En 2016, los estados tuvieron un gasto excesivo de publicidad y derrocharon 139% más de lo que tenían asignado para ese año.

Las 32 entidades tenían un presupuesto total para comunicación social de 3,994 millones pero terminaron gastando 9,528 millones.

Esto significa un aumento de 5,534 millones, cifra mayor al financiamiento público de los partidos en 2017 que fue de 4,059 millones, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 (IIEG).

Éste mide la armonización de la información sobre el ejercicio del gasto en las 32 entidades federativas y analiza la composición y variaciones del gasto a lo largo de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Puebla es el ejemplo de un excesivo gasto en publicidad. El estado tenía presupuestado 600 mil pesos, pero al final de 2016 ejerció 60.9 millones de pesos, esto es 8,684% más.

Zacatecas gastaría 7.5 millones de pesos, pero acabó gastando 218.4 millones. Sinaloa presupuestó 25.5 millones pero gastó 460.1 millones, esto es un aumento de 1,706%.

Los estados también aumentaron su gasto en burocracia 16% que equivale a 84,124 millones de pesos más de lo presupuestado.

En este rubro, el gobierno de Jalisco duplicó su gasto, al presupuestar 18,712 millones y ejercer 37,260 millones. Guerrero presupuestó 4,176 millones y ejerció 8,642 millones, es decir, 107% más.

Un rubro en el que las entidades gastaron menos fue en infraestructura.

Los estados ejercieron 10,606 millones de pesos (-9%) menos de lo presupuestado. Aunque en total tenían presupuestado para 2016 un gasto de 113,777 millones, terminaron gastando 103,171 millones. 19 entidades gastaron menos de lo presupuestado en infraestructura.

El gobierno de Nuevo León presupuestó 788 millones y ejerció solo 72 millones, es decir, 91% menos de lo presupuestado.

En total, las entidades gastaron 223,726 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Es decir, 14% más de lo aprobado, cifra equivalente al saldo de la deuda de 26 estados que suma 212,136 millones de pesos.

A nivel nacional,  los gobiernos estatales tuvieron un cumplimiento promedio de 58%.