo del 2018. 

En cuanto a la inversión, ésta registró una caída en promedio de 3.5% anual, lo que contrasta con el crecimiento de 2.1% presentado durante el mismo periodo del año anterior. Bajo un contexto de desconfianza en la situación actual del país, aunado a las señales de contracción de la economía global, los empresarios no buscan arriesgar su capital.

El otro componente que integra la definición del PIB es el gasto, el cual, dada la propuesta de “austeridad republicana”, se ha reducido. El gasto neto pagado acumulado entre enero y julio cayó 3.0% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro del gasto programable resalta la caída acumulada de la inversión física de 15.8%. 

Si el gasto público se encuentra limitado por la retórica franciscana del presidente, también se encuentra acotado por la renuencia a reestructurar el sistema tributario. Ante los problemas financieros y de operación que enfrenta PEMEX, aunado a la tendencia a la baja del precio de la mezcla mexicana, se reduce la capacidad de acción del gobierno. 

Lo anterior se puede ver a partir de los ingresos presupuestarios, lo cuales acumulan de enero a julio una caída de 2.7% anual. Dentro de estos, los petroleros acumulan una caída de 18.2%, mientras que los no petroleros crecieron 0.9% anual. Con ello, los ingresos del gobierno federal se reducen y para cumplir los objetivos del gobierno, éste tendrá que buscar nuevas fuentes de financiamiento, lo que podría obligarlo a incrementar la deuda pública. 

El último componente del PIB son las exportaciones netas. Éste es también un componente de la cuente corriente, la que además de las exportaciones netas integra los ingresos netos de la renta del capital y la entrada neta de transferencias (en su mayoría remesas).  Durante el primer semestre de 2019, la cuenta corriente presentó un déficit de 3 mil 366 millones dólares. Empero, lo que es relevante es el superávit del segundo trimestre, el cual fue de 5 mil 143 millones de dólares. Éste es el primer superávit desde el segundo trimestre de 2010 y el más alto desde que se tiene contabilidad (1980). 

Ahora, que la cuenta corriente haya presentado un saldo positivo no es necesariamente algo bueno; por el contrario, en la situación actual, éste expresa la contracción de los componentes del PIB. Los países emergentes como México tienden a presentar saldos deficitarios en la cuenta corriente, en tanto que perciben flujo de capitales en la compra de activos nacionales. 

Si se combina la definición del PIB y de la cuenta corriente, ésta se puede expresar como la diferencia entre el ahorro interno y la inversión. De esa manera, una cuenta corriente deficitaria significa que el ahorro interno es más que suficiente para cubrir las inversiones de la economía. Durante el primer trimestre de 2019, el ahorro interno creció 10.8% anual con cifras desestacionalizadas. Esto implica que los consumidores perciben a corto plazo una posible caída en sus ingresos. 

Si la inversión y el gasto público caen y el consumo se contrae, el único componente que puede impulsar el crecimiento son las exportaciones de bienes y servicios. En el contexto de una posible recesión económica global, acelerada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, depender de las exportaciones podría dejar a la economía a la deriva. 

López Obrador se ha dado cuenta que sin la inversión proveniente de la iniciativa privada sus objetivos de campaña no podrán cumplirse. Esto lo demostró en la renegociación del contrato de los gasoductos y lo reafirmó en su informe: busca una reconciliación con los empresarios. 

Sin inversión privada, gasto y consumo, el crecimiento económico no va a despegar. No importa si la Junta de Gobierno del Banco de México busca apoyarlo con la disminución de la tasa de referencia, dada una inflación que converge al tres por ciento, sin certidumbre los empresarios y los hogares no se arriesgaran a invertir y consumir.

AMLO sigue denostando las herramientas técnicas y subestima el crecimiento económico; sin embargo, debe entender que, si bien éste no es una condición suficiente, sí es una condición necesaria para el desarrollo. Es momento de reconocer lo que no funciona y rectificar el rumbo de las políticas en materia económica.

Movimiento feminista: explosión iracunda de un hartazgo

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No existe revolución que se haya dado sin levantamientos violentos, a través de mecanismos institucionales determinados apriorísticamente por el régimen contra el que se quiere luchar. Buscar transformar prácticas arraigadas en el mismo sistema cultural que se extiende a otras esferas es negar el concepto y el fenómeno de revolución.

