Quitar a un gobernador, diputados o alcaldes a mitad de su gestión para la que fue elegido por el electorado de Nuevo León, denominada Revocación de Mandato, es quizá una las herramientas más publicitadas de la Ley de Participación Ciudadana que recién se promulgó en la entidad.

Y no se demerita el valor de esta figura, ya que desde el seno de una sociedad participativa y propositiva se podrá decidir sobre la permanencia del titular del Ejecutivo estatal, legisladores o ediles, si consideramos que han incumplido con sus deberes.

Pero vayamos más allá de lo anterior expuesto. Hablamos de la Ley de Participación Ciudadana como una herramienta de empoderamiento ciudadano, es decir, de cada uno de los individuos con derecho al voto. Pero, ¿cómo una sociedad puede participar de forma organizada y propositiva?

Hablamos de la Ley de Participación Ciudadana como una herramienta de empoderamiento ciudadano, es decir, de cada uno de los individuos con derecho al voto. Pero, ¿cómo una sociedad puede participar de forma organizada y propositiva?

Para pasar de la crítica a la acción hay una brecha muy amplia, pero no imposible. Y eso nos lleva a que la base esencial de esta legislación, que permaneció 12 años en el sueño de los justos, son precisamente las Asambleas y Comités ciudadanos. La primera de las herramientas anteriores tiene el objetivo de regular las juntas de vecinos desde donde se formulan propuestas para el desarrollo comunitario, emiten opiniones y dan seguimiento, además de evaluar las políticas, planes y servicios correspondientes a su sector.

Mientras que los Comités Ciudadanos, en representación de los habitantes de su colonia o sector, elaboran acciones de desarrollo comunitario, reciben información de las autoridades y emiten opiniones sobre programas y servicios públicos.
Digamos que ambas figuras son la base del empoderamiento ciudadano y el primer reflejo de una sociedad organizada. Desde allí inferimos entonces que la Participación Ciudadana es el derecho y la obligación de los ciudadanos de intervenir y participar, colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y actos de gobierno.

Para pasar de la crítica a la acción hay una brecha muy amplia, pero no imposible. Y eso nos lleva a que la base esencial de esta legislación, que permaneció 12 años en el sueño de los justos, son precisamente las Asambleas y Comités ciudadanos.

A lo largo del tiempo hemos aprendido que no todos los trayectos son fáciles, pero ya hemos dado el paso más importante. Nuestro deber ahora es no dejar que esta legislación se convierta en letra muerta.

¿Y qué sigue? La Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León entrará en vigor el 9 de noviembre, por lo que los municipios cuentan con un plazo aproximado de 180 días para adecuar sus respectivos reglamentos e integrar las figuras que contempla la legislación.

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