La Taquería

Legalizar la marihuana = ¿menos violencia?

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En días pasados se han reavivado las voces a favor de la legalización de la marihuana en México, con fines medicinales y recreativos. Incluso los medios de comunicación destacaron el “porro” que la diputada federal, Lucía Riojas, le regaló a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, habría que preguntarse si la legalización traerá la paz que los ciudadanos tanto ansían. Aunque suene lamentable, considero que, por sí sola, la legalización de la marihuana no se traducirá en menores niveles de violencia. 

Al respecto, hace unos se publicó un estudio realizado por Ruibin Lu, de la Universidad de Stockton, y sus colegas de la Universidad del Estado de Washington titulado “El efecto del cannabis en el crimen: análisis de series temporales del crimen en los estados de Colorado y Washington” en Estados Unidos. Los autores estimaron la influencia que tuvieron las leyes que despenalización y venta legal de la marihuana en las tasas de criminalidad en ambos estados. 

Dicho estudio destaca por encima de otros pues utilizó un método más robusto para controlar posibles sesgos. También hicieron estimaciones temporales sobre el aumento o disminución de delitos durante los años posteriores a las leyes aprobadas. Los resultados indican que no hay una relación causal entre la despenalización, ni la regulación de venta legal de marihuana, con aumentos o disminuciones de delitos, incluyendo crímenes violentos. 

Para entender por qué la legalización difícilmente tendría un impacto significativo en los niveles delictivos existe una perspectiva criminológica bastante útil, llamada “prevención situacional del delito (PSD)”. En este enfoque, el crimen es producto de la oportunidad que tiene un individuo para delinquir. Los delincuentes aprovechan oportunidades en las que puedan obtener las mayores recompensas a los menores riesgos posibles. Si la legalización de la marihuana conduce a la creación de un mercado regulado por el Estado para su comercialización, se reducirían las recompensas potenciales y, por ende, las oportunidades para los delincuentes que actualmente la comercializan en el mercado negro. 

El problema es que las organizaciones criminales cuentan con grandes recursos y no dependen mucho de las estructuras de oportunidad. Sus actividades son de tipo cooperativo o consensual entre delincuentes que están distribuidos en redes trasnacionales, más allá del territorio mexicano. 

Asimismo, dichas actividades están diversificadas en diferentes tipos de negocios ilícitos que arrojan cuantiosas ganancias. Esto ha sido documentado en varias ocasiones. Por ejemplo, en su “Informe de Crimen Transnacional y el Mundo en Desarrollo 2017”, la organización Global Financial Integrity señala que el delito de falsificación alcanzó los 1.13 billones de dólares, por encima del narcotráfico (en segundo lugar), seguido por la tala de árboles clandestina y la trata de personas. 

En México, las organizaciones criminales han transitado hacia otros negocios ilícitos que son, proporcionalmente, más rentables. En la PSD, a esto se le conoce como “desplazamiento” de un tipo de delito a otro. Los criminales buscan menores niveles de riesgo, en comparación con el narcotráfico, incluso si las recompensas no son tan altas. El negocio del huachicol es un buen ejemplo. De acuerdo con datos de PEMEX, este ilícito dejó ganancias a los criminales de alrededor de 60 mil millones de pesos, tan solo el año pasado. La trata de personas, los fraudes, la extorsión, secuestros y delitos cibernéticos también son muy rentables. 

Por otro lado, estudios recientes sobre PSD han encontrado evidencia de que existen “precipitadores situacionales”, los cuales son factores psicológicos o relacionados con el entorno en que viven las personas. Estos provocan el deseo de los individuos de delinquir. Las presiones sociales que se derivan de la pobreza, el aislamiento social y un pobre diseño urbanístico, son ejemplos de precipitadores que detonan comportamientos delictivos. 

En el mismo sentido, varios estudios sobre los efectos de la legalización de la marihuana, incluyendo el de Ruibin Lu y sus colegas, han encontrado que los factores contextuales son más importantes para predecir el crimen. La concentración de zonas comerciales en ciertas áreas urbanas, la proporción de hogares unipersonales, las tasas de desempleo, la concentración de desventaja social (ej. pobreza o desigualdad) y la edad de la población son predictores robustos de las tasas de criminalidad. 

Por lo anterior, es dudoso vislumbrar que la legalización de la marihuana contribuya a la reducción de la violencia. Es verdad que podría tener efectos positivos, por ejemplo, en la salud de las personas. Este sería un objetivo muy distinto, enfocado en la salud pública. En cambio, si el propósito es reducir la cantidad de crímenes violentos, el Gobierno del Presidente López Obrador debería estar pensando en otro tipo de políticas. 

Una de estas podría ser una política de seguridad comunitaria, con intervenciones sociales en zonas en situación de riesgo. La disuasión focalizada también podría ser más efectiva para reducir la violencia, ya que se pone atención sobre ciertas organizaciones, en lugar de ciertos tipos de delitos. El control del tráfico de armas es otro asunto pendiente, el cual también le reditúa grandes ganancias al crimen organizado. 

Finalmente, tal vez, sería necesario pensar en la despenalización del consumo de todas las drogas, como se hizo en Portugal. Para esto el Estado deberá contar con instituciones sociales y de salud sólidas que brinden atención y seguimiento personalizado a los consumidores. Solo así se definirá un objetivo consistente con el enfoque de salud pública que debe guiar a la legalización de la marihuana y otras drogas. 

Luis Alberto Reyes Figueroa
Acerca de Luis Alberto Reyes Figueroa
Mtro. en Criminología y Justicia Criminal, y Doctorando en Criminología, ambos por la Universidad de Edimburgo. Ha sido consultor para Gobiernos Municipales, ICMA y la USAID en prevención de la violencia y el delito. Colaboró en un proyecto sobre crimen organizado en Escocia. Afiliado del Centro de Investigación Escocés sobre Crimen y Justicia Penal. Miembro de la Red de Justicia Restaurativa.