Las estructuras se tambalean y caen ante el estrepitoso acontecer violento. Estas caídas no surgen por la empatía de los opresores, no son el resultado consensuado entre éstos y los oprimidos. La supresión de la subordinación no es expresión de los procesos institucionales; por el contario, en muchas ocasiones esas mismas instituciones obstaculizan el proceso de transformación, reduciéndolo a discursos políticos vacíos que sólo buscan apagar el movimiento. 

La modernidad surge como proceso social e histórico en contra de los movimientos disruptivos del siglo XVIII y XIX. Después de la Revolución francesa y los movimientos sociales de 1830 y 1848, los lideres de la modernidad buscaron encauzar las disputas sociales para evitar las confrontaciones violentas. Ante ese objetivo surge la sociología, como ciencia social capaz de desmenuzar las causas de las irrupciones violentas del siglo decimonónico. 

Por otro lado, la modernidad estableció las instituciones democrático-liberales que buscarían, bajo una ideología burguesa, reivindicar las libertades civiles y políticas, así como generar los cauces institucionales para dirimir las exigencias sociales. 

Empero, como muestra la historia del siglo XX, los mecanismos institucionales fueron insuficientes para atender dichas exigencias, con lo cual no hubo otra vía más que los movimientos armados y violentos.  

Sin duda, hoy en día, se debe buscar transformar aspectos de la convivencia social a partir de mecanismos jurídicos y políticos; sin embargo, si este tipo de modalidades fracasan, los agentes sociales que sufren la opresión buscarán nuevas formas de cambio.

Eso es lo que ocurrió el viernes en México. Ante el hartazgo y la ira del incremento de feminicidios y de violaciones, el colectivo de mujeres que se manifestó no encontró otra forma de expresarse que la violencia. 

Las voces reaccionarias y conservadores no se abstuvieron de opinar. Desde consignas como “ese movimiento no me representa” o “hay formas de manifestarse” hasta argumentos sinsentido de algunos renombrados periodistas, se señaló que la violencia deslegitimó la marcha y ocasionó que se perdiera una gran oportunidad para promover apoyo entre la sociedad. 

La marcha logró lo que en su sentido colectivo buscaba, que las mujeres fueran escuchadas, que se hiciera palpable el hartazgo y el miedo transformado en ira. Más allá de las opiniones acerca de las formas de manifestarse -normativizar las protestas según esquemas preestablecidos de supuesta convivencia social que esté en sintonía con patrones de civilidad-, este tema quedó rebasado por la realidad misma. 

No debemos de preguntarnos si esas son formas correctas de expresarse, busquemos el porqué de dichas expresiones. ¿Qué nivel de impotencia e indefensión debe sentir una mujer en este país para poder expresarse de esa manera? ¿No es acaso esta desesperación la que cataliza esas reacciones explosivas?

El movimiento feminista ha logrado el primer paso: imponer en el discurso actual el peligro de ser mujer. Cotidianamente se escuchan casos de violaciones, maltratos y asesinatos a mujeres por parte de los hombres; sin embargo, el movimiento ha ido más lejos -algo que no se ha hecho en el caso del crimen organizado-, ha expresado su hartazgo y buscado articular discursos entre un gran número de la población de mujeres.

Las mujeres han sabido utilizar las redes sociales para articular un movimiento, para buscar mecanismos de protección entre ellas frente a los casos de machismo. Y, con ello, han podido reestructurar la forma de pensar frente a los actos misóginos, han generado una ruptura en el consciente colectivo que ha promovido la desconstrucción de los actos y prácticas que anteriormente se consideraban aislados de los casos de violencia y maltrato a la mujer.

En los últimos años, gracias a las redes masivas de interconectividad y a la exposición recurrente a discursos anti-machistas, las mujeres han logrado un iniciar un cambio en la psique social. Las transformaciones sociales son paulatinas, en tanto revolucionan las pautas y prácticas sociales en las cuales discurre la acción de los agentes. Las mujeres han comenzado a poner los pilares de dicha transformación en nuestro país. 

López Obrador y un nuevo sujeto histórico

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Cuando Plutarco Elías Calles creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), colocó las bases para la institucionalización del poder. El tiempo de los caudillos, quienes ascendían al poder a través de “balazos”, se había terminado, y comenzaba así el tiempo de las instituciones. 

Sin embargo, el tiempo de las instituciones heredó bastante del tiempo de los caudillos, herencia integrada en el fenómeno conocido como presidencialismo. Los artículos 27º constitucional, sobre la propiedad original de la nación, y 123º, sobre las relaciones laborales, otorgaban al Poder Ejecutivo una amplia capacidad de acción. El presidente se convertía así en el mediador de todas las disputas entre los grupos y clases sociales. Fungía como arbitro al colocarse por encima de las confrontaciones y determinar su solución.

