Venezuela y el intervencionismo estadounidense en América Latina

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Las dos Guerras Mundiales fueron, en un sentido muy general, consecuencia de la contradicción entre el capitalismo y los imperialismos. Para ser claros, la contradicción no radica en términos absolutos, es decir, en la entidad conceptual de imperialismo como término singular, sino en su manifestación plural en un sistema global capitalista. Para que el capital subsista debe de reinvertirse constantemente, ya que de lo contrario perece ante la competencia. Empero, al tener rendimientos decrecientes -función creciente con tasas decrecientes-, el capital también debe de expandirse a regiones en donde la capacidad acumulativa no se encuentre saturada; es decir, en donde aún haya un atraso en la productividad y exista un alto grado de fuerza de trabajo sin ser explotada o en donde las mercancías no hayan llegado a saciar al máximo todas las necesidades de una población en específico. Por ello, las disputas por el dominio geopolítico y comercial entre las potencias coloniales de Europa se dirimieron en el aspecto bélico. 

A diferencia de las potencias europeas, el imperialismo estadounidense no chocaba contra otros imperialismos, y la dualidad capitalismo/imperialismo funcionaba sin fricción para convertir a Estados Unidos en la nueva potencia hegemónica. La acumulación de capital de los E.U. fue posible como consecuencia de una serie de factores: la sujeción de la oligarquía política, la mano de obra barata latinoamericana, la inversión monopólica de su capital, la regulación de precios a los productos manufactureros, la intervención militar y la retórica política e ideológica para justificar todo lo anterior, entre muchos otros.    

Pablo González Casanova en su ensayo Imperialismo y Liberación en América Latina apunta a que la intervención del imperialismo estadounidense en América Latina presentó variantes sustanciales por lo menos en tres periodos que van desde 1880 hasta  1973, en los cuales sus mecanismos y su retórica se fueron adaptando a las circunstancias.

El primer periodo que va de 1880 a 1933 se caracterizó por una intervención abierta y manifiesta, sobre todo en el aspecto político. A partir de un par de doctrinas descendientes de la “Doctrina Monroe” y la doctrina del “Destino Manifiesto”, E.U., desde Roosevelt a Wilson, se “acrecentó el sometimiento de las oligarquías latinoamericanas al poder imperial” para, así, reprimir cualquiera levantamiento que amenazara sus empresas monopólicas. Los dos principales mecanismos mediante los cuales se controló la política en América Latina fueron a través de la “Doctrina del Garrote” -la posibilidad de una actuación violenta como medio de presión en las “negociaciones”- y la “Diplomacia del dólar” -el uso del poder económico como garantía de concesión. A todas estas medidas “diplomáticas” se les puede encontrar una única base ideológica que las sustenta y que Theodore Roosevelt la sintetizó en una declaración: ante el desorden social resulta necesario la intervención de una nación civilizada que actúe como policía internacional.

En el segundo periodo que comprende de 1934 a 1959, la retórica política e ideológica alcanzó el apogeo del cinismo y la incoherencia empírica. La propuesta de E.U. para este periodo fue la de una penetración pacífica, una integración económica y una coordinación de fuerzas para constituir un sistema “panamericano”. Ante las amenazas de la expansión comunista, E.U. transformó su retórica, bajo los lemas “Buena Vecindad” y “Defensa Hemisférica”. 

Por último, en el tercer periodo (1960-1973), E.U. emprendió, nuevamente, la lógica militar de represión violenta ante cualquiera levantamiento revolucionario. A través de la CIA y la política de “desestabilización”, se aniquiló todo movimiento nacionalista, reformista y revolucionario; y también se derrocó cualquier gobierno conservador que no aceptara “la dependencia y explotación imperial”. Ante estas acciones, E.U. se exoneró de cualquier acusación señalando la exclusiva culpabilidad de las masas: “El pueblo hace la revolución. Nosotros sólo lo ayudamos”.

A todos estos discursos le subyacen el término orwelliano de doublethink. La única explicación para acceder a la intervención estadounidense en la región es si simultáneamente aceptamos dos creencias mutuamente contradictorias: el concepto de libertad y el concepto de intervencionismo. El objetivo de liberar a los pueblos latinoamericanos de la represión de los dictadores era a través de la intervención militar. Y así como en la obra de Orwell se necesitaba un Ministerio de la Verdad encargado de perpetuar falsedades, de la misma manera E.U. necesitó de una retórica democrática que justificara las intervenciones estadounidenses.

Ante la coyuntura venezolana, los aires del intervencionismo militar en América Latina resurgen y se prevé una nueva amenaza a su soberanía. Como expresó el ex Presidente de Uruguay, José Mújica, Venezuela necesita dos cosas: una puerta de escape y no acorralar a Maduro, ya que las consecuencias pueden ser desastrosas. El gobierno venezolano debe llamar a elecciones democráticas libres, en las cuales ni Maduro ni Guaidó participen. 

