La protesta social pacífica es un derecho constitucional y sobre todo, un mecanismo de desahogo para la ciudadanía ante los agravios y malos resultados de los gobiernos que sirve para exigir reivindicaciones sociales.

Estamos a favor de la protesta social siempre y cuando esta sea legal y pacífica. No obstante, los actos vandálicos, agresiones a los trabajadores de los medios, y daños al patrimonio público y privado, (ocasionados por unos cuentos) ocurridos el 5 de enero de este año intentaron opacar la significativa movilización de miles de nuevoleonenses que se concentraron en la macroplaza. Por ello, el gobierno central afirmó adelantar una investigación judicial para dar con los responsables de actos vandálicos.

El día 25 de febrero, Nuevo León se enteró de que estaban giradas órdenes de aprehensión contra dos activistas que participaron en la protesta del pasado 5 de enero, se les acusa de incitación a la violencia y daños al patrimonio público y privado.

Cabe recordar que los hechos derivaron en el marco de una serie de errores que iniciaron con la ausencia y luego con la inacción de la policía, la ausencia de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros.

Lo anterior llama la atención por tratarse de una magna investigación que dio con los presuntos responsables tan solo 22 días después de los hechos (documentos mostrados por los afectados muestran que las órdenes judiciales fueron fechadas el 27 de enero).

Desconocemos si se ha garantizado el debido proceso a los ciudadanos involucrados en estos incidentes, la autoridad tiene la obligación de hacerlo y ellos el derecho de reclamarlo.

Hacemos un llamado para que así como se actúa de forma expedita para unos casos, se actúe para otros. Es preciso recordar que para la resolución del Cobijagate, el Ejecutivo de Nuevo León tardó 216 días y por si fuera poco, se desconoce el resolutivo final de este acto de daño al erario, debido a que fue reservado por la Contraloría.

Asimismo, esperamos que las investigaciones y/o sanciones que se deriven del caso de Nepotismo en la Procuraduría Estatal, procedan de manera pronta y oportuna.

Rotundo NO a la criminalización de la protesta social pacifica,

Sin protesta no hay democracia.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”