Junto a la institucionalización del poder político se dio su centralización y la supresión de poderes locales, el ostracismo de la élite terrateniente y eclesiástica del poder y la reivindicación del control y dirección de la educación por parte del Estado. Todo esto con el objetivo de generar un Estado interventor que fungiera como el rector del desarrollo del sistema capitalista a través de la industrialización del país. 

La centralización del poder político requería necesariamente construir una ideología que generara legitimidad en el nuevo régimen. Ante ello, la familia revolucionaria buscó colocarse como último enclave en la sucesión histórica mexicana. Desde el pueblo originario de los aztecas, pasando por la Independencia y la Guerra de Reforma, y ascendiendo con la Revolución mexicana, el nuevo régimen se justificaba como legítimo heredero de todo este proceso histórico. 

No por nada, se buscó reivindicar el origen precolombino a través de la producción de elementos pictóricas que generaran orgullo de nuestro pasado anterior a la llegada de los españoles. Asimismo, a través de la educación se logró imponer un tipo de historia acorde a los intereses del Partido Revolucionario. 

Esto es lo que intenta hacer López Obrador: configurar la historia para colocarse como legítimo heredero del devenir mexicano. Para el presidente actual, la historia se divide en cuatro grandes transformaciones: la Independencia, la Guerra de Reforma, la Revolución y su victoria electoral. Y de forma negativa, todas estas transformaciones son la antítesis de cuatro fenómenos: el periodo colonial, el imperio de Maximiliano, el Porfiriato y la etapa neoliberal. No es por lo tanto coincidencia que AMLO admire a personajes como Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. 

Benito Juárez enfrentó a los conservadores en la guerra de los Tres Años (1958-1961) y al imperio de Maximiliano de Habsburgo para liderar el periodo conocido como la Restauración. Como argumentó Emilio Rabasa en La constitución y la dictadura, la Constitución de 1857 permitió a Juárez convertirse en dictador al obtener facultades extraordinarias que permitieron prologar su estancia en el poder. López Obrador, si bien no apunta a una prolongación de su mandato, si ha comenzado a ejercer facultades que no le competen. 

Por su parte, Madero se enfrentó a la dictadura de más de treinta años de Porfirio Díaz. Si bien la de Madero fue en el ámbito político de la no relección, López Obrador compara esta oposición con la suya frente al periodo neoliberal de más de treinta años. 

En el caso de Lázaro Cárdenas, la admiración de López Obrador radica en la capacidad del primero en establecer las bases para un Estado corporativo, nacionalista e interventor: corporativo en el sentido de que el poder político está legitimado por una base social caracterizada por el estrecho vínculo entre el presidente y los líderes sindicales de obreros y campesinos; nacionalista en el sentido de priorizar la creación de un burguesía nacional y anteponer los intereses nacionales frente a los extranjeros; y desarrollista en el sentido de que el gobierno generara los medios para intentar colocar a la economía nacional en el camino del desarrollo.

Con ello, López Obrador busca colocarse como un nuevo parteaguas en la historia mexicana, al ser el legítimo sucesor de la Revolución y opositor del periodo neoliberal. Busca colocar al Estado nuevamente en el centro de la acción económica -por ejemplo, hacer de PEMEX nuevamente la empresa productiva del país que lidere el crecimiento. 

Para ello, buscará rehacer la historia, enalteciendo su figura como sujeto transformador y vilipendiando el periodo de liberalización económica. Esta monumental empresa de depuración ideológica ya ha comenzado en el ámbito de las letras, la ciencia y el arte. Se busca redefinir estos campos para que estén acordes al proyecto de la 4T. Resoplan los juicios de inquisición ideológica al denostar la opinión ajena, en tanto que aquel que no apoye el movimiento hercúleo se encuentra del lado equivocado de la Historia.   

La nostalgia por la rectoría del Estado: apuntalar a PEMEX como motor de crecimiento representaría un error

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López Obrador mira con nostalgia el modelo nacionalista de los gobiernos posrevolucionarios. Alaba la incidencia del Estado en la actividad económica en un contexto de industrialización. El programa posrevolucionario, comenzado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, buscó desarrollar el sistema capitalista a partir de la rectoría del Estado. 

