La Taquería

Monterrey: La segunda vuelta electoral “a la mexicana”

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El sistema de segunda vuelta electoral forma parte de la familia de los sistemas mayoritarios o, como los denomina Colomer, los sistemas de un solo ganador. Este sistema “se trata de una sola elección pero que se efectúa en dos rondas de votación, la segunda de las cuales se celebra una o varias semanas después.” (https://aceproject.org). Regularmente, a la segunda vuelta solo se presentan las dos candidaturas más votadas de la primera ronda. 

El domingo 23 de diciembre, el electorado de Monterrey acudió a las urnas a una elección extraordinaria que se asemejó a una segunda vuelta electoral; desafortunadamente, esta elección en segunda ronda fue por la vía de los hechos y solo tuvo las desventajas de este sistema.

El sistema de doble vuelta electoral (DVE) requiere, en primer término, que en la primera ronda alguna de las opciones políticas reciba más votos que el conjunto de sus adversarios (esto es, regularmente el cincuenta por ciento más uno de los votos); si esto no sucede, la consecuencia es que opere automáticamente la segunda jornada de elección, la cual por lo general se lleva a cabo máximo quince días después de la primera, a la cual, para asegurar la legitimidad de la candidatura que finalmente se elija, normalmente solo acuden las dos personas más votadas en la primera ronda. 

La elección ordinaria de Monterrey que se celebró el primero de julio pasado (primera ronda de facto) dio como resultado que la diferencia entre el primer y el segundo lugar fuera de solo 0.8923 por ciento (http://computo2018.ceenl.mx/GC01M40.htm). Claro, este resultado no fue el motivo para que se volviera a votar el pasado 23 de diciembre, sin embargo, este estrecho margen de diferencia sí constituyó un factor cuantitativo para que el Tribunal Electoral del PJF decretara la nulidad de la elección (SUP-REC-1638/2018 y acumulados.). Dada la orden de llevar a cabo una segunda elección, ahora extraordinaria, el mismo TEPJF en una sentencia en la cual analizó la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Electoral del Estado, concluyó que: 

el régimen bajo análisis restringe la variación de la oferta política con la que contaba el electorado desde el inicio del proceso electoral. De esta manera, la norma bajo análisis tiene por objeto tutelar el principio de certeza en materia electoral, desde la dimensión antes desarrollada, para procurar condiciones óptimas de cara que el electorado tenga los mayores elementos para decidir racionalmente su voto. (SUP-REC-1867/2018 y acumulados).

Hasta aquí, el sistema opera como uno de mayoría relativa, como es nuestro modelo, aunque con una elección ordinaria anulada. No obstante, la segunda vuelta electoral “a la mexicana”, es decir, por la vía de los hechos, se da cuando las candidaturas, partidos políticos y coalición inconformes con la decisión terminal del TEPJF inician sus estrategias y acuerdos políticos implícitos que, finalmente, modificaron la oferta política del pasado 23 de diciembre, dejando prácticamente a dos opciones por las cuales votar. 

En efecto, primero MORENA y PES prefirieron dejar de participar en la elección extraordinaria antes que ir de la mano del candidato propuesto en coalición en la ordinaria, es decir, el “Pato” Zambrano; este candidato y el PT decidieron mantenerse en su postura antes que cambiar de candidatura para mantener la coalición; pero lo más absurdo de la reconfiguración de la oferta política sucedió a partir del 15 de noviembre, el día del “debate”, cuando hubo declinaciones, apoyos, sumas a otras candidaturas, requerimientos de la autoridad electoral para aclarar si se renunciaba expresamente a candidaturas, ratificaciones de que no se renunciaba, desdichos de ratificaciones de renuncias y confirmaciones de éstas, y, finalmente, el acuerdo de la autoridad administrativa, un día antes de la jornada electoral, que definió el retiro de las planillas propuestas por PRD, PVEM y MC.

La comparación de los resultados de la elección ordinaria (antes de las sentencias de nulidades de casillas y de la nulidad de la elección) con los resultados preliminares del 23 de diciembre, nos confirman que salvo el PT, todas las demás opciones políticas (con o sin candidatura vigente) perdieron substancialmente votos y solo el PRI y el PAN se mantuvieron dentro del margen de su votación en la elección ordinaria (“primera ronda”). Las candidaturas con mayor pérdida de votos en términos relativos fueron las de PVEM y MC que pasaron de una a otra ronda, respectivamente, de 8.91% a 0.99% y de 3.98% a 0.51% (https://www.ceenl.mx/).  Por su parte, la diferencia entre el primer y el segundo lugar se mantuvo en 0.9182%.

 Este estrecho margen que de nueva cuenta se da entre las dos candidaturas más votadas denotan que los ajustes en la oferta política que, en los hechos, disfrazaron con un grotesco traje de doble vuelta electoral a la jornada electoral extraordinaria de Monterrey del domingo 23, tuvieron un nulo efecto en la decisión del electorado y éste votó como normalmente ha sufragado en nuestra entidad: en un sistema electoral mayoritario a una sola vuelta y con tendencia a un sistema bipartidista que, incluso con los resultados presidenciales de 2018 en Nuevo León, siguen perpetuando, al menos en el municipio de Monterrey, la fortaleza del PRI y del PAN. Por consecuencia, dado que los resultados no generaron una opción ganadora con contundencia y la homologación de la oferta política fue artificial y a destiempo, tampoco podrán generar legitimidad y espacios para la negociación política. Menos aún cuando las dos candidaturas más votadas se proclaman ganadoras.

Desafortunadamente, el efecto que sí se produjo de forma similar al de un modelo con segunda vuelta fue la baja en la participación de los votantes. La doctrina sostiene, en efecto, que una de las desventajas de la doble vuelta electoral es que “le impone una carga adicional al elector y, en ocasiones, se registra un marcado descenso de la participación electoral entre la primera y la segunda vuelta.” (https://aceproject.org). La participación electoral de la ciudadanía de Monterrey descendió del 56.78% el primero de julio al 32.84% el veintitrés de diciembre: ¡Un descenso del orden del 24.94%!

En suma, una elección de segunda vuelta electoral a la mexicana, por la vía de los hechos, pero sin los beneficios políticos de dicho sistema.