Los posibles efectos contraproducentes de los precios de garantía

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El programa de precios de garantía comenzado hace algunos días por el gobierno federal muestra un esfuerzo para impulsar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria. Centrándose en una población objetivo -pequeños y medianos productores-, los precios de garantía apuntan a productos como el maíz, el frijol, el arroz, el trigo y la leche.

Esto implica que los productores podrán vender, a través del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), su producto a un precio por arriba del precio de mercado. La Segalmex -una especie de CONASUPO, que no dio resultados en los años setenta y, en cambio, fue acusada de múltiples actos de corrupción- se encargará de comprar, almacenar, distribuir y vender dichos productos. Comprará a precios de garantía y venderá a precios de mercado, lo que significa una forma específica de subsidio.

SI bien el subsidio al campo es una práctica recurrente en todo el mundo, incluso en aquellos países que se proclaman como apologistas del libre comercio, el mecanismo y su objetivo parecen no ser los adecuados. 

Expondré tres razones por las cuales esta medida, en un principio bien intencionada, parece ser contraproducente. 

En primer lugar, y desde un fundamento microeconómico, es decir, desde una teoría de la acción del agente económico, el apoyo a pequeños y medianos puede afectar a los grandes productores. Esto porque, al poder competir a precios de mercado con los grandes consorcios productivos, aquellos serán capaces de arrebatarles parte de su poder de mercado. Ante ello, los grandes productores se verán tentados a bajar su precio. 

Los grandes productores saben que poseen costos marginales inferiores al de los pequeños y medianos productores (esa es la razón por la cual estos están recibiendo un subsidio), por lo cual son capaces de reducir su precio de venta y acaparar nuevamente el mercado.

Si el gobierno decide continuar con su política, entonces tendrá que destinar mayores gastos, ya que el diferencial entre precio de compra y precio de mercado aumentará. La empresa puede continuar bajando su precio de venta hasta llegar al nivel de su costo marginal; debajo de dicho nivel la empresa se abstendrá de producir. Con ello, a largo plazo, la política de precios de garantía resulta nociva para el bienestar de la sociedad. 

En segundo lugar, los precios de garantía generarán distorsiones en el mercado, ya que la asignación de recursos será ineficiente. Los recursos disponibles serán redirigidos desde sectores con mayores niveles de productividad, es decir, de aquellos en los que se puede aprovechar de forma más eficiente dichos recursos.

Asimismo, el subsidio para el programa de precios de garantía implica un gran gasto para el gobierno federal. Gasto que podría destinarse a otros sectores como el educativo o el de salud. 

Por último, la política de López Obrador no parece establecer condiciones para los productores subvencionados. El gobierno debería exigir como respuesta al programa el compromiso de los productores para aumentar su productividad. 

Si se desea conceder subsidios sin generar transformaciones en las estructuras productivas del campo, entonces la ayuda será de naturaleza asistencialista, lo cual no resuelve la problemática estructural del país. Es necesario generar programas y políticas con el objetivo de aumentar la productividad en el sector agrícola.

En el periodo denominado industrialización dirigida por el Estado de mediados del siglo pasado, éste, en un sentido paternalista, protegía a los productores nacionales en detrimento de los extranjeros. Un extenso grupo de empresarios le debe a esos gobiernos su extensa riqueza actual. Sin embargo, otros productores, ante el generoso apoyo gubernamental, adquirieron una actitud conformista, renuentes a aumentar su inversión para incrementar los niveles de productividad. Cuando llegó la apertura comercial en la década de los noventa, esta burguesía conformista no pudo competir con los productos extranjeros. Esto puede ocurrir con el programa de precios de garantía del gobierno actual. 

No hay duda de que los subsidios al campo son mecanismos justificados para salvaguardar la seguridad nacional. Más en el caso de México, quien en el proceso de apertura comercial salió perdiendo en el sector agrícola. 

Sin embargo, se deben buscar mecanismos alternativos que no representen medidas asistencialistas o esfuerzos espurios para transformar la estructura productiva. La única forma para afrontar la pobreza es a través del crecimiento económico, el cual depende de un incremento en los niveles de productividad. 

Desabasto de combustible: Teoría de juegos e hiperindividualismo (Parte I)

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En los últimos días, la Ciudad de México y otras entidades federativas han sufrido escasez de gasolina y diésel en múltiples centros de abastecimiento. La causa de ello es el cierre del flujo de ductos provenientes de PEMEX, medida emprendida por el Gobierno federal para hacer frente a la problemática del “huachicoleo” (robo).

Sobre este fenómeno me gustaría resaltar dos aspectos vinculados entre sí: desde un punto económico, la explicación praxeológica (estructura lógica de la acción) al aumento de demanda en la carga de gasolina; y, desde un punto sociológico, la percepción individualista sobre los efectos negativos de la medida emprendida por López Obrador.

Empero, antes debemos contextualizar y establecer sucintamente las causas del desabasto que se vive en diferentes latitudes del país. Me concentraré específicamente en la Ciudad de México. 