Sin duda la economía creció considerablemente en los modelos de desarrollo estabilizador (1958-1970) y desarrollo compartido (1970-1982), sin embargo, se implementaron en un contexto internacional distinto al actual. 

Bajo las críticas a las políticas de una economía de laisser-faire y una gran aceptación por el marco teórico keynesiano, las economías buscaron proteger las industrias nacionales ante la competencia extranjera, así como un aumento en la búsqueda de bienestar social a partir políticas redistributivas.

En la actualidad, las economías nacionales se encuentran integradas en la economía mundial. La importancia del sistema global de comercio para la economía mexicana es tal que la suma de las exportaciones e importaciones representan casi el setenta por ciento del Producto Interno Bruto. 

La entrada de México al GATT (ahora Organización Mundial del Comercio) y la búsqueda de integración económica con Estados Unidos y Canadá implicaron una liberalización de la economía sin precedente. Como señaló la revista británica The Economist a principios de los noventa, en unos cuantos años la economía mexicana pasó de ser una de las más cerradas a una de las más abiertas. 

Si bien López Obrador no ha argumentado en contra del comercio exterior (¡actualmente sería impensable regresar a una autarquía!), sí ha mencionado políticas económicas que aluden a ese pasado supuestamente glorioso. 

Por ejemplo, la insistencia de generar el renacimiento productivo de PEMEX como motor, no sólo de los ingresos federales, sino del PIB, puede resultar perjudicial. Entre algunos de los resultados positivos del periodo denominado neoliberal -el mejor es sin duda la estabilidad macroeconómica- es la conversión productiva, pasando de bienes primarios, entre ellos el petróleo, a bienes manufacturados, principalmente en la industria maquiladora. 

El petróleo es un commodity, lo que implica estar expuesta a choques externos que generan altos niveles de volatilidad. Ante ello, los gobiernos posteriores a la crisis de la deuda de 1982 buscaron blindarse sustituyendo la dependencia de bienes primarios por bienes manufacturados, los cuales no son tan sensibles a choques externos. 

Empero, a nivel de ingresos federales es cierto que los ingresos petroleros representan un porcentaje importante del presupuesto del gobierno federal. Ante la baja de los precios del petróleo y la creciente deficiencia productiva de PEMEX comenzada desde Felipe Calderón, el gobierno federal ha generado menores ingresos. Por ejemplo, para el periodo enero-mayo de 2012 los ingresos petroleros del gobierno federal representaron 42.8 % de los ingresos presupuestarios, mientras que para el mismo periodo de 2019 estos representaron tan sólo 17 % de los ingresos totales. 

La búsqueda de una mayor percepción de ingresos no debe implicar apuntalar al petróleo como motor de crecimiento económico. Por supuesto se debe buscar sanear las finanzas de PEMEX e generar inversiones para incrementar su producción; sin embargo, eso no significa colocar otra vez al petróleo como prioridad nacional, menos aun en un contexto internacional de transformación de fuentes de energía, de combustibles fósiles a energías sustentables. 

Si el gobierno federal desea incrementar sus ingresos debe de cambiar la estructura tributaria y hacerla más eficiente. Debe de combatir la informalidad, un fenómeno que emplea a más de la mitad de la población ocupada. De esa manera, se solucionaría la principal causa del estancamiento en productividad y, por ende, de crecimiento económico y, al mismo tiempo, se conseguiría ensanchar la bolsa del erario.   

El sistema de salud mexicano y la necesidad de la cobertura universal

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Uno de los temas más relevantes a los que se enfrenta el gobierno de López Obrador es detener el deterioro del sistema de salud mexicano. El modelo actual implementado en los años de la posguerra no parece resolver la problemática actual de la cobertura. 

Existen dos grandes sistemas de seguridad social (salud y pensiones), uno de origen alemán y otro de origen inglés. El primero se le conoce como modelo “bismarckiano” que nació en 1883 en Alemania, diseñado por Otto Von Bismarck. Bajo esta modalidad el Estado funge como gestor, definiendo la composición de las aportaciones para cubrir los costos de sanidad y de retiro. La cobertura se encuentra sujeto a un empleo formal y se financia a través de las aportaciones conjuntas del empleado, el empleador y, en algunos casos, el Estado. 

Por otro lado, encontramos el modelo de Beveridge, implementado en Reino Unido en los años de la segunda Guerra Mundial. En 1941, el gobierno inglés le encomendó a William Beveridge la tarea de llevar a cabo un análisis sobre las deficiencias del seguro social.

