La Taquería

La designación inconstitucional del Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción de Nuevo León

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El 1º de octubre pasado, inició la operación completa del Sistema Estatal Anticorrupción en nuestro estado (SEANL). En efecto, en esa fecha se instalaron el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador y el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. Además, se designó a la persona que por cinco años ocupará la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción: el ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda.

Esta persona era, hasta unas cuantas horas antes de su designación, integrante del Comité de Selección y, por ende, había participado tanto en los actos y decisiones que prepararon el acto definitivo de nombramiento del H. Congreso del Estado en los casos de la Fiscalía Anticorrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa; así como en la designación de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Desde mi perspectiva, esta designación es inconstitucional por las razones que en adelante desarrollaré: i).- La existencia de un real conflicto de intereses; ii).- La violación al derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad; y iii).- La afectación al derecho al acceso a la información que facilite el control social de las decisiones públicas.

i).- Quien designa es favorecido por aquellos a quienes antes él designó

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se define como “conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.” La Secretaría de la Función Pública ha interpretado que “cuando un conflicto de intereses se ignora, se actúa indebidamente y de manera deliberada sobre éste o influye en ciertas decisiones, las conductas, acciones u omisiones (…) se pueden configurar otras conductas que violan la ley como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y otras.” En este sentido, la OCDE ha concluido que en la colisión entre el deber público y los intereses privados, éstos no se limitan a los intereses financieros o patrimoniales, o a aquellos intereses que proporcionan un beneficio personal directo al empleado. Un conflicto de intereses puede implicar a actividades privadas, relaciones personales, intereses familiares, si se considera que esos intereses pueden razonablemente influir indebidamente en el ejercicio de sus obligaciones oficiales.

¿Habrá alguien quien razonablemente pueda argüir que no existe un beneficio personal cuando quien es designado para un cargo público recibe el voto aprobatorio de tres personas a quienes él mismo designó antes, y de dos personas más respecto de cuyos procedimientos de designación participó en la preparación del acto definitivo?

La Ley del SEANL se hace cargo de estos potenciales conflictos de intereses cuando prohíbe, expresamente, que dentro de los seis años siguientes a su encargo, las y los integrantes del Comité de Selección funjan como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sostengo que, de forma analógica a esta prohibición y a mayoría de razón, debe existir esta prohibición para quien, habiendo sido integrante del Comité de Selección por la mañana, sea designado Secretario Técnico por la tarde.

La forma en que se designó a este funcionario público, no hace sino reforzar lo que se conoce como la captura de los puestos públicos. Esta práctica de la administración pública mexicana, desafortunadamente, impide garantizar “el ingreso y el desarrollo de los funcionarios con base en criterios objetivos como el mérito, la certeza, la igualdad y la independencia.”

ii).- ¿Y dónde está la Convocatoria?

En una publicación en la red social Facebook, las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEANL afirman que realizaron juntas de trabajo informales desde el día en que tomamos protesta de ley en fecha 1º de septiembre de 2018 (…) con el único objeto de preparar lo que sería el inicio de nuestras funciones y avanzar lo más rápido posible en la implementación de las labores del sistema y las tareas que nos corresponden, siendo indispensable sin duda alguna para la debida operación del Sistema, contar con el Secretario Técnico en funciones… Por su parte, apenas el pasado 19 de octubre, el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL publicó el Acuerdo No. 1 en donde consta el nombramiento del referido Secretario Técnico. En ambas comunicaciones se señala que se cumplió con los artículos 36 y 40 de la Ley del SEANL; sin embargo, en ningún momento refieren como fundamento del nombramiento el numeral 41. A fin de ser más claro respecto a la obligación del Comité de Participación Ciudadana de emitir una convocatoria pública para el cargo, comparo dos disposiciones normativas, una de la Ley General del SNA y la otra de la Ley del SEANL, únicamente en lo que se refiere a la convocatoria para el cargo:

Comparación de requisitos para ser Secretario Técnico
LEY GENERAL DEL SNA LSEANL
Artículo 34.Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:

(…)

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y

X. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

Artículo 41. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los siguientes requisitos:

(…)

  1. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador, o Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

¿Quién puede tener duda de la obligatoriedad de la emisión de una convocatoria pública para el cargo cuando, en el caso del Sistema Nacional, de una sola mención se derivó la obligación de la convocatoria pública respectiva? Por el contrario, ¿cómo se puede justificar que de cinco menciones expresas en la Ley local el Comité de Participación Ciudadana haya realizado solamente “juntas de trabajo informales” y no una convocatoria pública?

Afirmo que a cualquier ciudadano de Nuevo León interesado en participar para el cargo, le fue violentado su derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad, toda vez que ni siquiera se tuvo la oportunidad de ser considerado en el procedimiento respectivo que debió derivarse de la convocatoria pública para la integración de la terna y el nombramiento de la persona que ocupe el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 23.1.c] del Pacto de San José,  no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho(…). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que: Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Igualmente, se incumplió con la obligación establecida en el artículo 7, inciso a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dado que al no haberse emitido convocatoria alguna, el procedimiento de designación del Secretario Técnico no se basó “en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.” Esto es, se impidió, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el acceso a la función pública sea acorde a los principios de eficiencia, mérito y capacidad.

iii).- Ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas

De nueva cuenta, el consenso universal hace énfasis en lo siguiente: Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. (Art. 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

Defiendo que al no haber existido convocatoria pública alguna, a cualquier persona interesada en participar para el cargo, o a cualquier persona que desease controlar el ejercicio de esta facultad de nombramiento, se le impidió tener acceso a información pública relevante, como por ejemplo la que a continuación se señala de forma enunciativa mas no limitativa:

a).- Información acerca del período dentro del cual podrían inscribirse las personas interesadas. b).- Información respecto a los medios oficiales y de circulación local en que se publicaría la convocatoria pública. c).- Información sobre el lugar y hora para la entrega de las solicitudes y documentos necesarios para acreditar los requisitos. d).- Información respecto a los documentos idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 41 de la LSEANL. e).- Información acerca de la consecuencia jurídica de no acompañar algún o algunos documentos para acreditar los requisitos. f).- Información sobre las actuaciones o diligencias que permitieran apreciar los conocimientos, aptitudes y méritos de las y los aspirantes, tales como entrevistas públicas, ensayos, y/o exámenes. g).- Información acerca de requisitos derivados de otras normas constitucionales como por ejemplo, una garantía de paridad de género en la conformación de las y los finalistas a integrar la terna (recuerden que la “terna” que conoció el Organo de Gobierno estuvo conformada solamente por hombres). h).- Información respecto a la fecha límite en la cual el órgano competente habría efectuar el nombramiento.

¿Cómo controlar las decisiones de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción si impiden el acceso a la información pública respecto de una decisión tan importante como la designación del único funcionario del Sistema al cual se le debe exigir el mayor conocimiento técnico en la prevención, sanción y combate de la corrupción?

Finalmente, más allá de los argumentos normativos que he expresado, creo que como sociedad debemos formularnos  la siguiente pregunta: ¿Esta primera decisión de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción en realidad respetó el deber general de las autoridades anticorrupción de servir de ejemplo de honradez, transparencia, rendición de cuentas y garantía de los derechos humanos?