Según el Gobierno federal, ante el robo sistemático, la ordeña institucional y los actos de corrupción de funcionarios de PEMEX coludidos con los huachicoleros, los ductos tuvieron que ser cerrados; ello para evitar la toma clandestina de gasolina y diésel a través de fugas artificiales creadas por este grupo delictivo. 

Ahora, ¿por qué el desabasto en los centros de carga? Claramente cerrar los ductos que distribuyen combustible es la principal razón. Sin embargo, existe otro fenómeno como consecuencia del desabasto que agudiza dicho desabasto.

La teoría del consumidor establece que existen cuatro axiomas que dan sustento teórico a la acción racional de un agente económico. Dicho posicionamiento se sustenta con evidencia empírica, es decir, en la mayoría de los casos los agentes económicos sí se comportan de forma racional. 

Entre los axiomas existe el de completitud (el agente puede decidir claramente la relación de preferencia entre la canasta A y B), transitividad (si el agente prefiere la canasta A a la B y la B a la C, entonces necesariamente prefiere A sobre C), continuidad (si se prefiere A sobre B, entonces en situaciones similares esa relación se mantendrá) e insaciabilidad (el agente preferirá más que menos de un mismo bien). 

Ahora, la teoría de juegos explica los escenarios de interacción de dos o más agentes económicos. Bajo este modelo, los agentes, sin conocimiento de la estrategia del otro, deben decidir qué hacer.

Pongamos el caso del desabasto. Los consumidores de gasolina tienen dos estrategias: cargar combustible ante una potencial escasez o no cargar. Si carga gasolina el agente podrá hacer frente a una futura escasez. 

El agente está a la expectativa de la estrategia del otro. Si el primer agente decide no cargar y el segundo tampoco, entonces el desabasto no se verá agudizado. En cambio, si el primero decide no cargar y el segundo decide sí cargar, entonces el primero sufrirá las consecuencias del desabasto. Por el contrario, si el primero decide cargar y el segundo no, aquel se verá beneficiado y podrá hacer frente a la potencial escasez; y si el segundo decide sí cargar ambos sufrirán los efectos del desabasto pero en menor medida (ya que recargaron). 

Por ello, la estrategia de cargar tiene, ante cualquier estrategia que elija el otro, un menor costo que la estrategia de no cargar. Los agentes decidirán cargar combustible, con lo cual se llega al llamado Equilibrio de Nash: ningún agente querrá cambiar de estrategia ante la estrategia ajena, ya que ese resultado es el que genera el menor costo (daño) posible. 

De esa manera, aunque este escenario es nocivo para la sociedad en su conjunto, los agentes eligieron racionalmente. Ante una posible escasez de combustible, las acciones racionales de los agentes económicos generaron efectivamente la escasez. Es lo que en economía y sociología se le denomina como la “profecía autocumplida”: las acciones para evitar un fenómeno son la causa de la realización de dicho fenómeno. 

P.D. Debido a la falta de espacio, continuaré el desarrollo del segundo aspecto relacionado con el fenómeno del desabasto de combustible en la próxima columna. Todos desean la toma de medidas para un cambio estructural en el país, siempre y cuando esas medidas no afecten su rutina diaria. 

Los orígenes de la violencia en México

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¿Cómo llegamos a alcanzar el nivel de violencia que se vive hoy en día en el país? ¿En qué momento despertamos y nos percatamos de que México vive uno de sus peores momentos en su historia reciente?

A doce años del comienzo de la guerra contra el crimen organizado, comenzada por Calderón y continuada por Peña Nieto, el enfrentamiento militar ha tomado más de doscientas mil muertes y ha provocado la desaparición de más de treinta cinco mil personas. 

El fenómeno del crimen organizado no es un resultado espontáneo en la historia de México, sino que expresa el resultado de una multiplicidad de causas. Entre ellas, la eterna corrupción mexicana y su correlato en la impunidad. 

El crimen organizado no se puede entender a partir de la declaratoria de guerra de Felipe Calderón. Su pasado se remonta a principios de la década de los ochenta con la concentración del poder y la centralización administrativa en el cártel de Guadalajara. 

Éste representa la primera gran organización delictiva dedicada a la producción y distribución de mariguana. Su capacidad de articular múltiples plazas del noroeste del país para vender un producto proveniente de un solo plantío fue trascendental. Con ello, lograron controlar la producción y, por ende, el precio de su valor a nivel nacional e internacional.

Para ello, tuvieron que formarse de un sistema de protección proveniente desde fuerzas municipales y estatales, incluyendo gobernadores, hasta entidades de seguridad federal como es el caso de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); entidad desconcentrada de la Secretaría de Gobernación. La colusión a favor del crimen organizado permeaba en altos niveles del poder político, todos viéndose beneficiados del lucrativo negocio de las drogas. 

El cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, fue capaz de erradicar la vieja usanza de las peleas por las plazas entre pandillas y generar un nuevo sistema organizativo de la producción y comercialización de la mariguana. Con aquel nace el crimen organizado mexicano como lo conocemos actualmente; un negocio sumamente complejo y diversificado que opera como una empresa multinacional y se rige por el mismo apotegma: la maximización de las ganancias. 