Beveridge observó que la sujeción de la seguridad social a la condición laboral generaba ineficiencias en la distribución de los servicios. Ante ello, este modelo propone la universalización de los servicios de salud financiado a partir de impuestos generales y uniformes, independientemente del nivel de renta del asegurado. La financiación depende en su mayoría del presupuesto del Estado, con lo cual éste no es un simple gestor, sino que administra y presta los servicios. 

En este mismo sentido, se puede hacer una serie de tipologías de la seguridad social: socialdemócrata, en el cual el Estado proporciona, por fuera del mercado, beneficios universales y homogéneos que son financiados con altas tasas impositivas; corporativo, en el cual la fuerza política de algunos sectores sociales les provee acceso a grandes beneficios y se encuentra sujeto a su posición laboral; y el liberal, en el cual el Estado transfiere recursos a la población más desprotegida, dejando al resto a disposición del mercado.

En el caso mexicano, el Estado posrevolucionario emprendió el modelo bismarckiano y ha integrado algunos elementos del modelo Beveridge desde los años ochenta. El gobierno mexicano benefició a algunos sectores sociales, sobre todo los que se encontraban sindicalizados, otorgándoles grandes prestaciones y beneficios.

En México, desde la creación del IMSS y del ISSSTE, trabajadores formales en el sector privado y público tienen la posibilidad de recibir servicios de salud y de seguridad social (pensiones) a partir de una cuota que se les descuenta de su salario o sueldo. Las otras partes del financiamiento son generadas por los patrones y el Estado.

Dado que la prestación de servicios del IMSS, ISSSTE y PEMEX están condicionadas al trabajo formal, existe toda una población que no puede acceder a ellos. Para ello, durante el sexenio de Vicente Fox y bajo la titularidad de Julio Frenk Mora en la Secretaria de Salud, se implementó el llamado Seguro Popular (SP), el cual buscaba cubrir las necesidades según una estructura de cuotas dado los ingresos de las familias que no contaban con trabajo formal. Si bien el proyecto era necesario, su implementación dejó mucho que desear, ya que los “gastos de bolsillo” -aquel gasto adicional que hacen las familias con SP para atenderse en hospitales privados por falta de atención en los hospitales asignados por el Seguro Popular- no descendió, sino que aumentó.

En las últimas décadas, las crecientes demandas de seguridad social sobre el IMSS han puesto en duda su viabilidad financiera para seguir prestando los servicios de los derechohabientes, dado que su capacidad de inversión se ha visto acotada. Según datos del IMSS, publicados por Reforma (06/07/2019) el pago de pensionados y jubilados equivale al 19 por ciento de su gasto. Si bien el Seguro Social cerró con un superávit de 14 mil 766 millones de pesos, sus pasivos llegaron a 290 mil 400 millones de pesos en 2018, 29 mil millones de pesos más que el año anterior. Según el IMSS, esto se debió al incremento de las aportaciones financieras que está obligado a hacer, las cuales representaron el 7.5 por ciento de su gasto.

En su visita al estado de Chiapas, López Obrador planteó integrar el IMSS y el ISSSTE al Seguro Popular (al cual obviamente le cambiará el nombre), para dar cobertura universal, es decir, prestar servicios tanto a derechohabientes como a la población abierta.

La descentralización del sistema salud que se intentó llevar a cabo en los sexenios pasados fue un fracaso. La corrupción, ineficiencia y displicencia de los gobiernos locales generó una seria degradación de las prestaciones sanitarias. 

Si bien la centralización acarrea sus problemas, en este caso parece ser necesario. Pero para ello, López Obrador deberá conciliar los distintos intereses de los trabajadores del IMSS -quienes tienen mejores prestaciones que los del SP. Si quiere integrar las distintas instituciones deberá saber dialogar y convencer a los implicados de los beneficios. Esperemos que haga un mejor trabajo que lo que observamos en el caso de la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional. 

Las políticas públicas de López Obrador: un Frankenstein sin cabeza

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El siglo XX vio la confrontación entre dos sistemas de producción, confrontación que se traduce, a su vez, en un debate teórico: capitalismo y socialismo. Para Marx, el capitalismo es un modo de producción basado en la regeneración constante del capital a partir del alargamiento del trabajo excedente. El capital incrementa la productividad del trabajo, acortando el tiempo de trabajo necesario para el pago de la subsistencia del trabajador, con lo cual incrementa la plusvalía, que es lo mismo que la ganancia. Esta insistencia de regeneración por parte del capital provoca la precarización cada vez mayor del trabajo asalariado y la concentración de la riqueza por parte del capital.

