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Justicia escocesa rechaza intento de convocar referéndum sobre independencia sin aprobación de Londres

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Un tribunal escocés rechazó el viernes una petición para que declarase que el parlamento regional de esta nación británica de 5,5 millones de habitantes tiene derecho a convocar un referéndum de independencia sin el consentimiento del gobierno de Londres.

Sería “prematuro” pronunciarse sobre esta cuestión, dijo la jueza Aisla Carmichael del más alto tribunal civil de Escocia.

Incluso si se diera luz verde, la decisión “no obligaría al gobierno escocés, al gobierno del Reino Unido o al Parlamento escocés a actuar de una manera determinada”, añadió.

El manifestante independentista Martin Keatings, que había llevado el caso ante la justicia, anunció que impugnará esta decisión.

Escocia había celebrado en 2014, con la autorización del gobierno británico de David Cameron, un referéndum de autodeterminación en que el 55% votantes se decantó por permanecer en el Reino Unido.

Pero el descontento causado en la región por el Brexit y la gestión de la pandemia ha impulsado en los últimos meses el apoyo al independentismo y la cuestión de un nuevo referéndum está en el centro de crecientes tensiones entre el gobierno nacionalista escocés y el ejecutivo central.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirma que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se produjo en contra de la voluntad del 62% de los escoceses, ha cambiado la situación y que debe celebrarse una nueva consulta.

En las últimas semanas, los sondeos han mostrado insistentemente una mayoría a favor de la independencia.

Pero el primer ministro conservador británico, Boris Johnson, se opone firmemente a ella y responsables del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que dirige la región, publicaron una “hoja de ruta hacia un referéndum” que, aunque aseguran que será legal, recuerda preocupantemente al desafío independentista catalán de 2017.

En febrero de 2020, la diputada del SNP Joanna Cherry dijo que quería que el Parlamento escocés celebrara un referéndum consultivo no vinculante y que los jueces decidieran después sobre su legalidad.