Félix Gallardo logró en México lo que “Lucky” Luciano hizo en Estados Unidos en la década de los cincuenta: establecer un sindicato del crimen organizado. Luciano pudo unificar a la mafia estadounidense de ascendencia italiana bajo un mismo régimen. Éste es el padre de la mafia moderna americana, aquella que se distancia de la mafia siciliana, en la cual existían constantes enfrentamientos entre los capos por el acaparamiento del mercado ilegal de las drogas y la extorsión. 

Bajo este sistema, en el cual existía una distribución relativamente equitativa de las zonas de influencia de cada familia, y en el cual la figura del capo di tutti capi despareció para conformarse en una Junta de Gobierno presidida por los líderes de cada una de las familias, el índice de violencia disminuyó considerablemente en la ciudad de Nueva York. Luciano asentó un paradigma en la historia del crimen: el empresario-criminal. 

Por ello, la nueva serie Narcos, producida por Netflix, es una gran aproximación del nacimiento del crimen organizado y el origen de la problemática que generó y que vivimos actualmente. A diferencia de las “narco-novelas”, que exaltan la figura de los narcotraficantes y promueven una cultura de veneración y admiración por estos, Narcos muestra una acervo periodístico y bibliográfico fidedigno. Expresa una realidad, o más bien las causas de nuestra realidad, de forma honesta, sin mostrar a los capos como los antihéroes de la historia: figuras que nos generan admiración o compasión. 

La trama de la primera temporada gira alrededor del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Camarena, quien se enfrenta al corrupto sistema de justicia de México y a los intereses de los grandes políticos involucrados.

La serie es una gran muestra descriptiva y crítica del origen del crimen organizado en México. Es necesario conocer las causas del grave problema al cual nos enfrentamos hoy en día. Ante la caída del cártel de Guadalajara, éste se fragmentó en dos grandes cárteles: el de Sinaloa y el de Tijuana. Los Félix Arellano se enfrentaron al “Güero” Palma y al “Chapo” Guzmán. 

Poco a poco otros reivindicarían su parte en el gran negocio lucrativo de la droga; la lucha por las plazas nuevamente comenzaría. Y años después la violencia sería catapultada por la declaración de guerra de Calderón, decisión que nos arrastraría a la desgracia y la desintegración social que vivimos hoy y la cual no parece cesar. 

Crecimiento económico o estabilidad macroeconómica

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López Obrador, quien tomará posesión el próximo sábado, ha establecido que su gobierno respetará la estabilidad macroeconómica. Esa no es una promesa menor si revisamos los acontecimientos de la crisis de la deuda de 1982, la crisis de 1987 y el “error de diciembre” de 1994. Aquí nos concentraremos en la primera, la cual sumió al país en una de las peores crisis de su historia reciente. 

Cuando Luis Echeverría asciende a la Presidencia en 1970, el gobierno se enfrenta a dos problemas centrales: la pérdida de legitimidad política por los sucesos de 1968 y a un recesión económica. 

El autoritarismo mostrado en la represión estudiantil representaba el agotamiento del sistema político. Asimismo, la recesión económica de 1971 expresaba el fin del periodo denominado “desarrollo estabilizador”. Periodo en el cual la economía presentó un crecimiento sostenido y una estabilidad macroeconómica, es decir, bajos niveles de déficit y deuda, así como una inflación controlada. 

Sin embargo, los aspectos negativos del modelo de sustitución de importaciones iban agudizándose a medida que terminaba la década de los sesenta: cuellos de botella en la producción, baja productividad y, por ende, baja competitividad, una burguesía conformista y la dependencia estructural de bienes de capital externos. 

Con ello, Echeverría buscó recuperar la legitimidad política a través de un inusitado gasto público dirigido a sectores poco productivos. El entonces presidente pensaba que el “desarrollo estabilizador” había provocado una mayor desigualdad, por lo cual su proyecto, denominado “desarrollo compartido”, debía concentrarse en la redistribución del ingreso nacional. 

Bajo este populismo económico, el aparato burocrático se expandió de forma desmedida, el déficit aumentó y el financiamiento tuvo que hacerse a través de la emisión de dinero por parte del Banco de México y de endeudamiento externo. 

Con la devaluación de 1976, la lucha contra la iniciativa privada y el acuerdo de estabilización pactado con el Fondo Monetario Internacional parecía que el gobierno había aprendido la lección. Sin embargo, ante el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en 1977, la dirección de la política económica no sólo continuó por la misma senda, sino que se intensificó. Entre 1977 y 1981, el PIB creció a una tasa promedio anual de 7.8%.

López Portillo buscó redirigir los excedentes provocados por la bonanza petrolera a otros sectores como el campo; sin embargo, los ingresos generados por las exportaciones del petróleo eran usados fundamentalmente para cubrir los gastos de PEMEX. 

Por lo tanto, el gobierno buscó financiarse a partir de deuda externa. En esa época, ante la confianza que generaba el hallazgo de petróleo, existía gran disponibilidad de préstamos para el país. Deuda que era pagada a partir del aumento de riqueza gracias al crudo. De esa manera, lo que hacían los bancos internacionales era simplemente reciclar los petrodólares.

