Local, Noticia

Gobierno estatal sigue sin un Contralor debidamente nombrado

Comparte este artículo:

A más de dos meses de los cambios en la Contraloría estatal, los ciudadanos organizados, cámaras de la iniciativa privada e instituciones académicas agrupados en la Coalición Anticorrupción pedimos al Congreso de Nuevo León y al Gobernador iniciar de manera urgente el proceso de nombramiento del Contralor, con estricto apego a la letra y espíritu de nuestra Constitución.

El Artículo 63, fracción XXIII, de la Carta Magna de Nuevo León, establece claramente que la facultad de aprobar el nombramiento del titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental corresponde al Congreso, con base en la propuesta que le sea remitida por el Gobernador. La Constitución no prevé excepciones, dilaciones o condiciones para el cumplimiento de este requisito.

Sin embargo, tras la salida de la Dra. Nora Elia Cantú como titular de la Contraloría, ni el Congreso local ni el Gobierno estatal han iniciado el proceso establecido con las reformas en materia de anticorrupción para nombrar a la cabeza de este órgano fundamental para el combate a la corrupción. El gobierno estatal ha estado operando por más de dos meses con un contralor interino, una figura que no está prevista en la Constitución.

Por lo tanto, con carácter urgente exhortamos a los diputados y al titular del Ejecutivo estatal, como representantes y autoridad democráticamente electos, a cumplir con esta obligación fundamental, a través de un proceso transparente y con apego a los principios de parlamento abierto. 

Es importante resaltar que el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental formará parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y tendrá un rol medular en éste, al ser el órgano de control interno del gobierno. Para poder cumplir con estas responsabilidades, el Contralor debe actuar de manera imparcial y profesional, por lo cual el artículo 85, fracción VIII, de la Constitución estatal prevé que tendrá autonomía de ejercicio presupuestal y de gestión para organizar la estructura y funcionamiento de dicha Secretaría. El perfil de esta persona será clave para mostrar compromiso con la integridad, honestidad y apego a derecho que se requiere en este importante órgano.

No existe justificación alguna para retrasar o eludir un claro mandato constitucional. La situación actual constituye una flagrante violación al estado de derecho, y exige que nuestras autoridades cumplan con las obligaciones del cargo que ocupan. No se puede pretender luchar contra la corrupción si no se tiene a todas las autoridades responsables debidamente nombradas e instaladas.