La Taquería

#Kleroterion: “Ciberseguridad”

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La mayoría hemos escuchado la palabra Ciberseguridad, en noticias, redes y hasta en órganos de gobierno como la Secretaría de Gobernación con sus campañas de internet seguro, estrategia nacional y monitoreo de tiendas virtuales, sin embargo, para abordar este tema primero debemos entender sus antecedentes.

Todos sabemos que la tecnología ha crecido exponencialmente en todo el mundo, cambiando de manera permanente la forma de vivir de las personas y por ende, las sociedades. Su principal detonación se debe a la llegada del internet en los años 90, teniendo como los primeros países impulsores a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, posteriormente van surgiendo temas como la robótica, la digitalización, redes de datos y la conexión entre dispositivos de cualquier índole, por lo que se ve reflejada una modernización en la vida cotidiana desde lo general hasta lo particular.

A principios de este siglo la Unión Europea realizó políticas públicas con el objetivo de brindar seguridad a las personas en la red y ciberespacio, derivado de éstas se redactó el primer tratado internacional conocido como el “Convenio de Budapest”, relativo a la Ciberdelincuencia para hacer frente a los delitos informáticos y de internet, empleando una política penal común mediante el patrocinio de una legislación ordenada y con fomento de cooperación internacional. Después de el convenio se abre la pauta sobre la clasificación y tipificación de este tipo de delitos en  varios países miembros.

Para México fue trascendente tener una visión respecto a este tema, por lo que era necesario entender los procesos de tecnologías de la información y comunicación como un factor de desarrollo político, social y económico, el INEGI reveló que en México existen 81 millones de usuarios con teléfono celular, de los cuales 60.6 millones utilizan uno inteligente, lo que significa un incremento de 9.7 puntos porcentuales entre 2015 y 2016, esto no sólo representó un tema de infraestructura para el país, sino también del mundo de posibilidades y acceso a una economía y comercio digital como nunca se conoció en la Nación.

En contraparte, surgió la necesidad de cuidar y vigilar estos procesos, ya que comenzaron a existir riesgos derivados al uso de tecnologías y un número muy importante de delitos mejor conocidos como “ciberdelitos”, existiendo amenazas, riesgos, ataques informáticos, como el sucedido en estos días a los bancos Banamex y Banorte por un monto aproximado de 400 millones de pesos, por lo que los delincuentes aprovechan estas vulnerabilidades y abusan de las lagunas jurídicas en este tema, sumado a la naturaleza global del ciberespacio y la abundancia de las soberanías y marcos legales, por lo que ahora los ciudadanos son amenazados con este tipo de delitos tan sencillos pero muy sofisticados.

Después de todo esto, podemos entender que es la Ciberseguridad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones estableció una resolución donde aprueba la definición inscrita en una recomendación, quedando de la siguiente manera: “Es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios del ciber-entorno.”

Por lo anterior, fue necesario realizar políticas de Estado en materia de ciberseguridad, teniendo como primer aspecto la reforma constitucional de junio de 2013, que elevó a rango constitucional el derecho humano al internet, lo que le dio al Congreso de la Unión la competencia para proponer leyes en materia de telecomunicaciones, para dictar leyes sobre tecnologías de la información, radiodifusión, telecomunicaciones, internet,  banda ancha, postas, correos etc.

Estoy seguro que las tecnologías han servido de manera importante como herramienta en la vida cotidiana, lo que conlleva responsabilidades para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas, por lo que a mi parecer y estudio, es necesario introducir un catálogo de delitos cometidos en el ciberespacio y a su vez, perfeccionar o crear otros tipos penales, con la finalidad  de tener certeza de acuerdo a los casos en los que alguna persona pudiera ser vulnerada en sus derechos humanos, lo anterior, sin perder de vista la armonización que se tiene ante los derechos de acceso a internet y a la libertad de expresión.

Por esto, es de suma importancia que la decisión pública por la que la actuación de un derecho pueda someterse a alguna restricción o sanción debe ser totalmente justificada y motivada, pero sobre todo proporcional, en nuestro país todavía estamos en un estado de vulnerabilidad en materia de Ciberseguridad, debemos crear y adecuar nuestras leyes con propuestas eficaces, modernas y acordes al nuevo mundo tecnológico. Estamos en el entendido que México no forma parte del mencionado Convenio de Budapest, sin embargo, debemos tenerlo como referencia y formar un ambiente adecuado para cooperación internacional en esta materia.

Como premisa principal debemos entender que el ciberespacio es un mundo sin fronteras, por lo que para poder prevenir cualquier tipo de acción u omisión, es necesaria una legislación moderna, precisa y acorde a las necesidades en el país, dotando a las autoridades para poder dar seguimiento a este tipo de delitos y de delincuentes, por lo que fue considerado en Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 donde se dispuso el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el ciberespacio y la ciberseguridad como uno punto estratégico y esencial de la Seguridad Nacional.

Por mi parte como Legislador y Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, presenté en conjunto con la diputada Sofía González Torres una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, buscando  una medida legislativa y eficaz en el combate a los ciberdelitos.

Los avances tecnológicos son de vital importancia en la actualidad del país, siempre y cuando exista regulación y protección jurídica para los ciudadanos.