La Taquería

La cancelación del nuevo aeropuerto

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El domingo pasado finalizó la mal llamada consulta popular llevada a cabo por el presidente electo López Obrador y financiada a partir de las aportaciones voluntarias de integrantes del partido Morena. 

Hace falta recalcar la situación jurídica de esta “consulta popular”, la cual desde este momento la llamaré encuesta, puesto que ese es, creo yo, el concepto correcto con el cual debe ser designada.

El artículo 35º constitucional determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para una consulta popular. Entre sus múltiples requisitos me interesa resaltar aquel de su procedencia. 

La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de las Cámaras o los ciudadanos siempre que acumulen el equivalente al dos por ciento de la lista nominal. 

Como puede verse ningún particular puede solicitar una consulta popular. Y en esto radica la cuestión de porqué la encuesta de López Obrador no debe ser considerada ilegal. En tanto presidente electo, López Obrador no es una autoridad, por lo cual ningún control de constitucionalidad podría existir, puesto que no existe como tal un acto de autoridad que atente contra la supremacía constitucional. 

López Obrador es y lo será hasta el 1 de diciembre un particular que llevó a cabo una encuesta, por lo tanto no tiene la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos previstos en el artículo 35º. 

De ahí se desprende que la encuesta no puede tener efectos vinculatorios, es decir, López Obrador no se encuentra obligado a respetar el resultado de la encuesta. La única  obligación que podría existir es de carácter político al cumplir aquello que había prometido en su campaña presidencial. 

No hay duda de que la encuesta construida por López Obrador carece de un sustento metodológico y que se encontraba sesgada políticamente. Asimismo, se puede argumentar que la decisión trascendental de cancelar el NAICM en ningún sentido representa un ejercicio democrático.

Como explica Silva-Herzog, la encuesta fue una jugada demagógica que tenía como objetivo la completa absolución de la responsabilidad de López Obrador. El presidente electo, en un sentido inverso a su mesianismo, podrá decir: “la decisión del aeropuerto no vino de mí, sino del pueblo; yo simplemente hago su voluntad”.

Este tipo de instrumentos demagógicos pueden resultar peligrosos, ya que en general estas decisiones se orientan por elementos emocionales y no racionales, los cuales pueden ser contraproducentes para el mismo régimen entrante: la misma demagogia promovida por Robespierre lo condujo al final del día a la guillotina. 

Empero, el resultado de esta encuesta no debe de reducirse a la persona de López Obrador, tampoco se deben simplificar sus causas. La historia política de México siempre se ha enfocado más en los grandes personajes que en los movimientos populares. Nuestra herencia caudillista convertida en presidencialista en el siglo XX ha generado una tendencia a ver la causa de todo lo bueno y lo malo del país en el titular del Poder Ejecutivo. 

La lucha contra el nuevo aeropuerto no es de López Obrador, es de un movimiento popular que busca proteger sus intereses frente el avasallador poder del gran capital.

La lucha por el lago no es sólo, aunque es fundamental, por cuestiones ambientales, sino también sociales. Es hacerle frente al extractivismo, a la salvaje urbanización promovida por los intereses inmobiliarios, es proteger la economía del campesino y detener la concentración de las licitaciones en un puñado de empresarios.  

Por otro lado, se habla mucho acerca de las nocivas consecuencias económicas a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la inevitable hecatombe financiera. Aunque exagerado, la reacción de los mercados ante dicho suceso no es menor. 

Los ajustes a la baja en la calificación de la deuda del país provocarían una disminución en los precios de los bonos y un alza en las tasas de interés, lo que se traduce en una mayor dificultad del gobierno para financiarse a través de deuda en el futuro.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, la desconfianza del inversor puede reducir el volumen de inversiones que entran al país en los próximos años y desacelerar el crecimiento económico.

Por último, y a mi parecer es la consecuencia más preocupante debido a que afecta directamente a la seguridad social, la cancelación del aeropuerto pone en riesgo las pensiones de millones de mexicanos. Me explico. 

Un alto porcentaje del financiamiento para la construcción del aeropuerto se hizo a través del vehículo financiero denominado FIBRA. En conjunto, las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Afore XXI Banorte adquirieron el 45% de una de las emisiones (13, 500 millones de pesos) el equivalente al 0.9% del universo total de activos que manejan las cuatro afores. Ello implica que si no se puede solventar el pago por incumplimiento (¡con la TUA no alcanza!) podríamos hablar de un fuerte impacto al sistema de pensiones y la afectación directa a millones de mexicanos.

El panorama se ve nubloso para México. Es difícil tomar una postura ante la complejidad de la situación actual. Hará falta esperar a que López Obrador tome posesión y sus decisiones se conviertan en actos de autoridad. Conocemos la volatilidad del presidente electo, puede que revierta su decisión. Sin embargo, debemos de recordar algo: nada genera más pánico que el pánico en sí.  

Horacio Reyes Rocha
Acerca de Horacio Reyes Rocha
Estudiante de la licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la licenciatura de Economía en el ITAM. Intereses: Sociología económica y análisis del pensamiento económico.