Aunque la inflación había crecido en menor medida que la producción, el tipo de cambio fijo provocó el aumento de la demanda de bienes importados con lo cual el peso se encontraba sobrevalorado y presionaba a la balanza de pagos. Para cubrir el déficit en la balanza de cuenta corriente, el gobierno aumentó su deuda externa, con lo cual la tendencia se reforzaba. 

Ante la caída del precio internacional del petróleo en 1981, la expectativa devaluatoria presionó aún más al tipo de cambio. Al ver que las reservas internacionales del Banco de México se agotaban, el gobierno no tuvo otra opción más que hacer flotar el peso. Sin embargo, el peso se encontraba aún sobrevalorado y, aunado a ello, debido al encarecimiento de las importaciones, López Portillo aumentó los salarios, con lo cual se dispararon los precios. 

Ante la desconfianza de los mercados y con la necesidad de financiar el déficit, el gobierno buscó financiarse a partir del aumento de la masa monetaria en circulación, lo que generó un mayor aumento de los precios. 

La expropiación de la banca en 1982 y el control generalizado de cambios para detener la fuga de dólares solamente empeoraron la desconfianza y agudizaron la crisis. Ante ello, el entonces Secretario de Hacienda, Jesús Silva-Herzog, declaraba impagable la deuda externa y México se hundía en una severa crisis.

A más de treinta años de ese suceso, México ha aprendido su lección. La autonomía del Banco de México, organismo encargado de velar por la estabilidad de precios y mantener el poder adquisitivo de la divisa nacional, evita que el gobierno siga financiándose a través de la impresión de billetes. Por ello, la designación de Gerado Esquivel y Jonathan Heath como subgobernadores del Banco genera confianza. 

Nadie niega la necesidad de la economía mexicana de aumentar las tasas de crecimiento. Para comenzar a revertir la pobreza, la economía debe de crecer por lo menos al 5 % anual, pero ello no implica descuidar la estabilidad macroeconómica.

Como diría Rodrigo Gómez, Director del Banco de México de 1952 a 1970, en ningún momento se debe sacrificar la estabilidad de los precios en aras de un mayor crecimiento económico. 

La violencia y el estado de excepción permanente

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En su obra de cuatro volúmenes Homo Sacer, Giorgio Agamben plantea la gran paradoja a la que llegaron las democracias constitucionales en el siglo XX: el sacrificio de la vida individual en aras de la continuidad política. 

Retomando el argumento del jurista Carl Schmitt -al estado de normalidad le subyace, en todo momento, el estado de excepción en potencia-, Agamben señala la sujeción de la vida humana por parte del poder. Asimismo, alude al término foucaultiano de biopolítica como el control de la vida biológica por parte de la vida política. 

Para Schmitt, existe una diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero es limitado y creado por el derecho, mientras que el segundo es ilimitado y extralegal, puesto que precede al derecho (Constitución). 

La formación del Estado es un acto político, es decir, nace a partir de la decisión originaria de un soberano para agrupar a un pueblo bajo un mismo orden normativo. Acto político que no se extingue una vez edificado el Estado, sino que se encuentra “aletargado y oculto” a lo largo de la vigencia de la Constitución. 

Por ello, una vez que la Constitución desaparece el poder político resurge y la voluntad de decisión se encuentra nuevamente activa. Por lo tanto, en periodos de excepcionalidad el poder político se impone nuevamente al derecho. 

El estado de excepción es un mecanismo jurídico integrado en muchas constituciones democráticas que busca la supervivencia del derecho a partir de la eliminación momentánea del derecho mismo. 

El estado de excepción se activa con el objetivo de preservar la vida política aunque ello implique el sacrificio de la vida individual. Ese fue el caso de Hitler, quien a partir del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar legitimó el Holocausto. 

En el caso mexicano, el artículo 29º constitucional especifica que la suspensión de garantías implica el retiro momentáneo de ciertos derechos individuales por el surgimiento de algún fenómeno que atente contra la supervivencia del Estado. 

Empero, cabe resaltar que la decisión de Calderón, continuada por Peña Nieto, de enfrentar militarmente al crimen organizado no implica un estado de excepción en términos jurídicos. Ello porque no se cumplieron con los requisitos estipulados en el artículo 29º constitucional.

De esa manera, el estado de excepción no proviene de un dispositivo jurídico, sino de la voluntad política del Ejecutivo. Por lo cual, desde que Calderón dio comienzo a la guerra en el 2006, México ha vivido en un estado de excepción informal y permanente.

Con la militarización del país la violencia se ha disparado, así como el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses. El artículo 29º establece que no podrá violarse el derecho a la vida; sin embargo, como señalamos, la suspensión de garantías no se encuentra activa.

El combate contra el crimen organizado se gesta en un espectro extrajurídico en el cual reina la voluntad política del soberano, es decir, del Presidente, en tanto jefe máximo de las fuerzas armadas. 

