La Taquería

Cannabis. Regulación Propuesta por Morena

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El 1° de octubre de 2019, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Mario Delgado Carrillo, presentó la Iniciativa de proyecto por la que se expide la Ley General para el Control de Cannabis, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Dicha iniciativa será sujeta al proceso legislativo federal, reabriendo con ello el debate entre la sociedad mexicana y la necesidad de aplicar un modelo de control legal en las actividades relativas al cannabis.

A través de la expedición de la Ley General para el Control de Cannabis, se busca regular las actividades relativas al cultivo, producción, distribución y venta de cannabis y sus derivados para usos personales, terapéuticos, médicos y científicos, además de su control sanitario; lo anterior, mediante la apertura de un mercado lícito.

Con ello, grosso modo se establecen aspectos específicos como el autocultivo, el mercado de precios y ventas, las licencias de cultivo y producción, los usos medicinales que se darán al cannabis, sus fines terapéuticos, las autoridades encargadas de realizar las inspecciones y verificaciones, así como las sanciones administrativas que pueden aplicarse por su incumplimiento, mismas que serán independientes de aquéllas constitutivas de delitos.

Asimismo, destaca la creación de la Cannsalud, como empresa del Estado, encargada de tener el monopolio en la compra al mayoreo del cannabis y sus productos, su análisis, su autorización exclusiva de venta a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos y la venta a los franquiciatarios, quienes a su vez venderán a menudeo.

En virtud del modelo propuesto, considero atinados los fines que persigue la Ley General para el Control de Cannabis.

Esto, pues encuentra sustento en tres vertientes fundamentales, a saber: i) proteger el derecho a la salud como un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, evitando se restrinja el acceso a tratamientos y/o medicamentos derivados del cannabis que pueden implicar un cambio significativo en la salud y la persona; ii) salvaguardar el derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante su autoconsumo; y iii) combatir la violencia propiciada por grupos delincuenciales que lucran con su tráfico y venta.

Tal regulación no solo puede dar pauta a la reglamentación constante y directa del mercado del cannabis, sino también a la creación de nuevas fuentes de empleo, sumándose los beneficios fiscales que pueden derivar, como es la previsión que el 25% de lo recaudado del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios deberá destinarse a programas sociales en los municipios y comunidades en los que se hubiere realizado la erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años.

Asimismo, estimo acertado que se adecuen las normas al entorno social y se atiendan los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, en los que se ha determinado la responsabilidad del Poder Legislativo de crear políticas públicas que den pauta a garantizar el derecho fundamental de los mexicanos al libre desarrollo de la personalidad y su relación con el consumo de la marihuana y sus derivados, lo cual incluye su adquisición, cultivo, preparación y consumo; tal y como fue señalado en el comunicado número 092/2018 de 4 de julio de 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por todo lo anterior, mediante su intervención, la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acertadamente busca regular un mercado que ha sido manejado por criminales, atribuyendo potestades al Estado como órgano regulador directo en la producción y venta del cannabis.

Situación, que traería beneficios en materia de salud, derechos humanos y en los índices de violencia del país.

Christian Hernández
Acerca de Christian Hernández
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente ejerzo la profesión de abogado como socio de la firma legal "Torre Hernández, derecho estratégico administrativo".