El COVID-19 y su consecuente efecto en la economía, han orillado a los Estados a tomar acción para responder a las necesidades de su población, puesto que el mercado se ha demostrado incapaz de regularse en esta crisis.
Incluso los países que de manera histórica se han visto en pro de que el mercado decida el futuro de su economía, han estimulado la intervención del Estado por medio de “mecanismos de rescate” para la población que ve su ingreso mermado por el estancamiento económico, consecuencia del COVID-19. En el transcurso de las últimas semanas, se han mostrado acciones del gobierno estadounidense (el Estado de mayor explícito apoyo a la autorregulación del mercado) con el objetivo de dotar a sus ciudadanos con servicios de acceso a la salud, y a bienes básicos como alimentación y servicios públicos en estos tiempos de crisis. El pasado 27 de marzo, el presidente Donald Trump firmó el “Coronavirus Bill” donde se compromete a entregar $1,200 dólares a millones de americanos; de la misma manera, ha invertido en buscar que los hospitales atiendan a pacientes que no cuentan con seguro de gastos médicos mayores, y se compromete a reembolsar los gastos efectuados por el mismo hospital. Es así que en vista de la necesidad de recursos para manutención diaria, así como de espacios en hospitales, se demuestra el valor de la capacidad gubernamental para proveer a sus ciudadanos, sin que cada simple servicio sea “ganado” por el trabajo intensivo de su ciudadanía.
En cada país, se viven situaciones y niveles de desarrollo diversos; no obstante, la situación sanitaria actual impacta a cualquier ser humano y no discrimina con base en la cuenta bancaria de los pacientes infectados. De esta manera, al verse afectado el planeta entero por la posibilidad de contagio por coronavirus y la obligación ciudadana de mantenerse en resguardo, se perciben las necesidades humanas a flor de piel y sin dejar lugar para debatir respecto a modelos económicos. La vieja argumentación basada en medio siglo XX, de que el acceso gratuito a bienes básicos se acusa de socialismo, y que no es compatible con los principios de “grandes economías”, como las de Norteamérica o Europa Occidental, se vuelve obsoleta e incluso absurda. Al vernos en medio de una crisis de salud, donde lo que se espera es la supervivencia, el Estado se vuelve la autoridad capaz de procurar el bienestar poblacional a pesar de que esto implique una inversión importante que no se han visto dispuestos a realizar en el pasado.
De esta manera, la realidad que se vive con el COVID-19 ha forzado a los gobiernos de gigantes capitalistas, a “meter mano” en la búsqueda del bienestar y, sin buscarlo así, a contradecirse con su propia crítica hacia la intervención del Estado. En tiempos de crisis, el mercado no puede autorregularse sin afectar la dignidad de las personas, pero está en la autoridad, permitir que esa dignidad se vea violentada, o no.