Ahora, judicializar dicho combate no implica la solución del problema. Lo único que genera la Ley de Seguridad Interior es la legalidad del estado de excepción permanente. Si ya contábamos desde Calderón con el arraigo (dispositivo aberrante de nuestro sistema jurídico), ahora los cuerpos militares podrán hacer uso, en su facultad de vigilancia, de “cualquier método de recolección de información”, por ejemplo.

Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es reconfortante. En un nuevo acto de protagonismo, lo que Soussa Dos Santos llama el fenómeno de la judicialización de la política, la Corte no sólo encontró inconstitucional la Ley, sino que la declaró invalida. 

La militarización del país ha empeorado la situación de violencia en México. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto subestimaron la compleja estructura criminal y su imbricación en la sociedad. El combate frontal resultó ser un fracaso.

La próxima propuesta debe ser integral, construida sobre la base de la legalización de la mariguana, el fortalecimiento de las autoridades civiles y el robustecimiento de la procuración de justicia. 

Lamentablemente, el gobierno entrante no parece prever eso. El octavo punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador establece la creación de un cuerpo militarizado encargado de la seguridad pública: la Guardia Nacional. No parece que los militares vayan a regresar a sus cuarteles.

Es alrededor de este tema, el de mayor trascendencia para nuestro país, que la sociedad civil debe agruparse y presionar al nuevo gobierno. No existe otro problema más importante y urgente que el de la violencia. Se deben sumar esfuerzos para acabar con la guerra. Frente a este problema, el aeropuerto y la reacción de los mercados son nimiedades. 

La cancelación del nuevo aeropuerto

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El domingo pasado finalizó la mal llamada consulta popular llevada a cabo por el presidente electo López Obrador y financiada a partir de las aportaciones voluntarias de integrantes del partido Morena. 

Hace falta recalcar la situación jurídica de esta “consulta popular”, la cual desde este momento la llamaré encuesta, puesto que ese es, creo yo, el concepto correcto con el cual debe ser designada.

El artículo 35º constitucional determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para una consulta popular. Entre sus múltiples requisitos me interesa resaltar aquel de su procedencia. 

La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de las Cámaras o los ciudadanos siempre que acumulen el equivalente al dos por ciento de la lista nominal. 

Como puede verse ningún particular puede solicitar una consulta popular. Y en esto radica la cuestión de porqué la encuesta de López Obrador no debe ser considerada ilegal. En tanto presidente electo, López Obrador no es una autoridad, por lo cual ningún control de constitucionalidad podría existir, puesto que no existe como tal un acto de autoridad que atente contra la supremacía constitucional. 

López Obrador es y lo será hasta el 1 de diciembre un particular que llevó a cabo una encuesta, por lo tanto no tiene la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos previstos en el artículo 35º. 

De ahí se desprende que la encuesta no puede tener efectos vinculatorios, es decir, López Obrador no se encuentra obligado a respetar el resultado de la encuesta. La única  obligación que podría existir es de carácter político al cumplir aquello que había prometido en su campaña presidencial. 

No hay duda de que la encuesta construida por López Obrador carece de un sustento metodológico y que se encontraba sesgada políticamente. Asimismo, se puede argumentar que la decisión trascendental de cancelar el NAICM en ningún sentido representa un ejercicio democrático.

Como explica Silva-Herzog, la encuesta fue una jugada demagógica que tenía como objetivo la completa absolución de la responsabilidad de López Obrador. El presidente electo, en un sentido inverso a su mesianismo, podrá decir: “la decisión del aeropuerto no vino de mí, sino del pueblo; yo simplemente hago su voluntad”.

Este tipo de instrumentos demagógicos pueden resultar peligrosos, ya que en general estas decisiones se orientan por elementos emocionales y no racionales, los cuales pueden ser contraproducentes para el mismo régimen entrante: la misma demagogia promovida por Robespierre lo condujo al final del día a la guillotina. 

Empero, el resultado de esta encuesta no debe de reducirse a la persona de López Obrador, tampoco se deben simplificar sus causas. La historia política de México siempre se ha enfocado más en los grandes personajes que en los movimientos populares. Nuestra herencia caudillista convertida en presidencialista en el siglo XX ha generado una tendencia a ver la causa de todo lo bueno y lo malo del país en el titular del Poder Ejecutivo. 

La lucha contra el nuevo aeropuerto no es de López Obrador, es de un movimiento popular que busca proteger sus intereses frente el avasallador poder del gran capital.

La lucha por el lago no es sólo, aunque es fundamental, por cuestiones ambientales, sino también sociales. Es hacerle frente al extractivismo, a la salvaje urbanización promovida por los intereses inmobiliarios, es proteger la economía del campesino y detener la concentración de las licitaciones en un puñado de empresarios.  

Por otro lado, se habla mucho acerca de las nocivas consecuencias económicas a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la inevitable hecatombe financiera. Aunque exagerado, la reacción de los mercados ante dicho suceso no es menor. 

