La Taquería

Justicia Fiscal: Ni independiente, ni imparcial

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Los artículos 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, regulan el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley; además, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aún y cuando dicha violación es cometida por personas que actúan en el ejercicio de funciones oficiales.

Por su parte, los numerales 14 y 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescriben que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla, mediante resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; también, previenen la garantía del debido proceso, que no es más que aquella indispensable para que un justiciable pueda defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.

En conjunto, dichas disposiciones legales regulan el derecho humano de acceso a la justicia que asegura, con determinados requisitos, que todo individuo pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, en igualdad de condiciones.

En el ámbito fiscal, existe obligación a cargo del Estado Mexicano de justificar un modelo jurídico por medio del cual los contribuyentes puedan demandar la preservación de sus derechos agraviados y hacer frente a tales actos lesivos.

Siendo encomendada la actividad jurisdiccional a tribunales administrativos (que conocen de la materia fiscal), quienes se encargan de revisar la adecuación y legalidad de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades hacendarias, con la obligación de pronunciarse y dirimir las controversias planteadas; buscando se salvaguarde, a través del control de legalidad de los actos administrativos, los interés de los contribuyentes.

Sin embargo, en la práctica dicha actividad jurisdiccional se aparta de la naturaleza de los postulados enunciados, en la medida en que, sin distinción alguna (en el plano federal, estatal y municipal), cuando está de por medio los intereses de la hacienda pública, hay una tendencia a proteger los derechos del fisco, antes que velar por la defensa de los contribuyentes.

Situación la anterior que se corrobora con los múltiples fallos emitidos y publicados en las plataformas de los tribunales administrativos, así como del Poder Judicial de la Federación; de los cuales se desprende en su mayoría, que los criterios son resueltos en el sentido de que la actuación de la autoridad y las disposiciones fiscales aplicables no violan los principios de legalidad, tipicidad, garantía de audiencia, equidad tributaria, entre otros.

Por tanto, considero que la justicia fiscal no es ni independiente ni imparcial.

Lo anterior tiene razón, en el hecho de que los contribuyentes se ven limitados a defender sus derechos e intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, dado que los juzgadores llegan al extremo de suplir la deficiente defensa de las autoridades tributarias, convirtiéndose de facto, en sus representantes; lo que es inadmisible en juicios en que precisamente, debe prevalecer el principio de estricto derecho.

De ahí que, si la igualdad de las partes en el proceso es una regla y obligación de actuación del juez, éste, como su director, tiene que mantener en lo posible, esa igualdad al conducir sus actuaciones, a fin de que la victoria de la administración pública no esté determinada por una situación ventajosa.

Consecuentemente, cuando los juzgadores auxilian la defensa de la hacienda pública, incumplen con su deber de mantener una igualdad de condiciones en el proceso, violentando el principio de igualdad de las partes que rige los juicios administrativos.

Por lo tanto, es necesario que éstos dejen de velar tendenciosamente por los intereses del fisco federal, y se conviertan en verdaderos entes de justicia imparcial e independiente, mediante la emisión de resoluciones que se ajusten a los principios de legalidad, respeto a los Derechos Humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.

Christian Hernández
Acerca de Christian Hernández
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente ejerzo la profesión de abogado como socio de la firma legal "Torre Hernández, derecho estratégico administrativo".