Es el 1 de julio del 2018. La jornada electoral de las elecciones federales ha concluido y los resultados respecto a la elección presidencial arrojan un importante resultado: nadie obtiene más del 50% de la votación.

La competencia entre los candidatos y la oferta electoral entre los partidos políticos fue dura. La votación de los candidatos ronda entre el 30% y 20%. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de tal sólo 3%, habrá segunda vuelta electoral.

La elección por segunda vuelta se celebrará en dos semanas más. Por un lado, un candidato impulsado por la izquierda y por el otro, la centra derecha impulsan al propio. Son dos semanas vitales para que quienes aparecerán en las boletas hagan todo lo posible para conseguir el mayor respaldo posible, desde las bases ciudadanas hasta las negociaciones con los partidos políticos que no pasaron a esta etapa.

Llega el domingo 15 de julio, la jornada electoral transcurre con algunas dudas. Después de todo, se ha optado por utilizar una nueva variable en nuestro sistema democrático que busca fortalecerlo después de una grave crisis por la que ha transitado.

Es así, como después de 30 años, se elige a un Presidente de la República con más del 50% de la votación de la elección, comenzará con la legitimidad suficiente que le permita tener la fuerza y empuje necesario para gobernar a un país como México.

Pero este escenario hipotético respecto a las elecciones del siguiente año no será posible aunque muchos crean que puede llegar a serlo. La Constitución en su artículo 105 es clara al mencionar que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse…” y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 225 menciona que “El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, por lo que dicho plazo ha vencido.

Independientemente de esto, valdría la pena cuestionarnos acerca de que tan positivo puede llegar a ser que se implemente una segunda vuelta electoral en nuestro país. ¿Cuáles serían sus alcances? ¿Se fortalecería la democracia? ¿Qué soluciona?

En lo personal, considero que dicha medida podría ayudar a que aquel candidato que resulte electo tenga mayor “legitimidad” al inicio de su mandato. Es decir, forzosamente más de la mitad de los electores habrán votado por él. Pero ¿votarían por él por ser la mejor opción o porque era “lo mejor” que había en la segunda vuelta? ¿Qué esto en todo caso no genera una legitimidad ficticia?

Dicho de otra forma, puede llegar a existir la concepción de que un candidato obtuvo un triunfo que genera más legitimidad, pero esto no quiere decir de ninguna forma que dicha legitimidad se traduzca en gobernabilidad. La gobernabilidad dependerá de muchas otras variables más allá del voto recibido por un sector de la población -el cual reitero podría considerarse como una “mayoría falsa” respecto a lo que el elector realmente quiso en la primera vuelta-, será necesario acoplar variables como: una conformación del Congreso distinta, una elección limpia, el apoyo organismos de la sociedad civil organizada, la obtención de votaciones favorables en Entidades Federativas clave, por nombrar algunas.

Desafortunadamente, en la actualidad quienes utilizan como discurso el tema de su aprobación en lugar de buscar fortalecer nuestra democracia es porque parecen estar más preocupados por buscar la forma de ser competitivos mediante esta fórmula, tal vez porque no ven posible serlo sin ella.

En fin, este tema podrá ser materia de discusión para próximas elecciones Presidenciales, pero queda jurídicamente descartado para el 2018.