Para la corriente liberal, el socialismo implica la centralización de los medios de producción por parte del Estado. Ya no es el mercado el que asigna los recursos productivos, sino un planificador central, quien decide cuánto, de qué manera y en qué medida producir. La centralización de toma de decisiones en el ámbito económico conlleva a la intervención creciente del gobierno en la esfera individual. Asimismo, dado que no existe un sistema de precios, debido a la inexistencia de la propiedad privada y, por ende, a la supresión de todo intercambio, el planificador central no es capaz de conocer las preferencias de consumo de cada uno de los individuos. Ante ello, el socialismo es más ineficiente que el capitalismo.

En la posguerra, se buscó una tercera vía que evitara las distorsiones del mercado y que no desembocara en un totalitarismo: el Estado de bienestar. Este modelo se basaba en la intervención del Estado en actividades económicas primordiales para la sociedad, pero que el mercado no podía proveer -salud, seguridad social, educación, etc. 

En México, los gobiernos posrevolucionarios se adjudicaron el objetivo de impulsar el desarrollo. Ante la falta de una burguesía nacional, el Estado se convirtió en el rector del proceso de industrialización a través de su intervención en distintos rubros de la economía.

La centralización de la economía normalmente va de la mano de la concentración de poder político. Durante esos años, México estuvo bajo un régimen semi-autoritario y corporativo, en el cual toda decisión cruzaba por el Poder Ejecutivo.

Las irresponsables políticas monetaria, fiscal y cambiaria de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, aunado a choques macroeconómicos exógenos, llevaron a la economía a una crisis de endeudamiento, que terminó en la declaración de moratoria en 1982. 

Ante tasas de inflación de tres dígitos y un alto endeudamiento, el gobierno tuvo que reestructurar sus políticas económicas: disminución del déficit fiscal, control de la inflación, privatización de empresas paraestatales y apertura económica, entre otras. Como en otras latitudes del mundo, México comenzó su proceso de liberalización económica, colocando a las exportaciones y a la inversión extranjera como los ejes del crecimiento económico.

El modelo de apertura económica y desregulación del mercado continua actualmente, incluso con la llegada de López Obrador al poder. No parece haber indicador alguno que haga pensar que los pilares del llamado neoliberalismo vayan a transformarse. Al contrario, en algunos puntos, López Obrador es aun más conservador que los gobiernos anteriores.

Los neoliberales ortodoxos, como Milton Friedman, aplaudirían las transferencias monetarias a las madres de familia para pagar servicios de guarderías. Según la teoría económica en boga, dichas transferencias no distorsionan el equilibrio del mercado, con lo cual no hay pérdida de eficiencia en la asignación de recursos. 

El otro punto, por el cual sería aplaudido, es el programa de austeridad emprendido como eje central de su gobierno. Los postulados del neoliberalismo indican que el gobierno debe de mantener sanas sus finanzas públicas, abstenerse de fomentar el gasto social y la inversión pública, los cuales deben de recaer en la iniciativa privada. 

Sin embargo, en un contexto de incertidumbre, en el cual se desincentiva la inversión y la confianza del consumidor se desacelera, la estrepitosa caída del gasto presiona aún más al crecimiento económico. 

El gasto público para el primer trimestre es preocupante, no porque sobrepase el gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sino por el subejercicio que existe en casi todas las ramas. Inclusive en los ramos prioritarios en la política pública del gobierno -Trabajo y Previsión Social y Bienestar- el gasto observado ha sido menor al gasto programable -79.8% y 15.7%, respectivamente. Se debe tener en cuenta que la STPS, la cual integra al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, vio su presupuesto aumentarse en más de 800% respecto al PEF del 2018 en términos reales.  

La retórica de austeridad ha llevado también a la eliminación de intermediarios. Por ejemplo, no se cuestionan las prácticas de corrupción en la distribución de medicamentos en el sexenio anterior, sin embargo, el gobierno federal no tiene la capacidad para distribuirlos a los distintos hospitales públicos a largo del país. 

López Obrador ha tomado lo peor del modelo neoliberal -asfixia fiscal y transferencias monetarias-, y desechado sus aspectos más valiosos: el cálculo económico y la confianza en las estadísticas. El primero le mostraría la inviabilidad de la refinería de Dos Bocas y las segundas le advertirían que la economía del país no va “requetebién”.