La Taquería

Algunas implicaciones para la Guardia Nacional en la frontera sur

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Pasada la amenaza del Presidente Trump de imponerle a México un arancel del 5% y, del acuerdo alcanzado entre ambos países, es necesario hacer un ejercicio de reflexión al respecto. En el texto del acuerdo compartido en redes por el Canciller Marcelo Ebrard llama la atención el punto sobre el ‘Reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México’. Este menciona que la Guardia Nacional será desplegada en el territorio nacional a “fin de reducir la migración irregular”. 

          La implementación de dicha tarea tiene, a mi parecer, tres implicaciones serias. La primera, y tal vez la más importante, es la clara contradicción entre el “deber ser” y “los hechos”. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública recientemente aprobada se menciona que el modelo nacional de policía debe “(…) considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana”. 

          Sin embargo, en la práctica, la actual administración ha endurecido su política de captura y deportación de migrantes, sobre todo desde el día en que el gobierno estadounidense anunció su amenaza. Más aún, los procedimientos se han caracterizado por un alto déficit en el respeto a los derechos humanos, como varios activistas lo han documentado y denunciado aquí: http://bit.ly/31sVw9Z

          A lo anterior hay que agregar, como segundo punto, la falta de claridad sobre la participación que deberían de tener las policías locales. En ocasiones anteriores he comentado que las tareas de proximidad deben ser realizadas por las policías locales, no las nacionales. Solo en casos en los cuales las policías municipales y estatales se vean rebasadas tendría sentido pensar en una Guardia Nacional de proximidad, y que solo sea de forma temporal. 

          Es verdad que las policías municipales y estatales carecen de recursos suficientes para hacer frente a la oleada de migrantes centroamericanos. Aún así, sería absurdo negar su presencia en los territorios fronterizos, o pretender que no se han visto involucradas en abusos de autoridad contra los migrantes. 

          De ahí la importancia de que la administración del Presidente López Obrador explique con claridad la manera en que la Guardia Nacional se coordinará con las policías municipales. Dicha coordinación debería caracterizarse por un ejercicio de mando único en los procedimientos de atención a los migrantes, que aseguren el apego a la ley por parte de las policías locales. De otro modo, el Gobierno Federal estaría contribuyendo a la perpetuación de abusos y vejaciones contra los migrantes. 

           La tercera implicación es presupuestal. Los gobiernos estatales de la frontera sur necesitarán recursos adicionales para realizar tareas de regulación migratoria. El decreto de creación de la Guardia Nacional abre la oportunidad para que los gobiernos estatales señalen sus requerimientos presupuestales. Los diagnósticos de necesidades que enviarán a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y al Congreso, guiarán la aprobación del Presupuesto de Egresos de 2020 en ese rubro. Será hasta entonces cuando se tenga una idea más clara del costo total que tendrá esta medida y si la regulación migratoria con respeto a los Derechos Humanos es viable en la práctica. 

Luis Alberto Reyes Figueroa
Acerca de Luis Alberto Reyes Figueroa
Mtro. en Criminología y Justicia Criminal, y Doctorando en Criminología, ambos por la Universidad de Edimburgo. Ha sido consultor para Gobiernos Municipales, ICMA y la USAID en prevención de la violencia y el delito. Colaboró en un proyecto sobre crimen organizado en Escocia. Afiliado del Centro de Investigación Escocés sobre Crimen y Justicia Penal. Miembro de la Red de Justicia Restaurativa.