Los ajustes a la baja en la calificación de la deuda del país provocarían una disminución en los precios de los bonos y un alza en las tasas de interés, lo que se traduce en una mayor dificultad del gobierno para financiarse a través de deuda en el futuro.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, la desconfianza del inversor puede reducir el volumen de inversiones que entran al país en los próximos años y desacelerar el crecimiento económico.

Por último, y a mi parecer es la consecuencia más preocupante debido a que afecta directamente a la seguridad social, la cancelación del aeropuerto pone en riesgo las pensiones de millones de mexicanos. Me explico. 

Un alto porcentaje del financiamiento para la construcción del aeropuerto se hizo a través del vehículo financiero denominado FIBRA. En conjunto, las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Afore XXI Banorte adquirieron el 45% de una de las emisiones (13, 500 millones de pesos) el equivalente al 0.9% del universo total de activos que manejan las cuatro afores. Ello implica que si no se puede solventar el pago por incumplimiento (¡con la TUA no alcanza!) podríamos hablar de un fuerte impacto al sistema de pensiones y la afectación directa a millones de mexicanos.

El panorama se ve nubloso para México. Es difícil tomar una postura ante la complejidad de la situación actual. Hará falta esperar a que López Obrador tome posesión y sus decisiones se conviertan en actos de autoridad. Conocemos la volatilidad del presidente electo, puede que revierta su decisión. Sin embargo, debemos de recordar algo: nada genera más pánico que el pánico en sí.  

Apología de la libertad económica y del sistema de mercado

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El último libro publicado de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, es un ejercicio autobiográfico; sin embargo, no es un recuento de las experiencias y hechos de su vida, sino la evolución ideológica de su pensamiento. 

En su capítulo introductorio, Vargas Llosa cuenta que, como muchos, él era afín a los movimientos revolucionarios socialistas de mediados de siglo XX. 

La revolución cubana en la cual un grupo de guerrilleros pudo derrocar al dictador Batista despertó en el mundo, pero sobre todo en América Latina, una euforia por la transformación del modo de producción capitalista y todas las consecuencias político-sociales, culturales e ideológicas que ello acarreaba. 

Empero, el autor peruano cuenta que se fue distanciando de los movimientos socialistas por la desconfianza en la posibilidad de alcanzar la utopía comunista ante la crisis que presentaban la URSS y los países de Europa oriental. 

Aunque ello representó un fuerte catalizador a la transición de su pensamiento, el gran acontecimiento que lo obligó a romper con la euforia revolucionaria fue el caso de Heberto Padilla: intelectual encarcelado y exiliado por el régimen de Castro por criticarlo.

Con ello, y a partir de una serie de autores (Smith, Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aaron y Jean-François Revel), Vargas Llosa se convirtió en un adepto a la doctrina liberal y a la defensa de los derechos humanos.

Una de las grandes tesis de Vargas Llosa en su libro es la indivisibilidad de la libertad: la coacción en alguna de las libertades humanas conlleva ineluctablemente a la restricción de otra libertad. La libertad es un absoluto que encuentra su límite exclusivamente en la libertad de otro individuo. 

Asimismo, enaltece el individualismo y la capacidad creativa de los sujetos para transformar constantemente sus condiciones presentes. El progreso de la humanidad se ha generado por la actividad espontánea de los individuos, dirigidos por su necesidad de superación.

Por ello, la crítica que hace a la colectividad radica en que esta fuerza de aglomeración del individuo hacia la tribu disipa la capacidad creativa y no permite la transformación de las condiciones de existencia. 

En la esfera económica, la libertad individual es el motor del progreso industrial y tecnológico, ya que la búsqueda de ganancias en un esquema de libre mercado (es decir, de competencia) promueve la innovación por parte de cada individuo.

Aquí encontramos otra verdad innegable: el mercado es el mecanismo de asignación más eficiente. Un sistema de generación espontánea que no fue creado por el hombre, sino que apareció a partir de la acción humana de comerciar. 

A ello, se le agrega el sistema de precios, una especie de aparato que orienta las acciones de los agentes (consumidores y productores) y que refleja fielmente la situación económica en un momento dado.

Por ejemplo, si los precios de algún bien aumentan, ello enviaría la señal a los productores de trasladar parte de sus medios de producción a ese mercado, lo que provocaría la disminución del precio por el aumento de la oferta. 

No se puede negar la eficiencia del mercado y su capacidad de maximizar las utilidades y los beneficios de consumidores y productores. El argumento del socialismo de crear un planificador central integrado por ingenieros sociales quienes se encarguen de distribuir los factores de capital y trabajo en distintos sectores con el fin de maximizar el bienestar social  no puede igualar la capacidad intrínseca del mercado en su función de asignación. 

Por ello, si el mercado es el mecanismo óptimo de asignación de recursos escasos para usos alternativos, no se debe buscar su obstaculización a partir de políticas que aparentemente buscan la equidad social (digo aparente porque al final de cuentas generan efectos contraproducentes). 

Lo que se debe buscar es establecer los cauces institucionales para su funcionamiento (Estado de derecho), así como políticas que permitan homologar las dotaciones iniciales de los individuos (educación, por ejemplo).

