El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca modificar la Ley de la Industria Eléctrica para terminar con la política “neoliberal o neoporfirista” que despojó a los mexicanos, se señala en la exposición de motivos de la iniciativa preferente enviada a la Cámara de Diputados por el mandatario.

Se afirma que dicha política fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares, lo que despojó a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional.

Por otro lado, sostiene que tuvo plena cobertura en el sexenio pasado con la reforma constitucional en la materia, la cual se logró a base de sobornos y falseando la realidad.

“En el Gobierno anterior se otorgó plena cobertura legal a esta política con la llamada reforma energética, consistente en modificaciones constitucionales y legales a base de sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población”, se plantea en la propuesta de reforma.

Otro motivos que se señalan es que los promotores de la reforma prometieron que ésta se traduciría en la llegada masiva de inversiones extranjeras, en más producción de petróleo, gas y electricidad y en mejores precios de los energéticos, pero en los hechos, agrega, derivó en negocios para empresas particulares y para políticos corruptos.

“Todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico”, señala.

Además, el Gobierno federal advérate que lo anterior dejó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) casi en ruinas.

“La CFE quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores, por tanto, con capacidad productiva disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares”, reitera.

Por lo tanto, sostiene que es urgente profundizar en los cambios ya iniciados en materia energética en documentos como el Memorándum dirigido a los integrantes de los reguladores del sector energético el 22 de julio del año pasado, el cual modifica los criterios de despacho eléctrico, para privilegiar a la energía generada por la CFE por sobre las energías limpias y las de ciclo combinado.

“La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica. El sistema de despacho de los generadores eléctricos, impuesto a través de la emisión de dicha ley es uno de los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE, reformarlo es el imperativo que motiva la presentación de la siguiente iniciativa”, plantea.

(Con información de Grupo Reforma)