La Taquería

Predicar con el ejemplo: Las designaciones anticorrupción

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“Predicar con el ejemplo”, “el buen juez por su casa empieza”, “candil de la calle…, obscuridad de su casa”, son expresiones cuyo significado se relaciona con ciertas situaciones decisionales relevantes, en las cuales las personas decisoras tienen un deber mayor que otras porque la decisión por sí misma es un ejemplo para más personas o para otras situaciones. 

Así, por ejemplo, en la vida cotidiana se exige de padres y madres que las decisiones que tomen sean ejemplares para sus hijas e hijos. En la vida pública, por su parte, se espera que los juzgadores sean justos no solamente en sus sentencias, sino incluso en su actuar dentro del tribunal o juzgado que dirigen. Las designaciones anticorrupción caen, sin duda, en este supuesto de mayor exigencia que cualquier otra designación. 

Recientemente, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han puesto el parámetro de exigencia mayor respecto de designaciones de magistraturas anticorrupción en al menos dos aspectos: Primero, por lo que hace a un nivel de justificación elevado en cuanto a los méritos y las capacidades de las personas designadas y, segundo, en cuanto a la necesidad de convocatorias públicas para justificar precisamente dichas calidades.

El primer criterio se deriva de la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 311/2018 (Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Este asunto deriva del amparo estratégico que presentaron las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en el cual el Juez Octavo de Distrito del Primer Circuito Judicial del país les concedió la razón en el sentido de que las designaciones debían justificarse en cuanto a su idoneidad por parte del Ejecutivo y la Cámara de Senadores estaba obligada a motivar de forma reforzada la ratificación de dichos nombramientos (Amparo Indirecto 589/2018).

El 4 de abril el Tribunal Colegiado antes señalado confirmó la obligación de que las designaciones y ratificaciones de las Magistraturas Anticorrupción del Tribual Federal de Justicia Administrativa están sometidas a un deber mayor de las autoridades que participan en dicho proceso, por la naturaleza del sistema anticorrupción (71). En este mismo sentido, para este tipo de designaciones no es suficiente con enunciar datos curriculares y experiencia personal como prueba de idoneidad (89); esto es, no se trata de una obligación meramente formal, sino que debe justificarse suficientemente que las personas propuestas son las idóneas para el puesto. Pero no en términos genéricos, sino incluso, señala el Tribunal Colegiado, en razón de los atributos de idoneidad de servidores públicos especializados (85). En suma, la designación y ratificación debe contar con una motivación reforzada, porque se trata de una decisión que involucra derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos (99), como son las designaciones en el SNA.

El segundo criterio deriva de la sentencia que se dictó el pasado 26 de marzo por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito del país en el Amparo en Revisión 35/2019. Este asunto también se relaciona con designaciones de magistraturas administrativas, pero del estado de Colima, y también dentro del Sistema Local Anticorrupción. En esencia, el quejoso en este asunto se inconformó porque la designación llevada a cabo por el Ejecutivo y el Congreso de dicho estado se fundó en normas que no contemplaban la expedición de una convocatoria para ser designado para dichos cargos, con lo cual se violentaba su derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad y la independencia judicial de dicho tribunal.

El referido órgano judicial de circuito le dio la razón al quejoso. En efecto, en la sentencia se confirma que “las disposiciones impugnadas al no prever la participación de la sociedad en igualdad de circunstancias, por no contemplar que se emita una convocatoria en el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa llevado a cabo por las autoridades responsables, es inconstitucional e inconvencional, pues transgreden el derecho del quejoso a participar, en igualdad de condiciones, para acceder al cargo de Magistrado…” (120). Debe señalarse que en este caso las normas aplicadas para las designaciones impugnadas no contemplaban expresamente la obligación de la expedición de una convocatoria, es por ello que tanto las reglas como el acto de nombramiento son contrarios a la Constitución porque no se respeta plenamente el derecho a la igualdad de todas las personas que hubieren deseado concursar para el cargo.

Como puede apreciarse, designaciones tan importantes como las magistraturas del SNA deben contar con una motivación reforzada para justificar la prueba de idoneidad, de méritos y capacidades de las personas designadas y ratificadas. Y por lo que hace a los nombramientos correspondientes a las magistraturas de los SLA, éstos deben ser consecuencia de una convocatoria pública en donde se respete y garantice la igualdad de oportunidades de todas las personas interesadas en participar. En otras palabras, es en las designaciones anticorrupción en donde debemos esperar parámetros de designación con mayores niveles de transparencia, de pruebas de idoneidad especializada y de decisiones regladas. Esto, por la importancia constitucional de las designaciones y, además, porque tales nombramientos deben ser la guía para todo el sistema y, así, evitar los riesgos de captura de tales cargos.

Es en este último sentido que, como señalé en mi colaboración anterior, en Nuevo León está pendiente la resolución de un juicio de amparo al efecto de que se resuelva, por un lado, la obligatoriedad de la emisión de una convocatoria pública para la propuesta y designación de la persona más idónea para la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL) y, por la otra, que sí existe un real conflicto de interés cuando un integrante del Comité de Selección es designado como Secretario Técnico con el voto de aquellos a los que él mismo nombró como miembros del Comité de Participación Ciudadana.

En suma, esperamos que en las designaciones anticorrupción en Nuevo León, y en todo el país, se predique con el ejemplo.