Ello no implica el desentendimiento del Estado del discurrir económico; por el contrario, el liberalismo presupone un orden normativo y un Estado que vele por su cumplimiento. También es conveniente eventuales intervenciones de éste en algunos rubros, como el apoyo a industrias en nacimiento o la inversión pública en garantizar los derechos fundamentales (educación, salud, acceso a seguridad social, etc.). 

Aceptar la superioridad del mercado frente a la regulación gubernamental no implica promover una especie de anarquía, en la cual todo se encuentre determinado por la oferta y la demanda, sino edificar las instituciones pertinentes para el buen funcionamiento del mercado, siempre buscando el bienestar de la sociedad en su conjunto.  

La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos: una solución contraproducente a los excesos de la alta burocracia

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La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual pone un “tope” al ingreso laboral de los funcionarios. 

Por un lado, la ley muestra múltiples inconsistencias y contradice la Ley Suprema.

Por ejemplo, al determinar que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, dicha ley atenta contra el federalismo. Al ser una ley federal, es decir, emitida por el Congreso de la Unión en su carácter de órgano del Poder federal, no atañe a los servidores públicos del orden local. 

Buscar que dicha ley imponga un ingreso laboral máximo a todos los funcionarios representa una invasión a la esfera de competencia de las entidades federativas, por lo cual puede promoverse una controversia constitucional.

Por otro lado, el artículo 94 constitucional determina que las percepciones de los Jueces de Distrito, los Magistrados de Circuito, los Consejeros de la Judicatura Federal y los Ministros de la Suprema Corte no pueden modificarse durante su cargo. 

¿Cómo se resolverá esto? Posiblemente en dos “rounds”. Primero, los Ministros de la Suprema Corte promoverán un amparo indirecto contra dicha ley. ¿Me pregunto quién vencerá? Sin embargo, con el respaldo legislativo a López Obrador en el Congreso Federal y en la mayoría de los locales, no sorprendería que éste llevara el tema a sus últimas instancias: una reforma constitucional.

Por ello, una vez promulgada, la ley será causa de controversias constitucionales y de amparos indirectos. Empero, más allá de las inconsistencias y los potenciales problemas judiciales que presentará, resulta conveniente analizar el origen, el alcance y las consecuencias de dicha ley para la estructura del poder. 

El fundamento de dicha ley es de forma y no de contenido: nuevamente el simbolismo ‘lopezobradorista’ aparece. Responde a la perpetuación de la legitimidad a partir de los modos de hacer política; de lo que representa no de lo que transforma; del estruendo político que ocasiona; y de la reverberación social que tendrá. 

¿Cómo puede López Obrador desvincularse del “antiguo régimen”, acusado del despilfarro del erario público y de la búsqueda de beneficios personales? 

Promoviendo frugalidad y probidad financiera. 

Para López Obrador, la responsabilidad del Presidente se traduce a un sueldo de 108 mil pesos, ergo, bajo la premisa de que la función del Ejecutivo posee el nivel más alto de responsabilidad, los demás funcionarios no deberían exigir un sueldo mayor a éste. 

Y aquí encontramos el alcance que busca la ley, un simple corolario del apotegma: si el Presidente es honrado, mecánicamente, el resto del sistema político lo será. 

Sin mencionar la dimensión estructural de la corrupción que se encuentra enraizada en la misma base de nuestro régimen político, la especie de interiorización ético-psicológica que propone López Obrador resulta improbable. 

Aquellos que apoyan la reducción de las remuneraciones, a partir del argumento que un servidor público (perdón por la tautología) debe servir al pueblo y no buscar enriquecerse, se basan en un argumento puramente normativo. 

No existe ningún mal en buscar el “deber ser” de los funcionarios públicos, sin embargo, siendo más realistas debemos analizar cuáles son las consecuencias de disminuir las remuneraciones y no esperar que surja una epifanía ética que fomente el altruismo político. 

De esa manera dejando todas las demás variables constantes, la intuición nos diría que si se disminuyen los ingresos laborales del sector público, la fuerza laboral migraría al sector privado. 

¿Por qué?

En un primer sentido, existe un principio económico que dicta que siempre se prefiere más que menos; sin embargo, profundizando la cuestión encontraríamos que el agente concluiría que el sector público no está remunerando en términos monetarios el equivalente a sus cualidades adquiridas (nivel educativo, liderazgo, conocimiento, etc.). 

Por otro lado, también se percataría de que la remuneración no equivale al nivel de responsabilidad de sus decisiones. Imaginemos a un alto funcionario de alguna área especializada en la Secretaría de Hacienda, quien es consciente de que un pequeño error puede repercutir gravemente en las finanzas públicas. De esa manera, una disminución en su ingreso laboral podría ocasionar que se abstuviera de trabajar en un área tan riesgosa.  

López Obrador cae en el vicio de la búsqueda inmediata de legitimidad, aquella en la que caen muchos de los presidentes de América Latina y quienes han sido llamados populistas: aprobación cortoplacista e indiferencia por el futuro.