La Taquería

¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

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Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entra en vigor la Guardia Nacional. Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir y realizar las reformas pertinentes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, tendrán que trabajar en la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En este sentido comparto algunos puntos para nutrir la discusión parlamentaria. 

En primer lugar, la actual administración prevé que los militares regresen a los cuarteles en cinco años. El reto será contar con suficientes egresados de la aún llamada Academia Superior de la Policía Federal para incorporarlos a la Guardia Nacional. Resulta difícil creer que en el tramo final del actual sexenio se alcancen a graduar el número suficiente de cadetes. De acuerdo a datos proporcionados por la propia Academia, de los poco más de 20,000 aspirantes por año, ingresa un promedio de 500, de los cuales se gradúa un número menor a los 400 cadetes. 

Un segundo punto es el presupuestal. La actual administración considera que un mínimo de 15,000 millones de pesos sería suficiente para desplegar este año a los más de 80,000 elementos en 266 regiones. Las administraciones federales anteriores también destinaron un gasto considerable en seguridad pública. Tan solo de 2010 a 2016 aumentó en 37.6% al pasar de 111,929 a 154,011 millones de pesos. En promedio, más del 50% de estos recursos federales se destinaron a las corporaciones policiacas, incluyendo transferencias a los Estados y Municipios. Sin embargo, el mayor gasto no se ha traducido en una disminución significativa de los delitos violentos, sobre todo los homicidios. Es necesario que en el Gabinete de Seguridad del Presidente López acepten una premisa básica: la reducción del crimen no depende solamente de la policía. 

Lo anterior me lleva al tercer punto. La policía depende de la adecuada procuración e impartición de justicia por parte de las instancias del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra claramente que el trabajo de los tribunales y fiscalías son fundamentales, no solo para reducir la impunidad, sino también para enviar el mensaje a la sociedad que delinquir tiene un alto costo. En las leyes secundarias, y luego en la práctica, se refuerce la relación entre la Guardia Nacional y las instituciones de justicia. Además, será importante que, como parte de estos esfuerzos, se dé un mayor impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de reducir el número de casos de prisión por periodos cortos a quienes cometan delitos de bajo impacto, disminuir la reincidencia y promover la efectiva reinserción social. 

En cuarto lugar, será importante la discusión en torno a las tareas preventivas. A la política social que atienda las condiciones de vulnerabilidad que propician el crimen, el Congreso deberá sumar las consideraciones sobre la actividad policial en su relación con los ciudadanos. Los datos y poca evidencia científica disponible para el caso mexicano sugieren que cuando los ciudadanos perciben que la policía es visible en las calles y los oficiales son accesibles y respetuosos en su trato, es más probable se fortalezca la confianza. En este sentido, el enfoque de proximidad planteado para la Guardia Nacional deberá contar con una versión refinada de los protocolos de actuación nacional de 2017. La Secretaría de Seguridad Pública deberá asegurarse de que los efectivos de extracción militar que se integrarán a la Guardia se apeguen a dichos protocolos y disminuyan los casos de violación a los Derechos Humanos. Solo en este escenario será posible que la nueva fuerza policial se gane la confianza y la cooperación de los ciudadanos. 

El quinto punto, y quizá el más importante, es el de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El análisis de varias corporaciones policiacas en países occidentales revela dos tipos de arreglo institucional en las tareas de proximidad. Uno consiste en un conjunto de áreas o divisiones especializadas pero todas dependientes del mismo nivel de gobierno. En varios casos, todas estas divisiones están adscritas a la misma organización policiaca nacional, la cual es responsable del despliegue de policías a nivel local. Por su parte, en el otro tipo de arreglo hay varias organizaciones policiacas en dos niveles de gobierno, donde las policías locales tienen mayor relevancia en el contacto con los ciudadanos. Hay que hacer notar que, en ambos casos, cuando existe más de una fuerza policial en niveles institucionales o de gobierno distintos, casi siempre es solo una de estas la que tiene mayor importancia en el contacto con los ciudadanos a nivel local. La propuesta de contar con una Guardia Nacional que realice tareas de seguridad pública y al mismo tiempo de proximidad choca con (o duplica) los esfuerzos que ya realizan algunas policías estatales y municipales. 

Lo puntos anteriores tendrían que ser evaluables en las leyes secundarias. Sería deseable que la Cámara de Diputados refuerce la participación de instituciones académicas con este propósito, a través de Observatorios de Monitoreo y Evaluación. Dicha colaboración ya está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es aún más relevante a la luz de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se antoja compleja. Un objetivo realista en este momento sería que la distribución de responsabilidades se realice a partir de la evaluación de los diagnósticos que los Gobiernos Estatales envíen en los siguientes meses sobre las fuerzas policiales de sus estados y municipios. Estos revelarán la viabilidad del desempeño de ciertas tareas con base en sus capacidades. 

Luis Alberto Reyes Figueroa
Acerca de Luis Alberto Reyes Figueroa
Mtro. en Criminología y Justicia Criminal, y Doctorando en Criminología, ambos por la Universidad de Edimburgo. Ha sido consultor para Gobiernos Municipales, ICMA y la USAID en prevención de la violencia y el delito. Colaboró en un proyecto sobre crimen organizado en Escocia. Afiliado del Centro de Investigación Escocés sobre Crimen y Justicia Penal. Miembro de la Red de Justicia Restaurativa.